Al menos cinco iniciativas tendientes a evitar y castigar el tráfico de influencias están en la congeladora en el Poder Legislativo. Y es que diputados y senadores son los principales señalados por litigar contra el Estado mientras son servidores públicos

El panista Diego Fernández de Cevallos no ha dudado en calificar a las iniciativas de ley que proponen castigar el tráfico de influencias en México de “anti-Diego”, aun cuando dos de ellas hayan sido presentadas por senadores de su propio partido, después de los escándalos en los que se vio envuelto por reclamar a la SRA mil 200 millones de pesos y mil 500 más al Gobierno del Distrito Federal.

No obstante que el artículo 113 de la Constitución señala que se debe “salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia” en el desempeño de los servidores públicos, la ley no finca responsabilidades penales para quien realice tráfico de influencias.

El director del Seminario en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Javier Venegas Trejo, dice que aunque el tráfico de influencias es una forma de corrupción que existe en todo el mundo, “en México se realiza de una manera muy burda”.

Para el doctor en derecho constitucional, el tráfico de influencias no se reduce al litigio que realizan legisladores como Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan Amad contra el estado a través de sus despachos de abogados.

“Esta forma de corrupción –explica– se da cuando políticamente una persona física está situada en posición de privilegio respecto de los demás y puede hacer valer su capacidad gestora ante otra autoridad para obtener un beneficio que de otra forma sería muy difícil de conseguir.

“Por lo tanto, el tráfico de influencias no es cuestión solamente de los abogados y legisladores, sino de cualquier persona que aproveche ilegítimamente su situación para obtener beneficios”, advierte el investigador.

De las iniciativas que se han presentado en el Congreso para evitar que los legisladores litiguen mientras son servidores públicos, cuatro son proyectos de reforma al artículo 62 constitucional relativo al trabajo de los legisladores y la otra es un Proyecto de Reglamento del Senado de la República.

La iniciativa más reciente fue presentada por el ex senador priista Fidel Herrera el 13 de agosto pasado. Señala que “perderá el carácter de diputado o senador el que durante su ejercicio (…) actuare como abogado o mandatario en cualquier caso de juicio contra el fisco federal y en general contra la Administración Pública Federal”.

La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa había presentado un mes antes una iniciativa de reforma al mismo artículo con igual prohibición; y Raymundo Cárdenas, del PRD, hizo lo propio el día 23 del mismo mes. Las tres iniciativas se turnaron a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Estudios Legislativos del Senado.

El 19 de diciembre de 2002, el Congreso de Hidalgo hizo llegar al recinto de San Lázaro una iniciativa de reforma también al artículo 62 “a efecto de que se incluya como impedimento para diputados y senadores, ejercer libremente la profesión de abogados.” Es la única iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados.

La iniciativa de proyecto de Reglamento del Senado de la República fue presentada el 13 de diciembre de 2001 por el senador César Jáuregui. En el proyecto del panista, el artículo 31 establece que los senadores “cuidarán de no realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de negocios privados”.

Para César Jáuregui, la presentación de la iniciativa “se justifica de manera natural porque el actual reglamento data de 1934. Y nosotros creemos que uno de los grandes males que tiene nuestro país es que muchas veces se abusa del cargo. Hay numerosísimos casos de corrupción y esto de alguna manera se tiene que combatir”.

Jesús Ortega, coordinador de los senadores perredistas, dice que “es indispensable legislar el tráfico de influencias, que era una forma de control político en el viejo régimen que pervirtió enormemente la función pública en el país”.

“Si Diego dice que son iniciativas anti-Diego –agrega– es porque ha sido evidente que él ha hecho gala de su papel de gestor o cabildeador; pero no se trata de sólo prohibirle a Diego, sino a cualquier otro legislador o funcionario público que trafique influencias.”

El diputado priista Antonio Francisco Astiazarán, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoce que “sí hay un reclamo de la población, pues es injusto que algunos litigantes, por su relación política, tengan ventaja frente a otros. Valdría la pena que nosotros secundemos estas iniciativas”.

Aunque el doctor Venegas Trejo considera necesario que se legisle para evitar que los diputados y senadores litiguen, advierte que “la aprobación de alguna de las iniciativas no garantizará por sí sola la inexistencia del tráfico de influencias”.

“Es necesario que se complemente con la educación política del pueblo mexicano y con la vigilancia; que los medios den a conocer y publiciten los abusos, pues se ha visto que las denuncias sí hacen mella en los políticos prepotentes”, sentencia.