Tabasco. “Lo que Pemex está haciendo aquí no es ecocidio, sino genocidio”, resume José Antonio Ramos Contreras, médico de Villa Benito Juárez, quien exhibe cientos de documentos con sellos oficiales y firmas del gobierno local, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Procuraduría General de la República y de la Sedesol.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no lo quisieron recibir, aunque llevaba las denuncias que 20 comunidades de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo presentaron contra Pemex por la ineficiencia y negligencia con que opera la paraestatal, en una clara violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa N.64/2003-1 ante la agente del Ministerio Público Federal, Ruth Sánchez Sánchez, en el municipio de Cárdenas, el 31 de marzo de 2004. “Lo que Pemex nos ha hecho no tiene nombre, siempre nos dijeron que no había pruebas, pero las pruebas las tenemos aquí”, dice el médico frente a representantes de 20 comunidades que demandaron a Pemex y que cada domingo se reúnen para saber sobre el curso de sus denuncias.

Son siete años de pruebas que dieron curso a la denuncia contra Pemex Región Sur, por daños al suelo, subsuelo y prejuicios al patrimonio.

Y es que no se trata solamente del impacto ecológico, sino de cómo la actividad petrolera aniquiló sus fuentes de empleo, no sólo de campesinos, pescadores y obreros de Pemex y de sus subsidiarias, sino de habitantes de la zona de La Chontalpa, la de mayor actividad de PEP.

La respuesta a sus quejas fue un oficio fechado en 1992 en donde la paraestatal les indicaba que de acuerdo con un recorrido de verificación no había indicio de contaminación en la zona.

En otro oficio —julio de 2001— se declara que “resultaron técnicamente improcedentes (las denuncias)…” y se respalda en “los diversos estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) y de la UNAM”, sin embargo no entregó a los inconformes copia de los supuestos estudios.

Los campesinos y pescadores pagaron 160 mil pesos al Laboratorio de Química del Medio e Industrial, S. A. de C. V., por un estudio completo de las zonas afectadas.

El laboratorio autorizado, con registro N. AG-106-016-01 vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, revela la existencia en el aire de alta concentración de azufre, contaminación del suelo y del subsuelo por hidrocarburos, pruebas que certificó el notario público José Andrés Gallegos Ojeda, “para que no nos salieran con que no era verdadero”, dice Ramos Contreras.

Cinco Presidentes

Las carreteras y caminos que en la década de los 70 Pemex construyó en la zona del Activo Integral Cinco Presidentes, están resquebrajadas. Los camiones de la paraestatal y el nulo mantenimiento las tienen así. Ningún otro vehículo circula por la zona. A un lado del camino los extensos campos copreros yacen devastados.

Primero fueron Roxana y Opal, los huracanes que en 1997 azotaron el Golfo y provocaron la caída en la producción de coco; luego la actividad coprera se desplomó 90 por ciento. Las palmas se secaron, los frutos no alcanzaban a madurar; quemados cuelgan en lo alto de la palma.

La Sagarpa les informó que se debía al amareamiento letal (epidemia del cocotero y otras palmas) y les propuso sembrar híbridos. Los productores plantaron la semilla pero fue en vano, la palma no creció. No era epidemia, sino contaminación del suelo con hidrocarburos.

La actividad coprera, el principal sustento de las familias de 13 ejidos, no tienen hoy ninguna fuente de ingresos. Con suerte pueden emplearse como obreros en compañías particulares —beneficiadas con obras de Pemex— con sueldo mínimo, sin prestaciones y de manera temporal.

A bordo de camiones, o en el tren de carga del Tenosique, los tabasqueños viajan hacia Estados Unidos en busca de empleo, dejando atrás el cultivo de copra, la única herencia que ha perdido todo valor.

Pemex es la principal empresa generadora de divisas en México, sin embargo la población tabasqueña ha pagado una factura muy cara. La caída de los precios del cacao, el plátano y ahora la copra, los productos de mayor cultivo en el estado mantienen tambaleante a 714 mil 613 habitantes (37.82 por ciento de la población) que viven en la zona de la Chontalpa, cuyo relieve está constituido por llanuras; sólo en los límites con Chiapas tiene elevaciones.

El desastre

En todos los parajes hay petróleo derramado. En el ejido El Yucateco, Maria López mantiene una cerca de madera y un letrero colgado que advierte: “prohibido el paso a la compañía”. Se refiere a Pemex. En el ejido Ojoshal, un ojo de agua se convirtió en una mancha de aceite.

El fétido olor a aceite quemado apenas se soporta. En este predio, propiedad de Marina Carrillo, hace dos meses terminaron los supuestos trabajos de biorrecuperación. Las huellas quedaron en costales repletos de arena alineados para cercar el terreno. Por doquier hay residuos de hidrocarburos, y en algunos predios hay barriles oxidados.

El negocio de Saint Martín

Las presiones contra Pemex por la contaminación en la zona, atizadas por la CNDH, obligaron a la paraestatal a desarrollar la biorremediación, una técnica para recoger lodos contaminados y trasladarlos hasta Coahuila y Chihuahua para enterrarlos en el desierto.

Dos años después de que iniciara la biorremedicación, Pemex licitó el proyecto por 890 millones de pesos a la empresa Saint Martín, que hasta 1994 era una microempresa formada por los hermanos Juan de Dios, Fernando, Rodolfo y Alejandro Saint Martín, quienes “chapeaban” los derrames.

En 1995 se convirtió en empresa “ecológica” y ganó el contrato CORS-43/95 para la restauración y reforestación de 42 hectáreas afectadas por la explosión e incendio del gasoducto Ciudad Pemex-Cactus, y en las trampas de La Isla, en las rancherías Plátano y Cacao, donde se ha registrado el mayor número de explosiones en la zona, la última en abril pasado.

Desde entonces Saint Martín acumula un negro historial por las irregularidades con las que opera, respaldadas por Pemex y que actualmente son investigadas por la Secretaría de la Función Pública.

Luis Urbano, vocero de la empresa, reconoce que han tenido que sobornar a medios de comunicación locales para que dejen de publicar.

Si Saint Martín cuenta con equipo para la biorrecuperación, no entrega a Pemex documento alguno que certifique su proceso ni sus resultados. Los afectados por derrames de crudo tampoco reciben informe alguno. Saint Martín llega al predio de derrames o explosiones, acordona el área durante varios días y de la misma manera se va, sin dar cuenta a nadie; tampoco expide certificado de libre contaminación.

Saint Martín tiene obras inconclusas, en reparación, construcción y tratamiento de aguas residuales (ahora su mayor negocio). No cuenta con personal capacitado para cubrir todos los contratos con Pemex. Su planta laboral es de 131 personas en el área administrativa, entre ellos algunos ingenieros, la mano de obra la recluta donde Pemex derrama el crudo.

No contar con una planta laboral fija provoca enfrentamientos entre los lugareños que se disputan las plazas. Hace poco ocurrió una trifulca entre habitantes de Belén e Ignacio Zaragoza, en Macuspana, por los empleos en el pozo Zohol, donde Saint Martín inició en junio pasado trabajos de limpieza. Los lugareños demandan que la constructora emplee a gente de la zona afectada. Ahora este es el motivo de bloqueos al acceso de pozos petroleros.

Los pasos del Peje

Mario Martínez Rubio, vocero de Pemex Región Sur, dice que fue desde tiempos de López Obrador --cuando encabezó el cierre de pozos-- que en Tabasco se instaló la “industria de la reclamación”, bautizada así por Roberto Madrazo Pintado, actual líder del PRI.

En aquellos días el entonces director de Pemex, Adrián Lajous, aseguró que por cada día que los pozos estaban cerrados, la paraestatal registraba pérdidas por 5.4 millones de pesos.

Lo cierto es que Pemex, por medio de sus representantes, fomentó entre particulares la compra de su silencio sobre el ecocidio en la zona a base de dádivas, entregadas en un inicio con dinero de los propios representantes de Pemex. A finales de los 70, el entonces encargado del área jurídica, Luis Priego Ortiz, recorría las comunidades donde había plantones y protestas con un maletín de piel negra lleno de dinero para pagar a los inconformes.

Esta práctica se institucionalizó y se convirtió en una segunda instancia para reclamaciones, que cambió de nombre de acuerdo con el gobernante en turno: Comisión Dictaminadora de Reclamaciones, en tiempos de Mario Trujillo; Comisión para el Desarrollo de las Zonas del Petróleo en Tabasco, con González Pedrero, y Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (Cimades), con Roberto Madrazo.

La Cimades ha sido el peor fracaso del gobierno para mediar con Pemex. El diputado Pascual Bellizzia Rosique, presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, señala que la Cimades es un organismo que lejos de mediar, frena toda iniciativa para que Pemex responda en esa llamada segunda instancia declarando la mayoría de las quejas como improcedentes.

Bellizia, del Verde Ecologista, urge a funcionarios estatales y federales a reconsiderar la competencia jurídica de Cimades para su restructuración, o en todo caso, su desaparición, toda vez que, “no cumple la función para la que fue creada”.

La “industria de la reclamación” implica una serie de trámites burocráticos. El quejoso debe trasladarse hasta la Oficina de Atención a la Comunidad, de la Unidad de Administración de Asuntos Externos de PEP-Región Sur, en Villahermosa, a cargo de Rafael González Lastra, donde se informa que González está fuera del estado, y que la oficina está en proceso de desmantelamiento.

Si el demandante logra asentar su queja, Pemex gestiona si procede o no. Si acuerda con el afectado, paga los daños que van desde derrames y explosiones hasta muertos en tierras de su propiedad. De no llegar a un acuerdo, el quejoso acude a la Cimades, donde llena su formato de queja y espera para ver si procede.

Debido al nulo trabajo de Sedespa, Pemex trabaja en zonas como la Reserva de la Biósfera de los Pantanos de Centla, declarada área protegida en 1992, donde operan 30 pozos petroleros y en 2003 se reportaron 50 accidentes, entre derrames de grasas, aceites e incendios en los manglares.

Sobre la operación de Pemex en el estado, la titular de Sedespa se niega a dar explicaciones. Graciela Trujillo es hija del ex gobernador Mario Trujillo y durante la gestión de Roberto Madrazo tuvo a su cargo la Secretaría de Educación en el estado.

El director de la Biósfera de los Pantanos de Centla, Juan Carlos Romero Gil, señala que aun cuando es responsabilidad de la Profepa, a donde se han canalizado las anomalías que ha detectado Semarnat, Pemex tiene prohibido trabajar en la zona.

Fugas y explosiones

El nulo mantenimiento que Pemex da a sus instalaciones en Tabasco ocasiona accidentes que van desde fugas, derrames y explosiones. Durante el 2003 y lo que va del 2004 se han presentado tres explosiones en las baterías del campo petrolero Cinco Presidentes, con heridos y muertos.

José Antonio Ramos, dirigente de la Asociación Tabasco, S. A., señala que han muerto 15 obreros que laboraban en la zona de las baterías de separacion, todos vecinos de Villa Benito Juárez y del ejido El Yucateco. A través de Cimades, Pemex dio una indemnización de 500 a 3000 pesos por cada muerto a sus familiares.

En Cinco Presidentes uno de los ingenieros de Pemex decide hablar, con la condición de no dar su nombre. A cargo de una de las baterías detrás de la cual desfogan residuos de hidrocarburo que tienen contaminada la Laguna El Yucateco, señala que los accidentes no son producto de la mala operación, sino de las precarias condiciones de la infraestructura, pues en los últimos 25 años la paraestatal no ha dado mantenimiento a las baterías.

Un siglo de contaminación
Hace cien años surgió en México la comercialización de la industria petrolera y con ella la devastación ecológica del país.

En 1869 se hicieron los primeros intentos por encontrar petróleo en el país, pero fue hasta el 3 de abril de 1904 que en San Luis Potosí se perforó el primer pozo, en la comunidad Ébano, donde ahora se encuentra el monumento al Primer Pozo Petrolero. A principios del siglo XX exploradores estadounidenses empezaron a trabajar en el Ébano. Para 1903 habían perforado una veintena de pozos sin ningún resultado. El 3 de abril de 1903 con la asesoría del ingeniero Ezequiel Ordóñez se perforó un pozo cerca del Cerro del Pez que finalmente dio resultados.

Desde 1951 Pemex realiza trabajos de exploración y producción principalmente en la región oriental de Tabasco.