Un daño patrimonial de 7.1 millones de pesos por concepto de obras pagadas pero no concluidas, se descubrió en la Terminal Marítima de Guaymas, a cargo de Pemex-Refinación, cuyo director Juan Bueno Torio está acusado de contubernio con el líder sindical de la región

Las irregularidades que se registran en los procesos de licitación y contratación en Petróleos Mexicanos (Pemex) persisten, pese a que la paraestatal ha establecido diversos mecanismos para erradicar la corrupción. Incluso, en las oficinas más pequeñas de las filiales se gestan daños patrimoniales importantes.
En el 2003, el Órgano Interno de Control de Pemex- Refinación concluyó que en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, se adjudicaron por lo menos dos contratos de manera poco transparente, por un monto total de 7 millones 103 mil pesos.

En la auditoría 13/03, fechada el 18 de marzo, la Contraloría reportó el incumplimiento del contrato GADP-SGTM-005/02-MP, adjudicado el 31 de mayo de 2002 a la Compañía Helénica S.A. de C. V, para el mantenimiento de los brazos de carga marinos.

Por este servicio, la Terminal Marítima pagó a la empresa un millón 860 mil pesos, y según la observación del Órgano Interno de Control, sólo realizó un 30 por ciento del trabajo. Ésta es una de las muchas obras pagadas aunque no realizadas que se reportan a la Contraloría.

En el apartado clasificado como “replanteamiento”, el Órgano Interno de Control advierte que, “de las investigaciones practicadas se desprenden elementos que dan lugar a un presunto daño patrimonial por más de 360 mil pesos”.
Otras irregularidades

En la misma investigación, la contraloría Interna de Pemex-Refinación detectó omisiones normativas e irregularidades en los procesos de licitaciones públicas relacionadas con el mantenimiento de brazos de carga marinos, por un monto total de 6 millones 838 mil pesos.

El documento señala: “en los procesos de adjudicación de cuatro contratos celebrados con diversas empresas en la Superintendencia de la Terminal Marítima de Guaymas y las residencias de operación de Mazatlán, Topolobampo y La Paz, las bases de licitación no fueron publicadas en el sistema electrónico Compranet”.

Además, las propuestas económicas de las empresas Edificadora Cabo Haro, S.A. de C. V., Arrendamiento de Maquinaria y Construcción de Obras de Mazatlán, S.A. de C. V., Grupo Rigarosa, S.A. de C. V, Talleres Arámburu, S.A. de C. V., y Construcciones y Reparaciones Industriales, S.A. de C. V., fueron desechadas injustificadamente.

Según revela la auditoría, al eliminar de manera arbitraria y sin justificación alguna las propuestas de estas empresas, los funcionarios de la Terminal Marítima incurrieron en una grave irregularidad, al favorecer a la Compañía Helénica S.A. de C. V.

Señala también que esta empresa, a la que le fue adjudicada la obra, no cumplía con los requisitos y por lo tanto debió haber sido descalificada del proceso, pues su actividad principal es la comercialización y no la ejecución de obras públicas.
Retiro de basura

En la misma Terminal el órgano interno de control de Pemex-Refinación, detectó omisiones normativas e inconsistencias en el concurso por invitación restringida para el retiro de basura de oficinas administrativas de la Superintendencia General, departamento de personal y casetas de vigilancia.

La auditoría 14/03, del 18 de marzo de 2003, señala que el contrato 4500076544, celebrado con Rogelio Noé Garayzar Fernández, no incluye el soporte que ampare el pago total por el servicio, que ascendió a 263 mil 397 pesos.

Este servicio consiste en 92 viajes para la recolección de basura durante un periodo de 96 días. Por cada viaje que el beneficiario hizo, la Terminal Marítima pagó injustificadamente 2 mil 880 pesos.

Según la contraloría, el importe contratado excede los parámetros establecidos, pues comparativamente con tarifas establecidas por la administración Portuaria Integral de Guaymas, los 2 mil 880 pesos que pagan por cada viaje, representan aproximadamente la recolección diaria de basura en 14 contenedores de 200 litros.

Al respecto, el órgano interno de control estima poco probable la generación de este volumen; además de documentar que “oficinas similares han pagado 8 mil 225 pesos mensuales por este servicio”.

El daño patrimonial para Pemex-Refinación derivado de este contrato ascendió a 123 mil pesos; por ello recomendó a la Superintendencia el cobro de esos recursos al prestador del servicio.