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Tráfico de niñas indocumentadas
Ana Lilia Pérez

Resumen
   
 
 
 
La desaparición de una menor guatemalteca, bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, puso al descubierto la negligencia e incapacidad de las autoridades que en el discurso dicen apoyar a los indocumentados centroamericanos

El pasado 24 de abril un autobús con 32 indocumentados a bordo salió de la Estación Migratoria de Iztapalapa rumbo al estado de Chiapas. Entre los extranjeros había 6 menores de edad, tres mujeres y tres hombres, todos de origen centroamericano, quienes habían sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración.

El vehículo viajaba custodiado por agentes del mismo Instituto, cuya misión era transportar a los indocumentados hasta el límite fronterizo de México con Guatemala. Se trataba de un proceso común de repatriación.

Pero al final del viaje por tierra, los agentes de Migración sólo entregaron a las autoridades fronterizas a los tres niños, mientras que las tres menores que viajaban en esa “corrida”: Marlene, Julia y Leyvi, todas originarias de Guatemala, nunca llegaron a su destino.

Hasta el momento de escribir esta investigación periodística las tres niñas están desaparecidas, mientras que el INM se deslinda del hecho.

-¿Qué teme? -La pregunta es para Bruce Harris, director regional de Casa Alianza, una organización internacional no gubernamental para la atención de menores.

-Que las hayan vendido.
Bruce no duda. Dice que recientemente Casa Alianza realizó una investigación sobre el tráfico de menores con fines de explotación sexual, y encontraron que en Tapachula las niñas son vendidas en 100 dólares en los prostíbulos abiertos y clandestinos de la zona.

“Me preocupa que perdamos a estas niñas; hemos descubierto que algunos agentes de Migración y del grupo Beta están relacionados con los dueños de esos prostíbulos”, dice el defensor de los derechos humanos.

Marlene

Marlene es una niña esbelta, de ojos café oscuro, cabello negro y 1.60 metros de estatura. Los agentes responsables de repatriarla la “extraviaron”. Nadie ofrece información acerca de su destino. Pero todas las posibilidades aparecen en su contra: viaja sola, sin dinero, es indígena, indocumentada y tiene sólo 13 años de edad.

A Marlene Magali Felipe Trigueros no la sedujo el sueño americano. Sólo que como a millones de centroamericanos la precaria situación económica la obligó a ahorrar unos cuantos quetzales para echar a andar rumbo al Norte. Asumió el papel de un adulto y dejó atrás su natal pueblo enclavado en la selva guatemalteca. Tenía que emigrar. Escogió diciembre. Viajó en autobús desde El Petén (al norte de Guatemala) hasta Tapachula, Chiapas, en donde abordó a “la bestia” (tren de carga). Cinco meses tardó en llegar al Distrito Federal, justo la mitad del camino rumbo a Estados Unidos, donde nadie la esperaba.

La redada

A la hora de la redada el oficio y los años agudizan los sentidos de los agentes de Migración para detectar a ilegales. El 21 de abril descubrieron a Marlene. Entre tanta gente creyó pasar inadvertida pero los rasgos indígenas y el asombro que salía de sus ojos la delataron.

En un vehículo del INM la llevaron a las oficinas de Polanco. En los oscuros y fríos sótanos las horas se le hicieron lentas. Había que esperar para que se llenara el microbús que todos los días cruza de Polanco a Iztapalapa.

Los indocumentados atestaron el transporte, en un solo vehículo suelen acumular indocumentados de 51 nacionalidades diferentes. A la mayoría –como a Marlene- era la primera vez que los detenían. En el hacinamiento todo era nerviosismo y confusión.

Descendieron y en el interior de la Estación Migratoria, el “corralón” (como le llaman los centroamericanos), los indocumentados buscan coincidencias: parentesco, poblado, ciudad y hasta religión. Marlene se unió a Leyvi González y Julia Saquich Vázquez, otras dos guatemaltecas. Juntas les sería menos tediosa la espera.

La recomendación

Para los asegurados en estancias migratorias, el proceso de repatriación inicia con el reconocimiento consular. Los funcionarios de Coordinación de Control y Verificación del INM elaboran cédulas de identidad y ubican al consulado correspondiente.

El 23 de abril María Jimena Díaz, cónsul de Guatemala en México, fue informada de las detenciones de sus connacionales en la Estación Migratoria. Acostumbrada al procedimiento se trasladó hacia el corralón.

Le llamó la atención el estado emocional de Marlene. Descubrió que no sólo estaba asustada por la incertidumbre de lo que sucedería, sino porque había sido golpeada y violada en repetidas ocasiones. Su estado psicológico complicaba la posibilidad de que regresara a su casa por su propio pie, una vez que las autoridades del INM la dejaran en el límite fronterizo.

Jimena Díaz recomendó a “Don Hugo”, encargado de la Estación, a esa niña en tanto ella misma se ocupaba del papeleo.

El regreso

Una vez en su oficina de Explanada 1025, Lomas de Chapultepec, Jimena Díaz habló vía telefónica con Bruce Harris, director ejecutivo para América Latina de Casa Alianza, a quien no le extrañó la llamada y menos la petición: “Que un grupo de Casa Alianza fuera a recoger al consulado de Tapachula a una niña guatemalteca que llegaría el día 27 de abril” para que la llevara hasta su casa, en el Petén.

Casa Alianza, organización que apoya a niños en situación de calle, realiza constantes repatriaciones de migrantes menores de edad, sobre todo de México a Guatemala, Honduras y El Salvador. Se encarga de trámites consulares hasta el traslado de los migrantes, y cubre el gasto total del viaje. El lunes 26 de abril, vía telefónica, Jimena Díaz confirmó a Harris que, según información del INM, Marlene llegaría a Tapachula al día siguiente.

El grupo de Casa Alianza, a las cinco de la mañana del martes 27 de abril, llegó al consulado en Tapachula. El vicecónsul, Aldo Herrera, les informó que el transporte del INM no había llegado. Ninguna autoridad consular, ni en el Distrito Federal, ni en Chiapas, tenía idea de lo sucedido. Las autoridades de Migración no entregaron a Marlene.

El 28 de abril Bruce Harris solicitó a Jimena Díaz que pidiera al INM información sobre el paradero de Marlene. El 29 de abril Jimena Díaz dijo a Harris que, según versiones del INM, cuyas repatriaciones están a cargo de Agustín Caso, Marlene había sido enviada para su expulsión de México a bordo de un autobús que salió de la Estación Migratoria el 24 de abril.

Aunque las instrucciones de los agentes de Migración eran entregar a Marlene en el consulado de Guatemala en Tapachula, según se notificó a la cónsul Jimena Díaz, la dejaron en la línea fronteriza.

Si la versión de Migración es cierta, los agentes dejaron a la menor en una peligrosa y conflictiva zona de 573 kilómetros, donde existen más de 390 accesos terrestres sin vigilancia alguna, que se ha convertido en la principal ruta de tráfico de armas, drogas, alimentos y personas.

Al expulsar a la menor sin notificar al consulado y fuera del tiempo establecido, las autoridades migratorias mexicanas violaron no sólo la Ley General de Población, sino los tratados internacionales en la materia, sobre todo el acuerdo de 2003 entre México y Guatemala para garantizar la repatriación digna.

Sofía Almazán, directora de Casa Alianza en México, quiso indagar sobre la desaparición de Marlene. Llamó a Virginia Alvarado González y Ana Luisa Fajer Flores, directora y coordinadora de Relaciones Interinstitucionales, respectivamente, del INM.

La impresión que me dio —dice Sofía— es que las autoridades de Migración no tenían ni idea de la desaparición de la niña.

Sofía Almazán señala que en ese momento el Instituto prometió esclarecer el caso, pero a la fecha no ha reportado ningún avance en la investigación.

De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la niña se encontraba bajo la responsabilidad de los funcionarios del INM para entregarla al cuerpo diplomático de Guatemala.

Más desaparecidas

Durante la investigación, el cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, Jairo David Estrada, confirmó que además de la desaparición de Marlene, otras dos menores se “perdieron” en manos del INM. Levy González y Julia Saquich, a quienes Marlene conoció en la Estación Migratoria de Iztapalapa.

Aunque las autoridades consulares reclamaron la desaparición de las niñas, el INM nunca informó a la PGR para que coadyuvara en la investigación. Fuentes de la delegación de la PGR en Chiapas, al frente de Rodolfo Hernández Limón, dicen que a la Procuraduría no se le notificó.

Por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se solicitó al INM que informara sobre la repatriación de Marlene, así como el nombre de los agentes encargados de su custodia. El titular de la Unidad de Enlace, Alejandro Mejía Pachón, señaló que la Coordinación de Control y Verificación Migratoria le notificó que “dicha información ha sido clasificada como confidencial”.

Para las repatriaciones el INM no tiene personal fijo, el número de agentes depende del número de personas a ser repatriadas. Los agentes no tienen grado académico ni título profesional, pues el Instituto considera que “el perfil del puesto de custodio y asistente de la función migratoria no requiere de tal categoría”.

Acuerdos de papel

El pasado 23 de marzo en una visita oficial a Guatemala, el presidente Vicente Fox se comprometió con su homólogo Óscar Berger Perdomo a impulsar el resguardo de las mujeres y menores de la trata y tráfico de personas en la frontera común. Ya desde el año pasado Fox había firmado el acuerdo migratorio para salvaguardar la integridad de los guatemaltecos asegurados en México.

El caso de las tres menores desaparecidas es apenas una muestra de las irregularidades con que actúa el INM, el cual no guarda registro del número de indocumentados menores de edad que aseguran sus agentes, tampoco de la edad ni sexo.

En lo que va del año, según el INM, han sido detenidos 33 mil 276 guatemaltecos, que coloca a Guatemala como el país con mayor número de inmigrantes detenidos en México. La cifra de guatemaltecos detenidos se ha incrementado un 57.9 por ciento con respecto al 2003. Le siguen hondureños (26 mil 546); salvadoreños (12 mil 140); nicaragüenses (675); brasileños (416); y ecuatorianos (376).

Vacíos legales

La desaparición de las menores en el proceso de repatriación revela, además, los vacíos legales en la materia, así lo evalúa el Ministerio del Exterior de Guatemala. La viceministra de Asuntos Internacionales, Marta Altolaguirre, enumera tres puntos básicos que desde el punto de vista diplomático describe las deficiencias del INM.

“Primero. Vacíos de comunicación entre las autoridades migratorias; desde 1993 en que se inicia la cooperación entre México y Guatemala, y que se reiteró recientemente con la visita del Canciller Derbez y el Director de Migración.

“Segundo. En el caso de las menores que salieron de México, no se cumplió con el procedimiento que se acordó entre las autoridades de ambos países, el cual establece que los menores de edad deben ser entregados a autoridades consulares de Guatemala.

“Tercero. Tenemos información de que fueron entregadas a autoridades migratorias y no consulares en Tapachula. Por eso es que el acuerdo no se cumplió, sin embargo sabemos que en Tapachula las autoridades mexicanas hicieron una lista en la que los nombres de las niñas aparecen en un listado de adultos”.

A la pregunta de cuántos menores indocumentados han estado a cargo del INM de enero a la fecha para su repatriación, el IFAI confirmó que el Instituto “no dispone de registros estadísticos de aseguramientos y devoluciones por sexo y edad”.

Altolaguirre, ex relatora de la ONU, señala que según les informó el INM, las autoridades de migración recibieron un listado “de ‘x’ cantidad de adultos y no encontraron ningún inconveniente en entregarlos a autoridades migratorias de Guatemala. Hasta la fecha sabemos que las jóvenes llegaron al país el 24 de julio y Guatemala no ha tenido ninguna otra demanda, ni situación que faculte al Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar haciendo averiguaciones sobre el caso porque queda concluido al ingresar las personas al territorio guatemalteco”.

Así, al parecer entre ambas autoridades acordaron cerrar el caso, en tanto las tres menores continúan desaparecidas.

Bruce Harris reclama: “no se puede perder así de sencillo una niña. No es un saco de papas, es un ser humano y la ley obliga a las autoridades mexicanas y guatemaltecas a protegerlos. La investigación sigue y se extiende a las otras niñas”.

Los procedimientos

Ante el incremento del flujo migratorio de menores de edad no acompañados, el INM enfrenta un difícil panorama al carecer de programas de atención mientras están bajo su resguardo. Un ejemplo es la estación Migratoria de Iztapalapa, la única en su tipo en todo el país (la de Tapachula aún está en vías de construcción), donde el espacio destinado a los menores de edad es insuficiente.

En lo que antes eran oficinas para trámites consulares, anexo a las habitaciones comunes para adultos, en las obras de remodelación efectuadas el año pasado, se acondicionó el área para migrantes menores. Las habitaciones lucen limpias, pero las camas no son suficientes, tampoco el espacio, menos los alimentos.

Sofía Almazán refiere que el que dos menores que no tienen ningún lazo familiar compartan la misma cama pareciera un detalle, pero es un grave problema que puede colocar a un menor en situación de indefensión sobre el otro.

Dice que aunque en la Estación Migratoria hay disposición del personal para hacerse cargo de los menores, no tienen capacidad para esta función. Y es que hasta el año pasado los menores migrantes recibían el mismo trato que los adultos, incluida la negativa de la información sobre su situación ilegal dentro del país.

Cuando la Estación Migratoria se encuentra en su máxima capacidad, el hacinamiento es insostenible y las autoridades “agilizan” los trámites de repatriación saltándose los procedimientos obligados. No solicitan al consulado el reconocimiento de sus connacionales y prefieren “encargar” a los menores con cualquier adulto que se diga su familiar o que diga que puede acompañarlo a su país, su ciudad o incluso entregarlo a su familia.

Fabiene Venet Rebiffé, directora de Sin Fronteras, organización no gubernamental defensora de los derechos de migrantes, señala que este tipo de procedimientos coloca a los niños directamente en las redes del tráfico de menores y en situaciones de violencia. “No creo que sea una política del Instituto desaparecer niños, pero si hay un problema de procedimiento, verificación y supervisión de los mecanismos de atención”.

Dice que tanto el aseguramiento como la detención de menores en la Estación Migratoria es una medida “absolutamente extraordinaria” que atenta contra la Convención de Los Derechos de los Niños y contra las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Las autoridades migratorias en México no hablan de detención, sino de aseguramiento, pero la realidad es que quienes están en la Estación Migratoria están privados de su libertad”, añade la investigadora.

Venet refiere las violaciones a la integridad de los niños en la Estación Migratoria: “se les toman huellas digitales, se ficha y quisiéramos saber en qué se sustenta esto. Además, les toman declaraciones sin estar acompañados”. Recuerda su última visita a la Estación en que observó “sobrecupo, condiciones materiales inadecuadas, falta de revisión y atención médica. Había un solo vaso para que tomaran agua unos 20 niños, algunos enfermos”.

Discrecionalidad es la palabra que describe al INM, señala Martha Villarreal, encargada del área legal de Sin Fronteras. Refiere que aunque en México la violación de los derechos de los migrantes es una práctica cotidiana a manos de los agentes del INM, la mayoría no denuncia y las pocas denuncias que hay son frenadas desde el INM en contubernio con la PGR.
La justificación
El Director de Control Operativo del INM, José Antonio Sixtos, asegura que los agentes entregaron a las tres menores a autoridades migratorias de Guatemala, aunque no proporciona el nombre de los responsables de dicha entrega ni de quienes las recibieron. “Fueron entregadas en el punto denominado El Carmen como adultas; esa es la información oficial que tenemos en el Instituto”, se justifica.

-¿Por qué pasaron por alto las recomendaciones de la cónsul Jimena Díaz, de entregar a Marlene a las autoridades consulares en Tapachula?
R. No se les entregó porque no es menor de edad. Ella manifestó ser mayor de edad.

-La cónsul recomendó que la muchacha, independientemente de la edad, fuera entregada directamente al consulado en Tapachula, ¿Por qué se pasó por alto esta disposición?
R. Al tratarse de adultos, se tiene que cumplir con el acuerdo que tenemos.

-Migración no tiene un registro sobre quién es mayor y quién es menor de edad. ¿Cómo pueden tener control de las repatriaciones?
R. Hay un procedimiento muy específico sobre la edad clínica.


Según Casa Alianza, actualmente 50 mil niñas, niños y jóvenes de Guatemala se encuentran fuera de sus hogares, en situación de migración obligada por la pobreza. México es el país de paso, donde se asientan por tiempo indefinido con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Evalúa que los peligros para migrantes menores no acompañados son incontables y van desde robo, hasta violación y homicidio, y sobre todo verse expuestos a caer en manos de tratantes de seres humanos para su explotación sexual y pornografía infantil.

Bruce Harris advierte que los más de 50 mil niños y niñas que han emigrado de Guatemala, son “una especie de materia prima para quienes lucran con la pornografía y explotación sexual y que encuentran en esa población la forma de mantenerse en la segunda actividad criminal más lucrativa después del narcotráfico”.

 
 
 

 


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