Eje de la Revolución Mexicana, el reparto de tierras a los campesinos, aún no concluye. La crisis en el agro se agudiza y el proyecto de distribución de la riqueza continúa a más de 90 años de haberse llevado a cabo la lucha por la tenencia de la tierra.

En México hay 25 millones de mexicanos que viven en zonas rurales, pero que no cuentan con tierras productivas. Además existen en el país seis graves conflictos agrarios: en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora, denominados focos rojos, en constante pugna por la propiedad territorial.

Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, señala que el agro padece el problema del “minifundismo” como consecuencia de la mala distribución durante el régimen anterior y que dio origen a problemas, como: “sobreposición de planos, ejecuciones realizadas sobre otros núcleos agrarios y sobrepropietarios que estaban acotados en los términos de la ley”.

Con 18 millones de hectáreas pendientes por legitimar mediante el Programa de Certificación de Ejidos Solares y Urbanos (Procede), Salazar Adame confía en que la lucha revolucionaria llegará a su fin con el gobierno de Vicente Fox.

A doce años de que nació Procede, la SRA admite la necesidad de concluir con el ordenamiento de la propiedad social para brindar certeza y seguridad jurídica a los poseedores y así “ver cuáles son los linderos reales de la comunidad, el ejido, la división parcelaria y las tierras comunes”.

Sin embargo, Salazar acepta que lo que subyace en cualquier conflicto por la tierra son las condiciones de pobreza, y aunque la regularización otorga “certeza, certidumbre y pide mejores condiciones para los campesinos, esto no es suficiente”.

Explica que el promedio de posesión por cada campesino es de 4.5 hectáreas, pero “es tierra que generalmente carece de financiamiento y tecnología, lo que provoca que el campo esté envejecido”.

Indica que la edad aproximada de los sujetos agrarios es de 55 años y que “los jóvenes no tienen forma de acceder a posesiones porque el reparto concluyó, los campesinos mayores no tienen otra alternativa que la precaria explotación”.

Pugna campesina

El funcionario admite que los conflictos agrarios en la Selva Lacandona y Montes Azules, en Chiapas; la Meseta Purépecha, en Michoacán; Puente Comatlán en Jalisco y Nayarit; Pujalcoi y Pase Dos, en San Luis Potosí; la Comunidad Yaqui, en Sonora, y un problema de San Francisco del Mari, en Oaxaca, son los de mayor complejidad por resolver en este sexenio.

Para resolver las pugnas en estas zonas, dice que el gobierno federal cuenta con mil 600 millones de pesos este año. Los problemas sociales identificados se tipifican por la disputa de la tierra, en los que ha habido o hay riesgos de confrontaciones violentas y donde las resoluciones de los tribunales no han sido acatadas.

Advierte que la manera en que se repartió la tierra durante el priísmo tiene cuatro variantes: en el momento de hacer la división de un latifundio los terratenientes armaron a sus peones e impidieron que las brigadas llegaran a hacer las divisiones para el reparto. La segunda fue la falta de precisión en los equipos de medición, lo que ocasionó la invasión de hectáreas de otros ejidos o comunidades. Una tercera, fue la prisa del reparto para guiar el campeonato sexenal y, consecuentemente, tampoco hubo el cuidado al hacer las mediciones correctas. Finalmente los actos de corrupción, donde los responsables de dividir la tierra recibían dinero a cambio de mover la mediciones hacia un ejido o comunidad y así, dejar a salvo las tierras que eran afectadas.

“Estas variables nos originan hoy los conflictos que tenemos en el campo”, puntualiza.

Reordenamiento

El reordenamiento de los predios “se tiene que acabar porque la propiedad social es finita”, representa el 53 por ciento del territorio nacional, es decir, 103 millones de hectáreas que equivalen a dos veces al territorio de España, explica el secretario de la Reforma Agraria.
Señala que durante el régimen priísta, las últimas tierras asignadas “fueron muy pobres y no permitían que los campesinos pudieran vivir de ellas, se crearon ejidos que nunca fueron entregados e incluso hubo situaciones verdaderamente caciquiles en las que tenemos ejidos con dotaciones sobre el mar.

“Nuestro objeto de trabajo son los campesinos más pobres, productores de autoconsumo, que viven en condiciones de verdadera marginación social”, agrega. Este año, la Reforma Agraria ha trabajado en un plan para apoyar a 25 millones de campesinos, de los cuales los más pobres ascienden a 12 millones y son indígenas.

El presupuesto de la dependencia es de mil 200 millones de pesos, de los cuales 800 millones se destinan a proyectos productivos para mujeres y campesinos sin tierra, y 200 millones a un programa piloto de tierra.

El secretario asegura que la prioridad es resolver los conflictos sociales en el campo, terminar con el Procede y dar paso a una nueva institución que represente una etapa superior de la Reforma Agraria, “justamente el desarrollo rural sustentable”.

Con la entrada del nuevo siglo, “es necesaria la convergencia de los 50 programas que están dispersos en catorce secretarías y dependencias federales, para que estén focalizados al campo y tengan un sentido que impulse el desarrollo.

“Es decir, que aprovechen las condiciones de cada uno de los núcleos, que genere la obra de infraestructura física, social y humana requerida para que los campesinos por medio de la capacitación y fomento puedan obtener la mejor rentabilidad de sus tierras”, explica.

Aún así, la Reforma Agraria tiene cuentas pendientes por resolver con los 148 problemas agrarios de “menor intensidad”, llamados focos amarillos, identificados en el país, y más de 600 asuntos de regulación de la tenencia de la tierra pactados en el Acuerdo Nacional para el Campo.