Elecciones caras, dinero de procedencia ilícita en precampañas, inequidad en el acceso a los medios electrónicos, impugnaciones postelectorales y un presidente sin legitimidad serían los resultados de las elecciones de julio del 2006 de no reformarse el ya rebasado sistema electoral mexicano.

En la Cámara de Diputados existen más de 60 iniciativas de reforma en materia electoral en cinco comisiones distintas. Ninguna ha prosperado y las posibilidades de que los legisladores lleguen a acuerdos para dar certidumbre a las elecciones del 2006 se extinguen.

A decir de políticos y especialistas, el actual sistema electoral del país se ha agotado y una reforma es necesaria para garantizar la equidad y transparencia de los próximos comicios en los que se elegirá presidente de la República.

“De no reformarse, el actual sistema electoral tendrá dificultades para controlar el proceso del 2006. Los partidos tendrán manga ancha para incurrir en todo tipo de irregularidades, sobre todo en cuestiones de dinero. Y, por lo tanto, se podría gestar un conflicto postelectoral muy grave, con demasiadas impugnaciones”, sentencia José Antonio Crespo, especialista en sistemas electorales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Si la reforma sale floja, o no sale, prácticamente vamos a llegar desarmados a la elección presidencial. Y con los antecedentes del Pemexgate y los Amigos de Fox, el IFE, los partidos y el gobierno federal quedarán rebasados por una contienda muy dura que nos puede llevar a un precipicio de conflictividad muy grave.”

El diputado priista José Alberto Aguilar Iñárritu, secretario de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, reconoce que, de no haber reforma, “no estaremos contribuyendo en la certidumbre del proceso del 2006”.

Manuel Camacho Solís, presidente de la misma comisión, admite que “si no hacemos algo que nos saque del círculo vicioso de confrontación, vamos a vivir una realidad política cada vez más adversa. Es necesario una reforma electoral que legitime la política”, advierte.

Desde el inicio de la LXIX legislatura las fracciones parlamentarias designaron representantes para estudiar las iniciativas heredadas de la legislatura anterior y discutir las nuevas propuestas.

Después de meses de trabajo, las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana, presentaron un “predictamen” de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) consensuado entre todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, “el ambiente político de confrontación”, a decir de Camacho Solís, y la iniciativa poco afortunada que presentó la presidencia de la República, que condicionó los acuerdos que ya se tenían con el PAN, según Aguilar Iñárritu, terminaron por frenar los acuerdos. Desde abril pasado, los legisladores no han vuelto a discutir formalmente la aprobación de reforma alguna en materia electoral.

 

Iniciativa de Fox, incompleta

 

Cuando los partidos en el Congreso estaban a punto de presentar su proyecto de dictamen, Vicente Fox envió un paquete de iniciativas de reforma en materia electoral. El presidente planteó reformas a los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución y al Cofipe. Sus propuestas han sido tildadas de erróneas, incompletas e irrealizables por políticos de oposición y especialistas en temas electorales.

El diputado panista Pablo Alejo López Núñez, integrante de la Comisión de Gobernación, explica que las iniciativas de Fox tienen tres rubros: “dotar de mayor fiscalización a las autoridades electorales; buscar el ahorro a través de reconsiderar el gasto general en las campañas y en los recursos fiscales destinados a los partidos y al IFE, y buscar condiciones de consenso para homologar las fechas electorales”.

Sin embargo, Aguilar Iñárritu dice que “la inmensa mayoría nunca estuvo de acuerdo con la reforma electoral que propuso el presidente. No tiene un solo apartado sobre medios, que es uno de los temas fundamentales de una reforma en materia electoral. Además, con el fin de bajar el costo de la política, se baja el financiamiento público a los partidos; pero el problema real es el financiamiento privado”, dice Aguilar Iñárritu.

“Lo que tampoco está bien regulado –continúa– es el problema de las precampañas, pues ni siquiera una definición jurídica del término existe.” Al respecto, Camacho Solís dice que “como en este tema no hay regulación, todo lo que los partidos quieren hacer sucio lo hacen en las precampañas a sabiendas que es una especie de terreno libre”.

Para José Antonio Crespo, Vicente Fox “no quiso meterse con los intereses de los medios porque les tiene miedo. Pero es necesario que se regule el papel que juegan en las campañas para que todos los partidos tengan acceso de manera equitativa y transparente”.

Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional y en Ciencia Política, Miguel Covián Andrade, señala que la reforma al sistema electoral mexicano presentada por el Ejecutivo “es incompleta, porque deja temas fundamentales fuera, y mal planteada, porque lo que sí contiene se plasma de manera equivocada”.

El investigador de la UNAM critica la propuesta de reducir el tiempo de las campañas a 45 días para los aspirantes a diputados y senadores y a 90 días para presidente de la República.

“Será muy complicado que el candidato a la Presidencia pueda recorrer siquiera todas las entidades federativas. Se utilizaron criterios irreales para proponer tal cosa y los beneficiados serían los medios electrónicos porque la campaña se realizaría con base en espots. Es evidente que quienes hicieron la iniciativa no han estado nunca en una campaña.”

 

Voto en EU

 

A mitad de junio pasado, y a sólo unos días de iniciar una gira por Estados Unidos, Vicente Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Cofipe para “hacer efectivo al derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero”.

A este respecto tanto Covián Andrade como José Antonio Crespo se muestran escépticos de que el IFE tenga la capacidad de garantizar un proceso limpio en Estados Unidos, donde se tendría incluso que pedir permiso a las autoridades norteamericanas para la instalación de casillas. Rechazan que la internet sea un medio seguro para emitir el sufragio.

Covián va más allá y cuestiona que “valga la pena” generar más incertidumbre en los comicios con la intención de que voten aproximadamente tres millones de mexicanos en el extranjero. “No se debe perder de vista que esos votos sí podrían definir la elección y crear un conflicto postelectoral por las condiciones en que se realizarían los comicios”.

 

La agenda

 

Aguilar Iñárritu exhorta a que se regulen las precampañas, pues “como no se controlan llegan a costar hasta cinco veces más que la campaña. Además violan el principio de equidad pues el financiamiento de éstas es privado, por lo tanto se elevan las condiciones de acceso a la política: pareciera que el precandidato es millonario o tiene que venderse a un millonario para hacer política”.

En el predictamen queda definida en el artículo 182 del Cofipe la precampaña como: “todo acto de proselitismo adelantado realizado por los ciudadanos que manifiesten públicamente su intención de aspirar a un cargo de elección popular, antes del inicio de proceso electoral”.

El diputado priísta agrega que es necesario dotar al IFE, a nivel constitucional, de mayores atribuciones de fiscalización para evitar los recursos de procedencia ilícita en las precampañas y campañas. Asimismo, considera que se debe reestructurar el IFE “para hacerlo más eficiente y operativo pues ha crecido mucho, y se le deben dar mayor autonomía al Registro Federal de Electores que le permita actualizarse constantemente”.

El perredista Camacho Solís considera “fundamental” que en la reforma electoral no se deje de lado la regulación de las campañas en los medios electrónicos.

“Para garantizar la transparencia y el aprovechamiento de los espacios es necesario llegar a una fórmula mixta, donde el IFE compre los tiempos a los medios de comunicación y luego los reparta con equidad a los partidos políticos, pero necesitamos también aprovechar los tiempos oficiales.”

Sin embargo, el tiempo se acaba y los escándalos de corrupción que enfrentan a los partidos políticos impiden la negociación en materia electoral. Y es que, a decir de José Antonio Crespo, si en este periodo de sesiones no hay reforma electoral, después será imposible controlar el proceso electoral.

“Los partidos ya estarán echados a andar y será más difícil aplicarles una normatividad nueva, pues para entonces ya habrían pasado sobre ella”.