La iniciativa del presidente Vicente Fox para legislar los derechos humanos, vulnera la laicidad de la educación pública y atenta contra los derechos de los extranjeros.
El gobierno de Vicente Fox emprende una nueva embestida en contra de los derechos humanos como otras infracciones que ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Expertos en la materia coinciden en que la iniciativa para elevar a rango constitucional estos preceptos es un grave retroceso en la discusión, que refleja el conservadurismo de la administración federal y promueve un criterio discrecional.
No obstante que en el discurso del presidente Fox se ha establecido la necesidad de garantizar la protección de estos derechos, el pasado 4 de mayo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa que, según organizaciones no gubernamentales, lejos de garantizarlos atenta contra éstos.
David Velasco, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que hay que valorar el discurso, sin olvidar los intereses que impiden que éste pase a un compromiso real, y sobre todo a reformas constitucionales.
“Es delicado que en este momento se hable tanto de derechos humanos, respeto y vigencia, cuando el Poder Ejecutivo está debilitado y sólo se presentan pedacitos de lo que debiera ser una política de Estado”, señala.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la incorporación del término en la Carta Magna es un logro y también un retroceso, porque “no está dotado de instrumentos para hacer exigible y justiciable los derechos económicos, sociales y culturales, seriamente amenazados y vulnerados por este gobierno”.
Asegura que “lamentablemente, en la propuesta hay una visión facciosa que viene de un sector en el poder, porque ni siquiera es todo el aparato del gobierno de Fox, que está incorporando elementos de ultra-conservadurismo que nos coloca en una situación grave en materia de derechos humanos, porque hacen más sutil la violación”.
Al presentar esta iniciativa, Fox aseguró que “nadie podrá juzgar y cuestionar que en mi gobierno no se respetan los derechos humanos”. Sin embargo, de enero a mayo de 2004, la CNDH ha emitido un total de 17 recomendaciones al gobierno federal.
Del 2001 a la fecha, las recomendaciones de la CNDH han aumentado; durante el primer año de la administración foxista se emitieron 27; en 2002, 49; y en 2003 se elevó a 52 casos
Pero la violación a los derechos humanos no termina con estas acciones. La iniciativa presidencial presenta un vacío jurídico sobre los mecanismos para garantizar estos derechos, y vulnera principios básicos como la laicidad de la educación y el derecho de audiencia de los extranjeros en México.
Agresión a la laicidad
Entre los puntos más delicados de la iniciativa presidencial en el ámbito de los derechos humanos, se encuentra la eliminación del concepto de “respeto a la diversidad cultural”, del artículo tercero constitucional.
La senadora del PRD, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Burgos, señala que, aunque la iniciativa abona la discusión que el Congreso está llevando en la materia, esta supresión “vulnera el principio de la laicidad en la educación”.
El origen de este embate contra la educación atiende al conservadurismo del gobierno federal, dice Adrián Ramírez; pues este aparente avance deja abierta la posibilidad de la participación de la iglesia católica en las escuelas.
“Aparejado con esto, va la intención de propiciar que la educación deje de ser laica y que las escuelas privadas y públicas puedan dar cátedras de religión, hecho que actualmente viola preceptos importantes establecidos desde las leyes de Reforma”, precisa.
No obstante, para la senadora del Partido Acción Nacional, Micaela Águilar, la eliminación de este concepto no representa atentado alguno porque la garantía de laicidad queda implícita en el reconocimiento de los derechos humanos.
“El respeto a estos derechos engloba todo, incluso la diversidad; precisamente cuando respetas el derecho que tiene cada ser humano, pues también respetas la diferencia de ideas, de pensamiento, etcétera”, afirma la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
En el ámbito educativo, la reforma tiene dos aristas: “una que tiene que ver con vulnerar la laicidad y otra que, paradójicamente, establece criterios orientadores al reconocimiento de la equidad de género”, señala Leticia Burgos.
En el Senado, asegura la perredista, “debemos estar velando porque el artículo tercero continúe reconociendo que nuestro país es un Estado laico, este principio fundamental debe prevalecer, por eso nos opondremos a esta propuesta”.
Derechos de extranjeros
En la discusión que entablaron el gobierno federal y las organizaciones civiles para encontrar consensos sobre la legislación de los derechos humanos, se estableció que para el ejercicio de la facultad exclusiva del Ejecutivo referente a la expulsión de extranjeros, era necesario un proceso previo que garantizara el derecho de audiencia.
No obstante, la propuesta de reforma al artículo 33 de la Constitución que presentó el presidente Fox, cancela esta obligación. Pero la iniciativa va más allá, pues establece que la expulsión podrá ser inmediata cuando la permanencia del extranjero se juzgue inconveniente “por representar una amenaza a la seguridad nacional”.
La senadora Burgos asegura que la presencia del término ‘seguridad nacional’ en una reforma de derechos humanos es grave, porque de nueva cuenta el criterio discrecional de la política se impone al derecho; “es un retroceso al espíritu de velar por los derechos humanos de las personas”.
Agrega que, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional “se deja casi a discreción qué asunto es una amenaza”. Y es precisamente el uso de los términos lo que más preocupa.
Al respecto, David Velasco comenta que “con el caso de los cubanos, el asunto de las expulsiones está mucho más fresco, pues justo ahora cuando el gobierno federal no halla como ocultar el uso faccioso de los órganos del Estado contra un posible candidato presidencial, los diplomáticos vienen a hacer trabajos subversivos.
“Esto es muy grave, porque no solamente se violan derechos humanos y se contradicen tratados internacionales, sino que no se deja de utilizar políticamente cualquier noción o concepto con el pretexto de salvaguardas y reservas de tipo jurídico. ¿Quién va a decidir cuando un extranjero está en una condición o en otra?”, se cuestiona el presidente del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Incluso la senadora panista, Micaela Águilar, considera necesaria la discusión en este punto, pues asegura que sin el juicio previo la expulsión queda abierta al criterio de quien juzgue qué es una amenaza a la seguridad nacional.
El eje central de esta iniciativa, explica Adrián Ramírez, es la introducción de “nuevas formas de legalizar la represión; los actos de las fuerzas de inteligencia y seguridad nacional son formas antídoto para la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información”.
Afirma que la modificación al artículo 33 constitucional “permitirá más desplantes como los de Cuba y propiciará actuaciones arrogantes y prepotentes para no informar nada, porque es un asunto de seguridad nacional. Esta propuesta significa realmente la ruptura de la Doctrina Estrada”, asegura.
Además, en la iniciativa presidencial no se considera la presunción de la inocencia, la creación de un órgano distinto al Ministerio Público para investigar los presuntos delitos de procuradores de justicia, ni la facultad de la CNDH de intervenir en conflictos laborales.
Así, el intento foxista por elevar a rango constitucional los derechos humanos ha generado fuertes críticas, pues se trata de una iniciativa “eminentemente cosmética que no toca los nodos centrales jurídicos de nuestro país”, sintetiza Adrián Ramírez.
