Mientras que al interior del PRI se genera una propuesta de reforma del Estado, adoptada por sus legisladores, y logra acuerdos con el PRD para llevarla a cabo, el presidente Fox y el PAN insisten en las “reformas estructurales” que han sido incapaces de parlamentar con las demás fuerzas políticas La Coordinación de Asuntos Jurídicos del PRI, encabezada por el doctor Raúl Cervantes Andrade, ha generado una propuesta de reforma del Estado que, enriquecida por las bancadas de su partido en el Congreso, ha sido bloqueada en algunos aspectos por el poder ejecutivo federal.
Lo que incomoda principalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es un proyecto de reforma al artículo 113 de la Constitución que ha sido denominada “Nueva Garantía Patrimonial del Estado”.
“Hacienda ha operado para tratar de impedir que esto salga porque dicen que les puede costar el ocho por ciento del Producto Interno Bruto. Ha existido presión a las cámaras de diputados y de senadores. De hecho esto debió de haber salido ya”, dice Cervantes Andrade.
Sin embargo, el jurista agrega que “esta reforma está en la agenda del PRI, la va a subir a su parlamento y la va a impulsar de manera importante en ambas cámaras. Tenemos que sensibilizar de la importancia del tema no sólo en el ámbito federal, sino a nivel de los estados”.
La propuesta de reforma consiste en agregar “un instrumento ciudadano” que le permita al individuo defenderse de decisiones del Estado que afecten su patrimonio y “pueda empezar a defenderse de ese monstruo”. El artículo 113, relativo a las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, establecería indemnizar a los ciudadanos que, por ineficiencias e irregularidades de las autoridades, hayan sido afectados patrimonial o moralmente.
“Hoy, si el Estado mexicano nos daña por su actuar irregular no tiene obligación alguna de darnos nada. Con la reforma, la garantía civil para resarcir al ciudadano está en manos del ciudadano y no del Estado”.
De hecho, en la propuesta de proyecto de dictamen de la reforma electoral que ha sido firmada por las bancadas de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados, con excepción del PAN, se ha retomado el mismo principio, y en el título séptimo “De la responsabilidad patrimonial” del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se señala que:
“Los ciudadanos, agrupaciones políticas y partidos políticos nacionales, tendrán derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionados en sus bienes y derechos (…) por los actos u omisiones derivados de su actividad administrativa irregular (…).”
Alejadas de la publicidad de “las reformas estructurales” del presidente Fox, las propuestas de reforma al sistema político mexicano se acuerdan entre el PRI y el PRD. Mientras, el poder ejecutivo y su partido, el PAN, sin propuestas y sin capacidad de negociación, insisten en las mismas reformas que no han podido acordar con las demás fuerzas políticas.
Otra de las propuestas de reforma que se generó en el PRI y que han asumido los legisladores del partido, es la relativa al acceso a la información. El proyecto involucra principalmente a los artículos 6 y 82 de la Constitución. “Esta garantía, ha sido retomada de la Ley Estatal de Acceso a la Información más avanzada, que es la de Sinaloa”, dice Cervantes Andrade.
El ex diputado critica la llamada “transparencia” que presume el gobierno de foxista. “El que la información de las dependencias esté en internet es, desde el principio jurídico, publicidad. Y eso, en muchas ocasiones, no sirve al ciudadano. Si el principio es la “transparencia” pues que se filmen las oficinas públicas las 24 horas del día y hacemos nuestro big brother”, ironiza.
De acuerdo con Cervantes Andrade, “lo que hace falta es que se establezcan los mecanismos necesarios para que los servidores públicos rindan cuentas, y los ciudadanos tengan acceso a la información sin ningún problema".
Lamenta que no exista una ley de responsabilidades políticas ni “un escenario real de responsabilidad social de los servidores públicos. Así, un funcionario público que le miente al Congreso no comete ningún delito, ninguna falta administrativa y, por lo tanto, no hay ninguna sanción”.
Cervantes Andrade ejemplifica con la campaña que realizó el ejecutivo federal para convencer a los legisladores de aprobar la reforma fiscal, a finales del año pasado.
“Se triplicó el gasto para que viniera la justificación de la SHCP y luego dijeron que si no se aprobaba la reforma foxista el país iba a quebrar y que ya estaba tronado. Ahora ellos mismos dicen que sin reforma se incrementó tres veces la recaudación por IVA. ¿A quién le mentían? ¿Qué le habría pasado a un secretario de Estado que le mintiera de esa manera al Congreso en un país de primer mundo?”
El legislador adelanta que los priistas también harán una propuesta concreta sobre la reforma al sistema de administración de justicia. “Estamos proponiendo una reforma específica para la inconstiucionalidad. Nuestra intención es hacer de la Corte un verdadero tribunal constitucional.
“La propuesta de nosotros, sin necesidad de cambio constitucional, es que si se declara que una ley o procedimiento es inconstitucional no se le aplique a nadie más, sin necesidad de promover amparo”.
Respecto a la reforma electoral de cara a los comicios del 2006, advierte que la democracia no se reduce al voto y a los procedimientos electorales: “sería una democracia muy chiquita. Es muchísimo más e implica participación ciudadana, consultas públicas, programas claros y resultados aún más claros”.
Sobre los avances de la reforma electoral que se impulsa en la Cámara de Diputados, el diputado priista Aguilar Iñárritu señala que “lo más importante en este momento es perfeccionar nuestro sistema electoral”. Las negociaciones con las bancadas de los demás partidos ya se han traducido en un proyecto de dictamen de reforma electoral que se encuentra en la Cámara de Diputados.
Secretario de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, Iñárritu señala que las reuniones entre el CEN priista y las bancadas del PRI en el Congreso, han permitido “fortalecer” la propuesta de reforma electoral, que ha permitido suscribir un proyecto de dictamen junto con el PRD, el PVEM, el PT y Convergencia.
“En el caso del PRI tuvimos nuestra reunión con César Augusto Santiago y tenemos ya una propuesta del PRI”. No obstante la “pluralidad” del partido, el legislador prevé que chuayffetistas y elbistas apoyarán la reforma electoral en la Cámara de diputados.
Aguilar señala que el proyecto de reforma electoral es apremiante toda vez que las elecciones del 2006 “serán las más competidas de toda la historia de este país.
“El proyecto busca regular los procesos nuevos a los que ahora nos afrontamos y que antes no conocíamos, como las precampañas. Incluso se tuvo que definir el término porque aunque ya se han venido presentado estos procesos no están en el marco de la ley”.
En efecto, por primera vez se define en la ley a la precampaña como: ”todo acto de proselitismo adelantado, realizado por ciudadanos antes del inicio del proceso interno del partido de su elección, previa manifestación pública de su aspiración de ser candidato a algún cargo de elección popular”.
El legislador destaca que durante las precampañas “la autoridad electoral le hará dos preguntas a los precandidatos: de dónde viene tu dinero y cómo lo vas a gastar para que no rebase los topes fijados por la ley”.
Iñárritu dice que el proyecto de dictamen de reforma electoral también permitirá generar un “modelo mexicano de medios”. Agrega que el dictamen considera que el electorado se divide en dos grandes segmentos: el del voto duro y el del voto ciudadano, que es un voto cambiante que no tiene partido y se va por causas.
“Se busca que el uso electoral de los medios electrónicos atienda a ambos públicos. Se propone que 90 días antes de la elección ninguna autoridad pueda utilizar los tiempos oficiales y pasen al IFE. Éste los repartiría en un 30 por ciento igualitariamente y en un 70 por ciento proporcionalmente entre los partidos.
“Ahí los partidos podrán hacer programas de debate y barras políticas, etcétera, donde el voto duro podrá escuchar a sus candidatos y las diferentes opiniones. Mientras que para el voto cambiante se dejará el tiempo comercial, previa negociación del IFE con los concesionarios para establecer tarifas únicas para todos los partidos”.