Cinco casos ilustran, al término del año e inicio de otro, los abusos del poder público contra los periodistas y, en consecuencia, registrados como amenazas personales y atentados al ejercicio de los derechos y obligaciones de las libertades de prensa.
El primero de esos ejemplos es el informe de la Organización No Gubernamental de Reporteros sin Fronteras y cuyo documento, con la firma de Regis Bourgeat, publicó íntegramente el periódico defeño La Crisis a manera de suplemento (9/I/04). El saldo mundial es de 42 periodistas asesinados, 766 reporteros detenidos, 6 comunicadores desaparecidos, mil 460 agredidos, 124 encarcelados y 501 medios de comunicación fueron objeto de toda clase de censura.
A lo anterior debe agregarse que en México el gobierno federal ha estado cerrando radiodifusoras comunitarias, porque no cuentan con la concesión o el permiso para operar... pero por ningún concepto se los dan por órdenes de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones; donde Santiago Creel y Pedro Cerisola se han erigido en los cancerberos de la derecha foxista para reducir los espacios de libertad de expresión. La reglamentación autocrática para la expedición de esas concesiones y permisos (mientras no se trate de los favoritos) lo que buscan es obstaculizar la creación de esas radios comunitarias.
Un alcalde, para más señas presidente municipal de Culiacán, al menos ha facilitado el teléfono oficial de su oficina para que por medio del mismo estén amenazando a la reportera Irene Medrano Villanueva. Además, es víctima de todo tipo de agresiones. Todo porque la periodista ha estado informando sobre la corrupción de menores en las casas de prostitución y domicilios donde los clientes reciben “masajes”. La misma Procuraduría de Justicia de la entidad ha comprobado que del teléfono del alcalde Jesús Enrique Hernández Chávez salieron las amenazas.
Por otra parte el diputado federal del Partido Verde Ecologista, identificado como otro de los incondicionales de doña Elba Est(h)er Gordillo y “célebre” por sus antecedentes de pugilista dentro y fuera del ring, Jorge Kahwagi Macari, aprovechando su derecho de réplica como un medio para sus fines contra la libertad constitucional de prensa, disfrazada (la réplica) de “precisiones”, cuando es una abierta intención de censura contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa.
Y la derecha en el poder presidencial, de corte foxista, en el manejo de la televisión pública paraestatal no ha querido quedarse atrás de las embestidas a la prensa escrita, lo cual es lo mismo de grave. El director general del Canal Once, Julio Di Bella, ha censurado y clausurado el programa Diálogos en confianza, que dirigía y producía la periodista María Eugenia Tamez. Y es que al foxista “no le gustaba el acento en el feminismo del programa”. Además el señor Di Bella se molestó porque ordenó que invitaran a Mart(h)a Sahagún y Elba Est(h)er Gordillo para celebrar en el programa el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, y no fueron “invitadas”.
El alcalde de Culiacán, el diputado Kahwagi y el intolerante Di Bella han completado las embestidas contra los periodistas en el contexto del Informe de Reporteros sin Fronteras, en donde también entran los censores Creel y Cerisola contra las radios comunitarias.
