En medio de un escándalo por las irregularidades descubiertas en fideicomisos públicos y privados, como Transforma México, Vamos México, Fobaproa, Aduanas I y Aduanas II, la Presidencia de la República ordenó investigar la constitución, operación y financiamiento de los 150 fideicomisos que manejan recursos federales.

Mientras los órganos de vigilancia y control cumplen las instrucciones presidenciales, la Secretaría de Hacienda ha constituido un nuevo fideicomiso público denominado Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica), bajo la secretaría técnica de Francisco Jiménez, el cual viene a sustituir al fideicomiso privado de Consorcios de Comercio Exterior, mejor conocido como Aduanas II.

En su primer año de operación, el Fidemica otorgó un contrato directo a la empresa suiza SGS, por un monto mínimo de ocho millones de dólares y un máximo de 12 millones, bajo la justificación de que no fue licitado porque se trata de un asunto de seguridad nacional y por el costo-beneficio de su operación.

Según informes del Fidemica, la empresa extranjera SGS es la única en el mundo con capacidad técnica para proporcionar el servicio de Valunet, mediante el cual se pretende eliminar el contrabando documentado y la subvaluación de mercancías a través de su verificación inmediata en más de 100 países en donde la empresa suiza tiene oficinas.

Ese contrato millonario supervisado por la Administración Central de Investigación de Aduanas, fue visto en Hacienda con preocupación por su titular Francisco Gil Díaz, quien ordenó la destitución del secretario técnico del Fidemica, Eduardo Biesca, y en su lugar nombró a partir de febrero de 2004 a Francisco Jiménez.

La historia del Fidemica se remonta a enero de 2002, cuando la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial modificaciones a la Ley Aduanera, artículos 16A y 16B, en donde se establece la creación de ese fideicomiso público, pero es hasta febrero de 2003 cuando entra en operación y el secretario Gil Díaz nombra a su comité técnico.

Funcionarios gubernamentales explicaron que en el Fidemica la Secretaría de Hacienda es la fideicomitente, Nafin la fiduciaria y el SAT el fideicomisario; además, el comité técnico está integrado por el coordinador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo; el administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, y los administradores generales de Planeación, Mauricio Mireles, y de Innovación Tecnológica de la Información, así como un representante de cada una de las asociaciones empresariales e industriales como Concamín, Concanaco, Cnime, Canacintra, Coparmex, Canacar y Caarem.

Aunque las personas señaladas pueden participar en las reuniones del comité técnico del Fidemica, sólo los cuatro funcionarios del SAT y de Aduanas tienen derecho a voz y voto, mientras que los representantes del sector privado sólo tienen derecho a voz en las reuniones. De acuerdo con reportes y documentos del Fidemica, el Comité Técnico sesiona dos veces al año de manera ordinaria y puede convocar a reuniones extraordinarias en cualquier momento.

El nuevo Fidemica se nutre con fondos públicos y para evitar que se cometan irregularidades en el manejo de sus recursos, como sucedió con los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, ya fue auditado por la Secretaría de la Función Pública, por la Auditoría Superior de la Federación y por su propio Comité de Vigilancia, entidades que, según fuentes de la Secretaría de Hacienda, no encontraron hasta ahora anomalías en su administración y operación.

Los recursos públicos que llegan al Fidemica provienen del cobro de 125 pesos por la revalidación de cada pedimento que se hace para importar o exportar mercancías, de tal forma que en poco más de un año ese fideicomiso acumula alrededor de mil 500 millones de pesos, cantidad suficiente para cubrir 20 proyectos de apoyo a oficinas aduanales en todo el país, como compra de vehículos, adquisición de básculas, instalación de controles electrónicos, ampliación de oficinas, remodelación y hasta entrenamiento de perros para la inspección y vigilancia de mercancías que cruzan diariamente por las aduanas.

Pero el plan del Fidemica es transexenal, pues se prevé que en el 2008 desarrolle 53 proyectos con un monto por tres mil millones de pesos. Esta recaudación de los fondos se realiza a través del depósito bancario a una cuenta de la Tesorería de la Federación que hacen directamente los importadores y exportadores, y después de que la Tesofe realiza los trámites administrativos, tarda entre cuatro y cinco meses para que el dinero llegue a las cuentas del Fidemica en Nacional Financiera.

Además del polémico contrato otorgado a la empresa suiza SGS, el Fidemica ya compró 55 equipo de rayos X para instalarlos en las salas internacionales de los aeropuertos de todo el país, y la adquisición se hizo mediante licitación pública, lo que permitió un ahorro del 40 por ciento, pues al inicio del concurso se había considerado un gasto de 50 millones de pesos y se tuvo un ahorro al pagar sólo 32 millones de pesos. Así como este proyecto hay otros siete que se concluirán en diciembre de 2004.

Aun con la transparencia como se prevé manejar el Fidemica, éste ya enfrentó su primera queja por parte de una empresa automotriz que se inconformó por ser eliminada en una licitación de compra de camionetas, pero la Secretaría de la Función Público determinó a finales de junio que la razón le favorecía al fideicomiso aduanero.

Pero tal vez el problema más grave en la Administración General de Aduanas, que preside José Guzmán Montalvo, es el contrabando técnico, principalmente en los sectores textil, calzado y juguetes, en donde la mercancía que se produce en China y en otros países asiáticos es reetiquetada en territorio estadounidense, y por el Tratado de Libre Comercio ingresa a México sin el pago real de los aranceles.

Ante ello, el sistema Valunet permite investigar el origen y el precio de las mercancías que importa México para evitar el contrabando documentado, y el resultado de las investigaciones ha sido que el 50 por ciento de los productos de origen asiático eran importados mediante irregularidades.

Desaparecen Aduanas I y Aduanas II

Mediante el mecanismo que se conoce como Segundo Reconocimiento Aduanero, integrado éste por agentes aduanales agrupados en el fideicomiso privado Consorcio de Comercio Exterior II, conocido también como Aduanas II, se recaudaban fondos de trámites aduanales para equipar a las oficinas aduanales en todo el país, pero con la creación del Fidemica las cuentas financieras de Aduanas II están prácticamente reducidas a cero y aunque todavía sigue vigente este fideicomiso privado, se estima que desaparecerá en julio.

Otro fideicomiso privado que también desparecerá es el de Aduanas I, aquel que fue creado por Francisco Gil Díaz y Santiago Creel en 1992, cuando el primero era subsecretario de Hacienda y el segundo era un joven abogado de un despacho privado, pero en aquella época nunca imaginaron que 12 años más tarde volverían a trabajar juntos y, mucho menos, que tendrían que operar la desaparición de los fideicomisos aduaneros para evitar sobresaltos posteriores.

Pues de acuerdo con información de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en agosto de este año el fideicomiso privado Aduanas I pasará a ser público mediante modificaciones a su contrato de constitución y, por primera vez en 12 años, será sometido a la rendición de cuentas por los órganos de control y vigilancia del Congreso y del Ejecutivo.

Desde su constitución, Aduanas I acumuló alrededor de 30 mil millones de pesos, 20 mil de los cuales fueron gastados en los últimos 12 años, mientras que el resto aún se guarda en las arcas de Nacional Financiera, por lo que ese dinero tendrá que pasar al nuevo fideicomiso público.

El fideicomiso Aduanas I se nutría del cobro del Derecho de Trámite Aduanero que se cobraba a importadores y exportadores, pero como el Tratado de Libre Comercio prohíbe ese tipo de pago aduanal por la importación y exportación de mercancías, la Secretaría de Hacienda ideó el cobro por el Derecho de Procesamiento Electrónico, desde donde continúan las transferencias de recursos públicos hacia ese fideicomiso privado, sin que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o diputados y senadores en el Congreso puedan hacer algo para detener estas operaciones financieras irregulares.

Una prueba de las irregularidades de este fideicomiso las tiene el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera, el cual descubrió el año pasado el desvío de fondos públicos del fideicomiso Aduanas I, por lo que sugería que el dinero allí reunido pasara a la Tesorería de la Federación y ese fideicomiso despareciera.

Aunque Aduanas I fue un fideicomiso privado de papel, éste se nutría de fondos públicos y permitió la creación de empresas privadas como ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), que fue utilizada por Hacienda para triangular recursos públicos de el cobro del DTA a exportadores e importadores.