Excedente en la generación y venta de energía autorizada, violación de contratos, tardía notificación del desarrollo y conclusión de obras, son algunas de las irregularidades con las que opera en México la empresa española de energía eléctrica Iberdrola, no obstante el gobierno le otorga nuevos contratos.
México fue el principal atractivo para que la segunda empresa de energía más importante de España, Iberdrola, invirtiera en la producción de energía eléctrica, a pesar de que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde 1996, Iberdrola se autonombra “el mayor generador independiente de México”, pues en 1992 la reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica incluyó las modalidades de autogeneración, autoabasto, cogeneración y el de productor independiente. Este último es claramente inconstitucional (artículos 27 y 28), ya que la producción independiente implica la privatización.
Las violaciones constitucionales cometidas por la empresa española a través de los contratos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dirigida por Dionisio Pérez-Jácome, le han significado jugosas ganancias a Iberdrola.
En sus estados financieros correspondiente al 2003, la empresa declara haber obtenido un beneficio neto de mil 60.3 millones de euros, 10 por ciento más que el año anterior y “superando por primera vez en su historia los mil millones de euros de beneficio”, y el motivo es el incremento de ganancias a la “evolución del negocio de generación en México”.
Tan solo las ganancias que obtuvo por sus plantas en Monterrey y Altamira le significaron el 56.7 por ciento de sus utilidades netas (552.5 millones de euros). Así, Iberdrola define a México como su mejor mercado.
Participación privada en México
Irregularidades
Entre las irregularidades con las que opera Iberdrola en México están el excedente en la generación y venta de energía autorizada por la CRE, así como la tardía notificación del desarrollo y conclusión de cada una de sus obras, como lo establecen los contratos.
En el permiso E/205/AUT/2002 otorgado a Iberdrola Energía de Monterrey S.A de C.V, se establece que la generación deberá destinarse exclusivamente al autoabastecimiento de sus socios. En el 2002 Iberdrola porteo 40 megawatts a la empresa Nylon de México, S.A, cuando la autorización era de 19.65, es decir, vendió más del doble autorizado.
El resultado fue que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), órgano dependiente del Congreso de la Unión, determinó que Iberdrola infringió la obligación de ajustarse y aceptar las condiciones del permiso de generación de energía en la modalidad de autoabastecimiento, según el convenio para el servicio de transmisión de energía celebrado con la CFE.
Según la ASF, el excedente de porteo de energía por parte de las empresas privadas como Iberdrola, durante el 2000 la CFE dejó de percibir 30.1 millones de pesos; 19.6 millones en el 2001, y 91 millones de pesos en el 2002.
Además, el contrato estipula que por concepto de suministro de energía, la CFE está obligada a pagar un monto fijo a Iberdrola, independientemente de que el suministro se lleve a cabo o no. Por dicho concepto, en el 2002 Iberdrola fue beneficiada con 15.3 millones de pesos.
Iberdrola estableció además un contrato de energía de respaldo, es decir, si sus plantas sufren fallas y salen del sistema, Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública que opera en el Distrito Federal, está obligada a suministrarla. Por este hecho, la ASF establece que en el 2002 Iberdrola fue beneficiada con 15 millones de pesos.
Sobre la notificación de sus obras, Iberdrola debía informar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre la conclusión de sus obras en la planta de Monterrey el 1 de julio de 2002, pero notificó hasta el 20 de julio del 2003, es decir un año después de lo estipulado.
Expansionismo
Las autoridades mexicanas permiten que Iberdrola incumpla los contratos y al mismo tiempo le adjudican nuevas obras. En octubre pasado la compañía obtuvo el permiso para la construcción y explotación del ciclo combinado de Altamira V (1.121MW), que supondrá una inversión de 550 millones de dólares. Esta obra, promocionada en Europa como el mayor negocio de Iberdrola, entrará en funciones durante el 2006.
En su balance corporativo, Iberdrola señala que “se trata del mayor proyecto licitado en México hasta la fecha entre productores independientes”.
Una nueva central eléctrica de Iberdrola, la Laguna II en Durango, entrará en operación el próximo año con una inversión inicial de 138.4 millones de euros. La empresa aseguró su inversión mediante un contrato de venta de energía a la CFE por 25 años.
La transnacional ya tiene en operaciones las plantas Enertek y Monterrey I, II y III, además de una planta de cogeneración para las empresas FEMSA y Titán, así como otra en Altamira, Tamaulipas. Iberdrola obtuvo la adjudicación para la construcción de la Central Termoeléctrica Altamira III y IV.
Iberdrola actualmente es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica privadas del mundo; su cartera registra más de 16 millones de clientes (9 millones en España y el resto en Europa, México, Centro y Sudamérica).
Antes de que llegara a México la empresa, ya contaba con un negro historial por las acusaciones que señalaban a sus directivos por supuestos ilícitos como tráfico de influencias.
Actualmente Benigno Blanco Rodríguez, ex director de Servicios Jurídicos de Iberdrola, enfrenta un juicio en tribunales españoles por tráfico de influencias en sus cargos de secretario de Estado de Aguas y luego como secretario de Estado de Infraestructura del Ministerio de Fomento en España, cuando logró millonarios contratos para su empresa en distintas obras públicas.
Benigno Blanco, también secretario del Consejo de Administración de Iberinco (Iberdrola Ingeniería y Consultoría), negoció los contratos con Carlos Escarpín, entonces director general de Obras Hidráulicas en España, acusado de cohecho, tráfico de influencias, abusos en el ejercicio de su función y malversación de fondos públicos.
Energía sucia
Con los requerimientos del Protocolo de Kioto para racionalizar el consumo de energía y promover las energías renovables, Iberdrola montó una campaña publicitaria en Europa y América Latina, en donde señalaba que la energía que proveía a sus consumidores era de fuentes renovables.
Con este supuesto elevó más del 20 por ciento el costo de energía. Una investigación realizada por organizaciones no gubernamentales reveló que era solamente un argumento publicitario. Actualmente Iberdrola tiene pendientes miles de denuncias de consumidores en Guatemala, Bolivia, Brasil y España por el cobro indiscriminado de tarifas.
Apenas en abril, en Granja de Moreruela, España, los lugareños levantaron una nueva denuncia contra la empresa por “comprar” un permiso para instalar una planta hidroeléctrica a través de Andrés Rodríguez, empleado de Iberdrola.
Otro caso es que la Fundación Nueva Cultura del Agua señala a Iberdrola como la principal fuente de contaminación industrial en áreas rurales y urbanas de España.
Pedro Brufao Curiel, representante de esta fundación, señala que el expansionismo de Iberdrola va de la mano de las violaciones constitucionales en cada uno de los países en donde opera. Sobre el caso de México, refiere que aunque las denuncias por incumplimientos apenas comienzan, “espero que las autoridades pertinentes actúen con transparencia y objetividad”.
Aunque, dice, “me temo que desgraciadamente la historia de lo ocurrido en España se repetirá de nuevo en otros países”.
Negocio personal
Los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organismo con sede en el Distrito Federal, señalan que el permisionismo del gobierno federal hacia la empresa Iberdrola corresponde a la privatización del sector eléctrico. El ingeniero Romeo Maisner señala que el proceso utilizado por el gobierno federal es similar al que se utilizó para la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.
Afirma que “Iberdrola se hace llamar el productor privado más grande de México, en tanto la Constitución esté vigente, esto es violatorio”.
Refiere que para el desmantelamiento de Luz y Fuerza y la privatización del sector eléctrico, el gobierno federal es sumamente condescendiente a todos los requerimientos de las empresa extranjeras, de allí las desventajosas cláusulas de los contratos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para la CFE.
La infraestructura actual del sistema eléctrico nacional, con una red de distribución de 600 mil kilómetros –producto de un siglo de trabajo e inversión–, agrega el ingeniero Romero, es el mayor atractivo para las compañías extranjeras.
“En México hay un sistema realmente excepcional, pocos habrán en su tipo en el mundo; un sistema totalmente conectado y unificado que proporciona de energía a los usuarios y además alimenta a todas las fuentes del país.
“Es decir, en un solo sistema hay tres partes fundamentales: la generación, la transmisión y la distribución, y como la infraestructura está hecha, las empresas no tienen que invertir nada en este rubro, por lo que para ellas sobre todo en el porteo y distribución todo es ganancia”.
Proyecto Fox
Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), señala que aunque los proyectos de privatización se han acelerado en el sexenio foxista, la práctica inició desde que Ernesto Zedillo asumió la Presidencia.
“Este tipo de inversiones se llevan a cabo desde hace una década bajo la figura de Productor Externo de Energía (PEE). Consiste en que la empresa consigue su financiamiento para llevar a cabo la construcción de una planta de energía eléctrica. El gobierno mexicano, a través de la CFE, es la garantía del crédito, ya que al finalizar la obra se realiza un contrato con la CFE, la cual le comprará la energía por 25 años a precio fijo. Así, la empresa y quien le presta dinero para invertir, tienen aseguradas sus ganancias por un cuarto de siglo”.
Bajo esta modalidad, dice, han invertido además de Iberdrola, Intergen, Electricité de France, Unión Fenosa, ABB, AES, Abengoa y Mitsubishi, entre otras transnacionales extranjeras.
Gustavo Castro destaca el aumento de inversiones y ganancias de las empresas españolas a costa de la economía mexicana. Un acuerdo expansionista oficial.
En junio de 2001, cuando Iberdrola comenzó a operar una de las centrales de Monterrey (Monterrey III), el entonces presidente de España, José María Aznar, viajó a ese estado de la República para recorrer las instalaciones.
Según información de la CFE, actualmente el 21.94 por ciento de la energía eléctrica privada está en manos de Iberdrola. La empresa apuesta a que en los próximos años sus ganancias netas se vean incrementadas significativamente, gracias a la “industria eléctrica mexicana”.3
La protección a Iberdrola
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo públicos los resultados sobre la auditoría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en los que se detallan las irregularidades de operación de Iberdrola en México, el titular de la CRE, Dionisio Pérez Jácome, se negó a hacer cualquier declaración al respecto, a través de su secretaria particular. La negativa responde además al encubrimiento de Iberdrola por la Comisión a su cargo.
La ASF considera que “la CRE no ha vigilado ni supervisado adecuadamente el cumplimiento por parte de los permisionarios de las obligaciones establecidas en los títulos de permiso”.
Agrega que dichas irregularidades se traducen en violaciones constitucionales y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, “ya que se encontró evidencia de actos que comprueban la generación de energía eléctrica cuyo objeto es la venta entre particulares y la prestación del servicio público”.
Pero la CRE niega tales irregularidades. A través del IFAI, la CRE señala que a partir de que se otorgaron los permisos (E/152/PIE/99 y E/205/AUT/2002), la Comisión ha efectuado dos visitas de inspección a las Instalaciones de Iberdrola Energía de Monterrey S. A., con los siguientes resultados:
“Durante la verificación de las instalaciones a la permisionaria, no se encontró evidencia de desviaciones con respecto a lo establecido en las Condiciones de los permisos, así como en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento”.
Una de las principales exigencias de los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía es la disolución de la CRE, ya que, reclaman, en lugar de ejercer vigilancia sobre las empresas que actualmente operan el sector energético en México, ha enfocado su trabajo a negociar los permisos de operación.
Desde su creación, durante la administración zedillista, la CRE ha estado en “el ojo del huracán” por el desempeño poco transparente de sus titulares.
El antecedente más claro es Héctor Olea, inhabilitado por la Secodam para desempeñar cargo público por 10 años, por beneficiar a la empresa belga Tractebel, (una de las 10 empresas de energía más grandes del mundo) con una licitación para la explotación de Gas Natural.
A menos de un año de que la Secodam lo inhabilitara, Olea ingresó a la nómina de Tractebel como director general de la empresa en México.
Al inicio de su sexenio, Vicente Fox designó a Pérez Jácome al frente de la CRE. Hasta el penúltimo mes del 2000, el funcionario se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía y como Director Ejecutivo para la Capitalización de las Empresas Paraestatales Petroquímicas no Básicas.
A la comisión que encabeza el economista, la ASF ha presentado ocho solicitudes para que finque responsabilidades por cada una de las irregularidades y violaciones a la Constitución cometidas por las empresas que poco a poco se hacen de la energía mexicana, no solo para su autoabastecimiento y el de sus socios comerciales, sino para la venta directa al público.
