El 15 de agosto y el 1 de octubre de 2002, la entonces Unidad de Racionalización de Activos (URA) de Pemex, conocida ahora como Subdirección de Administración Patrimonial (SUAP) convocó las licitaciones públicas URA-MG/811/02 y URA-MG/930/02 para las plantas cuatro, nueve, diez, once y doce del Complejo de Gas y Petroquímica Básica “Cactus”, en el municipio de Reforma, Chiapas.

La licitación, enajenación y posterior desincorporación de las plantas fue avalada y autorizada por Muñoz Leos; el subgerente de Comercialización de Bienes Muebles, Guillermo Montaño Rubio; el subdirector de Administración Patrimonial, Francisco Martínez Sandoval, y el director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Marcos Ramírez Silva.

La compañía Gmora Pagaza Corporación S. de R.L de C.V participó en ambas licitaciones y ganó las dos. Por las cinco plantas de Cactus pagó a la paraestatal 932 mil 364.96 pesos. La compañía es concesionaria de la paraestatal desde 1996, para el desmantelamiento de plantas en desuso en distintas partes del país.

El dueño de la empresa, Eduardo Gmora Shapiro, se reunió con funcionarios de la URA en el piso 34 de la Torre de Pemex. Durante la reunión Francisco López, Guillermo Montaño y Pedro Marroquín, -funcionarios de Pemex-, se comunicaron vía telefónica con el Coordinador de Proyectos de Cactus, Fernando Juárez Martínez.

Juárez Martínez informó que las plantas estabas libres de contaminantes, que se les había extraído todo el gas entrampado, vaporizadas y escurridas por completo. Es decir, que estaban listas para su desmantelamiento.

Gmora se trasladó hasta el complejo y durante un recorrido el mismo Juárez Martínez le reiteró que las plantas estaban “limpias”.

La trampa

 

El equipo de trabajo de la compañía –integrado por 12 personas- ingresó al Complejo de Gas el 3 de octubre de 2002 para desmantelar la Planta Recuperadora de Azufre cuatro.

Durante todo octubre y hasta el 5 de noviembre los trabajos de desbrinde a mano les impedían saber que las tuberías y válvulas principales estaban saturadas de azufre y gas entrampado. Fue el 6 de noviembre cuando iniciarían el corte a fuego abierto que el ingeniero Roberto Corona Cruz, quien dirigía los trabajos, detectó la presencia de los materiales altamente flamables.

Corona Cruz midió los niveles de explosividad y se dio cuenta que de encender el soplete en las tuberías, las líneas de conexión que permanecían abiertas volarían.

Gmora informó la presencia de gas entrampado a César Antonio Cruz Martínez, gerente de Cactus, y a Fernando Juárez Martínez, Coordinador de Proyectos, pero ninguno de los dos atendió la llamada. “No atendieron mis advertencias ni el peligro que se corría”, dice.

Por toda respuesta, los responsables de Cactus le indicaron que debía desmantelar las plantas en las condiciones en que se encontraban.

Con trabajos de desbrinde a mano descubrieron que el interior de la planta estaba llena de azufre, y que el 40 por ciento de la tubería tenía gas entrampado. Equipos como el recuperador de calor y condensadores –formados por tuberías flux-- estaban saturados de azufre sólido, y en algunas partes el mismo acero flux estaba fundido con el azufre. También la Cámara de Combustión estaba repleta de azufre, lo mismo que las paredes de los reactores y el incinerador.

Revisaron el resto de las plantas (la nueve, diez, once y doce), y todas presentaban las mismas características. Era imposible moverlas siquiera.

De seguir con los trabajos, Cactus hubiera explotado. Ante la falta de respuesta a sus demandas en las instalaciones de la paraestatal en Chiapas, el 25 de junio de 2003 Gmora presentó una queja ante Muñoz Leos, la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública.

 

Las irregularidades

 

Las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes en México indican que no se pueden comercializar bienes muebles o inmuebles contaminados con materiales riesgosos y residuos peligrosos. El procedimiento establecido por la Semarnat para estos casos, es que se contrate a una empresa registrada ante la Secretaría del Medio Ambiente para que de confinamiento final a los materiales.

En el caso de las plantas de azufre de Cactus para desincorporarlas, Pemex debía extraer todo el azufre y dejarlas completamente libres de gases, ya que en el proceso se utiliza fuego directo.

Antes de licitarlas la paraestatal debió informar a la Semarnat sobre la disposición para que ésta visitara el complejo, evaluara el estado de las plantas, confirmara que no contenían azufre y gases y que por lo tanto podían manipularse.

Todo ello debía quedar asentado en el Manifiesto de Impacto Ambiental, por tratarse de instalaciones de alto riesgo, pero Pemex no notificó a Semarnat, por lo que la disposición de licitar las plantas llenas de azufre y gas es violatoria a la Ley General de Equilibrio Ecológico, de la Ley General de Bienes Nacionales, y de las normas de seguridad industrial, y constituyen un fraude para la empresa que las adquirió.

 

Suspenden obra

 

A través del oficio DGGIMAR.710/DRPAAR/002389 del 18 de julio de 2003, Alfonso Flores Ramírez, director de Residuos Peligrosos y Actividades Altamente Riesgosas de la Semarnat, declaró la suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con el desmantelamiento de las plantas de azufre.

Otro oficio DGGIMAR.710/DRPAAR/002390, de la misma fecha, indica que “Pemex Gas y Petroquímica Básica no solicitó permiso para modificar el manifiesto de impacto y riesgo ambiental” como establecen las normas vigentes desde 1993 para el Complejo Cactus, que a la letra dice:

“Cualquier modificación a lo manifestado en el estudio riesgo presentado en el proceso, en los sistemas de seguridad, capacidad u otra, debe ser notificada a esta Dirección General para que en el ámbito de su competencia ésta resuelva lo procedente”.

Sin el Manifiesto de Impacto Ambiental, Pemex no podía desincorporar ni una sola planta de Cactus.

A partir del 25 de julio de 2003 se abrieron distintas indagatorias sobre el mismo caso en los órganos internos de control de Pemex, en el Área de Responsabilidades (Exp. URA-002/2003); en el Área de Quejas (INV. ADMVA. DE/130/2003/NA/068); en el Órgano Interno de Control de Pemex Gas (QU/69/2003); y una investigación en la Profepa, delegación Chiapas (EXP. D. Q. 119/2003)

 

Bitácoras clave

 

Por la denuncia presentada por Eduardo Gmora el 30 de julio de 2003 ante la Profepa, un grupo de inspectores visitó Cactus una semana después.

El acta PFPA 074/558/2003, derivada de la orden E07/SIV 558/2003, firmada por los inspectores René Rivera Ramírez, Hipólito Nafate y Marlene Mondragón, indica que además del azufre, se encontraron “granes cantidades de carbón mineral gastados dispuestos a granel a la intemperie” y un almacenamiento de azufre superior a la capacidad con la que cuenta el complejo de Gas”.

El documento interno de Profepa detalla las irregularidades encontradas en el complejo:

1.- Gas Petroquímica Básica no dio aviso de las actividades de desmantelamiento de las plantas recuperadoras de azufre.

2.- No se cuenta con la caracterización de los residuos de azufre, así como del material contenido en el interior de las tuberías y equipos generados en el proceso del desmantelamiento para determinar las características de dichos residuos.

3.- No cuenta con un programa de actividades de desmantelamiento que contemple un análisis de los posibles riesgos y medidas de prevención y/o mitigación en caso de emergencia ambiental

4.- No cuenta con un estudio que determine las características estructurales de las fosas de azufre construidas en el subsuelo.

5.- Con respecto a la generación de malla y lana mineral impregnadas con azufre proveniente de los reactores, considerados residuos peligrosos.

El 28 de enero de 2002 en el oficio interno de Pemex N. CPGC/CACM 0232/2002 el ingeniero Cesar Cruz Martínez, gerente de Cactus, asegura que las plantas de azufre están listas para su desmantelamiento, ya que desde esas fechas estaban vacías, limpias, “inertizadas y aisladas”, y que para su desmontaje se puede utilizar “equipo de corte, oxiacetileno”.

El oxiacetileno recomendado por Cruz Martínez es una mezcla de gases de oxigeno y acetileno altamente flamable, que al entrar en contacto directo con los residuos, simplemente estallaría.

Según cálculos de Gmora, asentado en su denuncia, en el lugar no había menos de 35 toneladas de azufre.

Aunque las observaciones de Profepa fueron turnadas a la Secretaría del Medio Ambiente, ésta dio visto bueno a Pemex.

Apoyo a Pemex 

 

Sobre la disposición de Semarnat de suspender el desmantelamiento de las plantas de azufre (oficio DGGIMAR.710/DRPAAR/002389 del 18 de julio de 2003), el área legal de Pemex logró un amparo otorgado por el Juez Sexto de Distrito en Chiapas.

Con el amparo a la suspensión de las obras, a partir del 12 de mayo de 2004 la empresa Gmora tenía que regresar a Cactus y, de acuerdo a los plazos y obligaciones de la licitación, tenía que desmantelar por completo las plantas de azufre.

Eduardo Gmora dice que “era imposible regresar porque mi vida y la de mis trabajadores estaba en peligro, y no solo eso, podíamos provocar una explosión de magnitud incalculable”.

El 30 de junio de 2003 la empresa presentó una denuncia directa y solicitó una investigación a la Secodam, en la que exigía dejar sin efecto ambas licitaciones públicas, la devolución del monto pagado a Pemex, la cancelación de las fianzas expedidas con motivo de las licitaciones (por alrededor de 500 mil pesos), y fincar responsabilidades a los funcionarios públicos.

La investigación de la Secretaría de la Función Pública INV.ADMVA.DE/130/2003/NA/068, del 29 de junio de 2004, determinó improcedente remitir el asunto al Área de Responsabilidades, tampoco la anulación de las licitaciones públicas, ni la devolución del monto erogado.

El documento está firmado por Federico Domínguez Zuloaga, titular del área de quejas del órgano Interno de Control de Pemex.

 

Denuncia penal

 

Actualmente en la Procuraduría General de la República obra una denuncia penal por fraude y delitos ambientales contra el director de Pemex, Raúl Muños Leos; Marcos Ramírez Silva, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica; César Antonio Cruz Martínez, gerente del Complejo Procesador de Gas Cactus: Ricardo Pacheco Herrera, gerente de plantas en Cactus; Fernando Juárez Martínez, coordinador de proyectos; Aarón Rudy Chapiro; Ricardo Manzo, gerente de Seguridad Industrial en el Centro Procesador de Gas Catus; Francisco Martínez Sandoval; Manuel Osuan, subdirector de la SUA; Claudia Peralta Alday, gerente de Recursos Materiales de Gas y Petroquímica Básica,

La averiguación previa A.P. 3948/DDF/2003, cuya copia está en poder de Contralínea, fechada el 5 de noviembre de 2003, fue interpuesta por Eduardo Gmora Shapiro.

Gmora afirma que la licitación de Pemex Gas y Petroquímica Básica fue hecha en forma dolosa, “de mala fe y con la intención de hacer caer en el error a los participantes”. Y es que en ninguna de su cláusulas, las licitaciones URA-MG/811/02 y URA-MG/930/02 señalan que las plantas contienen azufre y gas, ni las especificaciones mínimas para el manejo de dichas sustancias.

Ni el director de Pemex, ni los funcionarios de la paraestatal en Cactus, accedieron una entrevista. No hay comentarios sobre la denuncia penal que se ventila en su contra.

Por su parte Eduardo Gmora señala que en breve presentará una nueva denuncia penal contra los mismos funcionarios de PEMEX por tentativa de homicidio.

Al respecto, la diputada María Elena Orantes, coordinadora de la Comisión Investigadora de Delitos Ambientales y Sociales cometidos por PEMEX, señala que este caso se integrará como parte de una serie de pruebas que demuestran la negligente operación de Pemex Gas y Petroquímica Básica en el complejo procesador más importante de América Latina, que en breve se pondrá a discusión en la tribuna de la Cámara de Diputados.

-¿Se juzgará a Pemex?

-La comisión investigará a fondo y se llegará a las consecuencias necesarias.