Para la familia Alonso Padilla no ha cesado la vorágine de sentimientos encontrados. Desde hace tres años, Raquel Padilla y sus dos hijos, Carolina y Oscar Alonso, navegan por las aguas turbulentas de la administración de justicia mexicana.
Un frustrado trasplante de riñón que beneficiaría a Oscar Alonso en enero de 2001, enfrentó a la familia Alonso Padilla con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la PGR, y los ha orillado a peregrinar por las más diversas antesalas de contralorías internas y ministerios públicos.
En su afán de evidenciar la complicidad de médicos, cirujanos y anestesistas del hospital La Raza, donde fueron sometidos Oscar y Carolina Alonso a una operación quirúrgica (Contralínea, diciembre de 2002), que derivó en la pérdida del riñón que donaría Carolina a su hermano, la familia fue la punta de lanza de una investigación por tráfico de órganos que inició la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del titular de la Unidad de Trasplante Renal de La Raza, Ángel Mario Castro Loaiza.
Castro Loaiza está actualmente inhabilitado para ejercer su profesión de médico por dos años en el sector público por habérsele encontrado suficientes pruebas que evidenciaron un acto de fraude en perjuicio de la familia Alonso Padilla. Y es que el médico solicitó a la familia más de 30 mil pesos para la compra de un medicamento que supuestamente el IMSS no tenía contemplado en su cuadro básico.
Pero no obstante las evidencias encontradas que hunden la reputación profesional de Castro Loaiza, un Ministerio Público federal está a punto de echar por la borda la investigación de la contraloría interna del IMSS.
Salvador López Mayorga, agente del Ministerio Público responsable de la indagación en contra de Ángel Mario Castro Loaiza, le informó el pasado 17 de noviembre a Raquel Padilla que la investigación que había promovido en contra del médico no procedía y que ya había elaborado la resolución de no ejercicio de la acción penal.
En un afán de demostrar las irregularidades detectadas en el proceder del agente, Raquel Padilla regresó minutos más tarde y encaró al funcionario público en presencia de su hija Carolina, mientras la conversación se grababa en cinta magnetofónica.
“Traigo las defensas muy bajas gracias a su exonerado, el doctor Castro”, le soltó Raquel Padilla a Salvador López Mayorga. “No es mi exonerado, señora”, le respondió el funcionario.
Instalados en un duelo verbal, Raquel Padilla y su hija Carolina enfrentaron al agente. “Con toda honestidad, a mí me da la impresión de que usted está de parte del doctor”, dijo Raquel con aire de impotencia.
Una de las evidencias que hizo a un lado el ministerio público, fue la referente a un medicamento que el doctor Ángel Mario Castro solicitó a la familia para el trasplante de riñón a Oscar Alonso y que se ofreció a conseguir a bajo precio, ya que no se encontraba en el cuadro básico del IMSS.
Castro había solicitado a la familia inicialmente 45 mil pesos para la compra del medicamento Simulect, del laboratorio Novartis. Ante las escasas posibilidades económicas de la familia, Castro Loaiza solicitó que se le depositara la cantidad de 30 mil 590 pesos en una cuenta personal, lo que ocurrió el 31 de enero de 2002, días antes de la operación de Oscar y Carolina Alonso. La sorpresa de la familia fue que el IMSS contaba con el medicamento.
En la indagatoria de la contraloría interna del IMSS se evidenció el fraude cometido por el médico, sin embargo, el agente López Mayorga echó abajo el delito por haber “acreditado” Castro Loaiza el origen del medicamento al mostrar una nota de compra del Simulect.
La factura en cuestión era una simple nota de remisión de una farmacia fantasma que, según el doctor Ángel Mario Castro, cerró hace tiempo. López Mayorga no tuvo objeción en aceptar la nota como prueba contundente de que contra Castro Loaiza no había delito que perseguir.
-Aquí el doctor jamás ha negado haber recibido el dinero- soltó con desparpajo López Mayorga.
-¿Usted ya analizó el dictamen de la contraloría?- preguntó Carolina Alonso.
-Ya lo analicé.
-¿Entonces? No lo hubieran inhabilitado, licenciado- refutó la joven en alusión a los dos años de inhabilitación contra Castro Loaiza.
-Son cosas diferentes, una es la responsabilidad administrativa y otra es tener un delito encima, es diferente- respondió López Mayorga suavizando las acusaciones contra Castro.
-Pero el delito es que él nos pidió con dolo el dinero, siendo que el medicamento lo da el IMSS y nosotros no lo sabíamos- terció Raquel Padilla.
-¿Por qué no investigó usted a sus testigos, por qué no investigó las pruebas?- preguntó Raquel.
-Sí investigo- intentó defenderse el agente del ministerio público.
-¿Y la farmacia?- cuestionó Raquel.
-Ya no existe, cómo la voy a investigar; no puedo pedir informes de esta farmacia-
-¿Por qué?- acorraló Carolina.
-Porque está prohibido que yo tenga informes fiscales, lo maneja el código fiscal- se escurrió el abogado.
La ríspida conversación continuó y el agente del ministero público intentó justificar su decisión a favor del médico acusado de fraude y de presunto tráfico de órganos.
-No estoy de acuerdo con su resolución- reprochó Raquel Padilla.
-Le puedo asegurar que la persona que va a revisar el expediente lo va a hacer desde un punto de vista muy diferente al mío. No es la primera vez que se nos inconforman por una decisión- acotó en tono de consuelo el funcionario.
-Pero siento que hay favoritismo hacia el doctor Castro- acusó Carolina Alonso.
-¿Por qué?- saltó de su asiento el Ministerio Público
-Porque no se está investigando, la nota de remisión a leguas se ve que es falsa, los testigos son falsos- reclamó la joven.
-Qué casualidad que una farmacia mugrosita venda esos medicamentos y más barato- intervino Raquel.
-Hay señora, eso yo no lo sé- respondió molesto López Mayorga.
-Lo dice la Contraloría- señaló Raquel.
-Yo estoy investigando lo del dinero, exclusivamente lo de la compra indebida, pero nunca me acreditaron qué se estuviera afectando- intentó justificar el funcionario.
-¿Cómo una farmacia mugrosa puede vender un medicamento nueve mil pesos más barato?- preguntó de nueva cuenta Raquel.
-¿Entonces usted porqué le creyó a Castro que iba a manejar más barato el medicamento?- cuestionó burlón López Mayorga.
-Momento, usted nos quiere confundir- terció Carolina Alonso.
-No, una cosa es especular. Todo lo que usted me está diciendo no está aquí.
-No está ahí porque usted no tiene la investigación ni de Novartis ni de Fármacos Especializados.
-¿Quiere que yo investigue cómo consiguió esa farmacia? esa ya no es mi investigación. Lo que yo estoy investigando aquí está. Él me dice yo se la vendí y aquí está.
-¿Pero dónde está la factura?
-La factura no existe.
-Si no existe el señor está falseando sus declaraciones.
-Ustedes tienen una denuncia aquí por falsear declaraciones ¿lo saben?-
-Entonces él si puede añadir acusaciones, pero nosotros no- reprocho Carolina en alusión a la imposibilidad de poder declarar.
-Yo ya se lo había dicho a su abogado, la señora tiene una denuncia por falsedad.
-Y yo no puedo añadir el daño que él me hizo a mí por mi riñón.
-Yo tengo un expediente investigando, si ellos están falseando o no, eso es por otro lado… pero no es lo mismo.
La conversación fue interrumpida por Oscar Alonso que ante un malestar pidió a su madre y a su hermana abandonaran el lugar.
Consultado al respecto, el director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez, señaló que se habían aportado todas las evidencias en torno a la denuncia contra Ángel Mario Castro Loaiza por extorsión, cohecho y fraude.
Ante el dicho del agente del Ministerio Público en el sentido de que el departamento jurídico del IMSS no había aportado las suficientes pruebas, Gutiérrez fue contundente: “Se aportó todo lo necesario”.
“De puño y letra el médico pone el número de cuenta donde le tienen que depositar, lo reconoce y se comprobó además que el medicamento ya existía en esos momentos en el IMSS”, refuta indignado Fernando Gutiérrez. “No se puede quedar así esto, además, tuvo la desfachatez (Castro Loaiza) de mandarle una carta a Santiago Levy pidiéndole su intervención personal, no tiene vergüenza”.
Uno de los argumentos principales de la familia Alonso Padilla, gira en torno a que el medicamento que le aplicaron a Oscar Alonso era del IMSS y no fue comprado por Castro Loaiza, como el médico argumenta.
Cuestionado vía telefónica sobre el medicamento, el anestesiólogo Mario Guerrero Soto, quien aplicó el Simulect a Oscar Alonso, aceptó que era una medicina del IMSS.
-¿El medicamento Simulect que usted le aplicó a Oscar Alonso era del Seguro Social?
-Sí- asintió con seguridad el anestesiólogo, quien pidió no se tocara el asunto por teléfono.
La situación actual de la denuncia contra el doctor Ángel Mario Castro por los delitos de extorsión, cohecho y fraude, se encuentra en proceso de revisión. Y contra el agente López Mayorga, pesa una investigación por parte de la contraloría interna del la PGR a petición de la familia Alonso Padilla.
