De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, Pemex-Exploración y Producción, a cargo de Juan Bueno Torio, adjudicó de manera irregular un contrato por 275 millones de dólares a favor de la empresa Asesa

Con una deuda interna que asciende a más de 500 millones de dólares, el Grupo Protexa, por medio de su filial Aeroservicios Especializados S.A. de C.V. (Asesa) obtuvo en noviembre de 2003 un contrato con Pemex-Exploración y Producción (PEP) por 275 millones de dólares.
Según consta en el Acta de Fallo que emitió la subsidiaria de Pemex el 19 de noviembre de 2003, uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para adjudicarse la licitación pública 18575054-008-03, es no tener adeudos fiscales federales.

No obstante, en el historial de Asesa no aparecen reportes de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda desde el 2002; existen informes sobre préstamos bancarios no saldados e incumplimiento en aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual PEP estaba enterado.

El 15 de julio del 2003, PEP recibió el informe formal de las obligaciones fiscales del contribuyente Aeroservicios Especializados, S.A. de C. V., con Registro Federal de Causantes AES8312056S9, que revela que la base de datos del SAT no tiene registrado el cumplimiento en la presentación de sus declaraciones fiscales del IVA correspondientes al 2002 y 2003.

En este informe, dirigido a la Subdirección de la Región Marina Noreste de PEP, se lee que “en la base de datos del SAT se tienen registrados créditos fiscales a su cargo, y créditos fiscales firmes en la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Guadalupe, Nuevo León”.

Pese a esto, en noviembre PEP contrató por un periodo de 5 años los servicios de Asesa para transporte aéreo de personal y/o carga con helicóptero en la sonda de Campeche, Golfo de México y lugares dentro de la República que indique la filial, por un monto de 275 millones de dólares.

La adjudicación fue impugnada por otras empresas concursantes ante el órgano interno de control de PEP y ante la SFP, al detectar presuntas irregularidades durante el proceso de licitación.

La impugnación

Las empresas descalificadas aseguran en su inconformidad que la licitación pública No. 18575054-008-2003 no se apega a las disposiciones constitucionales y legales, pues PEP eliminó de manera injustificada la obligación, a cargo de los licitantes, de demostrar que cuentan con la capacidad económica, legal y técnica para cumplir con los contratos.

En las bases de licitación, la subsidiaria de Pemex dispuso que las empresas no están obligadas a acreditar la contratación formalizada de los helicópteros con los que se dará el servicio, sino que bastaba con presentar una carta compromiso.

Al momento de presentar las ofertas, las empresas tampoco tienen necesidad de acreditar que cuentan con un número suficiente de pilotos capacitados para llevar a cabo las operaciones costa afuera.

Otra irregularidad se refiere a la eliminación que hizo PEP de la obligación que tienen las empresas de exhibir información económica detallada para efectos de evaluación, que permitiera a la paraestatal verificar la solvencia de las propuestas presentadas.

Las empresas afectadas denunciaron que PEP dejó a la voluntad de las empresas la fecha de presentación de los equipos, pues el programa propuesto estipula que “la fecha de inicio será en función de la propuesta del licitante”.

Para la presentación de los equipos, las empresas sólo contaron con un periodo tentativo estipulado por la paraestatal, comprendido entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año; esta disposición originó no sólo propuestas distintas, sino evaluaciones distintas.

En el oficio DGI/312/116/2004, fechado el 26 de febrero de 2004, la Dirección General de Inconformidades de la SFP señala que la Jefatura de Asesoría Jurídica en PEP, ordenó a la convocante reponer el dictamen y el fallo de la adjudicación, de acuerdo a la resolución CI-AR-PEP-18575.0504/2004, el 2 de febrero de este año.

El mismo 26 de febrero, Néstor García Reza, jefe de Asesoría Jurídica de PEP, dependiente de la oficina del abogado general de Pemex, asegura en el oficio OAG/AJPEP/053/2004 que las causas que motivaron la nulidad del dictamen y fallo de adjudicación de la licitación fue la “falta de fundamentación y motivación que debía revestir el acto”, y no los conceptos aducidos por las empresas inconformadas.

Agrega que, en estricto apego a la normatividad, la reposición del dictamen y el fallo se llevaría a cabo el 27 de febrero pasado pero, según refieren las empresas inconformadas, entre ellas Heliservicio Campeche S.A. de C. V., hasta el momento la adjudicación sigue en manos de Asesa, y PEP no ha querido dar información al respecto.

Asesa-Pemex

De manera indirecta Asesa, constituida en 1977 por Protexa, mantiene un conflicto legal con Pemex. Desde 2002, Servicios Aéreos Especializados Mexicanos (Saemsa), subsidiaria de Asesa, mantiene un litigio con la paraestatal por la rescisión de un contrato de servicios aéreos. Asesa es propietaria del 51 por ciento de las acciones de Saemsa, y a decir de las empresas inconformadas, es responsable del incumplimiento del contrato.

Los riesgos que implica esta empresa han sido evaluados por la firma europea Fitch Ratings, que el 4 de abril de 2003, asignó la calificación “C(mex)” -alto riesgo de incumplimiento- a un programa de certificados bursátiles de corto plazo denominados Papel Comercial de Aeroservicios Especializaos, S.A. de C. V.

Para Fitch Ratings, esta calificación se fundamenta en el difícil entorno operativo que ha enfrentado la empresa en los últimos meses; sobre todo a partir del tercer trimestre de 2002, cuando Pemex rescindió un contrato de servicios de transporte aéreo a su subsidiaria Saemsa.

Denuncia contra altos funcionarios

El 21 de enero pasado, Magda Liliana Arce Gozález, ex funcionaria de Pemex-Refinación, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de altos funcionarios de la Terminal Marítima de Guaymas, por los delitos de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito equiparable a fraude.

Según consta en la averiguación previa 065/HM-III/2004, la PGR investiga los bienes y la actuación del jefe de personal de la unidad de Guaymas, Andrés Salas Sánchez, y de Jorge Martín Brito Benítez, líder petrolero de Sonora.

Magda Arce también denuncia el despido injustificado de trabajadores, venta de plazas, extorsión y manejo de un grupo de “aviadores”; asegura que parte de esos salarios, derivados de supuestos trabajos, son entregados al líder petrolero como “pago de favores”.

La ex funcionaria fue despedida de manera injustificada el 10 de agosto de 2000, y pese a que en mayo de 2003 ganó el laudo laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que obliga a Pemex- Refinación a reinstalarla en su cargo, la paraestatal no lo ha acatado.

Explica que su plaza fue cubierta por Nadia Brito Cruz, hija del líder sindical. Para ella, “las autoridades de Pemex-Refinación, incluido el director Juan Bueno Torio, aún no actúan en contra de Brito Benítez porque están en contubernio”. Guaymas es su “minita de oro”