La alternancia en la Presidencia de la República, el PAN por el PRI, ha resultado más (y peor) de lo mismo. Sobre todo en lo referente al ejercicio de los derechos humanos en general. Y, en lo particular, respecto a las libertades constitucionales para el desempeño del periodismo en los medios de comunicación. No hay diferencia entre la derecha priista de los últimos tres sexenios (De la Madrid, Salinas y Zedillo) y la ultraderecha panista encabezada por Fox y los “buenos muchachos” abortados de la matriz El Yunque.
Esta organización es “una cofradía secreta... de inspiración católica que recluta jóvenes para adoctrinarlos y adiestrarlos en el combate físico e ideológico, con el fin de avanzar políticamente en la conquista del poder público para instaurar su muy particular forma de concebir el mundo” (Álvaro Delgado: El yunque. La ultraderecha en el poder. Plaza-Janés y Editorial Grijalbo.-2003).
Díganlo si no los hechos siguientes. El más reciente reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso al tanto a la opinión pública –destinataria, finalmente, del derecho a recibir información– de las ya constantes y en aumento conductas gubernamentales que insisten en conculcar, es decir pisotear la libertad de prensa. La PGR del general y abogado Macedo de la Concha ha implantado el récord con 32 quejas por violaciones a la libertad de prensa e igual número de recomendaciones para que desista en hacerlo. Pero la PGR como si nada.
Otras dependencias que han consumado parecidas embestida contra los reporteros son la PGJDF y algunas otras procuradurías de las entidades de la federación, los gobernadores de las mismas, presidentes municipales y otros funcionarios públicos. Y no se diga el creciente autoritarismo del titular de la Secretaría de Gobernación, quien en lugar de velar por respetar y hacer respetar esas libertades jurídicas, tiene en su haber 11 quejas de periodistas afectados por los atropellos del señor Santiago Creel Miranda.
Los datos de estas agresiones, dadas a conocer por la CNDH, demuestran que, si bien desde 1999 van en aumento, se han multiplicado durante los cuatro años del foxismo. Este régimen, ineficaz en los económico, lo social y lo político, ha resultado muy eficaz en mediatizar a la prensa manipulando la publicidad oficial y en reprimir y amenazar (hasta con amenazas cumplidas, como los citatorios de la PGR para que los reporteros revelen sus fuentes de información) a quienes ejercen las libertades constitucionales de prensa.
Las declaraciones del defensor de los derechos humanos, con jurisdicción federal, estatal y municipal, publicadas en los medios escritos (y que están, al menos en El Universal, La Crisis y Reforma: 10/VIII/04), son prueba irrefutable de que los abusos de los irónicamente llamados servidores públicos, van en aumento. Esto, en un contexto de violaciones sistemáticas a los demás derechos humanos por quienes, en lugar de combatir democráticamente las causas de la inseguridad, lo están haciendo con mano dura (como la “Ley Ebrard, ejecutada por una policía arbitraria). Y las contrarreformas anunciadas para reglamentar las funciones del Cisen van, también, por ese camino, y para, de paso, sabotear a la Ley de Información.
El PAN y Fox, pues, son la continuación (parafraseando al gran Clausewitz) del autoritarismo priista por otros medios contra las libertades de prensa. Son los medios de la ultraderecha para lograr sus fines autoritarios. Fox, Macedo y Creel son los “campeones olímpicos” de esas inquisiciones administrativas y judiciales. Se merecen una medalla cada uno: del deshonor, de la deshonra y la infamia.
