Para algunos analistas, el “Isosagate” tiene al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con un pie fuera de la dependencia. Sin embargo, todo indica que en Los Pinos consideran el caso Isosa --la empresa privada que constituyó Gil Díaz en 1993 con recursos públicos y que actualmente mantiene bajo reserva más de 7 mil millones de pesos acumulados en el Fideicomiso Aduanas
I-- un asunto menor.
La investigación periodística que reveló los detalles de las irregularidades operativas de la empresa, en la que hace más de 10 años también participó el actual secretario de Gobernación, Santiago Creel, apareció en el número 19 de Contralínea correspondiente a octubre del año pasado. La portada incluso provocó el enojo en las oficinas de Bucareli y motivó la cancelación de una entrevista concertada con el encargado de la política interior.
Esta investigación marcó la pauta para que el Congreso presionara y la Auditoría Superior de la Federación exigiera información a la Secretaría de Hacienda y a Nacional Financiera sobre los fideicomisos aduaneros y la empresa Isosa, pero ambas dependencias se refugian en el secreto financiero y fiduciario para evitar que puedan entrar a revisarle las cuentas.
Hace algunos días, la Auditoría Superior de la Federación le presentó a la Cámara de Diputados un informe detallado en el que se confirmaba lo que se había anunciado en Contralínea 6 meses antes: más de 7 mil millones de pesos de la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero no ingresaron a la Tesorería de la Federación, ya que fueron transferidos de manera irregular a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV, Isosa.
Francisco Gil Díaz se convirtió así en un funcionario incómodo para el presidente Vicente Fox, quien se encuentra en la disyuntiva de despedirlo e investigarlo o aceptar el olor a corrupción que despiden las oficinas de Hacienda ubicadas en Cerrada de Cádiz, allá por Coyoacán, en donde despacha la empresa Isosa, que a lo largo de 10 años no ha informado sobre más de 20 mil millones de pesos que ha recibido de fondos públicos obtenidos por el cobro del impuesto del Derecho de Trámite Aduanero.
