A más de cuatro años del fin de la huelga estudiantil, vuelven sigilosamente los cobros irregulares a la UNAM. Estudiantes deben pagar “cuotas” ilegales para asegurar su permanencia en estudios superiores.
Paulatinamente se han implantado cobros por concepto de “servicios”, “opciones de titulación” y cuotas de inscripción en escuelas, colegios y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los ejemplos más escandalosos se registran en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), donde los diplomados de titulación cuestan entre siete y 20 mil pesos y las cuotas para los estudios de posgrado superan los seis mil pesos por semestre.
Los cobros que se implantan en la UNAM no son uniformes. Su aplicación no se discute en el Consejo Universitario, sino en los consejos técnicos de cada escuela, colegio o facultad.
Se imponen en las instituciones donde las organizaciones estudiantiles son más débiles, como, además de la FCA, Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Ingeniería y Química, entre otras. Mientras que en Ciencias Políticas, Ciencias y Filosofía, donde se podría generar una movilización estudiantil, no existen.
De acuerdo con información proporcionada por el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración de la FCA, durante el proceso de admisión se le entrega al alumno una ficha de depósito “para el pago por derecho al proceso de admisión”, misma que deberá entregar en original y copia fotostática previamente a los exámenes.
En el apartado “Costos” del folleto informativo, se señala que los aspirantes “nacionales” deberán cubrir el equivalente a “20 veces el salario mínimo diario general vigente en el D.F.”, es decir 904.8 pesos, por el “proceso de admisión”. Se le exige la misma cantidad al estudiante por concepto de “inscripción semestral” y el mismo monto “por cada asignatura a cursar durante el semestre”.
Según los planes de estudios de las maestrías que se imparten en la FCA, el alumno debe inscribir cinco materias por curso. De esta manera, la cuota a pagar por estudiar el primer semestre de posgrado en esta facultad es de 6 mil 333.6 pesos sin contar los pagos por servicios que el estudiante deberá cubrir durante el transcurso del periodo escolar.
Para los estudiantes extranjeros cada concepto aumenta a 60 salarios mínimos, por lo que el pago por derecho a estudiar el primer semestre asciende a 18 mil 998.
Si los estudiantes de licenciatura desean titularse bajo la opción de diplomado, deberán pagar siete mil pesos como mínimo y hasta 18 y 20 mil pesos si están interesados en los diplomados de Mercadotecnia, Diseño e Implantación de Páginas Web y Administración de Proyectos Culturales que imparte la División de Educación Continua de la facultad.
“Dicen que en la licenciatura no se cobran cuotas, pero lo que vemos es que si realmente queremos prepararnos bien, necesitamos tomar diplomados que sí cuestan”, dice César Pérez Cruz, activista del cubículo estudiantil de la FCA.
En la Facultad de Medicina el pago por derecho de examen profesional es de dos mil 500 pesos; el trámite de titulación es de mil 200 y la inscripción a posgrado cuesta 700 pesos. Los cursos de inglés, que no son parte del plan de estudios pero que son obligatorios para la titulación, cuestan 800 pesos por semestre más 200 por material didáctico.
En casi todas las escuelas, facultades e institutos se realizan cobros por expedición de credenciales, cursos de cómputo e idiomas y constancias de estudios, entre otros “servicios”. Los montos no son homogéneos y dependen de lo que decidan los consejos técnicos de las instituciones educativas.
El Reglamento General de Pagos que provocó la movilización estudiantil contemplaba que un estudiante de licenciatura debería pagar 680 pesos semestrales y el de bachillerato 510 pesos.
“El cobro de cualquier tipo de cuotas en la UNAM es violatorio del principio constitucional de la gratuidad”, sostiene el jurista y politólogo Luis Javier Garrido. Sin embargo, lamenta que “efectivamente en múltiples escuelas y facultades, de manera subrepticia y en ocasiones abierta, se está cobrando a los estudiantes”.
El catedrático de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales agrega que la UNAM, “en tanto que es una entidad pública, se rige por la legislación mexicana.
“Y es evidente que una disposición normativa emanada de una facultad o escuela, o incluso aunque emanase del propio Consejo Universitario, de ninguna manera puede ir en contra de lo establecido por la ley superior de la nación, que es la Constitución. Los cobros son, por lo tanto, disposiciones normativas abiertamente anticonstitucionales”.
Autor, entre otros textos, de “El movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM”, Garrido Platas señala que después de la huelga estudiantil las autoridades universitarias “prosiguen en el proceso de privatización de nuestra máxima casa de estudios”.
Para el académico, el proceso de privatización no se reduce únicamente a la implantación de las cuotas, sino también “a la modificación de los programas y planes de estudio para erradicar todo contenido crítico que pueda molestar a las instancias de poder económico. Es lo que ha sucedido con los últimos cambios en las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Economía y Derecho”.
El defensor de la gratuidad
“Defensor de la universidad pública y gratuita”, saludó el diputado perredista Salvador Martínez Della Roca desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, durante la sesión solemne para develar la inscripción en letras de oro del nombre de la universidad más importante de América Latina en el muro de honor en octubre pasado.
De la Fuente coronaba su campaña iniciada a fines de 1999 para “recuperar” el prestigio y la estabilidad de la UNAM y se presentaba como el rector que, además, defendía la gratuidad de la educación.
Después de la ocupación de la Universidad por la Policía Federal Preventiva en febrero de 2000, con la que se rompió la huelga de los estudiantes, el rector anunció la suspensión de todo tipo de cobros en tanto no se realizara el Congreso Universitario. De la Fuente arrebataba banderas al desprestigiado Consejo General de Huelga.
“Tenemos un rector que no tiene que responder por disciplina al gobierno federal. Y entonces ha estado llevando a cabo una doble política. En lo declarativo se pretende respetuoso del carácter público y gratuito de la UNAM como una institución al servicio de la nación, pero en los hechos está aceptando que prosiga esa lenta y sorda privatización de nuestra casa de estudios”, considera Garrido Platas.
“Y en esto –agrega– tiene que ver mucho la propia ambición presidencial del doctor De la Fuente, quien, como todo mundo sabe, es un aspirante para la investidura presidencial.
“Este rector, que en el año 2000 terminó la huelga de manera brutal con la intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones universitarias y que después trató de hacer suyo el pliego petitorio del CGH, en los hechos está doblegándose ante los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial”.
Expulsiones
Los hermanos César y Manuel Pérez Cruz, dos de los líderes más visibles del CGH en la FCA, fueron expulsados el pasado 12 de mayo por, según las autoridades, sustraer urnas de la votación para elegir consejeros estudiantiles, hecho que rechazan los estudiantes: “ni siquiera estuvimos aquí”. Manuel Pérez esperaba sólo la fecha de su examen profesional para titularse.
Las expulsiones de los estudiantes de Contaduría se sumaron en una misma semana a las de los alumnos Jorge Ortiz Sánchez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a las de Francisco Joaquín de Anda y Agustín Flores, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Todos habían participado en la pasada huelga estudiantil.
Uno de los “hechos” que justifica la expulsión de Joaquín De Anda, según la Gaceta UNAM del 17 de mayo pasado, es haber estado “ocupando un altavoz (para incitar) a la comunidad estudiantil a no participar en la jornada electoral que se llevaba a cabo”.
“La Universidad Nacional debe de ser gratuita porque esta es una conquista del pueblo de México. El carácter de gratuidad de las universidades públicas se consigna en nuestra Constitución desde 1945”, explica Garrido.
“En ese año –continúa– el presidente Ávila Camacho decidió suprimir el carácter socialista de la educación. Amplios sectores aglutinados entonces en el Partido de la Revolución Mexicana y particularmente en la Confederación de Trabajadores de México, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, exigieron que a cambio de la modificación de ese texto del artículo tercero, en la nueva redacción se incluyera el principio de gratuidad también para la educación superior.
“Y esto es también congruente con la realidad social y económica de México, donde la mayoría de la población no podría acceder a la educación pública superior si no mediase ese principio de gratuidad”.
El académico identifica a la reducción de la matrícula como otro “de los gravísimos problemas encaminados a privatizar la Universidad”. En efecto, mientras a finales de la década de 1970 el número de estudiantes inscritos superaba los 300 mil, actualmente apenas rebasa los 250 mil.
“Cada día hay menos estudiantes mexicanos que tienen acceso a los beneficios de la educación superior, mientras la UNAM, con sus espléndidas instalaciones y su magnífico plantel de investigadores y profesores, podría servir a un número cada vez mayor de mexicanos”.
Garrido Platas advierte que “los acontecimientos de 1999-2000 están muy recientes en nuestra memoria como para que se pueda cometer el grave error histórico de provocar al estudiantado a una nueva movilización con estos intentos de trastocar el carácter público de la UNAM y quienes así lo decidan estarían jugando incluso con la estabilidad del país”.
Se buscaron entrevistas con el rector de la Universidad, Juan Ramón de la Fuente; el abogado general, Jorge Islas López, y el director de la FCA, Arturo Díaz Alonso, quienes decidieron guardar silencio.
