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El negociador
Miguel Badillo / Jorge Torres /José Reyez / Nancy Flores / Erika Ramírez
De acuerdo con grabaciones ilegales, Diego Fernández de Cevallos cabildeó entre 1999 y 2000 hasta con el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, para liberar al empresario acusado de narcotráfico Fernando García Zalvidea
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Litigios y política
Miguel Badillo / Jorge Torres /José Reyez / Nancy Flores / Erika Ramírez
Las siguientes conversaciones telefónicas tienen que ver con asuntos diversos, como la causa jurídica que llevó Diego Fernández de Cevallos a favor de la familia Ramos Millán o los planes de gestiones con altos funcionarios de la Suprema Corte. La información revela el ritmo de trabajo y el nivel de contactos del despacho de Diego Fernández y Antonio Lozano Gracia. Los nombres y las actividades de personajes que se deslizan en estas conversaciones telefónicas, grabadas ilegalmente, evidencian, también, que ex subordinados de Diego Fernández y Antonio Lozano están actualmente colocados en puestos de poder en la administración Fox.
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El poder del cargo
Zósimo Camacho
Al menos cinco iniciativas tendientes a evitar y castigar el tráfico de influencias están en la congeladora en el Poder Legislativo. Y es que diputados y senadores son los principales señalados por litigar contra el Estado mientras son servidores públicos
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Espionaje sin control
Manuel Pineda
Como en el antiguo régimen priísta, el espionaje telefónico continúa. Ya sea para mantener el control de los opositores políticos, la vigilancia de los grupos subversivos o para obtener información de empresas o de personas esta práctica se mantiene vigente.
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Crisis en el Cisen
Jorge Torres
Desde el arribo de Eduardo Medina Mora a la dirección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, no son pocos los analistas de inteligencia que se han extrañado por algunos cambios ocurridos en esta administración.
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Fuera de la ley
Zósimo Camacho
Las violaciones a la Carta Magna por parte de funcionarios públicos son cotidianas. La ausencia de un eficiente control jurídico del ejercicio del poder impide fincar responsabilidades a las autoridades transgresoras.
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