Agosto pasado fue un mes difícil para Raúl Muñoz Leos. El 26 de julio el director de Petróleos Mexicanos firmó un convenio con el dirigente sindical Carlos Romero Deschamps que puso en jaque a la paraestatal más importante del país, y que se perfila como un nuevo Pemexgate. Y es que de acuerdo con el convenio número 10275/04, en lo que resta del 2004 hasta el 2006, la paraestatal entregará al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) montos por casi 8 mil millones de pesos como parte de la revisión salarial.
Además de la alta cifra que impactaría significativamente las finanzas de Pemex, lo escandaloso es el secreto en el que se firmó el convenio. Por razones desconocidas, a la reunión con Romero Deschamps, Muñoz Leos no convocó a los directores ni a los asesores de las subsidiarias. En la reunión del 26 de julio, además de Muñoz Leos estuvo el abogado general de Pemex, Juan Soriano Rosas.
El convenio
El documento, con carácter de confidencial y cuya copia está en poder de Contralínea, detallan toda la supuesta revisión salarial que sólo duró un día y que consiste en un incremento de 4 por ciento directo al salario y en los anexos incluye diversos rubros en prestaciones por casi 8 mil millones de pesos a favor del sindicato, lo que ha motivado una investigación de la Secretaría de la Función Pública y que podría costarle el puesto a Muñoz Leos.
Además del aumento al salario, hay un incremento del 14 por ciento por concepto de “productividad” (anexo N.6) a un beneficio económico de otro 2.5 por ciento en el salario. Para personal sindicalizado de bajo rango se habla de incrementos en viáticos de 416 a 457.60 pesos diarios y en comisiones al extranjero de 106 a 116.60 dólares diarios.
Se acordó también partidas por conceptos de “gastos de viaje para familiares” de los trabajadores sindicalizados por 124 pesos diarios a mayores de 12 años y 95.70 pesos diarios a menores de 12 años de edad.
En el punto número 3 del convenio se establece que Pemex otorgará al STPRM, 2 mil 826 millones de pesos por concepto de servicios médicos, aunque no especifica el área. Según el convenio, este monto será ejercido por el sindicato durante el 2004 y el 2005. En el documento se habla de que en septiembre de este año, el sindicato verificaría que la paraestatal hubiera obtenido la “autorización” de dicho monto o, de lo contrario, “el STPRM requerirá el cumplimiento respectivo ante las autoridades laborales competentes”.
En el punto número 4, Pemex acepta beneficiar al STPRM con 5 mil 15 plazas en un periodo de 30 días hábiles a partir de la firma del convenio.
En el punto número 6 se establece que Pemex entregará 32 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de escuelas.
En el inciso B del mismo punto se establece que Pemex entregará al sindicato 200 millones de pesos para el mantenimiento de instalaciones deportivas. Dicho monto se entregará en dos partes, la primera por 80 millones de pesos “a más tardar el 31 de diciembre del 2004”, y la segunda parte por 120 millones de pesos “a más tardar el último día del primer trimestre del 2005”.
En el inciso C se reconoce que aunque se fijaron los montos y fechas de entrega, no se tiene un listado de las llamadas instalaciones deportivas por las que se piden 200 millones de pesos para su mantenimiento.
En el inciso D se manifiesta que se designó un presupuesto de 15 millones de pesos dentro del mismo rubro, sin conocer exactamente en qué se invertirá. Los 15 millones de pesos, según el convenio, se “pagará a más tardar el último día de agosto”.
El inciso E habla de 49 millones de pesos para la construcción de un Centro Deportivo en Ciudad del Carmen, Campeche, para beneficio del sindicato (punto estratégico de Pemex donde opera la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE), antes llamado Proyecto Cantarell.
Fondo Sindical
Del convenio, el rubro que más llama la atención es el referente al fondo de vivienda. La mayor parte de los casi 8 mil millones de pesos que Romero Deschamps negoció irán a parar a este rubro, al “Fondo Sindical de Vivienda” -propiedad del STPRM- creado, administrado y manejado por el líder sindical en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo del sindicato.
El punto número 7 del convenio indica que Muñoz Leos aceptó otorgar recursos por 4 mil 200 millones de pesos durante los próximos dos años (de agosto de 2004 a agosto de 2006) para “cumplir con el rezago de 10 mil viviendas”.
Sin embargo, en el informe ejecutivo que el STPRM dio a sus agremiados, se señala que en este rubro, del monto inicial individual de 63 mil 220 pesos, se incrementó a 69 mil 542 pesos, que multiplicado por las 10 mil viviendas da un total de 695 millones 420 mil pesos. Ésta es la cantidad que Romero Deschamps asentó en su informe fechado en julio del 2004 sobre el encuentro con la Dirección General de Pemex.
Según el informe ejecutivo del convenio (presentado por el sindicato), el fondo de vivienda es el rubro “que más ha preocupado al Comité Ejecutivo General que preside nuestro compañero Carlos Romero Deschamps”. El Fondo Sindical para la Vivienda deriva de un convenio entre el Sindicato y Pemex suscrito en 1999, durante el gobierno zedillista, con el mismo Romero Deschamps.
En el anexo A del punto 7, el convenio indica que el denominado Fondo Sindical de Vivienda se integrará con tres montos a entregarse de la siguiente manera:
I) Pemex entregará al STPRM mil 100 millones de pesos a más tardar el día último del mes de agosto de 2004.
II) Pemex entregará al STPRM mil 700 millones de pesos a más tardar el último día del primer trimestre del año 2005…
III) Pemex entregará al STPRM mil 400 millones de pesos a más tardar el último día del primer trimestre del año 2006.
En el inciso B del mismo punto se indica que los créditos hipotecarios para el personal sindicalizado se amplia un plazo de 15 a 25 años
Legalizar el Pemexgate
La parte sexta del convenio hace referencia a la investigación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en el llamado Pemexgate.
Para legalizar todos los montos que la paraestatal otorgue al sindicato, el convenio obliga a que Pemex reconozca que “los referidos Convenios, Oficios y Acuerdos, dentro del ámbito laboral fueron legalmente suscritos y pagados”, y que reconozca y valide el planteamiento del consejero sindical Pablo Pavón Vinales, en respuesta a la investigación de la Secodam por el desvío de fondos sindicales.
La propuesta de Pavón Vinales era que la Secodam reconociera cualquier convenio entre Pemex y el sindicato como “parte de la relación laboral”, dándole además la validez de figura jurídica, es decir, manejar sus recursos de manera independiente.
En el convenio firmado el pasado 26 de julio, Muñoz Leos aceptó dar reconocimiento al planteamiento del consejero sindical, “en términos de lo resuelto por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en su sesión extraordinario 737 celebrada el 25 de julio de 2002, al desahogar el punto V. Respuesta al planteamiento del Consejero Sindical Pablo Pavón”. E incluso se integra el mencionado planteamiento en un documento conocido como “Anexo 1”. Con ello, Muñoz Leos, en su carácter de director general de Pemex, reconoce como legal cualquier monto que la paraestatal destine al sindicato y que éste lo maneje como recursos propios, con independencia jurídica y como parte de “las llamadas “prestaciones”.
Para dar validez al mismo punto, el convenio incluye el oficio N.2717 de la Secodam fechado el 13 de junio de 2002.
En dicho documento, dirigido a Eduardo Romero Ramos, Comisario Suplente del Consejo de Administración de Pemex, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secodam, Olga Fernández Espíndola indica que de acuerdo con el artículo 37, fracciones I, V, VII y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Secodam, en materia de fiscalización sobre el manejo y aplicación de los recursos públicos federales, asignados a la propia entidad paraestatal, “no pueden ser objeto de cuestionamiento o pronunciamiento alguno” por parte del Consejo de Administración de Pemex, máxime, indican las observaciones que en su momento hizo la Secodam, se detectaron manejos “irregulares de recursos”.
Festejos millonarios
En el inciso B se determina que Pemex integrará al Contrato Colectivo de Trabajo una partida anual de casi 115 millones de pesos para los festejos sindicales que, según el documento, son “cantidades que históricamente se le han otorgado al STPRM” para tres distintos rubros:
I) Ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el Aniversario de la Expropiación petrolera.
II) Ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el Desfile del 1º de Mayo.
III) Ayuda para gastos derivados de las revisiones anuales al Contrato Colectivo de Trabajo.
Dichas partidas se entregarán de la siguiente manera: 22 millones 314 mil 414 pesos, antes del 1 de mayo de cada año, por concepto de ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el Desfile del 1º de Mayo.
12 millones 500 mil pesos, antes del 18 de marzo de cada año, por concepto de ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el Aniversario de la Expropiación Petrolera.
80 millones de pesos, antes del inicio de cada revisión anual, por concepto de gastos derivados de las revisiones anuales al Contrato Colectivo de Trabajo.
Viáticos millonarios
En el inciso C se establece que Pemex otorgará al sindicato 459 millones 257 mil 656 pesos derivados de la cláusula 251 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente a los años 2001, 2002, 2003 y 2004.
En el contrato Colectivo de Trabajo la cláusula se refiere a los viáticos, salarios, prestaciones y ayuda para transporte y “gastos conexos” para los 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General (presidido por Romero Deschamps), asesores sindicales, Consejo General de Vigilancia, 5 consejeros sindicales, 83 integrantes de comisiones nacionales mixtas y 155 comisionados nacionales. Todo este personal, electo por la dirección del sindicato. Las mismas prestaciones incluyen a 12 funcionarios adscritos directamente a las órdenes del secretario general del STPRM, Carlos Antonio Romero Deschamps.
En dicha cláusula se establece que Pemex pagará un salario integro, más prestaciones, viáticos, ayuda de transporte a 2 mil 188 personas comisionadas, además de los 36 secretarios generales de los comités ejecutivos locales de las 36 secciones del STPRM.
La cláusula indica que después de cada comisión los funcionarios sindicales tienen derecho a vacaciones y al término de sus vacaciones, a una compensación extraordinaria de 35 días sobre la base de su salario ordinario.
En la misma cláusula se fija que Pemex cubrirá al Comité Ejecutivo General del STPRM un monto mensual de 1 millón 300 mil pesos mensuales para ayuda en gastos de viaje.
De los 459 millones 257 mil 656 que Pemex entregará al sindicato por los conceptos arriba mencionados, según el convenio del 26 de julio, el sindicato abonará un monto de 250 millones de pesos a cuenta del adeudo del Pemexgate. Dicho pago, indica, “corresponderá a la mensualidad de enero de 2004”.
Cosa juzgada
En el inciso D de la sexta parte, el documento indica que Pemex y el sindicato se “obligan” a ratificar ante la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Expediente N.IV-21372003 (en el que se habla de un emplazamiento a huelga), para que “de manera conjunta se solicitará que este Convenio se eleve a la categoría de laudo ejecutoriado con la calidad de cosa juzgada”, para solicitar se dé carpetazo al mencionado expediente.
La séptima cláusula del convenio indica que el STPRM gestionará la repatriación a México de los 43 millones de dólares propiedad del sindicato depositados en Estados Unidos en la cuenta número 6MH215309, del Pershing, L.L.C., New Cork, N.Y., o Pershing, a División of Donaldson, lufking&Jenrette Secutities Corp., N.Y,.
Aunque la cláusula dice que el sindicato gestionará la repatriación del dinero, no se especifica a qué será destinado.
Según el acuerdo, ambas partes se comprometieron a diseñar un programa para evitar las demandas laborales dentro de la paraestatal, así como “abatir” las demandas existentes.
La Décima cláusula del convenio indica que la entrada en vigor de todas las cláusulas y anexos arriba mencionados es a partir del 1 de agosto del 2004.
De acuerdo con la cláusula décima cuarta, con al firma de este convenio el sindicato “se da por satisfecho de todas y cada una de las peticiones” que formularon en su pliego petitorio con emplazamiento a huelga presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje mediante el oficio SG-061/04 del 30 de junio del 2004.
El convenio indica también que el convenio es extensivo a todas las filiales de Pemex.
Desacato de Pemex
El convenio representa también un desacato de la paraestatal a las “recomendaciones” del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de un programa de austeridad debido al incremento de gastos de operación de la paraestatal durante el 2003.
Según la Memoria del informe de labores correspondiente al 2003, los gastos de operación en Pemex se incrementaron ese año en casi 11 mil millones de pesos, debido principalmente a los gastos de servicios personales, entre ellos los viáticos.
El convenio en su punto número 4, inciso A, beneficia también a los agremiados de Romero Deschamps con un número que rebasa las plazas que la paraestatal canceló desde mediados de este año por el sobre ejercicio de presupuesto.
En los primeros meses del 2004, Gil Díaz “recomendó” a Pemex cancelar 5 mil plazas de confianza para hacer frente al sobre ejercicio presupuestal en el renglón de gasto corriente de la paraestatal.
La notificación fue hecha a través de la circular 307-A-0274 del 19 de marzo de 2004, dirigida a Pablo Reyes Pruneda, director de Programación y Presupuesto ¨B¨, por el subsecretario de Egresos de Hacienda, Guillermo Bernal Miranda.
Siete días después de la notificación, el entonces administrador general de Pemex, Moisés Orozco García, a través del oficio DCA/556/2004, solicitó a los directores corporativos y a las direcciones generales la relación de plazas de confianza por cancelar
De acuerdo con los cálculos oficiales de Pemex, avalados por Marco Murillo, gerente corporativo de Recursos Humanos; Moisés Orozco, director corporativo de administración, y Benigno Estrada, titular del órgano interno de control, con la cancelación de las 5 mil plazas Pemex ahorraría más de mil millones de pesos (Contralínea 28).
Los despidos concluirían durante el tercer trimestre del año. Aunque oficialmente se dijo que los ceses masivos del personal de confianza eran para adelgazar el sobre ejercicio del gasto corriente, Muñoz Leos concedió a Romero Deschamps transferir 5 mil 15 plazas al sindicato, de los niveles 30 al 35, durante un año a partir de la firma del convenio.
La creación de estas nuevas plazas es una mera concesión al sindicato, ya que no hay trabajo para estos nuevos 5 mil sindicalizados.
Tal es el caso de los trabajadores de la Flota Petrolera de Pemex --en proceso de desmantelamiento-- y cuyo personal asignado, ante la falta de actividad pasa largas horas ocupando un puesto y cubriendo un horario por trámite y para cobrar el sueldo.
Según el convenio, alrededor de 300 trabajadores de la flota serán integrados a Pemex Exploración y Producción, dirección que no cuenta con flota propia y tendrá que buscar alguna ocupación para el nuevo personal.
Todas estas concesiones a un sindicato cuyo dirigente continua bajo investigación por el caso del Pemexgate, fueron aprobadas por Muñoz Leos con la asesoría del abogado Juan Soriano Rosas, quien días después de firmado el convenio fue cesado.
El abogado
La disidencia del sindicato petrolero reconoce a Soriano Rosas como cercano a Romero Deschamps. Gracias a él Muñoz Leos aceptó los requerimientos que el sindicato le impuso. El ex abogado general de Pemex es actualmente investigado por la Secretaría de la Función Pública por presunto conflicto de intereses.
En su bufete privado Desarrollos Jurídicos Integrados, Soriano brindaba asesoría legal a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), una subsidiaria de Pemex, al mismo tiempo que se desempeñaba como abogado de la paraestatal. Antes, Soriano se desempeñó como director de Estudios Jurídicos de la Secretaría de Hacienda.
Aunque su nombramiento como abogado general de la paraestatal se realizó en febrero de 2004, Soriano ingresó desde noviembre pasado. Con menos de un año en el cargo, por el incumplimiento a sus obligaciones Soriano es investigado por la Secretaría de la Función Pública por su participación en el convenio suscrito entre Pemex y el sindicato petrolero.
Pemexgate II
El acuerdo PEMEX-sindicato es calificado por legisladores como el Pemexgate II, aunque en el monto supera por mucho al arreglo que hicieron el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor y el líder petrolero
El diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, señala que desde la impugnación del Pemexgate hubo en la dirección de Pemex un extraño acercamiento entre Muñoz Leos y Romero Deschamps.
“Romero Deschamps, a través de este convenio, está no sólo acorralando a la empresa, sino asegurando la garantía de la impunidad con la que se conduce, porque consiguió que vergonzosamente la Cámara de Diputados echara atrás las impugnaciones en su contra”, apunta.
-¿Cuál es la responsabilidad de Muñoz Leos?
-La complicidad tan lamentable a la que está prestándose a ser cómplice de los peores años de la paraestatal.
Caja chica
El investigador Miguel García Reyes, especialista en Geopolítica del Petróleo por la UNAM, dice que aunque el sindicato ha resultado poco operativo durante los últimos años y lejos de los objetivos para los que se creó, a la dirección de Pemex le conviene seguirlo sosteniendo para manejar los recursos en forma discrecional.
“En épocas electorales el sindicato petrolero servía de caja chica a los priistas. Mil 500 millones del Pemexgate, comparados con los 9 mil millones actualmente, muestran que los mejores intentos que pudo hacer este gobierno no fueron suficientes para acabar estos actos de corrupción”.
-¿Para quién serán los casi 8 mil millones de pesos?
-“Parece que el PRI y el PAN están asociados para ordeñar a Pemex y financiar sus campañas”.
García Reyes evalúa que el monto convenido representa la décima parte de lo que ingresa a la paraestatal en “tiempos normales” por concepto de exportaciones petroleras, y considera que mejor “debía ser aplicado en los programas sociales”.
Sindicato blanco
Para el investigador Víctor Rodríguez Padilla, especialista en el área de inversiones de Pemex, el convenio es un pago por el silencio que el sindicato ha mantenido frente a los reclamos de los trabajadores de confianza para la anulación de los Contratos de Servicios Múltiples, el gran proyecto privatizador de la paraestatal.
Dice que desde que Muñoz Leos asumió la dirección de Pemex, hubo una “relación muy estrecha” entre empresa y sindicato. Luego, “curiosamente” cuando un sector de Pemex, asesorado por el jurista Ignacio Burgoa, llevó a juicio los CSM, “el sindicato no dijo nada, como tampoco se ha manifestado respecto a la pérdida laboral de las actividades petroleras”.
Los trabajadores, dice, “deberían analizar las negociaciones que está haciendo Pemex, porque los CSM en ninguna de sus cláusulas integra al sindicato. Se están quedando sin trabajo y no han hecho ningún pronunciamiento”.
La relación entre ambas partes, asegura, es para “que se deje libre la privatización. Están pagando el silencio de quienes podrían impugnarlo”.
El diputado Francisco Carrillo Soberón califica como “una patinada” de Muñoz Leos la firma del convenio, y coincide en que éste se dio a cambio de los CSM, mientras que la empresa “ha estado dispuesta a conceder cuanta petición le hace la dirección sindical”.
Agrega que el convenio es una réplica del Pemexgate, “así está pagando Pemex los errores y excesos de haber permitido a Romero Deschamps sobrevivir a todo el Pemexgate sin que se le volara ni una pluma”.
La lucha interna
El convenio ha levantado especulaciones no solo entre miembros del Consejo de Administración de Pemex, sino entre los trabajadores, y ha provocando un distanciamiento aún mayor entre los de confianza y los sindicalizados.
La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de México (UNTCIPM), dirigida por Ricardo Decle y Alfredo Hernández Peñaloza, califica el acuerdo como un beneficio sólo para Pemex y no “para los trabajadores” como indica en su informe Romero Deschamps.
Al interior del sindicato las disputas iniciaron desde que la dirigencia dio a conocer el documento denominado “Informe de la revisión de los salarios en efectivo por cuota diaria y el cumplimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo”.
En las 40 secciones del STPRM, los agremiados se disputan los supuestos créditos a la vivienda, sin embargo la respuesta de sus líderes es que aunque ya fue aprobado por el director de Pemex, falta cubrir algunos requisitos. Lo cierto es que aún con la firma de Muñoz Leos el convenio podría anularse por el Consejo de Administración de Pemex.
En una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, que duró sólo 40 minutos y a la que no asistieron los secretarios de Estado, se habló sólo del incremento salarial del 4 por ciento, no de los anexos.
Buena fe
El diputado panista Ricardo Alegre Bojórquez dice que Muñoz Leos firmó “de buena fe” el convenio que mantiene tambaleante a la paraestatal más importante del país, aunque reconoce que los tiempos “no están para que se hagan este tipo de concesiones.
“Lo han dicho tanto el presidente de la República como nosotros: nadie debe estar por encima de la ley, pero creo que se debe hacer una investigación en los términos que señala la ley, estoy seguro que él actuó de buena fe”, agrega.
En los pasillos de Pemex se comenta que en las siguientes semanas Muñoz Leos podría ser removido de su cargo, y ya se menciona los aspirantes a sucederlo: Luis Ramírez Corzo, director de PEP; José Antonio Ceballos, director Corporativo de Operación; Adrián Lajous, ex director de Pemex, y hasta el rector del ITAM, Arturo Fernández Pérez.
Los privilegios del STPRM
La Encuesta Nacional de Empleo, dada a conocer en agosto pasado, revela que en México 26.5 millones de trabajadores no cuentan con una sola prestación laboral (en detrimento a las leyes laborales), pero dentro de algunos sindicatos, como es el caso de Pemex, los afiliados reciben prestaciones que van más allá de las normadas.
Los afiliados al STPRM reciben más del doble (el 130 por ciento más) de su salario por concepto de prestaciones, mientras que otros trabajadores apenas cuentan con alguna prestación laboral y reciben como máximo el 40 por ciento más de su salario por este concepto.
Con 125 mil agremiados (95 mil trabajadores de base y 30 mil transitorios), el STPRM es también el más lucrativo de México.
Mensualmente estos 125 mil trabajadores pagan el 2 por ciento de su sueldo total como cuota al sindicato que preside Romero Deschamps, quien a partir de las concesiones de Muñoz Leos, considera a otros 5 mil agremiados con sus respectivas cuotas mensuales.
