Mientras no se pruebe lo contrario, los homicidios ocurridos en Tamaulipas, Baja California y Guerrero, donde se privó de la vida a cuatro ciudadanos que ejercían, como profesionistas del periodismo, las libertades constitucionales de escribir y publicar sus escritos, existe la presunción de que fueron asesinados por, a su vez, ejercer esas libertades jurídicas como derechos individuales.

Estos, ni han sido un regalo de cualquier poder (ni siquiera religioso, por quienes llegan a creer que cayeron del cielo como “derechos naturales”) ni son derechos exclusivos de los periodistas, sino de todos los mexicanos. Pero, son aquellos quienes, eligiendo y ejerciendo el también derecho a escoger, libremente, la profesión o trabajo que mejor les acomoda, quienes más norman su conducta, en la prensa escrita, conforme a los principios constitucionales vigentes.

En Tamaulipas han tenido lugar dos de esos homicidios. El (des)gobernador Yarrington (candidato del ex candidato Labastida a la candidatura presidencial priista y donde opera como ablandador de la prensa Eduardo García Puebla y de tenebroso currículum en esos menesteres) ha dejado en la total impunidad el doble crimen. Las investigaciones de su ministerio público y la inservible “carabina de Ambrosio” es lo mismo. Dos periodistas fueron ultimados a tiros: Roberto Mora y Francisco Arratia. Enterrados, permanece viva la demanda de que sepamos quiénes, y por qué, ordenaron quitarles la vida. A Mora lo mataron el 19 de marzo; hace ya siete meses. Y el pasado 31 de agosto, Arratia Saldierna fue ejecutado por un ex militar, sicario ahora de los narcotraficantes que son el poder real en Tamaulipas.

En Baja California, también sicarios al servicio del narcotráfico, al parecer por investigaciones de la PGR, cobraron la segunda víctima del semanario Zeta, en la persona del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, con la mira de seguir cercando, tras ya varios atentados, al combativo crítico del narcopoder: Jesús Blancornelas. El homicidio de Ortiz Franco ocurrió en Tijuana, donde ahora su presidente municipal es Jorge Hank y cuyos guardaespaldas asesinaron a otro reportero del mismo semanario. Y desde entonces se ha desatado, sistemática y metódicamente, el terror criminal contra ese periodismo tijuanese de trascendencia nacional e internacional.

El otro homicidio o mejor dicho uno de los tantos que se han venido sucediendo en Guerrero, es el de Leodegario Aguilera. Lo asesinaron en el Puerto de Acapulco, donde desgobierna Alberto López Rosas, denunciado por la ciudadanía por la inseguridad y no pocas corrupciones. El crimen sigue impune. Tuvo lugar el hecho sangriento el pasado 8 de septiembre, y la opinión pública local ni siquiera ha sido informada del estado que guarda, si la hay, la investigación.

En esos tres Estados de la Federación, los (des)gobernadores, amparados en que el narcotráfico es de competencia federal, simplemente se han cruzado de brazos ante los homicidios de los periodistas. Se han lavado las manos... en la sangre de quienes, por ejercer las libertades de prensa, fueron privados de sus vidas. La impunidad consiste en que, cuando se llega a identificar y consignar al sicario, se cierra el caso. Y nada se dice sobre los autores intelectuales, sobre los que pagan por matar impunemente.

El poder del narcotráfico se ha ido imponiendo a lo largo y ancho del territorio. Se colombianiza el país, como culminación de la pavorosa inseguridad que infunde miedo a la población. Y a los que en sus informaciones y críticas cuestionan las omisiones gubernamentales y exhiben a las mafias de narcos, y éstos, con indiferencia de los poderes legales, los mandan asesinar. Saben que la impunidad a los autores intelectuales está garantizada.