La falta de apoyo institucional asfixia al campo y a sus trabajadores. A pesar de los discursos demagógicos que aparentemente sólo favorecen a las instituciones gubernamentales, las sociedades rurales enfrentan un futuro incierto ante la falta de subsidios y la ineficiencia de programas para reactivar al agro.

Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la aportación del campo al Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 3.6 por ciento en diez años, respecto al 5.3 por ciento que representaba antes de la firma, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Esta disminución porcentual de la participación del campo al PIB, se traduce en improductividad, y explica porqué los campesinos, ejidatarios y la sociedad rural en general, insisten en exigir al presidente Vicente Fox que se revise el TLC, en su el capítulo del sector agropecuario, porque consideran, con razón, que no existe ninguna certeza en ninguno de los beneficios que se les prometieron.

Asimismo, también los pequeños productores demandan que las exportaciones agroalimentarias reciban más apoyo económico por la sencilla razón de que generan divisas equiparables a las de la venta de petróleo, cuya participación en la expansión de la riqueza mexicana ocupa el segundo lugar.

En el presupuesto para 2004, la Cámara de Diputados aprobó 122 mil millones de pesos que se repartirían en proyectos de desarrollo rural comprendidos en el “Programa Especial Concurrente”.

Sin embargo, el presupuesto que ejercen actualmente las instituciones federales y estatales para la llamada “reactivación del campo” resulta insuficiente, así lo consideran líderes de organizaciones campesinas.

La falta de atención al agro ha causado una evidente desintegración de la estructura social en las zonas rurales, que se ha traducido en abandono de tierras, y emigración de los campesinos, quienes carecen de medios de producción, hacia las ciudades.

Ausencia de financiamiento

Los grandes productores siguen adueñándose de la tierra agrícola en virtud de que los campesinos carecen de financiamiento y no les es rentable producir. Muchos de estos trabajadores dejan su tierra porque es improductiva y se resignan a venderla o a rentarla porque los subsidios jamás llegan o son insuficientes.

“De nada sirve que el Congreso haya aprobado mayores recursos para el campo si tenemos un gobierno incapaz y mediocre”, expresa decepcionado Jaime Castillo Ulloa, de la Comisión Ejecutiva de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

Castillo califica de incongruente que se destinen millones de pesos a los procesos electorales, mientras que en el campo sufren por la ausencia de recursos. Denuncia que en 2003 se asignaron 650 millones de pesos para el Procampo Alterno, que no se ejercieron “por titubeos del gobierno federal y, en consecuencia, se tuvieron que regresar a la Federación”.

Reiteró que aunque los recursos son limitados, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Desarrollo Social (SEDESOL), han apoyado algunos proyectos pese a que algunas organizaciones no se sumaron al Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).

“No podemos trabajar en esa dinámica con el gobierno. Necesitamos una nueva política agrícola porque no es cuestión nada más de destinar recursos. Bajo esa lógica, la gente sobrevive y tiene que aceptar los proyectos, pero no pueden ser el detonante que desarrolle la actividad agrícola”, puntualizó.

Mejor producción

Por su parte, Rafael Galindo Jaime, secretario general de la Central Campesina Independiente (CCI), señala que el campo, es uno de los sectores que mayor porcentaje aporta a la economía nacional; su debilitamiento obedece a la disminución del presupuesto, pese a que el ANC establece que debe aumentar cada año.

Industrializar y comercializar los productos agropecuarios puede contribuir a la transformación de fondo que exige el campo. Sin embargo, para el representante de la CCI el gasto público autorizado por el Poder Legislativo, con frecuencia sólo se canaliza a las grandes ciudades, que no congregan campesinos.

Para evitar este caso, la CCI y UNORCA exigen la disminución del buró crediticio –apoyos para proyectos agrícolas que ofrecen los órganos bancarios, como Nacional Financiera, Bansefi, Bancomext y Fira, entre otros—, y que no han abierto el crédito al campesino, sino hacia productores altamente competitivos que además ejercen su actividad fuera del país.

Utopías y realidades

Parte el ejercicio presupuestal de acceso a los pequeños productores al mercado nacional, corresponde en principio a Financiera Rural, creada para respaldar a los campesinos con cartera crediticia, y que tampoco registra avances sustantivos en el combate al rezago del agro.

El secretario de la CCI destaca que este año la actividad agropecuaria se concentró en el “Programa Especial Concurrente”, aprobado por la Cámara de Diputados para aplicarse en 14 dependencias y que ejerce 124 programas en dos vertientes: desarrollo productivo y desarrollo social.

Para el diputado perredista Margarito Fierros Tano, secretario de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, son “medianamente efectivos” tales programas, ya que se les condiciona con requisitos que no todos pueden cubrir.

Señala que las alianzas para el campo no resuelven el problema, pues se requieren figuras jurídicas, proyectos eficaces aprobados por la SRA, de responsabilidad federativa y apoyo equitativo a los productores. Asegura que los conflictos agrarios tendrían solución por medio de programas, como el de Certificación de Ejidos Solares y Urbanos (Procede), sobre derechos parcelarios.

Acuerdo nacional

El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), anunciado como “un compromiso puntual para reformular la política agrícola”, sólo es un parche para ocultar los focos rojos del campo, tales como la desorientación de políticas productivas, la ley indígena, la soberanía alimentaria, la revisión del TLC y el aumento de recursos”.

Al respecto, la secretaria de la Comisión Especial para el Campo, Miriam Arabian Couttolenc, dice estar comprometida con el Pleno de la Cámara de Diputados a entregar, en noviembre de este año, una evaluación estricta y específica del proceso que corresponde al ANC.

Es un trabajo de evaluación que necesita reflejar resultados respecto a lo que se invierte y si con ello se estimula la actividad agropecuaria, “somos muchos los que nos tenemos que poner de acuerdo. No depende nada más del dinero que da el gobierno, se necesita apoyo técnico, de evaluación y comercialización, de tratados internacionales, de salud y de educación”, afirma.

Rafael Galindo Jaime afirma: “una reforma estructural implica revisar y recomponer el campo; reestructuración de programas, y modificar las políticas del campo, ya que el TLC provoca una competencia desleal.”

Devolver el dinamismo al campo es tarea urgente de los diversos actores sociales, políticos y económicos, que deben integrarse para inducir avances que sustenten el beneficio nacional, o en su defecto, persistirá el abandono del agro.