Las famosas tres conversaciones entre perredistas que están en el gobierno y en el legislativo, ha vuelto a interesar a los lectores. Por ejemplo, Juan M. Ávila, del Distrito Federal, y Lauro Sánchez, de San Luis Potosí, quieren saber hasta dónde es éticamente correcto que se difundan ese tipo de grabaciones. Asimismo, si el evitar presentarlas no va contra la necesidad de conocer por parte de la sociedad.

En un país donde la política es generalmente una suerte de confidencias entre la clase que detenta el poder, resulta conveniente el dar a conocer muchas cuestiones. Sólo en la medida que la mayoría esté al tanto de asuntos tan importantes como los rescates bancarios y carretero, el manejo ilícito de los dineros públicos y la forma en que diversos sindicatos reciben apoyos oficiales sin sentido, podremos evitar que la vida nacional siga en manos de unos cuantos personajes. Para ello, muchas veces los reporteros deben confiar en algunas fuentes, manteniendo el secreto para evitar que sean sancionadas las personas que aportan una serie de elementos que posibilitan aclarar asuntos de importancia en diversos momentos.

Apuntó muy bien el compañero Ricardo Alemán en su columna Itinerario político del domingo 17 de octubre, en El Universal. Citando a Elvira López Díaz, en su texto Derechos de prensa, se puede leer: “Cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales como son el honor y, en este caso, la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público pues sólo así puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ellos, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad”.

Como se entenderá por la anterior cita, en este aspecto caben lo mismo las charlas entre Martí Batres y Alejandra Barrales, la de René Bejarano y Dolores Padierna y, también, la de Alejandro Encinas y Carlos Reyes.

No se olvide, por ejemplo, que tanto Andrés Manuel López Obrador y Dolores Padierna recibieron cajas, en el primer caso y grabaciones y documentos en el segundo, acerca de los gastos extraordinarios en la campaña electoral de Roberto Madrazo en Tabasco o de la forma sucia en que se llevó a cabo la negociación del Fobaproa. Entonces hubo muchas protestas de los balconeados, pero estuvimos de acuerdo que lo importante fue el interés público para saber de las trapacerías del actual presidente tricolor y de los conciliábulos entre funcionarios gubernamentales y los banqueros.

Pero desde hace tiempo el debate en torno a estas difusiones ha sido constante. El director de Contralínea, Miguel Badillo, dio a conocer una plática entre Marta Sahagún- entonces vocera del candidato panista a la primera magistratura- y Vicente Fox. Al pedir éste al periodista que revelara su fuente, más de quince compañeros asistentes a una comida con el guanajuatense, le contestamos al político que es era querer reprimir al mensajero y evitar que se supieran asuntos de estado.

El maestro y jurista Mariano Albor, en el número 1459 del semanario Proceso, dice: “Ahora bien, como apunta el quehacer jurídico, todos esos atributos de la intimidad se dan en aquello que corresponde a lo privado. Y, evidentemente, las cosas varían en cuanto a lo público. Expresado en términos sencillos: hay hechos que pertenecen a la vida privada y que, sin embargo, tienen efectos públicos. De aquí que los demás tengan el derecho a saber y los medios de comunicación el de informar. Cuando esto pasa no hay ninguna afectación a la intimidad de las personas”.

Y es que en todas partes los gobernantes tratan de evitar que muchas de sus acciones se conozcan, por lo tanto hacen en lo oscurito todo aquello de lo que debíamos estar informados plenamente.

Por si algo faltara, vale la pena referirnos al libro de César Molinero: Libertad de expresión privada (Editorial ATE). Afirma el profesor español: “El sujeto beneficiario de la cláusula (de conciencia) es además un profesional. Y, como tal, la ley concreta en un aspecto el principio de buena fe a los hombres que han tomado como profesión el informar; y, en otro, se garantiza con el hecho que el informador forma parte de un universo de profesionales”.

Como vemos en ese trío de intelectuales, la situación es clara: la sociedad debe conocer, lo privado se torna público cuando es necesario para el interés general y ello es permitido cuando existen profesionales que luego de valorar lo que van a dar a conocer toman una decisión que les posibilita su cláusula de conciencia.

Camino largo y de muchas facetas el atreverse a informar. Pero el que se abre paso debido a la precisión en legislaciones y la necesidad que el periodismo sea, como proponen muchos, el verdadero contrapoder.

Por lo tanto, nuestros lectores Ávila y Sánchez tendrán mayores elementos para entender el momento que vivimos y sus dificultades.