El anuncio lo hizo el 22 de septiembre, al comparecer en la Cámara de Senadores con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno. De acuerdo con investigaciones de esta publicación, la Secretaría de Hacienda “permite y promueve la constitución de fideicomisos en el gobierno federal para disponer de recursos públicos sin rendirle cuentas a la Cámara de Diputados ni a la Secretaría de la Función Pública”.
Es decir, se trata de una especie de “caja chica” que utilizan varias secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados para disponer de recursos públicos sin tener que realizar licitaciones y sin la molesta intervención y auditoría de los órganos de control de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el caso de ISOSA –el fideicomiso para la modernización aduanera--, la Auditoria Superior de la Federación fincó pliegos de observaciones por 4 mil 500 millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2001 y por 2 mil dos millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2002, es decir que Hacienda tiene que explicar el origen, operación y destino de casi 7 mil millones de pesos de fondos públicos triangulados a la empresa privada ISOSA y que han terminado en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II.
Hacienda creó el fideicomiso público Fidemica (Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras), “para tratar cubrir las irregularidades descubiertas en los fideicomiso privados Aduanas I y II”.
En la Cámara de Senadores, Dulce María Sauri, del PRI, consideró que dichos fideicomisos públicos “son las áreas grises, negras, del gobierno federal”, por su falta de transparencia.
En la Cuenta Pública del 2003, explicó, se incluyeron 20 fideicomisos por 13 mil 250 millones de pesos, en 10 secretarías y en el CONACYT. Sin embargo, continuó, la falta de transparencia “comienza a aflorar en el segundo informe trimestral sobre la situación económica y las finanzas públicas”.
En este informe, continuó, se presentó un listado de 288 fideicomisos con una disponibilidad de 55 mil 441 millones de pesos, agrupados en los ámbitos laboral y presiones: 35 con 18 mil 313 millones; financiamiento rural y protección civil: 22 con 13 mil 722 millones; infraestructura: 27 con 4 mil 281 millones, y otros, y 204 fideicomisos con 19 mil 125 millones de pesos, “entre los que se encuentra el famoso ISOSA, para la modernización aduanera, y el aun más conocido Transforma México”.
Cuestionó: “¿Cuánto entró, cuánto salió, en que se gastó, a quiénes se les dio?” Ese es el verdadero pozo oscuro y profundo que se acentuó aun más después de la desafortunada presentación de dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal ante la Comisión Permanente, que ni precisaron la información ni aclararon las dudas de los legisladores, escudándose en la reserva que el artículo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) impone a los registros de los fideicomisos”.
Pero el artículo 20 del proyecto de decreto del PEF correspondiente al 2005, celebró, elimina la reserva de la información.
Este artículo, abundó, “cierra el camino de la constitución de fideicomisos por parte de las dependencias de la administración pública federal, para evadir el subejercicio, hacer su guardadito para el año siguiente, y liberarse del yugo de la Secretaría de Hacienda y de la fiscalización del Congreso”.
En el Senado, la senadora Laura Alicia Garza Galindo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que en la fracción sexta del artículo segundo propone la facultad de fiscalizar los mandatos, fondos y fideicomisos que reciban recursos públicos, sin importar la naturaleza de dichos negocios jurídicos.
Además, el 6 de septiembre la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos, análogos.
Sin embargo, enfatizó la legisladora priísta, “el futuro no borra lo pasado”.
Preguntó a Gil Díaz: “¿Qué acciones tomará la Secretaría de Hacienda para transparentar la información sobre la constitución, operación y destino de los recursos de los fideicomisos públicos, especialmente los fideicomisos relacionados con la modernización aduanera?
“¿Cuándo se hará entrega de la información solicitada por los senadores?”
El secretario de Hacienda aseguró que el número de fideicomisos durante este gobierno se ha reducido a 250. “La secrecía y la forma de manejar los fideicomisos es algo que heredamos y es algo que nos preocupó”.
Consideró que los funcionarios de Hacienda que se presentaron en la Comisión Permanente no pudieron contestar porque esta dependencia únicamente tramita los fideicomisos, pero nos lo opera.
“Tendrían que ser los responsables de cada entidad ejecutora de gasto los que tuvieran que dar cuenta de esos fideicomisos, aunque con las transparencia y la cantidad de información que se está ahora exigiendo se les podrá informar a todos, todo el tiempo, en el momento que hayamos podido recopilar toda esa información”.
Reveló que el comité técnico de ISOSA aprobó divulgar la información de este fideicomiso en Internet e inclusive permitir su auditoría.
“De manera que cualquier sospecha, cualquier preocupación, cualquier curiosidad que haya acerca de los montos, de los proyectos, de la forma como se han operados esos recursos, será conocida ampliamente, algo de debido a la naturaleza privada del fideicomiso no se podía hacer. El comité técnico mismo resolvió que se pudiera hacer, porque tiene la facultad para hacerlo”.
La secretaría de Hacienda, como fideicomitente, suscribió ese acuerdo para que los fideicomisos se abran. Además, esta dependencia y la Secretaría de la Función Pública promovieron el decreto la rendición de cuentas en el manejo de los fideicomisos.
A principios de septiembre, el Partido Convergencia propuso modificar el “secreto fiduciario” para que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar 156 fideicomisos del gobierno federal que involucran unos 50 mil millones pesos, “de los cuales la Cámara de Diputados no conoce más que sus nombres”.
Jesús Martínez Alvarez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, explicó que el secreto fiduciario previsto en el articulo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito “se ha convertido en una infranqueable barrera para el Poder Legislativo y los contribuyentes”.
Este esquema, continuó, “más allá de ser una forma de eludir la rendición de cuentas, se ha convertido en una 'tapadera´ de ilegalidades y discrecionalidades”.
Manifestó que la población tiene derecho a saber para qué fueron creados, cuáles son sus objetivos y a quién benefician.
Si se modifica el artículo 117, la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá solicitar la información que considere pertinente, tanto a las instituciones de crédito como a la banca de desarrollo sobre el monto y la aplicación de los recursos.
Entre los fideicomisos que mencionó se encuentran el Fobaproa y Transforma México, “cuyo común denominador ha sido la falta de transparencia y la corrupción”.
Contralínea señaló que el Fobaproa es el “rey” de los fideicomisos que guarda celosamente los secretos del rescate bancario. La ASF consideró irregular que la administración y cobranza de la cartera adquirida por el Fobaproa se efectúe mediante fideicomisos constituidos en cada banco, porque las instituciones de crédito actúan como fideicomitentes y fiduciarios, y el Fobaproa como fideicomisario.
La ASF no puede verificar el cumplimiento de las cláusulas referentes a la constitución de los comités técnicos de cada uno de los fideicomisos, precisamente porque los bancos anteponen el secreto fiduciario.
Por otra parte, los pasivos del Rescate de Autopistas Concesionadas asciende a 442 mil 180 millones de pesos. La ASF no pudo obtener los estados financieros consolidados del fideicomiso, los cuales debieron ser sancionados por su comité técnico.
El gobierno federal otorgó a este fideicomiso otros 10 tramos carreteros, para mejorar su perfil financiero. Pero los tramos no están valuados o reflejados como activos o aportaciones.
Otro caso es del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), el cual se liquidó en 1998. Tenía 199 fideicomisos y no contaba con la totalidad de la información jurídica, contable y fiscal. Tampoco se adoptaron medidas inmediatas para asegurar la recuperación de los recursos.
En el fideicomiso “Toluca” de Pemex, la ASF detectó irregularidades en la operación de los ductos otorgados en fideicomiso.
Luego de la expropiación de los ingenios azucareros, por sus deudas con la Financiera Nacional Azucarera, se creó la Promotora Azucarera. La ASF no pudo auditar este fideicomiso, porque los servidores públicos de Nacional Financiera (Nafin) no le dieron facilidades y se negaron a proporcionar la documentación que se le requirió.
Otros casos son:
Fondo de la Financiera Rural, con un monto de 10 mil 592 millones de pesos; Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con 6 mil 276 millones; Fondo de Desastres Naturales, con 4 mil 658 millones; Fideicomiso Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nafin, con 2 mil 752 millones; Fideicomiso para la Adquisición de Equipo Militar, con mil 363 millones, y Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, con 12 mil 418 millones.
Asimismo, Fondo de Desincorporación de Entidades, con mil 347 millones; Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con mil 347 millones; Fideicomiso nuevo Aeropuerto, con mil 138 millones; Fideicomiso de Inversión e Inversión, con 663 millones, y Fideicomiso Transforma México, con 110 millones, entre otros.
El diputado Jesús Martínez Alvarez aseguró que la falta de información es contraria a la rendición de cuentas, prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “más aún porque en todos ellos existen recursos públicos involucrados”.
