Actualmente, más del 80 por ciento de los decomisos de drogas son producto de los operativos emprendidos por el Ejército. Carlos Resa Nestares, académico español especialista en narcotráfico mexicano, explica que la militarización de la lucha antidrogas se debe a que “la PGR, como organismo, ha desaparecido”.

El investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, agrega que esta dependencia “ha pasado de ser una agencia que vendía protección a no hacer básicamente nada; porque para vender protección hay que hacer ver a los clientes que la actividad es eficiente, entonces, es necesario hacer decomisos”.

Según señala el capítulo de Seguridad, Orden y Respeto del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, de enero a junio de 2004 la PGR sólo contribuyó con “el 30.2 por ciento del aseguramiento de cocaína, el 7.5 por ciento de marihuana, el 8.3 por ciento de goma de opio y el 38.8 por ciento de heroína”.

Hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR realizaba el 60 por ciento de los decomisos de marihuana, pero en los cuatro años de la presente administración, el 80 por ciento de éstos han sido resultado de operativos militares.

En el mandato de Carlos Salinas de Gortari, la Sedena sólo efectuó el cinco por ciento de las confiscaciones de cocaína. Esta cifra aumentó a 35 por ciento durante la gestión de Ernesto Zedillo, pero en el primer trienio del gobierno de Fox alcanzó el 80 por ciento.

Aunque en la lucha antinarcóticos también participan las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Policía Federal Preventiva, la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, y las procuradurías estatales, la PGR es la única institución que obtiene un presupuesto etiquetado para este rubro. 

En el 2004, el gasto federal autorizado a la Procuraduría General de la República para el combate al narcotráfico ascendió a 4 mil 926 millones 600 mil pesos. En términos nominales, esta cifra es 317.3 por ciento superior a la otorgada en el 2003, que fue de 540 millones 497 mil pesos. 

Para el ex consultor del programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas, Carlos Resa, “los sucesivos incrementos del presupuesto no han sido de ninguna utilidad, pues aunque les gusta mucho aparecer en la prensa, no hay trabajo eficaz”.

 

Objetivo: agradar a EU

 

La lucha antinarcóticos tiene varios parámetros, explica Resa Nestares, “uno es desarticular a las organizaciones, en el que la PGR es relativamente eficiente con las que ya están en el declive industrial. El otro es el de la acumulación de información; en este caso son mucho peores, incluido el Ejército”.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, hace un año José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, dio a conocer el “nuevo mapa del narcotráfico en México”. En éste se da cuenta de una geografía dividida en siete “plazas” o territorios controlados por igual número de organizaciones delictivas.

A la fecha, para la PGR estas siete empresas de droga se disputan el control del narcotráfico: el cártel de Tijuana, comandado en su mejor momento por los hermanos Arellano Félix; el cártel de Juárez, cuyo máximo jefe fue Amado Carrillo Fuentes; el cártel del Golfo de Osiel Cárdenas; el de Sinaloa, el de los hermanos Díaz Parada, los Amescua y los Valencia. 

Al respecto, Carlos Resa señala que ni la PGR, ni la Sedena, saben quién maneja la droga en México. “Asumen que como hace ocho años alguien de la DEA (Drugs Enforcement Agency), que no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo en México, dividió el territorio en plazas hoy siguen operando los mismos, pero hay mucha gente que actúa de manera independiente”.

El también miembro del proyecto “The economics of civil war, crime and violence”, del Banco Mundial, asegura que la falla radica en que “acumulan información obsoleta, la aplican a unos objetivos políticos que son agradables a los Estados Unidos y detienen a los que tienen nombre; esto les permite agradar a John Walters (director de la DEA) y a George W. Bush”.

El problema, advierte, es que al tener estos siete objetivos altamente difíciles en los que se concentran todos los esfuerzos, lo que queda fuera pasa desapercibido. “Esto es fantástico para un nuevo empresario de drogas”, dice.

Según reporta el Cuarto Informe de Gobierno de Vicente Fox, de diciembre de 2000 a junio de 2004, “se han detenido 31 mil 719 personas vinculadas a siete organizaciones delictivas. De esta relación, 15 se identificaron como líderes, 39 financieros, 64 lugartenientes, 185 sicarios, 148 funcionarios involucrados y 31 mil 268 colaboradores y distribuidores de drogas al menudeo”.

Resa Nestares observa que a partir de la elaboración de este mapa, se han asociado a todos los individuos que caen en una determinada “plaza” con el cártel correspondiente. “Ahora mismo, si yo me marcho a Tijuana y empiezo a vender drogas en la calle y me detiene la PGR pasaría automáticamente a ese listado. Esto no tiene ninguna validez, hay mucha gente independiente”.

El académico español dice que las cifras referentes a las miles de personas detenidas y relacionadas con las siete empresas de droga, son una “mentira absoluta”. “Primero, esto no lo han demostrado judicialmente que sería la cualidad que daría verificación. Segundo, hay mucha gente que no es de ningún cártel”.

Aclara que al combatir empresas de drogas en declive, como el caso de los hermanos Arellano Félix, se pueden detener y someter a juicio a los narcotraficantes por actividades violentas que hayan cometido con anterioridad, pero no se ataca el flujo de drogas.

 

Sin trabajo de inteligencia

 

Para Carlos Resa, “aunque toda la tarea de inteligencia está orgánicamente en la PGR, hay una subordinación completa a la Sedena. Ya no tienen ninguna actividad; construir casos, que sería lo propio de una fiscalía, tampoco lo hacen”.

El también miembro de la Internacional Association for the Study of Organizad Crime, puntualiza que la política de la represión al narcotráfico, del lado de la oferta, es la acumulación de la información.

Al referirse al caso de la PGR, asegura que “lo hacen mal, porque la mayor parte de la información la obtienen de los detenidos; es muy difícil construir un caso con un solo testigo protegido porque, normalmente, dicen muchas mentiras para su propia salvación; suelen exagerar incluso su propia participación en el negocio a efectos de obtener las recompensas judiciales posteriores”.

Actualmente, explica Resa Nestares, “en una política que gira en torno a satisfacer a Washington, Santiago Vasconcelos es muy funcional; él es el único que sabe sobre temas de narcotráfico en la institución, tiene buenas relaciones con los militares y con los Estados Unidos”.

Pero, específica que al delegar la responsabilidad de detener a los narcotraficantes y realizar decomisos al Ejército, su único trabajo es llevar los casos ante tribunales, pero esto no existe. “Él no investiga los casos, todos los que tienen son de testigos protegidos. No han sido capaces de construir un caso en todo este tiempo, entonces Santiago Vasconcelos sólo es la cara mediática de la PGR en temas de drogas y el contacto en Washington”.

Carlos Resa, asegura que lo que falta en la PGR es hacer trabajo policial. “Es muy simple: acumular información y luego actuar. Hay que capacitar muy poco a los policías, pero hay que ponerlos en la calle, sólo así se arman los flujos de información; pero no existe nadie encargado de organizar, de controlar a la base”.

 

Militarización del combate al narcotráfico

Miles de efectivos del Ejército mexicano se despliegan diariamente en el territorio nacional, su misión es combatir al narcotráfico. La estrategia principal consiste en la realización de reconocimientos en las “áreas de mayor incidencia en el cultivo y tráfico de enervantes”.

Entre el 2001 y el 2004, la lista de los estados donde se efectuó el mayor número de operativos militares antinarcóticos no ha cambiado. Para la Sedena los focos de atención siguen siendo Sinaloa, Baja California, Durango, Jalisco, Michoacán, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca.

En estas zonas, alrededor de 30 mil soldados realizan acciones de búsqueda, localización y destrucción de plantíos de enervantes. Además, para evitar el tráfico de estupefacientes desarrollan labores de intercepción terrestre, aérea y anfibia.

El investigador Carlos Resa Nestares asegura que en la lucha contra las drogas los militares no tienen ninguna ventaja con respecto a los civiles. “Disparar armas, que es su única ventaja, es una circunstancia muy excepcional en la represión de las drogas. Lo fundamental es ir acumulando información hasta un determinado punto que seas capaz de construir un caso y obligar a la detención, y sólo así entra en juego la violencia”. 

El experto en narcotráfico reflexiona sobre los riesgos de la militarización de la lucha contra el narcotráfico: “Primero, es una guerra que nunca van a poder ganar con todo lo que ello conlleva sobre la moralización de las tropas; y segundo, existen muy pocas confluencias entre la actividad policial y la actividad militar propiamente dicha, porque aquí no hay enemigos sino ciudadanos que cometen delitos”.

Para las labores de reconocimiento, el Ejército mexicano cuenta con 88 aeronaves, 370 bases de operaciones ubicadas a lo largo del territorio nacional y con la participación de 18 mil efectivos militares como promedio mensual.

Los operativos para impedir el tráfico de droga a través de las vías de comunicación mexicanas están a cargo de 12 mil militares. Además, con el objetivo de acotar las actividades ilícitas del crimen organizado en los litorales, lagos, lagunas, esteros, presas, ríos y vías fluviales, la Sedena despliega nueve grupos anfibios, conformados por un total de mil 512 elementos y 250 embarcaciones.

 

Rentabilidad del narcotráfico

Durante los últimos diez años, autoridades, académicos y medios de comunicación mexicanos han afirmado que las ventas totales de las drogas ilegales ascendieron anualmente a 500 mil millones de dólares. Al respecto, el economista Carlos Resa Nestares asegura que “la cifra es falsa”.

Con base en un modelo econométrico, que consiste en la multiplicación de la demanda final de drogas por el precio de exportación y por la cuota de mercado de los exportadores mexicanos, el académico español ha calculado que las ventas totales generan, en promedio, 2 mil 500 millones de dólares por año.

En México, afirma, las exportaciones de drogas ilegales representan sólo el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto. A nivel mundial esta perspectiva no cambia, pues el comercio ilícito relacionado con las drogas obtiene ganancias aproximadas a los 200 mil millones de dólares, esta cifra representa el 0.2 por ciento del comercio legal.

De acuerdo con estos cálculos, las drogas no son un mercado muy importante pues no están después del petróleo. La magnificación de las ganancias, añade Resa Nestares, se explica porque las agencias de seguridad tienen un interés en sobrevalorar el problema y así obtener más recursos burocráticos.

De diciembre de 2000 a junio de 2004, la PGR erogó 3 mil 829 millones 60 mil pesos para combatir este flagelo. Ante la falta de resultados convincentes, Carlos Resa afirma que si la PGR dejara de combatir al narcotráfico, ni mejoraría ni empeoraría la situación.

El académico concluye: “estaría bien que le quitaran el presupuesto para ahorrar dinero de los contribuyentes, pues esto no cambiaría nada. Pero esa es una decisión de la estructura burocrática a largo plazo, sobre a quién se designa para una determinada misión, tomando en cuenta los beneficios y los perjuicios de ambos: a los militares o a los civiles”.