Legisladores desmienten al gobierno panista en materia de acceso a la información pública y acusan a la Procuraduría General de la República (PGR) de menospreciar solicitudes de informes y acuerdos signados en el recinto de San Lázaro, relativos a la lucha contra el narcotráfico
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, advierte: “no quisiera pensar que es ineficiencia o desprecio”.
Asegura que constantemente solicita a la PGR y a otras instituciones información sobre las estrategias de combate a las drogas sin obtener respuesta. “Lo que queremos es que no nos rebase el problema. Que no afecte, ni contamine a las instituciones encargadas de procurar justicia, ni a la seguridad nacional”.
No sólo la PGR es un obstáculo en la lucha contra las drogas, sino la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es señalada de relegar la gravedad del fenómeno. Cifras de la Cámara de Diputados, señalan entre 300 y 500 mil millones de dólares anuales las ganancias de los narcotraficantes a escala mundial.
Luis Astorga, experto en el estudio del tráfico de drogas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, asegura que La PGR y Sedena evitan abordar de manera seria el tema de las drogas porque “cuando se trata de penetrar en la discusión pública todo mundo le saca, pues no desean ser señalados como voceros de los narcotraficantes, ni quieren ser mal vistos por Estados Unidos”.
Califica de apáticos e ignorantes a quienes están involucrados en el diseño y aplicación de la política antinarcóticos, pues en México “no ha habido un desarrollo de la doctrina de seguridad nacional y se continúa con políticas ineficaces como la punitiva”.
Jesús Ortega, miembro de las comisiones de Justicia y Defensa Nacional del Senado, señala que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional; aún así, reconoce que no forma parte de la agenda del país porque es un asunto que “se está partidizando. Se convierte en un escenario de pugnas partidarias y eso deviene en ineficacia”.
- ¿El procurador menosprecia al congreso?
- Si, pero no sólo es él, sino todo el gobierno en su conjunto. Y también lamentablemente el propio Congreso, porque en lugar de legislar y darle fuerza a nuestras decisiones, a veces se pierde aprobando puntos de acuerdo que no son vinculatorios.
Se buscó a José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.
El pasado 10 de marzo, en un punto de acuerdo, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso acordó solicitar al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz; y al procurador Rafael Macedo, informes sobre la evolución de la criminalidad en los últimos tres años, principalmente lo relacionado con secuestros y narcotráfico.
De las comparecencias de los encargados de la lucha contra el narcotráfico, Heliodoro Díaz dice que en ellas no se pueden tratar estos asuntos porque el formato es muy acotado y no es posible precisar cosas.
Esfuerzos
En diciembre de 2001, el entonces legislador del PRD, Gregorio Urías Germán, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley con la que se hubiera dado origen a una comisión ordinaria y permanente llamada “Narcotráfico y Crimen Organizado”. La propuesta fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Urías explica que la participación del Congreso ayudaría a definir una política de enfrentamiento del problema, que además de ser eficaz, sea más realista.
Agrega: “definitivamente el Congreso tiene como función la legislación; definir políticas públicas con mayor objetividad, además de servir de equilibrio, contrapeso, y jugar el papel de fiscalizador de los poderes Ejecutivo y Judicial”.
De las funciones el Congreso Urías expresa: “Hay una apatía absoluta que obedece a la política del Estado mexicano. Muchos temas se han concentrado en el Poder Ejecutivo y las dependencias encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Los partidos políticos, sectores sociales, intelectuales o el propio Poder Legislativo se han interesado en el tema”.
Aún cuando reportes internacionales estiman las ganancias de los cárteles mexicanos en 30 mil millones de dólares anuales, para el ex legislador el Congreso elude su responsabilidad por su novatez.
“Tenemos un Congreso relativamente nuevo en la vida política del país”, dice y asegura que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso porque el gobierno mexicano sólo obedece a las “políticas represivas” que Estados Unidos le ordena.
Obstáculos
Una razón por la que el Congreso mexicano no aprobó la creación de la Comisión, según Gregorio Urías, es el celo que impuso el propio Ejecutivo para evitar que otras instituciones se involucraran en sus funciones. “Lo que han construido es un monopolio, que por la naturaleza del tema, se maneja de forma subrepticia y obscura”.
La iniciativa que presentó el perredista, advierte que el narcotráfico se ha convertido en un “peligro” que acecha al mundo entero, y es considerado como la principal fuente de delincuencia.
“En México, el problema alcanza dimensiones preocupantes, sobre todo en las últimas tres décadas, a tal grado que es considerado como un asunto de seguridad nacional.”. Solicita al Poder Legislativo reconocer “la insuficiencia de nuestra acción; es importante inscribir nuestro actuar parlamentario de conformidad con los lineamientos internacionales”.
Otras latitudes
Otros congresos como el norteamericano, poseen en sus estructuras comités o subcomités que entre de sus funciones atienden de manera específica tareas relacionadas con las drogas, su tráfico, consumo y venta.
Baste mencionar la audiencia que realizó el pasado 16 de marzo el subcomité de Crimen, Terrorismo y Seguridad para personas sin hogar, que a su vez se integra al Comité Judicial de la Casa de Representantes, en donde alertaron del uso de anabólicos y esteroides por parte de atletas, para mejorar su rendimiento y apariencia física.
El Comité Judicial, o como lo apodan en el congreso norteamericano, “el abogado de la Casa de Representantes”, tiene entre sus funciones asuntos relacionados con la administración de justicia federal, cortes y cuerpos administrativos. Se preocupa por cuestiones de espionaje, terrorismo, migración y naturalización, marcas registradas o la protección a las libertades civiles.
El legislador Donnie Marshall, entregó el 29 de julio de 1999 a dicho comité amplia información sobre la situación de aquel país en materia de drogas; habló acerca de los “dramáticos” cambios internacionales en el tráfico que afectaban a su país, e hizo una revisión de las estrategias de combate aplicadas por la DEA.
Hace cinco años, el Congreso norteamericano calificó así el tráfico de drogas en su país: “Los narcotraficantes internacionales que están operando hoy, son más poderosos y sofisticados que cualquier empresa criminal que nuestro país haya enfrentado antes. Están bien organizados, son influyentes y cuentan con una red internacional de personal, recursos tecnológicos y financieros”.
En México, los asuntos relacionados con el narcotráfico podrían tratarse en una o varias comisiones del Congreso, como Salud, Justicia o Relaciones Internacionales.
