Muchas de las organizaciones de la sociedad civil son utilizadas por partidos políticos o por grupos religiosos, para divulgar una imagen que mueva a su favor a la opinión pública; pero también pueden ser manipuladas por personajes del poder que buscan proyección personal en nombre de la filantropía
La sociedad civil influye en los cambios políticos y sociales del país, advierten especialistas, pero no debe trabajar para favorecer intereses mercantiles, políticos o religiosos. Sin embargo, casos como el de la Fundación Vamos México, presidida por Martha Sahagún, o como el del Grupo Provida, son ejemplos de cómo medrar con los problemas y las esperanzas de los más necesitados.
El movimiento de las organizaciones civiles en México apenas comienza, pero algunas de ellas han hecho ya “el negocio de la buena fe”, malversando recursos o utilizándolos para favorecer a sus creencias religiosas o partidos políticos.
“Existen casos donde se confunde el trabajo que realiza una asociación civil y la promoción política, como en la Fundación Vamos México, que no es una organización civil sino un puntal de apoyo a determinadas personalidades, y la sociedad civil es enemiga del caudillaje político”, afirma el catedrático del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, José Fernández Santillán.
Durante la última década, el número de organizaciones de la sociedad civil ha aumentado considerablemente; sin embargo, muchos de los problemas que han tomado por bandera siguen sin resolverse.
Así, el caso de las mujeres y los niños que viven con graves carencias se convierte en uno de los sectores más susceptibles de ser políticamente explotado dentro de la sociedad mexicana. Por ello muchas organizaciones se han creado bajo el objetivo de trabajar a favor de ellos, pero no se sabe con precisión cuántas de agrupaciones están relacionadas con alguna empresa, partido político o grupo religioso, y no todas cuentan con registro legal ni dan informes detallados sobre sus actividades y uso de recursos, que muchas veces viene del erario público.
Millones sin justificar
“Fox es muy partidario de la sociedad civil --dice Fernández Santillán--, pero es un hombre de intuiciones, sabe que las organizaciones son importantes pero no sabe cómo tratarlas”.
En el afán de fomentar el trabajo de dichas organizaciones, el gobierno federal otorga cada año una parte del presupuesto para ayudar a realizar programas impulsados desde las organizaciones civiles.
De los 245 millones de pesos que se le asignaron al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) en el 2003, nueve de cada diez pesos (232 millones) fueron destinados para apoyar proyectos, en todo el país, administrados por organizaciones civiles, gobiernos municipales e instituciones de educación superior e investigación; es decir, mil 105 proyectos de un total de cuatro mil 17 organizaciones.
Sin embargo, las cuentas no son claras. Alberto Hernández, investigador también del Tecnológico de Monterrey, subraya que las organizaciones no se escapan de ser corruptas. “Muchas tienen deficiencias administrativas, no llevan contabilidad, no cumplen con los requisitos y pierden la posibilidad de obtener recursos”.
Además, hay casos donde las organizaciones utilizan el 80 por ciento del dinero para el pago de salarios y sólo el 20 se destina a los programas que pregonan.
No podemos juzgar a todas estas organizaciones por algunos casos de corrupción, pero lo cierto es que México se encuentra muy rezagado en lo que corresponde al trabajo que realiza la sociedad civil en otros países, principalmente europeos. Prueba de ello es que no contamos con una lista única de organizaciones ni con programas que den seguimiento serio a sus actividades.
“Realmente no hay como medir con métodos cuantitativos el trabajo de la sociedad civil, como sucede en Estados Unidos donde la sociedad civil es un pilar muy importante”, señala José Fernández.
En países sudamericanos este movimiento también está creciendo, Argentina y Bolivia son ejemplo de ello; en Italia las organizaciones de la sociedad son quienes sostienen el trabajo de los partidos políticos, es decir, son partidos enraizados en la sociedad civil, enfatiza Fernández.
Contrario a ello, en México “los partidos no están enraizados en la sociedad civil, ambos desconfían uno de otro porque son cotos de poder”, precisa el académico.
El interés por obtener más votos no deja de estar presente. “Los derechos humanos ahora están muy mezclados con intereses políticos, por eso muchas organizaciones empiezan con la defensa de los derechos humanos y terminan en una agrupación de tintes políticos o casi un partido político”, subraya Alberto Hernández.
Además, los nuevos tiempos muestran que si alguien quiere ser candidato a algún cargo de elección, su primer paso es constituir una Asociación Civil con el fin de allegarse recursos, como fue el caso, antes de 2000, del candidato Vicente Fox y ahora del panista Carlos Medina Plascencia.
Si midiéramos el fenómeno por la cantidad de organizaciones que surgen cada año no saldríamos del asombro. “Cada año se fundan cientos o quizá miles de organizaciones civiles que después desaparecen –señala Hernández-- pero las que superan la barrera de los diez años son pocas pues la mayoría tiene una vida de apenas tres”.
Hay más conciencia entre los ciudadanos, dice Alberto Hernández, “pareciera una gran explosión, pero en la práctica vemos que es menos de lo que se pensaba”.
El despertar
El trabajo de la sociedad civil es ofrecer nuevos proyectos y directrices para solucionar nuestros problemas. “Ni el Estado ni el mercado pueden resolver todo y a este dualismo se suma un tercer sector: está naciendo una sociedad que al interactuar con el Estado y el mercado pone límites a ambos”, señala el politólogo José Fernández.
Sin embargo, Alejandro Hernández señala que a pesar de la importancia que pueden tener las organizaciones, el Estado no puede claudicar en sus obligaciones básicas, como educación, seguridad, el Estado de derecho, funciones que no puede asumir la sociedad civil.
La Secretaria de Gobernación, el Centro Mexicano para la Filantropía y el Indesol, son algunas de las instituciones que han trabajado para crear un padrón de organizaciones sociales civiles (OSC), sin éxito porque algunas de las que están registradas ya no existen y otras ni siquiera están acreditadas ante las autoridades.
Al revisar cualquier directorio observamos el gran número de organizaciones. Un ejemplo: Indesol muestra un registro de cuatro mil 17 organizaciones en todo el país que trabajan contra el alcoholismo, en apoyo a los campesinos, a los colonos, los comerciantes, los drogadictos, los damnificados, los desempleados, los discapacitados, la familia, a favor de los indígenas, así como de los indigentes, los emigrantes, incluyendo a los obreros, y a la población en general: profesionistas, jubilados, desamparados y otros, donde se incluyen asociaciones civiles, gobiernos municipales o grupos académicos.
“El campo de la sociedad civil –señala Hernández- está muy mezclado. Hay quienes están vinculados con la iglesia, como los patronatos que tienen asilos para ancianos o huérfanos; o grupos que por defender un pedazo de terreno se unen y luchan, pero jamás se formalizan como organización y muchas de ellos desaparecen después de ver cumplida su misión”.
El problema es que nuestra política fiscal no es adecuada para el funcionamiento de las organizaciones civiles. Hay desconfianza en tener una representación jurídica porque temen la regulación estatal, así que prefieren permanecer en la informalidad y operar sin rendir cuentas, aunque esto signifique también cometer ilícitos.
Gerardo Sauri, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, recuerda el caso de Proyecto Vida nueva para el menor marginado, cuyo representante fue encarcelado en Guadalajara pues se descubrió que explotaban a niños en situación de calle y que nunca se dieron en adopción, como había dicho.
Gerardo crítica la posición de estas organizaciones y asegura que se tiene que revisar el caso de la Fundación Vamos México, presidida por Martha Sahagún, “pues surge desde el poder político y desplaza a ONG’s en la recaudación de fondos, utilizando una causa social en una dinámica entre poderes políticos”.
El investigador José Fernández enfatiza la necesidad de poner atención a las labores de las organizaciones pues son las que mantienen la estabilidad de un país; por ello el tema del financiamiento se debe discutir.
Mauro Antonio Vargas, director general de EDNICA (Educación para el niño callejero), señala que muchas organizaciones fundan sus esperanzas de financiamiento en recursos federales, pues algunos organismos internacionales ya no dan dinero a organizaciones mexicanas, gracias a los anuncios oficiales de que México ya rebasó su problema de pobreza.
Para mantener su trabajo por un año EDICA requiere de dos millones de pesos, y por medio de convocatorias logra sumar poco más de un millón, lo demás proviene de donaciones particulares. “Es muy difícil porque no hay una cultura filantrópica en este país, los que tienen dinero no lo comparten”.
Vargas señala que para las organizaciones pequeñas es más difícil trabajar, pues “las grandes campañas son muy focalizadas o tienen una enorme estructura (como el Teletón o Vamos México), además el donar está vinculado con la intención política y no con la causa como tal”.
Aunque las organizaciones que cumplen con los requisitos ante Hacienda cuentan con exenciones fiscales, vía trabajo filantrópico, también muchas utilizan artimañas para alcanzar beneficios y negocios personales.
Desconfianza altruista
Según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003 que realizó el INEGI y la Secretaría de Gobernación, los mexicanos en su mayoría, están "poco satisfechos" con la democracia, viven alejados de los partidos políticos y sindicatos, así como de las organizaciones comunitarias.
El documento demuestra que poco más de la mitad de los encuestados (52 por ciento) no colabora con las organizaciones porque no tienen tiempo o porque no confía en este tipo de actividades altruistas.
Los mexicanos dudan de que su voz se escuche y sea tomada en cuenta, no creen que puedan influir en las decisiones del gobierno y ni siquiera apoyan las actividades de ayuda a sus semejantes.
De acuerdo con la información del INEGI, las organizaciones de la sociedad civil no escapan a la desconfianza de los ciudadanos, por ello el 26 por ciento de los entrevistados cree que las agrupaciones ciudadanas tienen poca influencia en la vida política del país.
