De ser las parientes intelectuales de los partidos políticos, al obtener el derecho de exclusividad para constituirse en partidos políticos nacionales, las APN's se transformaron en un atractivo filón para los buscadores de poder y de acceso al sistema de las prerrogativas electorales millonarias.
Pero como en la búsqueda de tesoros, el camino está lleno de escollos, pues el Legislativo duplicó los requisitos “para garantizar que sólo las agrupaciones con auténtica capacidad de organización y representatividad ciudadana puedan alcanzar su registro como partido político”, dice Marco Antonio Gómez Alcántara, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).
Agrega: “quienes logren un asiento en el Congreso del 2006 representarán a organizaciones vivas, plurales y dispondrán de normas que generen equilibrios entre sus militantes, para no repetir penosos casos como el Partido de la Sociedad Nacionalista, que la sociedad ya no toleraría”.
El pasado 31 de julio, al cerrarse el plazo de ley, 18 de un total de 75 APN´s existentes, notificaron ante el IFE su propósito de obtener el registro como partido político y para ellas comenzó la cuenta regresiva, el plazo para cumplir con los requisitos legales vence el 31 de enero de 2005.
Luego, el IFE dispondrá de 120 días para realizar la exhaustiva revisión de los documentos básicos, listas nominales y asambleas, a fin de dictaminar la procedencia del registro, el cual surtiría efecto en agosto de 2005.
Desaparecerán APN´S
El Consejero Gómez Alcántara es tajante al responder sobre el destino de las agrupaciones políticas nacionales que no lo logren cumplir con los requisitos, “por un acuerdo de la Comisión de Prerrogativas, perderían su registro, ese es uno de los riesgos que corren”.
Explica: “disminuyeron de 7 mil a 5 mil el número de afiliados para poder constituirse en APN para propiciar que casi cualquier organización ciudadana pueda convertirse en partido político, y se cumple con el espíritu constitucional que establece a la democracia como un estilo de vida basado en la pluralidad”.
Sin embargo, varios legisladores que se opusieron a dicha reforma, como la senadora Silvia Hernández, opinaron que es anticonstitucional quitarles a los ciudadanos el derecho a “afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos” ( Artículo 41 constitucional).
Para Alejandro Poiré, director general de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, “ante las nuevas exigencias, el proceso será muy difícil y muy pocas agrupaciones lograrán el registro, seguramente menos de las 5 que lo consiguieron en 2003.”
Destaca: “Por primera vez el IFE verificará con personal altamente capacitado que se cumpla cabalmente la ley en cada etapa del proceso, en cada asamblea vigilaremos que no haya rifas, ni palenques, ni promesa de dádivas para afiliar de manera artificial y nos aseguraremos de que los recursos que reciban las agrupaciones sean lícitos y se ejerzan con apego a la ley.”
Alto costo
A la dificultad de lograr el registro hay que sumar la complejidad de mantenerlo después de los comicios. En el proceso electoral federal de 2003 ingresaron al sistema de partidos: Fuerza Ciudadana, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido de la Alianza Social, Partido Liberal Mexicano y México Posible. Todos perdieron su registro como resultado de una votación inferior al 2 por ciento del total nacional.
Poiré acepta que es muy alto el costo de la democracia mexicana, pero considera que “es la mejor inversión para garantizar la estabilidad y solidez política de nuestro país”, y admite que “hay conciencia de que debe racionalizarse, pero con mucho cuidado, sin detrimento de la equidad e igualdad en la competencia de los actores políticos, y al mismo tiempo hay que impedir los incentivos privados de origen no lícito.”
Informa: “actualmente existen 40 expedientes abiertos de investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los partidos políticos, denunciadas por organizaciones y ciudadanos, cuyos resultados se darán a conocer sólo en los casos en que procedan las acusaciones.”
Así, en medio de una vorágine, contra reloj, las APN's buscan alianzas y organizan asambleas estatales o distritales, para acreditar ante el IFE 3 mil afiliados en cada entidad federativa, en un total de 20 estados (antes, bastaban 3 mil adeptos en 10 entidades).
En su defecto, deben demostrar tener 300 prosélitos en cada uno de 200 distritos electorales uninominales del país (antes eran necesarios 300 afiliados en 100 distritos). También se duplicó el número total de afiliados, ahora deben contar con 169,876 partidarios como mínimo, esto es el 0.26% del censo del último Padrón Electoral Federal.
Financiamiento
Desde su origen, el financiamiento que reciben las APN´s representa 2 por ciento del monto anual que reciben los partidos políticos para sostener sus actividades ordinarias permanentes, por lo que al haberse multiplicado las agrupaciones pero no al mismo ritmo el volumen de recursos, la cantidad asignada a cada agrupación ha disminuido.
Verbigracia: en 1997 existían 12 agrupaciones, cada una recibió un millón 719 mil 584 pesos de financiamiento; en el 2003, había 76 y recibieron 400 mil pesos anuales en promedio, con excepción de las que realizaron mayor actividad editorial o de capacitación, éstas obtuvieron montos superiores.
Las APN'S actualmente en proceso de obtener su registro como partidos, coinciden en que las últimas reformas electorales son anticonstitucionales, pues atentan contra el derecho de cualquier organización ciudadana de convertirse en partido político y promueven la inequidad, pues en el primer año sólo recibirán entre 50 y 65 millones de pesos de financiamiento.
Como ejemplo de la inequidad está lo ocurrido en el 2003: los seis partidos políticos que mantuvieron su registro (PAN, PRI, PRD, PT, Convergencia y Verde) absorbieron 83 por ciento de los 5 mil millones de pesos de financiamiento público para los 11 partidos participantes. Los 5 nuevos partidos perdieron el registro.
Así, priístas embozados y expriístas luchan por parcelas de poder. Militares retirados buscan liderazgo social. Fuerzas heterogéneas se amalgaman: campesinos, socialdemócratas, organizaciones femeninas y defensoras de la diversidad sexual, académicos y juristas, quieren sanear la actividad política. Surgen liderazgos juveniles, así como proyectos cristianos en la política formal.