La iniciativa de reforma integral al sistema de justicia que presentó el presidente Vicente Fox al Congreso de la Unión, se enfrenta a una realidad de corrupción e impunidad.

El pasado 4 de febrero, Bruno Rabanales se dirigió a la delegación de policía de Ciudad Nezahuatcoyotl. Su hijo se encontraba detenido, acusado de un supuesto robo. Exigió a las autoridades que detuvieran a los policías que lo habían arrestado sin orden de aprehensión y habían causado destrozos en su casa y maltratos físicos a su familia. Sin embargo, él también fue detenido acusado de injurias. Pasó 15 días en el reclusorio por una falta menor, ahí mismo fue golpeado constantemente. Bruno ya no cree en la justicia.

“Es como si les llevarás mercancías, y ellos la negocian, así son los del Ministerio Público. Es muy fácil que cambien las declaraciones”, dice Rabanales, quien a sus 41 años es boxeador profesional y ha sido campeón nacional e intercontinental por el Consejo Mundial de Boxeo.
“Pensé –dice– que las cosas andaban mal; ahora veo que están peor. Me mandaron al reclusorio porque no me dejé. La juez me multó con 18 mil pesos por injuriar a los policías cuando la multa normal es de 4 mil, y estuve 15 días en prisión donde me golpearon los custodios en las noches. El defensor de oficio me quería cobrar 10 mil pesos”, dice llorando.
Bruno Rabanales, un hombre acostumbrado a pelear, tiene el rostro maltratado, resultado de los golpes en el ring, su nariz está desviada y respira con dificultad.

Dice que su recio carácter motivó por el que las autoridades lo hayan visto “con malos ojos”. “Ya interpuse demandas contra varios agentes del Ministerio Público de Nezahuatcóyotl, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los delitos de corrupción, falsedad de datos, ineficiencia y abuso de autoridad”. Está en espera de una respuesta.

Uno de los funcionarios demandados es el agente ministerial Luciano Domínguez, quien niega haber tenido contacto con el acusado. “Yo sólo cumplí con mi trabajo, revise el expediente y encontré elementos para consignarlo con la juez, además todos saben como es Rabanales, una persona muy agresiva que exige todo a gritos”.

Cambios profundos

En marzo, el presidente Vicente Fox presentó una iniciativa de reforma integral al sistema judicial y de justicia en México, con el que pretende profesionalizar las instituciones y acercarlas a los prototipos estadounidenses y europeos.

La iniciativa plantea cambios a ocho artículos de la Constitución y proyecta temas como la presunción de inocencia en lugar de culpabilidad; profesionalización de la defensoría de oficio; creación de un tribunal especializado en menores; juicios orales en lugar de escritos, y la presentación de confesiones ante abogados defensores y el juez.

Con 11 ministros de la Suprema Corte, 544 magistrados de tribunales colegiados y unitarios, con poco más de 700 Ministerios Públicos, y 6 mil policías sin preparación ni herramientas para llevar a cabo su trabajo en todo el país, los especialistas cuestionan que la iniciativa de Fox pueda ser la solución a los reclamos de la sociedad.

Para el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jean Claude Tron Petit, sí hay posibilidades de hacer las reformas, sin embargo ve dificultades, principalmente en las procuradurías, que no tienen una verdadera independencia, ni imparcialidad; tampoco control de calidad de las exposiciones de trabajo.

“No existe carrera profesional para agentes judiciales y del Ministerio Público o peritos. Las retribuciones son inadecuadas, no hay seguridad de permanencia en el empleo, ni sistemas de capacitación, formación y expectativas de progreso”, resume.

Empero, prosigue, “ya se mandó a una reforma constitucional y de reforma legal en materia penal, transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en una fiscalía, crear un ministerio del interior, una sola policía, otro sistema de acusación y juzgamiento de los diferentes delitos que puedan existir”.

La reforma tiene la idea de copiar algunos elementos del sistema americano y más del sistema Europeo, añade. “Es un buen principio, en general el sistema jurídico y todo el sistema judicial necesita una arreglada, aunque en algunos sentidos no sea necesaria una reforma tan radical”, dice Tron Petit.

Cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indican que hay entre 95% y 98% de impunidad en el país, y 50% a 70% de jueces son corruptos, por lo que la población ya no confía en la justicia.

La falta de confianza en el sistema judicial es tan amplia que sólo uno de cuatro crímenes es reportado, y sólo uno de cada 10 casos termina en arresto, según cifras gubernamentales. En otros países, cerca de 50% de los crímenes son reportados.

Juicios simples tardan años (dos terceras partes de los presos en el país no han terminado sus juicios) y cuesta millones de pesos a los contribuyentes. Cada presunto responsable le representa al Estado alrededor de un millón 250 mil pesos, y un millón de pesos cada sentencia penal, sea absolutoria o condenatoria.

Para combatir estos rezagos, la iniciativa del Ejecutivo se sustenta en tres pilares: reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública, transformar el procedimiento penal y profesionalizar la defensa penal.

Bajo el nuevo esquema propuesto, la iniciativa busca que “las tareas de investigación queden a cargo de la nueva Policía Federal, que actuará bajo la responsabilidad de una Secretaría del Interior, que sustituirá a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)".

Además, se fusionarán la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), “con lo que se evitará la dispersión, duplicidad, y desarticulación prevaleciente en los cuerpos de seguridad pública".

Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, es una buena idea, aunque es cauteloso, pues considera que pudiera ser el principio de un estado policial.

“Unificar las policías, perfecto. Pero cuidado, porque esa unificación les daría control absoluto. Imagínese qué poder; es crear casi un sistema napoleónico, un ministerio de policía, que nos fiscalice, que nos indague”, dice Carrancá.

Transformar la PGR en una Fiscalía General de la Federación, con carácter de órgano constitucional autónomo, "busca que la autoridad que dirija la investigación actúe con estricto apego a la ley, sin consideraciones de carácter político".

“De esta manera, los fiscales del Ministerio Público dirigirán la investigación de los delitos en su calidad de peritos en derecho, al tiempo que litigan los casos ante los jueces, sin realizar funciones de investigación policial. La responsabilidad de investigar recaería en la policía que sería independiente de la procuración de justicia”, dice la iniciativa.

Raúl Carrancá considera que esta propuesta es un error debido a que el Ministerio Público es una institución con una tradición riquísima en nuestro país, y características de culturalización y humanización en el ejercicio de la procuración de justicia, a diferencia de una fiscalía.

“La fiscalía es un órgano que corta, que fiscaliza, que no cumple la función amplísima del Ministerio Público. Entonces, me opongo a una sustitución porque el Ministerio Público no sólo tiene tradición legislativa y constitucional entre nosotros, sino un gran abolengo universal.

“Me parece una aberración esta sustitución, esto es de corte anglosajón, donde incluso los fiscales pueden llegar a ser gobernadores o senadores, mientras más gente se haya mandado a la cárcel o a la cámara de gases, entonces no tiene el corte y la amplitud de funciones que tiene el Ministerio Público, que no sólo averigua, sino que busca la verdad a todo trance; en cambio, el fiscal trata de cortar el cuello a como de lugar”.

El jurista critica que se quiera otorgar facultades de investigar a la policía, porque considera que este órgano tiene una función concreta no de investigación, sino de auxiliar del Ministerio Público.

“Hay una policía científica, pero para que el policía lleve a efecto, como quiere el presidente, una investigación debe tener conocimientos jurídicos. Al final de cuentas ya no vamos a hablar de un policía; con esos conocimientos estamos frente a un abogado, y eso no tiene pies ni cabeza”, dice el catedrático.

La iniciativa propone sustituir el sistema procesal vigente por un modelo que garantice la presunción de inocencia, juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos.
Para Tron Petit, los juicios ya son orales en la teoría, porque las diligencias deben ser orales, el problema es que los jueces y Ministerios Públicos no se presentan a tomar declaraciones y no obligan a los agentes policíacos a que asistan a los juicios para carearse con los inculpados.

“A veces no hay Ministerios Públicos en las audiencias; a los agentes policíacos no los obligan a que concurran, eso es lo que detiene la agilización de los juicios. Se puede hacer la reforma, pero se van a necesitar millones de pesos y una formación jurisdiccional, preparar gentes para un nuevo esquema”, dice el magistrado.

Raúl Carrancá coincide en que el país no está preparado para implantar juicios orales y considera que a pesar de que puede ser buena idea para darle celeridad a los juicios y tratar de impedir las corruptelas, no hay cultura cívica y de conciencia de lo que es la justicia.

“No tenemos los niveles de justicia como Europa o a la usanza de los Estados Unidos. Se dice que este es un medio para lograr la celeridad de la justicia. De acuerdo, pero no es el único. En el último de los casos, que se abrán espacios para el jurado, tal vez en delitos graves y ver cómo funciona, pero abrir todo el espacio al jurado popular me parece un error”, dice el jurista.

Cambio radical

Aunque señala que un gran número de personas se ha acercado al Senado para externar su insatisfacción por la forma en como funciona el sistema judicial y de justicia en el país, el senador Jorge Sermeño, presidente de la Comisión de Justicia, comenta que la iniciativa del presidente conlleva un cambio radical en el sistema jurisdiccional.

“No quiero en este momento calificar la propuesta del presidente, porque corresponde analizarla al Senado, pues estos temas ameritan análisis serios de las condiciones de nuestra manera de ser y de actuar, y las posibilidades de llevar a cabo las reformas”.

Mientras tanto, la iniciativa permanece en el Senado para ser revisada y miles de mexicanos siguen siendo víctimas de las fallas en el sistema judicial y de justicia, “no por culpa de las leyes, dice Tron Petit, sino de las personas. El sistema actual no es tan malo, lo que no funcionan son las personas y su capacidad. Si nos pusiéramos al día para funcionar, no necesitaríamos una reforma tan radical”.