A partir del 11 de septiembre de 2001, los países del llamado Tercer Mundo fueron el blanco de la guerra contra el terrorismo que declaró Estados Unidos. Hoy, Colombia aplica un nuevo sistema legal con lo que el conflicto interno de casi 50 años en esa nación sudamericana se complica, advierte el académico colombiano Álvaro Hernán Sierra.

Licenciado en Ciencias Sociales, en Filosofía e Historia, Sierra expresa que el presidente Álvaro Uribe Vélez “llegó proponiendo cambios de fondo a la Constitución Política: el recorte de derechos humanos, el recorte presupuestal para inversión social (Ley 715/01) y su Política de Seguridad Democrática (PSD)”.

Con esa ley “hay una fuerte militarización del país que ya creó cuatro batallones de alta montaña que adiestran a soldados rurales como tropa profesional en su región de origen. A ello se suma el Plan Colombia —hoy Iniciativa Regional Andina o Plan Patriótico—, al que Estados Unidos apoya con mil millones de dólares y mil 700 tropas, mientras Uribe solicita al Congreso autorización para traer más soldados gringos a Colombia”, apunta el experto en Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos.

 

Ley o Terror

 El Senado colombiano aprobó una reforma constitucional que permite a fuerzas militares arrestar, allanar e interceptar comunicaciones y correspondencia sin orden judicial. Así, los alcaldes empadronan y facultan como policía judicial a militares guiados por la fiscalía para reunir pruebas o informaciones.

Los pilares del gobierno uribista: orden, seguridad y autoridad, impiden la protesta social y penalizan mediante las leyes toda crítica al sistema. Aumentan la represión, allanamientos y detenciones ilegales, al tiempo en que hay más crímenes selectivos y amenazas a líderes populares, apuntan organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para Colombia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FILDH).

Omiso a la condena internacional, Uribe impulsó la aprobación del Acto legislativo 223, del 10 de diciembre de 2003 —que atribuye poderes de policía judicial al ejército— y el acto 02 del 18 de diciembre de 2003, denominado Estatuto Antiterrorista aprobado el 9 de junio, que violan:

a) El derecho a la intimidad de las personas con la intercepción telefónica y todas las formas de correspondencia (ya ocurría y hoy se legaliza), b) la libre circulación por el territorio nacional con medidas como el empadronamiento ante una autoridad judicial y, c) el habeas corpus cuando cualquier autoridad policial puede detener y juzgar a cualquier ciudadano por mera sospecha.

Por su parte, el Internacional Crisis Group (ICG), organismo privado para prevenir y resolver conflictos sangrientos, con sede en Washington, examina el caso colombiano:

Uribe reveló otros tres mecanismos menos formales para reforzar la seguridad que generan mucha controversia: (1) estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes paga por suministrar información de los insurgentes. Esto suscita preocupación por la posibilidad de que los colaboradores utilicen su poder para zanjar rencillas personales[…]

(2)Organizó milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades. Sin embargo, su situación de aislamiento y entrenamiento deficiente las convierte en blanco de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

(3) Mediante un decreto ejecutivo por propuestas de leyes antiterroristas y otras, Uribe ha comenzado a otorgar al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo que se han restringido las libertades civiles individuales.

El ICG sintetiza que la mayor agresividad de esos operativos ocurre en zonas rurales.

En este contexto de confrontación con los sectores colombianos, el gobierno apela al diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional al tiempo en que llama a sus reservas.

“Paramilitarizó a un millón de colombianos, dividió al territorio en zonas especiales y aumentó el presupuesto militar. La escalada del conflicto en su integridad y la guerra se visualizan más claramente en el horizonte del gobierno uribista”, concluye el analista Sierra. De ahí el complejo y difícil presente de Colombia. 3

 

 

Urge apagar odios

 El doctor Gustavo Morales ministro consejero de la embajada de Colombia en México, ex vicefiscal de su país y promotor de la actual legislación antiterrorista, explica la modernización del sistema penal de su país.

“Se basa en la psicología judicial adonde la evidencia física se analiza en laboratorios y el perito profiere su dictamen en audiencia. Ahí, las partes lo interrogan para conocer el grado científico de sus análisis y aceptarlo o rechazarlo”.

Para el jurista Morales, el estatuto antiterrorista de junio pasado busca lefectividad en la investigación, considerando la geografía complicada de Colombia (zonas muy apartadas sin presencia de un juez o fiscal) adonde chocan la fuerza pública y la guerrilla.

-Preocupa al entorno internacional que esas leyes afecten los derechos humanos

-El Estatuto dice que la fuerza pública —ya preparada y especializada—interviene cuando hay un delito y un control judicial posterior sanciona a quienes violen Derechos Humanos. Los jueces que revisan esas actuaciones velan por los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario.

¿Se endurecieron las penas?

-El sistema acusatorio que implantamos requiere penas graves para negociar posteriormente con el autor de un delito que se confiesa responsable y que señala  otros. Pero en caso de violación a los Derechos Humanos no hay acuerdos ni rebajas.

¿Por qué no fortalecer entes jurídicos?

-Porque las zonas de conflicto son muy apartadas. Están diseminadas en regiones como la Amazonía que es selva y es muy difícil establecer en cuál de esos sitios ocurrirá una confrontación. Eso ha aprovechado la guerrilla para sembrar el pánico.

El Estatuto es para casos excepcionales. No va más allá, no puede ir más allá.

¿Duración?

-Eso es susceptible de reformas.

¿Contempla este marco antiterrorista la presencia de asesores y tropas estadounidenses en territorio colombiano?

-No, no. Sólo los colombianos y para que los jueces hagan el control. Allá tenemos una institución que vigila permanentemente que se respeten los Derechos Humanos, es la Procuraduría General de la Nación que se ocupa de aspectos disciplinarios de los funcionarios.

Como vicefiscal y fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Morales impulsó este cambio legal. En sus libros, desde 1987, traducía su experiencia como juez y pugnaba por cambiar el sistema a uno más oportuno pero “sin tomar el sistema norteamericano, porque ése busca ejemplarizar con la sanción, así no sea el verdadero culpable”.

¿No se penaliza en lugar de prevenir?

-La fiscalía dentro del Comité de Política Criminal estudia la etiología del delito (causas que lo determinan) y recomienda al gobierno adoptar políticas que rebajen la pobreza, la insalubridad, que las personas puedan acceder a la escuela y que ahí se forme al ciudadano con principios éticos.

El ex vicefiscal colombiano atribuye el incremento de la delincuencia, “porque la población está aumentando, hay una explosión demográfica muy grande”.

¿Secuelas por más de 50 años de conflicto interno en Colombia?

Es necesario apagar odios diciendo que la sociedad en una convivencia pacífica es más productiva para unos y otros.

¿Ese marco legal es propicio para ello?

-Este marco favorece que no haya impunidad, que el delito no se enseñoree en Colombia.

¿Hacia adonde va Colombia en este siglo XXI?

Busca armonizar la paz y encontrar salidas a sus problemas con base en una justicia ¿Cuál justicia? La que emana de la racionalidad del ser humano que lo hace apto para cumplir una misión. La esencia de sus valores y éstos no pueden ser realidad si nuestras gentes no disponen de los medios para acceder a una vida decente en cuanto a alimentación, salud, trabajo, etcétera.