Tras la máscara cosmopolita de los edificios de cristal, autos último modelo que circulan por las principales avenidas y ejecutivos que portan trajes hechos a la medida, la pobreza urbana se oculta a la vista de los programas de desarrollo social.

Las gruesas láminas que transportaban mercancía del norte al sur del país se han oxidado. El invariable clima de mayo viola su espacio. Las lluvias entran sin permiso y el calor sofoca sin cesar. No hay más que tener paciencia.

A sus 51 años, Emilia López continúa a la espera de una vivienda digna. Generación tras generación, hija y esposa de ferrocarrileros, no conoce otro cobijo que el de un viejo vagón de tren a las orillas de los maltrechos caminos porfiristas. Sus cuatro hijos tampoco.
Con el número de serie 190702 las cuatro paredes de lámina resguardan su historia, también una estufa arcaica, hamacas que cuelgan de un lado a otro, dos camas, un ropero con los cajones rotos y una alacena sin alimentos. “Vamos al día”, dice.

Doña Emilia es una de las 25 familias que integran la “cuadrilla” de la extinta paraestatal Ferronales, establecida hace 11 años en el barrio de San Bartolo Centro, a pocos metros del Río de los Remedios, en Naucalpan, Estado de México.

Los habitantes del lugar persisten. Un crédito de vivienda, la reubicación de lugar o por lo menos la donación del vagón en el que viven, significaría un aliento para su futuro y el de sus hijos.

“Desde hace dos años mi esposo me viene diciendo que ya nos van a dar casa pero no sabemos hasta cuándo”, cuestiona Emilia. La incertidumbre ronda mientras no conozcan de las decisiones de los nuevos dueños de los ferrocarriles.
Su vida continúa en el acostumbrado trajín. Ella se dedica a la recolección y venta de cartón para ayudar a la economía de su hogar. Las ganancias varían según la suerte. Cada kilo le deja 75 centavos.

Sus hijos mayores no pasaron de secundaria y dos más pequeños acuden a la escuela primaria Artículo 123, Adolfo López Mateos, otro vagón que se encuentra a escasos metros de distancia.

Educación ferroviaria

“Aquí yo soy el maestro, director, conserje, doctor, consejero, prestamista, y hasta niñera”, se autodefine Jaime Contreras Parra, profesor de la escuela con 11 años de impartir clases en un furgón.

Con 28 años en el magisterio Jaime Contreras no se queja por las condiciones de vida y empleo. “Ésta es una comunidad como cualquier otra, simplemente se diferencia del lugar en que vivimos. No estamos marginados, quizá la gente está un poco olvidada por los malos gobiernos que tenemos y la falta de empleo”, señala.

Imparte clases a 28 niños desde el primero hasta el quinto grado y sin material didáctico indispensable. “Aquí nos hacemos bolas pero ahí la llevamos”, dice. No puede dejar de estar al día en la educación que imparte.

Los niños no cuentan con espacio suficiente y algunos tienen que bajar sus pupitres del furgón para poder organizar sus clases. Hace falta una escalera metálica que sustituya a la de madera vieja y desajustada. La solicitud ya se hizo meses atrás a las autoridades del municipio pero sigue en trámite y hay que esperar.

“Nosotros así somos felices, estamos acostumbrados, ya tenemos años así. No vivimos cómodamente porque ustedes saben cómo son las instalaciones, pero sí mucho mejor que otras personas. No es nuestro, pero está seguro, se trabaja para la empresa y yo para los hijos de los trabajadores, porque a mi me paga la SEP”, dice Jaime Contreras.
Organización popular

La “Ciudad de los palacios” no se acaba de construir. María Guerrero vive en un cuarto de cartón que no alcanza los 60 metros cuadrados. Ahí se alberga desde hace una década con sus dos hijos y su nieto, nacido apenas hace dos años.

Llegó con el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI) en busca de un espacio para poder vivir. “Ya no me alcanzaba para pagar la renta y mantener a mis hijos al mismo tiempo”, se lamenta.

El Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, de la colonia “Tierra y libertad” fue su alternativa. Trabajos arduos, resguardo intenso. La toma de predios en la zona minada de la delegación Iztapalapa significó para ella tener un pedazo de tierra donde sobrevivir en la gran urbe.

Oriunda de Hidalgo, llegó a la capital en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Entró como trabajadora doméstica cuando aún era una niña. Desde entonces su calidad de vida no ha mejorado de acuerdo con sus expectativas.

Madre solera, María ha tenido que sortear los embates de la economía. Dejó de pagar el alquiler de un cuarto en la delegación con mayor índice delictivo de la ciudad, Iztapalapa, que le costaba 450 pesos mensuales.

Cuando Jorge, su hijo mayor tenía 10 años, abandonó los estudios para salir en busca de empleo. Los logros han sido infructuosos pues desde su infancia es vendedor ambulante en el Metro. Oferta útiles escolares que a veces le son decomisados por las autoridades del transporte colectivo.

Su única hija también ha tenido que probar suerte como empleada en las cocinas económicas del rumbo. Repartidora de comida, Guadalupe se embarazó cuando apenas tenía 15 años, su pareja no respondió a las necesidades de una familia y continuó con los vicios de la drogadicción y el alcoholismo.

“Le pedí a mi hija que se separara de él, somos pobres pero yo no quiero que mi nieto crezca con la imagen de un padre drogadicto” y probable delincuente, señala María con la voz quebrada y a punto de soltar el llanto.

Espejo de la pobreza urbana, de acuerdo con el informe de actividades 2002 de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad, dos tercios de los internos en los reclusorios de la capital son menores de 30 años.

“La mayoría de éstos jóvenes presentan rasgos de desintegración familiar, han sido receptores de violencia en sus familias, padecen problemas de adición, no han logrado empleos regulares y han abandonado la escuela por motivos económicos”.

María y su familia conforman una de las 500 familias que le arrebataron un pedazo de tierra a la ciudad de México para no perder toda su vida.
El abandono

Damnificados por los sismos del 85, los habitantes del “Campamento 3” de la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero, no encuentran respuesta a la promesa de las autoridades de la demarcación hace 19 años: la renovación de sus viviendas.

Unas 250 familias viven hacinadas en cuartos de lámina y cartón de 18 metros cuadrados cada uno que carecen de servicios básicos. “Hay que hacer cola por las mañanas y/o al medio día para poder bañarse; en la cocina es lo mismo”, cuenta Alicia Ojeda.

Alicia vive con su esposo, cuatro hijos, su suegra y un futuro incierto. Las campañas políticas del PAN y PRD y Verde, sólo recogen votos y renuevan en cada periodo electoral la esperanza. El paso del tiempo hace mella en el campamento.

La saturación del drenaje inunda sus casas en épocas de lluvia. El agua se cuela por los agujeros de los techos de lámina. La oxidación ha dejado fuera de servicio dos de las tres regaderas que hay en cada uno de los 13 módulos. Sólo queda una para las 16 familias que conforman cada sector.

“Anteriormente teníamos bien instalada la luz, ahora nos la han ido cortando porque dicen que estamos invadiendo. No es nuestra culpa porque a nosotros nos vinieron a instalar aquí”, suelta Alicia Ojeda.

Además de los problemas de vivienda, ella vive en la búsqueda constante de empleo para apoyar en la manutención de su familia; trabajadora doméstica, vendedora de gelatinas, lava puestos en el barrio de Tepito, lo que encuentre.

“Mi esposo es chofer de microbús, mi hijo el mayor de 17 años ya está trabajando para aportar algo en la casa, como vigilante de la seguridad privada en el Hospital Juárez, no nos alcanza para hacer todos los gastos de los hijos, todavía tengo tres estudiando”, dice.

El salario de Carlos Sosa, su esposo, varía de 50 a 150 pesos diarios, según sea el número de pasajeros que transporte. Tiene que entregar la cuenta al dueño del microbús, pero en temporada de vacaciones y fines de semana “a veces no trae nada; por eso tenemos que ir guardando”.

“Hay muchas carencias. La falta de privacidad es una de ellas”. Alicia y su familia comparten involuntariamente la música, pláticas y las peleas de sus vecinos que atraviesan las paredes de cartón.

Ella quiere un poco de silencio y los beneficios del Seguro Social, un crédito de vivienda y seguridad pública para su familia, que por derecho les corresponden.

El informe 2000 del Consejo Nacional de Población, el 35 por ciento de 22.5 millones de personas que habitan en la ciudad de México vive hacinadas, y 4.5 millones viven en alta o muy alta marginación.
Discriminación

Rodeados por centros comerciales, restaurantes, unidades habitacionales de altos costos o residencias de lujo, los habitantes del Campamento 3 esquivan a diario la hostilidad de los vecinos. “En el ambiente que nos han forjado la gente piensa que somos de lo peor”, dice Alicia Ojeda.

Lo mismo ocurre con los vecinos del Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, en Naucalpan, situados en otro de los tramos ferroviarios del Estado de México.

“Hemos pedido créditos para comprar en las tiendas comerciales y no nos los dan cuando saben donde vivimos. En las fábricas de acá atrás no emplean a la gente cuando se enteran que somos de la vía, todo porque algunos jovencitos de aquí son drogadictos”, explica Rebeca.

“La situación en la vivimos está difícil, pero trabajando todos nos alcanza un poco, no para lujos, ni paseos, pero si para comer diariamente”. La dieta de Rebeca y su familia consiste en frijoles, sopa, huevo y en ocasiones pollo.

Ella vende quesadillas y fritangas afuera del pequeño cuarto que habita. Atiende a los obreros de las fábricas que rodean su hogar. Platica mientras amasa y prepara los alimentos. No pierde tiempo, por que los empleados comen en media hora y tiene que sacar la venta del día.

Trabaja 18 horas diarias, su ingreso varía según las ventas y los 600 pesos libres que obtiene a la semana, son pocos para sufragar los gastos médicos que requiere su familia. “Nada menos hace quince días se enfermó mi hija, le quiso dar un infarto, no podía caminar, la llevamos al doctor y gastamos 800 pesos, tuvimos que pedir prestado”, relata.

Su esposo, Ernesto, es hojalatero, padece diabetes y no cuentan con ningún servicio de salud pública. Además, padece de agorafobia, enfermedad que le provoca miedo a subir puentes, estar en lugares concurridos o muy iluminados, y andar solo.

“Por eso lleva a cabo su oficio según el trabajo que le va llegando, hay meses en los que no tiene ni un sólo carro para reparar”, relata Rebeca. Sus tres hijos trabajan, una como obrera, y los otros de repartidor de helado y valet parking, aportan para los gastos médicos de su padre.

Así, la pobreza urbana se oculta bajo las cifras felices del Banco de México y del avance macroeconómico que se muestra al mundo. Las oportunidades de empleo, salud, educación, vivienda y alimentación, todavía no alcanzan el grado de dignidad que merece la población de un país, que supuestamente está entrando en la lista de las primeras economías del mundo.

Estadísticas de la miseria

El informe de Medición del Desarrollo México 2000-2002, presentado el 23 de Junio del 2003 por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal presentó la evolución de la pobreza en zonas urbanas y rurales en ese periodo. Las principales conclusiones son las siguientes:

1.- La proporción de la población en situación de pobreza alimentaria en zonas urbanas se redujo de 12.6 a 11.4 por ciento, mientras que en las zonas rurales cayó de 42.4 a 34.8 por ciento.

2.- La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de capacidades en zonas urbanas se redujo de 20.2 a 16 por ciento, mientras que en zonas rurales la proporción cayó de 50.0 a 43.8 por ciento.

3.- La proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de patrimonio en zonas urbanas se redujo de 43.8 a 42 por ciento, mientras que en zonas rurales la proporción cayó de 69 a 67.5 por ciento.

Umbral de la pobreza alimentaria: hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación equivalentes a 15.4 y 20.9 pesos diarios. En el 2000 el 18.6 por ciento de los hogares del país (24.2 por ciento del total de la población) contaba con un ingreso inferior a este punto de referencia.

Umbral de Desarrollo de Capacidades: hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, además del ingreso requerido para asumir los gastos de educación y salud, lo que equivale a 18.9 y 24.7 pesos diarios por persona en áreas rurales y urbanas. En el 2000 el 25.3 por ciento de los hogares a nivel nacional (31.9 por ciento del total de la población del país) contaba con un ingreso inferior a esos montos.

Umbral de Desarrollo de Patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona era menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, el consumo básico, de salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Dicho ingreso era equivalente a 28.1 y 41.8 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. En el año 2000, el 45.9 por ciento de los hogares del país ( 53.7% del total de la población) contaba con un ingreso inferior a este punto de referencia.

Evolución de la Pobreza en Zonas
Urbanas y Rurales 2000-2002

Umbral de clasificación Urbano Rural

2000 2002 2000 2002

Pobreza Hogares 9.8 8.5 34.1 28.5
Alimentaria Personas 12.6 11.4 42.4 34.8

Desarrollo de Hogares 16.2 12.2 41.4 36.5
Capacidades Personas 20.2 16.0 50.0 43.8

Desarrollo de Hogares 37.4 35.4 60.7 59.4
Patrimonio Personas 43.8 42.0 69.3 67.5

Pobreza vs. derechos humanos

Las cifras reales de la pobreza en México han sido incómodas para el gobierno de Vicente Fox, por lo que los programas de apoyo que aplica la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) para combatir este flagelo, dejan al margen la situación de precariedad que se vive en las zonas urbanas del país.

De acuerdo con las cifras oficiales registradas por la Sedeso, el 53.7 por ciento de la población mexicana vive en situación de pobreza. Sin embargo, investigadores de El Colegio de México, señalan que en realidad es aproximadamente el 75 por ciento de la población la que sobrevive en esta situación.

Araceli Damián González, investigadora del CEDDU advierte que entre los factores que el gobierno federal no ha tomado en cuenta para la medición de la pobreza en el país son la garantía, respeto y cumplimiento a los derechos humanos que otorguen una vida digna a los mexicanos, y que es en el estado de México y Distrito Federal donde se acentúan más éstos problemas.

“La medición de la pobreza en México viola los derechos humanos fundamentales. En el caso de la pobreza urbana, hemos luchado por el reconocimiento que debe tener en el país, pero desde el sexenio pasado, por cálculos mal hechos, se dijo que el problema fundamental estaba en el campo.

“Es cierto que en las zonas rurales las condiciones de vida o posibilidades de actividad económica son menores que en la ciudad, pero el mayor porcentaje de pobres viven en las ciudades. El problema es que algunos pobres urbanos no se ven, porque están en zonas que no son de fácil acceso a la vista”.

Uno de los principales factores que hicieron mella entre los habitantes de la Ciudad de México, dice la especialista, fue el cierre de las tiendas Conasupo, donde se podían adquirir productos a precios más bajos, además de la eliminación del subsidio a la tortilla, que significó “un despojo para los pobres”.

Para Damián González es fundamental la atención de la pobreza urbana, ya que es en las principales ciudades de la República donde existe mayor generación de riqueza y actividades económicas. Además, señala que “si hay violencia es porque hay hambre y con ello, la actividad económica se viene abajo”.

Entre los problemas sociales que ocasionan la pobreza urbana, la académica advierte la falta de empleo de hombres que tiene repercusiones en la organización social y la estructura de la familia. “Para los pobres urbanos las opciones son: ser chofer de una micro o un taxi, y soportar los salarios mínimos que pagan en las cadenas comerciales, los aceptan porque no hay otra alternativa”.

Con ello, dice, está cambiando la estructura de los hogares; “existe el abandono de los niños porque cada vez hay más mujeres que se internan al mercado de trabajo, los niños no tienen hábitos porque tampoco hay dinero para enviarlos a guarderías, son abandonados y los accidentes en los hogares son cada vez más frecuentes”, explica.

En el libro titulado Pobreza Urbana, perspectivas globales, nacionales y locales, la investigadora argumenta que “la pobreza generalmente se asocia con la carencia de bienes y servicios, con la insatisfacción de necesidades humanas básicas. La pobreza es un testimonio de derechos humanos incumplidos, de falta de respeto a la dignidad humana”.

Además, critica que “si la forma en que viven los mexicanos reflejara la idea que el gobierno federal tiene sobre las necesidades humanas básicas, los no pobres oficiales no podrían ampliar sus viviendas ni repararlas; estarían vestidos con ropa cada vez más sucia… vivirían en casas obscuras por falta de focos… no podrían cocinar por falta de enseres y comerían alimentos crudos sentados en el suelo…

¿Cómo llegamos a una caracterización tan absurda de los no pobres?”.