Un domingo cualquiera a las 7:30 de la mañana. Las familias llegan de lugares lejanos con bolsas de alimentos, cajetillas de cigarros y refrescos de sabor o agua endulzada. Interrumpen su cotidiano día de asueto para visitar a su hijo, hermano, primo, al menor de edad que cometió un delito, motivo de su encierro en el Consejo de Menores del Distrito Federal, el Tutelar, conocido comúnmente como El Tribilín.
Las familias esperan, anhelan la entrada. Al interior, entre la aduana y la reja, los menores aguardan. Para ellos es el mejor día de la semana. Solo 14 internos no piensan en el día de visita, son los confinados a un módulo de alta seguridad, una verdadera cárcel, con todos sus sufrimientos, para niños.
El origen
Corre 1990, año de disturbios en penales de todo el país, también los menores se amotinaron. Son días de riñas, golpes, destrozos, enfrentamientos, muertos y heridos; el pan de cada día en la Unidad de Tratamiento para Varones de San Fernando, en Tlalpan.
Amotinamientos tan graves que los custodios de casa no aplacaron los ánimos, ni los de otras instituciones cercanas. Del recién creado Centro para Inimputables de Cuautla llegaron 200 custodios de apoyo. La versión es confirmada por el entonces subdirector del Centro, Jaime Álvarez Ramos.
Entre los amotinados se identificó a los presuntos cabecillas. Como castigo, los aislaron en un área especial. Durante el resto del año la segregación funcionó, pero en 1991 hubo nuevos enfrentamientos entre los internos. Todavía eran menores de edad, oficialmente no podían estar en una cárcel de adultos, pero les acondicionaron un área de las instalaciones de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
Se llama Centro de Atención Especial Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en honor del afamado criminalista. En 1992 se reubicó al Centro en dos dormitorios y un patio del Centro de Diagnóstico para Varones. En diciembre de 1993 nuevos amotinamientos. El sexenio salinista había dado a los centros federales el carácter de Máxima Seguridad, y para el Quiroz Cuarón se pensó en este modelo, pero en forma oculta.
Desde 1993 el Centro Quiroz Cuarón disimula su existencia en los alrededores de la colonia Narvarte, en las inmediaciones de la avenida Obrero Mundial. Está diseñado para que nadie lo vea, detrás del Consejo Tutelar de Menores, entre bloques de ladrillo despintado, donde se alza una pared de unos cinco metros de largo por seis de alto, de color blanco brillante.
Cárcel de alta seguridad, la otra Almoloya, no para reos peligrosos, sino para los menores infractores considerados como los más conflictivos, de familias desintegradas y antecedentes de un entorno social violento.
Fue creado para aislar a quienes se anteponían el fracaso de la readaptación social, sin un plan. La única “especialización” se basa en la vigilancia extrema con cámaras que graban cada movimiento.
Como ratas de laboratorio en donde se observan los efectos de la soledad, el encierro, el ruido, la escasa luz y la pérdida de movimiento, además de los efectos provocados por los fármacos suministrados a la fuerza.
La fortaleza
Bienvenidos a la fortaleza: 2 mil 326 metros cuadrados cubiertos por una fachada sin número ni placa que la identifique. Con capacidad para 24 internos, actualmente hay 14. La razón que los llevó al Quiroz fue que en el tutelar al que originalmente fueron asignados se amotinaron, reclamaron, exigieron.
-Si reclama, si grita, si pelea, si es de tal o cual colonia, que se vaya al Quiroz --sentenció algún consejero y confinó al menor al peor de los encierros.
El centro tiene tres dormitorios identificados como A, B y C, cada uno con ocho celdas individuales de 1.5 por dos metros. En cada celda hay una cama, una mesa, una taza de baño y un lavabo. Entre los muebles sólo un metro cuadrado para caminar. No más.
Tres paredes de las celdas son de concreto, la cuarta, una reja de barrotes de una pulgada de diámetro. La puerta de cada celda también es de barrotes, asegurada con dos cerraduras: una chapa manual de alta seguridad y otra operada desde un módulo de control, mediante un sistema electromagnético.
Las rejas de todas las celdas comunican a un largo pasillo en medio del dormitorio, las lámparas en el techo dan la única luz en la estancia. No hay ventanas, tampoco luz eléctrica.
En cada dormitorio hay un baño común, con lavabo y regadera y tres cubículos con puertas enrejadas. Se planearon para actividades educativas. No se usan.
Frente a los dormitorios hay dos módulos de seguridad, el área de gobierno, dos patios con cancha deportiva –nunca se utiliza-, la aduana, el área de calderas y el estacionamiento.
Los vigías
-No vaya a hablar de nosotros- dice un joven custodio que se rasca la cabeza a rape que cubre la cachucha negra. De no más de 20 años, su rostro está deslavado, su piel descolorida producto de ocho horas diarias durante los últimos tres años dentro de la oscura fortaleza.
–No vaya a hablar del Quiroz Cuarón- repite. Sus ojos tropiezan con los del comandante Salazar, jefe de custodia. El joven se excusa, se aleja, su turno terminó.
El comandante Salazar tiene la piel morena, manos grandes y vista ágil. Los músculos del cuerpo marcados. Mide 1.75 de estatura, y posee una mente obsesiva de tener bajo control a los 14 internos. Lleva una pistola automática, dos tubos con gas lacrimógeno.
Personal entrenado para penales de Alta Seguridad, del Quiroz Cuarón es poco probable que alguien intente fugarse, los internos son pocos y ninguno es parte de la delincuencia organizada, ni tienen dinero para comprar custodia o darse a la fuga.
Elementos del cuerpo de elite capitalino hacen rondines para detener e interrogar a cualquier sospechoso que se acerque, armados con escuadras Pietro Beretta y armas largas R15.
Aunque se ubica en el Distrito Federal, la autoridad a cargo es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, específicamente la Dirección de Prevención y Readaptación Social, a cargo de Carlos Tornero Díaz, no obstante que en términos de ley no es un centro de readaptación social, porque los menores no se “readapatan”, sino que se adaptan.
Son 56 trabajadores de la SSP asignados al Quiroz Cuarón, desde un subdirector de área hasta un promotor tutelar. No hay director, solo un encargado, Sergio López, quien se negó a ser entrevistado. Tampoco la SSP quiso dar alguna referencia, ni su trayectoria profesional ni la de otros 55 trabajadores, 22 de ellos custodios.
Los presos
A los menores infractores -como los define el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)-, según la SSP, el Consejo Unitario los envía al Quiroz Cuarón por “la gravedad de la infracción, las circunstancias en que se cometió, su bajo nivel de adaptación”, o bien, “cuando su conducta haya alterado de manera grave el orden o la estabilidad de otros centros”.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los 54 centros tutelares del país hay 4 mil 753 menores infractores, la mayoría varones, por delitos de fuero común como robo en todas sus modalidades, violación, homicidio y lesiones.
En el Quiroz siete son responsables de robo, seis de homicidio, uno de atentar contra la salud, este último delito federal, lo que para el jurista Juan Antonio Castillo López, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es una contradicción en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores promulgada en 1991, ya que “al Quiroz Cuarón no van las personas de alta peligrosidad, sino las que ponen en peligro la disciplina de cualquier otro centro de tratamiento”.
Como el ‘apando institucionalizado' define el jurista al Centro para Menores Quiroz Cuarón, quien aclara que desde sus orígenes se creó fuera de la ley, como medida emergente para esconder a quienes les evidenciaran su incapacidad.
El ex director de Prevención y Readaptación Social de la SSP, Jaime Álvarez Ramos, coincide. Dice que el Quiroz Cuarón (bajo su cargo durante algunos meses), fue diseñado como una medida emergente para resolver el problema de los menores amotinados, “pero se empezó a resolver con remiendos, con chipotes”.
Durante los primeros días de la administración Foxista, Álvarez Ramos hizo un plan de trabajo para el Quiroz Cuarón, pero nunca hubo alguna respuesta. “Me hicieron observaciones de ortografía, pero nada más”, aclara.
Confirma que el centro está olvidado y que no hay un plan para readaptar a los internos. “A nadie le importan, el chiste es tenerlos recluidos, si se curan o no, es su bronca porque a las autoridades no les interesa”.
Experto en prevención del delito y sistemas penitenciarios, Ramos califica al Quiroz Cuarón como “una perversa distorsión del sistema tutelar”.
Sin garantías
Aunque hay rejas, se dice que no es prisión; aunque los internos cometieron delitos, se dice que no son delincuentes, sino menores infractores y como tales no se consideran sujetos penales, sino objetos de sanción administrativa. Pero nada es lo que parece. Los menores son encerrados sin garantías, sin condena fija ni término para su libertad.
Este sistema de justicia -administrativa y no penal- constituye para los expertos un vacío legal avalado y promovido por el Estado mexicano para no respetar las garantías de los menores, sostiene el asesor regional para América Latina y el Caribe de Unicef, Emilio García Méndez.
Dice que en el Quiroz Cuarón, con la supuesta legitimidad de no someter a los menores a la justicia penal, se les priva de toda garantía conforme a Derecho y, por lo tanto, a “tener un juicio legal”. Así, los internos pueden permanecer encerrados el tiempo que los consejeros o el promotor tutelar determinen.
Hay dos puntos que evidencian lo ilegal y absurdo de este centro: según la Normatividad para el Tratamiento de Menores Infractores (creada en 1992), en cada institución para menores debe haber un Consejo Tutelar integrado por 3 consejeros, 1 maestro, 1 médico y 1 psicólogo. En el Quiroz no hay ninguno de éstos; el segundo punto es que se trata de un centro para menores habitado en su mayoría por adultos.
A través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la SSP detalló que solo tres de los 14 internos son menores de edad, ocho tienen 18 años, uno 19, otro 21 y uno más 24. Es decir, que si el Consejo determinó que al cumplir la mayoría de edad los internos no estaban “adaptados” para su vida en sociedad, 11 de ellos deberían ser trasladados a instituciones para adultos, el mayor de ellos desde hace seis años.
La nada
Veintitrés horas y media al día en una celda enloquece a cualquiera. En sus crisis, los internos saben que no pueden escapar y buscan la única salida: el intento de suicidio es permanente.
Algunos trataron de unir sus calcetas o rasgaron su ropa para hacer una cuerda y atarla al cuello para asfixiarse. Por ellos con cámaras de vigilancia los custodios están alertas. El castigo o la medida precautoria para estos casos es desnudar por completo al suicida.
La cama de cemento en la que duermen casi todo el día –la única actividad posible-, también puede servir de arma. Los internos escalan las rejas y se dejan caer para estrellar la cabeza en el concreto. Una, dos, tres caídas, tampoco logran su objetivo.
Una vez tuvieron oportunidad de pintar, hasta que los custodios descubrieron que los internos guardaban las rebabas de pintura de acrílico, las cuales al endurecerse se volvían filosas puntillas. La idea era hacer una masa lo suficientemente gruesa, firme y filosa para cortarse las venas. La estrategia fue descubierta antes de que el primer suicidio se consumara.
El resto de los internos se disgustó con los parasuicidas porque se prohibió la única actividad recreativa. Ahora solo tienen media hora al día fuera de las celdas para caminar en el patio. Uno a la vez, vigilado por 15 custodios. Las conversaciones están prohibidas.
El encierro desespera, desquicia. Con poco que oír, menos qué ver y nada por hacer, los internos se van despersonalizando, pierden su identidad, igual que en Almoloya, tesis comprobada por reconocidos especialistas.
Cuando los internos presentan cuadros de agresividad, se les dan psicotrópicos, neurolépticos y anticomiciales, cuyos efectos son irreversibles. Se utilizan Haldon, Sinogan, Trileptal, Piportil, Akinetón, Largactil, Melleril, Tegreto, Tafil, Rivotri, Valium, Levomepromazina y Carbamacepina. Se aducen razones psiquiátricas, pero en el centro no hay un solo psiquiatra, ni siquiera un psicólogo.
El suministro de fármacos de forma ilegal fue denunciado por el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos en México, Anders Compars, en un informe presentado en diciembre de 2003 en la sede del organismo internacional.
El consumo de fármacos es confirmado por Carlos Tornero, quien dice que “se trata de menores muy especiales con graves problemas de conducta”. Luego, cuando se le pide conocer los programas y el trabajo aplicado, niega la entrevista y una visita al Centro con el argumento de que no se puede alterar la estabilidad de los internos.
Coordinador del bufete jurídico de la UAM, el jurista Juan Antonio Castillo investigó las violaciones legales del Quiroz Cuarón y señala: ese centro “está más allá de las pueriles alocuciones sobre la integración productiva y útil a la sociedad por parte del interno. De acuerdo con la Ley, es un Centro de Atención Especial para menores refractarios al tratamiento convencional, inadaptados en grado superlativo, proclives a la reincidencia”.
El penalista conoció a algunos “egresados” del centro, entre ellos a Juan José, quien un día del amor y la amistad, el 14 de febrero de 1998, junto con otros tres menores, violó, golpeó y mutiló a una joven de 15 años, su compañera de estudios de la Secundaria 306 “Manuel Acuña”, en la colonia Palmitos, Iztapalapa.
Juan José estuvo un año en el Quiroz Cuarón, tiempo en el cual no recibió terapia, solo fármacos y encierro. En 1999 los consejeros decidieron que estaba listo para su libertad.
El penalista afirma que la mayoría de los internos del Quiroz son originarios de las colonias más pobres del Distrito Federal y la zona metropolitana, “de suburbios atiborrados de crímenes y criminales”, ambiente al que regresan luego de unos meses o años de la incesante rutina de encierro, incomunicación y deterioro físico y emocional.
En distintas ocasiones el consultor de la ONU en materia de Derechos Humanos, Miguel Sarre, tuvo acceso al Quiroz Cuarón, en donde dice que se confina no a los grandes delincuentes menores de edad, como hacen suponer las autoridades, sino a menores cuya pobreza es su peor desgracia, “aquí se sanciona al menor por tener un entorno pobre”, dice.
Sarre explica que si bien es necesaria la existencia de centros especiales para menores, las condiciones que privan en el Quiroz Cuarón “son francamente inhumanas, ni siquiera los centros de alta seguridad para adultos presentan tales condiciones”.
Explica que se suministran los fármacos estilo campo de concentración, con baños con una manguera a presión dentro de la propia celda”.
Refiere que en este centro se violan las Normas de Beijin (Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores) ratificadas por el Estado mexicano y que en este caso, es un centro donde se violan sistemáticamente todo tipo de derechos, “estamos hablando de un caso realmente grave”.
Por su parte, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que como parte del Observatorio Internacional de Prisiones, detectaron la poca capacidad del personal encargado del centro, además del maltrato, daños físicos y emocionales y principalmente la indefensión jurídica.
Vigilar o encubrir
En 1997 la CNDH hizo una recomendación a las autoridades del Quiroz Cuarón (050/1997), que a su vez data de un expediente abierto dos años atrás (CNDH/122/95/DF/
P04600), en donde se detalla todas las violaciones a los derechos humanos de los internos del Quiroz Cuarón, que van desde la infraestructura del inmueble, los métodos aplicados por el personal, el suministro de fármacos y el estado físico y psicológico de los internos.
Ninguno de los puntos contenidos en la recomendación se modificó. Durante los siguientes años, la CNDH no hizo ninguna nueva visita al Centro. Tampoco atendió los reclamos que en su momento hicieron los internos.
Hasta que el Alto Comisionado de la ONU hizo público su informe, la presión internacional llevó a la CNDH a fijar su atención de nueva cuenta en el centro. Apenas en abril pasado, la Comisión abrió una queja de oficio que podría derivar en una nueva recomendación que emitiría en unos meses.
Aunque internacionalmente se ha señalado que este centro es una prisión de alta seguridad para menores ilegal y violatoria a los tratados internacionales, las autoridades niegan toda información al respecto.
El tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal, quien está a cargo de la queja, dice que aún no se confirma que en el Quiroz Cuarón se violen los derechos humanos de los internos.
En cuanto a las observaciones que han hecho el Observatorio Internacional de
Prisiones, la ONU y la propia CNDH sobre las irregularidades cometidas en el Quiroz Cuarón, Bernal dice que “las comisiones no tenemos una medida forzosa para hacer que las autoridades acepten y en su caso cumplan nuestras recomendaciones. Si la autoridad no la acepta, no tenemos fuerza coercitiva, solamente moral”.
REC 1
El Quiroz, “para los pobres”
Encierro prolongado y aislamiento total imperan en el Centro Especial para Menores Dr. Alfonso Quiroz Cuarón. Mediante este sistema “fomentamos el respeto a la vida”, argumenta José Luis Alvarado Luna, director del Centro de Diagnóstico para Varones (CTV) que se localiza en la avenida San Fernando, en la Delegación Tlálpan.
Debido a que la entrevista a Sergio López, encargado del Quiroz Cuarón no fue autorizada por la SSP, la dependencia federal desingó a Alvarado Luna para atender la petición.
Criminalista de profesión, dice que los técnicos (del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la SSP) diseñaron los sistemas de tratamiento de este centro, cuyo programa, aseguran los expertos que han visitado el centro, se limita a 23 horas y media de encierro, 30 minutos ocasionales para caminar en el patio del Centro, y el suministro de fármacos.
Asegura el responsable de aplicar los tratamientos a los menores infractores del Distrito Federal que a este tipo de centros (Quiroz Cuarón) nunca llegarán los infractores de clase media o alta, sino aquellos de colonias pobres, de familias desintegradas, o simplemente, quienes no tienen familia que responda por ellos.
Alvarado Luna argumenta que son los integrantes del Consejo Unitario quienes determinan el encierro del menor en el Centro de Atención Especial, que en general provienen de “zonas generadoras de ciertas conductas”. Delimita: “De Iztapalapa y de la Cuauhtémoc, de la Miguel Hidalgo o de zonas residenciales no llegan internos, pero no es porque ellos no cometan infracciones o delitos, sino porque ellos socialmente se manejan desde otro punto de vista; son jóvenes que tienen recursos y que generalmente no llegan a las instancias procuradoras de Justicia”.
Fármacos legales
El suministro de fármacos en el Centro, dice Alvarado Luna, responde a la prescripción médica y cada uno de los medicamentos se suministra con el consentimiento del menor. “En el último de los casos si el menor no tuviera posibilidades de determinar si lo toma o no lo toma, la familia tomaría la decisión”.
Al ser cuestionado acerca de que la mayoría de estos menores son abandonados o no tienen familia, responde que en ese caso la decisión la toma su “representante legal”, representante que en un 95 por ciento de la población de los menores infractores bajo la tutela de la SSP federal son defensores de oficio, mismos que tienen que dar seguimiento a un promedio de 100 casos por abogado.
Durante el tiempo en que se realizó esta investigación, de manera frecuente se recorrieron tanto las inmediaciones del centro, como el área de las Consejerías y no se pudo ubicar a un solo abogado de oficio que llevara la defensa de algún interno del Quiroz Cuarón.
Tratamiento foxista
El suministro de fármacos o de cualquier medicamento, así como las políticas con las que se maneja el centro, entre ellas el encierro permanente de los menores, dice el funcionario, dependen de la administración federal en turno, esto es de la administración que encabeza el Presidente Vicente Fox.
“Las instituciones van variando de acuerdo a las administraciones, la administración en todos estos centros son muy cambiantes y cambian de una a otra para bien o para mal”.
Asemeja la estructura del Quiroz Cuarón con el de una “unidad habitacional”, pero aquí los infractores están en celdas aisladas de 1.5 por dos metros que consiste en tres paredes y una reja con candados de alta seguridad. Reitera que ello responde a medidas de carácter técnico y de seguridad, que no propias de ningún tratamiento, que no solo violan la ley sino tratados internacionales, según Unicef.
“Una de nuestras obligaciones es el resguardo a su integridad física y mental, si ni siquiera podemos garantizar su resguardo de su integridad física, mucho menos vamos a poder resguardar o favorecer su integridad psicológica”
En lo que va de la administración Foxista, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del Centro Especial para Menores Dr. Alfonso Quiroz Cuarón han salido 50 menores infractores.
El director del Centro de Diagnóstico para Varones de San Fernando detalla que los alimentos y personal médico es compartido entre el CTV y Quiroz Cuarón, debido a que comparten el terreno. Esto último es falso, ya que desde diciembre de 1993, debido a un amotinamiento, el Quiroz Cuarón fue reubicado a espaldas del Consejo de Menores, en la colonia Narvarte, lugar en el que permanece y reconoce la SSP en su directorio oficial.
