En México, ser indígena es sentencia de una vida ínfima. Pobreza extrema, alta marginación, discriminación y violación a los derechos humanos son padecimientos intrínsecamente relacionados con los pueblos indios.
Pero son tres los problemas neurálgicos de urgente atención: inseguridad en la tenencia de la tierra, alta conflictividad local y deficiencias en la administración de justicia, indica el Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, elaborado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.
“La situación general del indigenismo mexicano sigue siendo desastrosa, sino es que en algunos casos, catastrófica y lamentable. En términos de indicadores de desarrollo social, económico y humano, los grados de pobreza y marginación siguen siendo muy altos”, asegura Stavenhagen.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en nuestro país habitan 8 millones 650 mil 750 indígenas. En esta materia, el Consejo Nacional de Población señala que existen 346 municipios indígenas; de éstos, 209 tienen grado de marginación muy alto, 133 presentan grado de marginación alto, y únicamente cuatro poseen grado de marginación medio.
Para Xóchilt Gálvez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la situación de las comunidades “es crítica”. Sin embargo, dice: “No puedo decir que este gobierno no está haciendo nada, porque eso es un exceso que no comparto; tampoco digo que lo ha hecho todo porque es falso”.
Pero el rezago en los indicadores no abarca todas las transgresiones de sus derechos. “Además de los números hay una situación de injusticia y de alta conflictividad en las regiones, que constituyen el marco en el cual se dan violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Stavenhagen.
Y agrega que el levantamiento zapatista es sólo un ejemplo de lo que ocurre cuando existen altos grados de conflicto a nivel local, como sucede en la actualidad. Para el relator, existen dos ejes fundamentales de esta situación: Los enfrentamientos por la tenencia de la tierra y las disputas políticas.
Conflictos Agrarios
Especialistas y legisladores advierten que el delicado contexto de las comunidades indígenas aumenta las posibilidades de que se generen nuevos levantamientos sociales, como el ocurrido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en enero de 1994.
Rodolfo Stavehagen explica que “en primer lugar, se trata de conflictos vinculados al no resuelto problema de la tierra. Pues a casi cien años de la Reforma Agraria, aún no se ha resuelto el acceso a la tierra, que significa acceso a la supervivencia de los pueblos indígenas, pues en su mayoría son rurales”.
En las oficinas del gabinete ampliado la visión es más optimista. Los “focos rojos” se encuentran bien ubicados por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), dice Xóchilt Gálvez Ruiz, mientras aclara que en el “gobierno del cambio” se trabaja conjuntamente para resolver la problemática de manera “oportuna y efectiva”.
Pero hay quienes piensan que esta situación no es tan relevante. “Quien más ha sufrido estos últimos años no son los indígenas, ni siquiera los más pobres, sino los que dejaron de tener empleo y los que entran en edad de tenerlo y no lo consiguen. La tensión social definitivamente no está en los más pobres”, asegura la panista Luisa María Calderón Hinojosa, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado.
Pero el relator especial es claro: “Si estos problemas no se controlan a tiempo provocan violencia, encarcelamientos, desplazamientos y hasta muertes”. Durante la administración de Vicente Fox, la SRA detectó 14 “focos rojos” relacionados con problemas de tenencia de la tierra; todos involucran comunidades indígenas.
Los datos oficiales señalan que ocho de éstos ya fueron resueltos y que los seis restantes se encuentran en mesas de negociación (Chiapas, Jalisco–Nayarit, Michoacán, Oaxaca, y Sonora).
“Son conflictos que nos heredaron. El gobierno del presidente Vicente Fox no los provocó, ahora estamos trabajando en una actitud preventiva para no heredar al siguiente gobierno”, expresa Gálvez Ruiz.
La funcionaria agrega que “en esta materia, es importante que la Cámara de Diputados sepa que si no metemos dinero para conciliar, estamos generando un ambiente de extrema violencia”.
No obstante, la inmovilidad y la torpeza con que actúan los funcionarios del gobierno de Vicente Fox, pueden generar un estallido social, dice el diputado perredista José Luis Cabrera Padilla, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. “Podría ser en el 2005; pero que no nos sorprenda, tenemos un gobierno de derecha, conservador, y de acuerdo a su programa quienes importan más dentro del proyecto de país no es la gente marginada, son los empresarios, la iniciativa privada”.
Xóchilt Gálvez mantiene la confianza en los resultados de la administración. “Uno de los lugares con mayor inconformidad es la montaña. Ahí no hay una guerrilla tranquilita, hay una guerrilla radical; el EPR (Ejército Popular Revolucionario) y el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) no son cualquier cosa, pero si la gente constata las obras que hemos emprendido entenderá que hay un esfuerzo del gobierno”.
Además, señala que la conciliación va bien. “Despacito, porque los tiempos de los indígenas son tiempos que hay que respetar, no es llegar y decir: se ponen de acuerdo y vámonos. La promesa del secretario (Florencio Salazar) de certificar 18 mil millones de hectáreas a través del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) es factible”.
En el 2004, el presupuesto asignado a la SRA para la atención de estos conflictos, ascendió a mil 600 millones de pesos. Y tan sólo en el primer semestre del año se invirtieron poco más de 700 millones de pesos.
“Cómo queríamos resolver con saliva. Cuando tú le estás quitando a la gente 12 mil hectáreas no te las va a dar a cambio de nada, tienes que llegar a una negociación, porque ellos no tienen la culpa de que se les haya dotado a dos personas la misma tierra”, dice Gálvez Ruiz.
La funcionaria asegura que se ha caminado bien. “Sin hablar de resultados súper espectaculares, se han podido conciliar estos focos rojos y se han de haber resuelto unos 90 conflictos que estaban considerados como focos amarillos”.
Pero los problemas por la tenencia de la tierra siempre generan inconformidades. Para la senadora Calderón Hinojosa, se debe reformar la legislación en materia de amparo y revisar la normatividad de la procuraduría agraria.
“Hay muchas lagunas legales, y los conflictos entre indígenas no se pueden atender más que conciliando, porque todos necesitan la tierra. Hay que buscar, conciliar y ver quién tiene por ley más derecho. No hay dinero que alcance para arreglar los asuntos de tenencia de la tierra, un grupo siempre va a perder”, afirma la legisladora.
Para el diputado panista Huberto Aldaz, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, el problema es de fondo. “El proyecto de país que tenemos siempre ha excluido a los pueblos y a las comunidades indígenas. La propuesta es que todos hablemos la misma lengua, tengamos el mismo sistema jurídico, un solo sistema de salud, de educación”.
Problemas neurálgicos
El segundo problema que destaca Rodolfo Stavenhagen, es la lucha por el poder local. “Son conflictos políticos que se dan entre miembros al interior de los municipios y de las comunidades indígenas; de quien controla un palacio municipal, quien obtiene la victoria en la última elección por la alcaldía o por el municipio”.
El relator especial de la ONU, añade que también hay dificultades por los escasos recursos, pues la mayoría de municipios pobres se disputan estos ingresos. Al respecto, Calderón Hinojosa explica que “se debe de modificar la manera en que bajan los recursos, porque la cabecera municipal es la que los distribuye y la autonomía no permite fiscalizarlos”.
El tercer punto de atención para Stavehagen es el de la administración de justicia, pues es “alarmante”, dice, la violación a los derechos humanos en esta materia. Datos oficiales revelan que siete mil indígenas mexicanos se encuentran en prisión por diferentes delitos relacionados con los usos y costumbres de sus comunidades.
Según reporta la CDI, los procesos judiciales que comúnmente enfrentan los indígenas son referentes a delitos ambientales como la caza de animales. Stavehagen asegura que “buena parte de la violaciones de los derechos humanos, de las injusticias, de la discriminación de los que son víctimas los indígenas, se deben al inadecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia”.
“Los derechos humanos se violan sistemáticamente en términos de acceso a la justicia, de la procuración misma, la actuación de los policías municipales, judiciales, estatales. La constitución establece el derecho de tener la defensa del idioma propio, en la mayoría de los casos que involucran indígenas esto no funciona, no tenemos traductores”, dice el relator.
Y mientras Xóchilt Gálvez dice que le queda claro que “el relator tiene que señalar las violaciones a los derechos humanos, y que nunca va a señalar los aciertos del gobierno en políticas públicas”, el panista Huberto Aldaz, originario de la comunidad mixe de Oaxaca, resume la problemática en una frase: “De los indios, desafortunadamente, nada más nos acordamos cuando hay folclor”.3
Políticas públicas
En el 2004, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas obtuvo un presupuesto de 870 millones de pesos. Para su titular, Xóchilt Gálvez, el objetivo fundamental es invertir en infraestructura.
“Es brutal lo que se dejó de hacer en México a favor de los pueblos indígenas, siempre se trabajó con políticas asistencialistas, de subsidio; la visión que yo tengo es aplicar a la infraestructura porque así habrá otras posibilidades para las comunidades”, asegura la funcionaria.
La lógica es simple, explica, “detrás del camino llega la luz, detrás de la luz llega el micro proyecto, el doctor, la bomba de agua potable y como ya no tienes que acarrear el agua, entonces los niños comienzan a ir a la escuela, así se detona el progreso”.
Pero para los programas y proyectos de desarrollo social es necesario el presupuesto. En este sentido, Xóchilt Gálvez dice: “Ojalá también los diputados se comprometan en una mayor asignación de recursos, porque me prometieron 500 millones más y sólo llegaron 80”.
Aun con las carencias económicas, la funcionaria detalla que “hemos logrado iniciar la transformación del Instituto Nacional Indigenista, se creó el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas como un mecanismos para fortalecer los idiomas indígenas, estamos trabajando en la reestructuración de la Dirección General de Educación Indígena, también lo que es culturas populares dentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”.
En materia de políticas públicas en el sector indígena se involucran todos los sectores. Xóchilt Gálvez afirma que “esta nueva Comisión deja de asumir el papel de ser la única responsable en materia indígena. Cuando llegamos el presupuesto era de 60 millones de pesos y había un cinismo de las Secretarías al grado que nos llegaban las demandas de caminos, agua potable, luz, como si el Instituto tuviera los recursos para atenderlas”.
En el 2004, el presupuesto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destina a caminos en zonas indígenas es de mil 376 millones de pesos y para caminos rurales la inversión asciende a poco más de 2 mil millones de pesos, mientras que la CDI aporta en este mismo año un total de 800 millones de pesos.
Para la funcionaria, “con esto apenas estamos empezando a atender grandes demandas de ejes carreteros estructurales, como la carretera Tlapa-Marquelía (Guerrero) que conecta a la montaña; y en Oaxaca, el eje que conecta a la región mixe y Villa Alta con la región zapoteca”.
Pero no todo está solucionado. “Reconozco que no se han resuelto muchos problemas, este es un tema de 500 años de abandono, de olvido; no quiero crear la expectativa de que voy a sacar a los indígenas de la pobreza, nunca lo afirmé; pero se están haciendo cosas importantes.
“Nadie puede decir que no resolvimos ocho focos rojos, eso es tener ceguera para decir que no hemos hecho nada en ese gobierno; me queda claro que no son logros impresionantes, pero hay logros humildes, pequeños”, concluye Xóchilt Gálvez.
