La administración del presidente Vicente Fox mantiene bajo reserva cuentas millonarias con carácter de confidencialidad que se nutren del erario público en donde ni el Congreso ha podido intervenir para fiscalizarlas.
Lo poco que saben los legisladores que se han dado a la tarea de investigar en la oscuridad el flujo de los recursos públicos, es que bajo la figura de fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene a resguardo más de 53 mil millones de pesos en el más absoluto secreto.
Dolores Padierna, una de las pocas legisladoras que ha asumido una investigación al respecto, asegura que hasta hace poco nada se sabía de los fideicomisos públicos que maneja el gobierno del presidente Fox. “En los dos primeros años de gobierno no se sabía de su existencia, hasta que la Cámara de Diputados puso un apartado de transparencia en la Ley de Ingresos, que obliga al gobierno a informar al Congreso de la existencia de todos los fideicomisos públicos”.
Pero a la fecha, dice Padierna, la información sigue siendo incompleta. “Todos los fideicomisos siguen representando una fuga; el gobierno sólo informa de los que quiere”.
En el 4º Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el Poder Ejecutivo informó que al 31 de diciembre de 2003, el gobierno administraba 153 fondos y fideicomisos con un monto de 53 mil 721 millones de pesos.
El Ejecutivo Federal había sido presionado por el Poder Legislativo para que informara sobre las disponibilidades de los fondos y fideicomisos públicos federales. En la Ley de Ingresos de la Federación 2003, el Congreso estableció como una obligación de la administración Fox dar a conocer el saldo, el fiduciario y el objeto de los fondos y fideicomisos que no contaran con el personal específico para su administración.
El gobierno informó que son las dependencias y entidades de la administración pública las que administran estos 153 fondos y fideicomisos, que se encuentran constituidos en instituciones bancarias.
“El Congreso de la Unión incluyó este mandato para transparentar el uso y destino de los recursos públicos que se les asignan, ya que existía la sospecha de que el Ejecutivo mantenía guardaditos, fuera del alcance y el control de la Cámara de Diputados, ya que por su naturaleza jurídica, los fideicomisos y los fondos salen del control del Poder Legislativo”, dice Padierna en un informe sobre “la situación de los fideicomisos sin estructura orgánica”.
En el 4º Informe Trimestral sobre la Situación Económica del País que presentó la Secretaría de Hacienda, se asegura que el gasto en inversión física se ubicó en 159 mil 269 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.1 por ciento. Sin embargo, dice la diputada federal Dolores Padierna, “una parte importante de estos recursos no se reflejaron en obra pública, ni en equipamiento, ni en infraestructura, sino que se aplicaron a varios fideicomisos de los cuales no se rinden cuentas”.
El origen
“El PRI ocupaba los fideicomisos como una forma de enriquecimiento; eran cuentas escondidas, no contabilizadas”, dice la economista Dolores Padierna.
Los fideicomisos públicos, indica la norma, “tienen como propósito contribuir a la consecución de los programas aprobados y coadyuvar al impulso de las actividades prioritarias del gobierno federal”, entendidos como contratos mediante los cuales el Ejecutivo transfiere recursos a una institución fiduciaria para que suministre o administre los fondos públicos.
En el sexenio pasado se dio a conocer el Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal. En él se indicaba que “en la constitución de fideicomisos y en la celebración de mandatos, actos o contratos análogos que involucren recursos públicos, se deberá establecer el plazo de vigencia. Tratándose de fideicomisos sin estructura orgánica, la vigencia no podrá rebasar el cierre del ejercicio fiscal correspondiente, salvo que se justifique ante la Secretaría y se obtenga anualmente la renovación de la autorización por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestal”.
“Corresponderá a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales –indica el manual– analizar la procedencia de la constitución de fideicomisos públicos, la celebración de mandatos y actos o contratos análogos que le presenten las dependencias y entidades, en coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestal. La Secretaría, por conducto de dicha Unidad, será la responsable de emitir las políticas y lineamientos para la constitución y registro de los mismos.
“Corresponde a la Procuraduría Fiscal de la Federación la aprobación y trámite en la formalización de los fideicomisos, mandatos y otros contratos análogos en que el Gobierno Federal actúe como fideicomitente, fideicomisario, mandante o comitente, o cualquier otra situación análoga, así como en aquellos casos en que se involucran recursos públicos, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación.”
El manual es muy claro al señalar que “al finalizar el ejercicio fiscal se procederá a extinguir el fideicomiso y, en su caso, los recursos públicos remanentes y los intereses que se hayan generado se concentrarán en la Tesorería”.
“Sólo procederá la constitución de fideicomisos públicos con estructura orgánica –dice el documento firmado por el entonces Secretario de Hacienda, José Ángel Gurría– cuando no se dupliquen funciones o estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal y se establezcan claramente los fines y beneficiarios de los bienes fideicomitidos.”
Sin embargo, dice Padierna, hasta ahora los fideicomisos han sido “rentas paralelas, discrecionales y al margen del Congreso”. Asegura que representan una pérdida del presupuesto de cerca de 54 mil millones de pesos que permanecen en cuentas millonarias de las que no se informa.
Fideicomisos para imagen de Fox
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado a la fecha la información en torno a los 153 fondos y fideicomisos que se nutren de recursos públicos y que dice administra el gobierno federal. Sólo ha informado de unos cuantos, entre los que destacan los siguientes:
Fondo de la Financiera Rural, con un monto de 10 mil 592 millones de pesos; Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con 6 mil 276 millones; Fondo de Desastres Naturales, con 4 mil 658 millones; Fideicomiso Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nafin, con 2 mil 752 millones; Fideicomiso de Administración para la adquisición de Equipo Militar, con un monto de mil 363 millones; Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, con 12 mil 418 millones; Fondo de Desincorporación de Entidades, con mil 347 millones; Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con mil 347 millones; Fideicomiso Nuevo Aeropuerto, con mil 138 millones; Fideicomiso de Administración e Inversión, con 663 mil 700 pesos; Fideicomiso Transforma México, con un monto de 110 millones; Fideicomiso de Inversión e Infraestructura, con 5 mil 702 millones de pesos; Fideicomiso para la Promoción Turística, con 735 millones de pesos; Fideicomiso para la infraestructura en los Estados, con 12 mil 396 millones; y el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con mil 522 millones, entre otros.
El fideicomiso de turismo, dice Padierna, “que debería de ser para la promoción turística, todo mundo lo entiende así, por qué tiene que ser un fideicomiso bancario, si a la Secretaría de Turismo, como área ejecutora de gasto, le dan un recurso para fomentar el turismo; ahora bien, su programa de fomento es una de las tareas principales de esta secretaría, por qué tiene que enviar a un fideicomiso 735 millones de pesos”.
“Si ves el desglose de este fideicomiso, se utiliza para promover la imagen de Vicente Fox en el extranjero; se suma a los gastos de comunicación social del gobierno.”
El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados resulta paradigmático. Son 12 mil millones de pesos de los cuales no tienen conocimiento los gobernadores, dice la diputada perredista. “Yo hablé con algunos gobernadores y no sabían de la existencia de este fideicomiso”.
En este caso, señala Padierna, “hay un gasto federalizado en el ramo 33 del presupuesto de egresos, y fuera de eso no debe de haber contabilidades paralelas; pero el gobierno agarra dinero de la inversión física y los mete a los bancos, según esto para los estados, pero los gobernadores que consulte no sabían que hubiera algo adicional a las transferencias federales. Cuánto hubo al principio y en qué se gastó, no se sabe, pero en inversión física no se ve nada”.
Las presiones del Congreso han servido para que el flujo de recursos públicos en fideicomisos y fondos federales, empiece a transparentarse. Sin embargo, no se han logrado abrir del todo las cuentas que aun permanecen en la confidencialidad. Sólo se informan saldos, pero no la administración de los fideicomisos, y eso sólo en algunos casos.
Otro de los ejemplos que pueden marcar la pauta en el sentido de intuir en qué se están utilizando los recursos públicos de estos contratos, es el fideicomiso Transforma México, de la Lotería Nacional, que encabeza Laura Valdez.
De acuerdo con el resultado de las auditorías practicadas a la Lotería Nacional con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2002, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer lo siguiente:
Al 31 de diciembre de 2002, el fideicomiso tenía un saldo de 110.95 millones de pesos y durante este año otorgó apoyos por 104.6 millones a 38 instituciones y asociaciones. A dos instituciones se les otorgaron apoyos mayores a los permitidos por la normatividad vigente. La Fundación Interamericana Anahuac para el Desarrollo Social, recibió 20 millones de pesos, mientras que la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación obtuvo 5 millones de pesos.
Según la Auditoría Superior de la Federación, el contador Luis Azueta, ex director de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública de la Lotería Nacional, supuestamente promovió el otorgamiento de un donativo a una asociación indebidamente, ya que se presume es socio del despacho que dictaminó los estados financieros con los que tal asociación avaló la solicitud del donativo. Además, concluye la ASF, el ex funcionario formaba parte del consejo ejecutivo de la asociación beneficiada.
Otra de las observaciones es que la Lotería Nacional no llevó a cabo las visitas de supervisión para comprobar la aplicación de los recursos otorgados. Incluso dictamina la ASF que a la fecha no se han efectuado auditorías a todos los recursos otorgados por el fideicomiso.
La falta de transparencia en fondos y fideicomisos ha resultado una práctica constante en el ejercicio de gobierno que ha querido disfrazarse con información a medias.
El Fideicomiso de Fomento Minero, por ejemplo, que tiene “la tarea de promover el desarrollo de la minería y su cadena productiva mediante apoyos de asistencia técnica, capacitación y financiamiento” y que incluso es anunciado en el Directorio de Comunicación Social de la Presidencia de la República, proporciona información incompleta en su página web.
En su página de internet se informa que en 2001 hubo una derrama crediticia de mil quinientos millones de pesos y que en 2002 fue de dos mil millones. Sin embargo, no existe información sobre 2003, no obstante que en la página se informa que “cuenta con reglas de operación que hacen transparente sus acciones”. A la fecha, se indica en la página electrónica, tuvo un “incremento el patrimonio en 365.1 millones de pesos, que representa un 12.7% de incremento, revirtiendo la descapitalización que venia teniendo”.
Este fideicomiso depende de la Secretaría de Economía y hasta el año pasado su director general era Norberto Roque Díaz de León; actualmente Alejandro Alarcón Garza es el “encargado”, informaron en las oficinas del fideicomiso y no explicaron por qué no aparece la información referente al año 2003.
Ante las irregularidades detectadas en los fideicomisos públicos que administra el gobierno federal, ya se promueve en el Congreso un punto de acuerdo para que el Ejecutivo “envíe información completa y suficiente acerca del uso y aplicación de recursos depositados en diversos fideicomisos de los cuales no se rinde cuentas ni aparecen en la página de la Secretaría de Hacienda como lo establece la legislación correspondiente”.
Para Dolores Padierna, la creación de fideicomisos públicos es inexplicable. “Tenemos una economía en recesión desde el 2001; la economía ha crecido 0.3 por ciento; hay un desempleo enorme y más de 50 mil millones de pesos se van a fideicomisos para mantener dinero estancado en lugar de ponerlo en la dinámica económica”.
“Este es uno de los asuntos más escandalosos de la cuenta pública –dice Mario di Constanzo, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados–. El gobierno utiliza esta figura para no rendirle cuentas a nadie, tomando como argumento el secreto fiduciario”.
Al respecto, en la Secretaría de Hacienda guardaron silencio. Francisco Gil Díaz no quiere saber del tema.
