Existen otros gravísimos asuntos, donde se atasca, vía el despido masivo de periodistas (como es el caso de Multivisión), el libre ejercicio de los derechos y obligaciones que constituyen la libertad de prensa. Pero, en Chiapas, el doble del autor intelectual del homicidio de Belisario Domínguez, para más señas desgobernador de la entidad: Pablo Salazar Mendiguchía, finalmente se salió con la suya. Y en complicidad con sus diputados locales, representantes de la barbarie, ha impuesto un mayor régimen de terror, que nos obliga a volver sobre el asunto.
Se trata de las contrarreformas penales, al estilo de Victoriano Huerta, porque a partir de este mes ha entrado en vigor, como amenaza cumplida, la de cortarle la lengua a la libertad de prensa para callar a los periodistas y editores de los medios de comunicación escritos, principalmente. Se trata de las medidas draconianas que acordaron, en complicidad los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que el Ministerio Público y el Poder Judicial completarán, con su cirugía antidemocrática, al cercenar la máxima libertad de expresión y de escribir.
A Belisario Domínguez, la mano negra del golpista y criminal Victoriano Huerta ordenó cortarle la lengua, porque aquel se atrevió a cuestionar y denunciar, por medio de sus discursos escritos, los excesos del poder huertista. Según el troglodita de entonces, el mártir chiapaneco había hablado de más y el dictador se llamó calumniado y difamado.
Ahora el desgobernador Salazar Mendiguchía, émulo de Victoriano Huerta, aparentemente no quiere recurrir a los métodos de éste ejecutado entonces por su secretario de Gobernación Aureliano Urrutia. Pero sí a los mismos fines para silenciar a la prensa. Y ha decretado encarcelar desde un mínimo de tres a nueve años, con una multa de cien mil días de salario mínimo, a quien difame o calumnie. La contrarreforma tiene, fundamentalmente, un destinatario y son los periodistas que cumplan con el deber constitucional de ejercer las libertades de prensa.
En Chiapas, dado el caciquismo de los grupos de poder económico, y el autoritarismo de Salazar Mendiguchía para manejar el poder político con mano dura, la prensa ha tenido que radicalizar su trabajo y esto ha molestado al (des)gobernador. En lugar de cumplir con la Constitución Política de la Federación y la Constitución de Chiapas, los actuales titulares de los poderes locales se decidieron por la censura previa y por aumentar la sanción civil como la que introdujeron en la legislación penal, para tratar de impedir que los chiapanecos critiquen a sus malos gobernantes.
Pablo Victoriano Huerta Salazar, en lugar de cortar la lengua de los periodistas, busca cercenar la libertad de prensa en la entidad. Se cuenta que conducido, tras su secuestro, hasta el sanatorio de Urrutia en donde le fue amputada la lengua, el doctor la colocó en un frasco con formol y mostrándola al reo le dijo: Ahora habla . Salazar Mendiguchía, encarcelando periodistas, les mostrará las contrarreformas anticonstitucionales y les dirá: Ahora escriban.
Tan la contrarreforma penal va contra las libertades de prensa, que los periodistas de Chiapas han alertado a la opinión pública de la entidad y del país por medio de un manifiesto a la nación. Este documento, a su vez, fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Tribunal Penal Internacional, para denunciar el abuso del poder de este nuevo Victoriano Huerta. En su escrito establecen que las contrarreformas constituyen un atentado a la libre manifestación de las ideas y que coarta el trabajo periodístico.
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