La incompetencia de las autoridades para frenar la delincuencia en el Distrito Federal, ha llevado a la propuesta de reducir la edad penal, medida violatoria de acuerdos internacionales en materia de justicia
El sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System) del Consejo de Menores del Distrito Federal tiene un registro de 15 mil menores de entre 11 y 17 años de edad.
Todos han dejado sus huellas, son infractores, fichados y clasificados. Son menores infractores, autores o partícipes en delitos que van desde el robo, lesiones, abuso de autoridad, abuso sexual, violación, daños en propiedad ajena y portación de arma prohibida, hasta cohecho, secuestro y homicidio. Estadísticas de las procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal, señalan que se ha incrementado el número de menores involucrados en ilícitos que actúan solos o forman parte del crimen organizado. Para organismos internacionales el hecho responde al fracaso de las políticas públicas de los gobiernos federal y estatal, que tras no contar con medidas efectivas para la prevención del delito, proponen combatirlo a través del encierro de todos los infractores, menores y adultos por igual, fortaleciendo con esto las corruptelas que existen dentro del Poder Judicial.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal discute la propuesta de la diputada priista Norma Gutiérrez de la Torre de reducir la edad penal a los 16 años, con el argumento de que “los índices delictivos en la ciudad de México nos obligan a aplicar medidas enfocadas a encontrar la solución que los ciudadanos esperan”. A nivel federal la propuesta ha sido vertida por diputados del PRI, PAN, Convergencia y Verde Ecologista. De alcanzar la mayoría, la medida se aplicaría durante este 2004.
De aprobarse, los legisladores estarían violando la Constitución y la Convención de los Derechos de los Niños. Fuera de la ley, la medida se aplica desde hace varios años en 14 estados de la República, donde la experiencia ha demostrado que no ha logrado frenar el delito ni prevenirlo. Los representantes del Poder Judicial admiten que reducir la edad penal sería erróneo y de ninguna manera frenaría la delincuencia en el país. El magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá señala que en lugar de reducir la edad penal, el Estado debe promover programas preventivos centrados de acuerdo con cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales “para el bienestar de los jóvenes desde su infancia”.
Agrega que en México no hay políticas progresistas para la prevención de la delincuencia, las cuales se deben realizar a partir de estudios sistemáticos que otorguen y arrojen claridad sobre las razones que motivaron y promover la criminalidad “para elaborar medidas pertinentes a evitar criminalizar y penalizar al menor por conductas que no causen graves prejuicios ni para sí mismos ni para la sociedad”.
El “tribilín”
Vestido de mezclilla color azul marino, Ángel atraviesa el túnel que separa las instalaciones del Consejo de Menores capitalino, del Centro de Diagnóstico, donde deberá permanecer un mínimo de 22 días, en tanto se lleve a cabo su proceso. Según el carácter legal del Consejo, no se trata de un proceso legal, sino administrativo. Ángel tiene cita con uno de los 10 consejeros unitarios que desempeñan el trabajo de un juez, y que decidirá por cuánto tiempo deberá permanecer encerrado.
Cumplido el término del consejero, el Comité Técnico Interdisciplinario revisará su caso, delito, comportamiento y decidirá si el menor puede volver a la calle. Un día de fines de noviembre, Ángel decidió robar a un transeúnte, delito por el cuál fue trasladado al Consejo de Menores.
Tiene 15 años de edad. Su ficha dice que su padre es empleado de limpieza y vive en Ecatepec, y no hubo oportunidad de conocerlo, no asistió a la presentación de su hijo ante el Consejero. El modelo de justicia mexicano para el tratamiento de menores infractores es calificado como anticuado, eufemista y encubierto en una falsa actitud paternalista por los representantes de organismos internacionales como Emilio García Méndez, asesor regional para América Latina y el Caribe de la Unicef.
El especialista en reformas legislativas detalla que México es el único país de América, donde no existe un sistema de justicia especial para menores infractores que garantice que los procesos penales se llevan a cabo dentro de los marcos legales. Y es que, como paliativo a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en 1991 el gobierno mexicano transformó el sistema tutelar en Consejo de Menores, parte aún del poder Ejecutivo, que no ha funcionado en su papel de contribuir a la readaptación social de menores infractores.
La propuesta de reducir la edad penal también responde al fracaso de estas instituciones, donde, califica García Méndez, existe un verdadero festival del eufemismo. En los consejos de menores no existen jueces en forma, este papel lo desempeñan los consejeros, a quienes corresponde decidir la pena de los infractores (periodos de encierro que van de seis meses a seis años). En este sistema, el representante de Unicef explica que con la supuesta legitimidad de no involucrar a los menores en el Derecho Penal, “se les priva de sus garantías, porque no tienen derecho, como el caso de los adultos, a impugnar una pena. Se trata de procesos que no son legales, sino ritos pedagógicos; los infractores son juzgados sólo entre comillas, porque quienes actúan como jueces no son tal, se trata de buenos padres de familia a quienes se les da la atribución de decidir”.
La titular del Consejo de Menores del Distrito Federal, Alejandra Vélez, reconoce las carencias como la incapacidad para atender todos los casos. Cuenta sólo con 10 Consejerías Unitarias, encargadas de todos los procesos de menores infractores, cada una integrada por el consejero, un secretario de acuerdos, un actuario y personal administrativo.
La carga de trabajo retrasa los procesos hasta cinco veces más de su término legal. Así, cuando la ley marca que el proceso de un menor debe durar máximo 22 días, en el Centro de Diagnóstico hay infractores que permanecen hasta seis meses sin que se les dictamine por completo.
La consejera María Virginia Ramírez Silva detalla que de los expedientes que recibe el Consejo de Menores del DF, en los últimos años se han incrementado los casos de robo y delitos contra la salud en sus distintas modalidades. Sobre las causas que llevan a la incidencia de menores en actos delictivos, la consejera destaca la difícil situación económica por la que atraviesa el país. “De alguna manera los niños y jóvenes buscan satisfacer sus necesidades, de cualquier tipo”. Para los penalistas, los casos más difíciles de defender son el de menores infractores en casos de violación y abuso sexual.
El abogado Miguel Ramos Girón señala que en estos casos entra además la ética personal y por ello son pocos los defensores que se atreven a tomarlos. Y es que en el caso de menores infractores las leyes actuales no son muy claras o los consejeros muestran desconocimiento, así, hay casos de robo consumado que tipifican como tentativa de robo o a la inversa.
Para hacer frente al fracaso de sistema mexicano de justicia para menores infractores, Emilio García Méndez propone crear un sistema de justicia especial con personal calificado “donde realmente se trabaje en la problemática de los menores infractores y que el Estado mexicano deje atrás la visión paternalista represiva, y que ahora plantea un aumento indiscriminado a las penas y baja de la imputabilidad”.
La manera en que se llevan a cabo los procesos, agrega, resultan ineficaces e ineficientes, y advierte que cuando los gobiernos no dan respuestas serias a los delitos cometidos por menores de edad, los ciudadanos dan respuestas brutales.
Cita el caso de Brasil, Guatemala, Honduras y recientemente Argentina, donde los índices de violencia que incriminaban a menores se dispararon significativamente y ante el caso omiso de las autoridades, sectores sociales crearon grupos de exterminio de carácter paramilitar.
¿Reducir o no?
Dilcya García, Oficial de Reformas Legislativas de Unicef México señala que aprobar la reducción a la edad penal no reducirá los niveles delictivos, porque esto depende de las políticas públicas, las cuales “en México han fracasado”.
Así, “debe existir esta división de poderes en la cual el Poder Ejecutivo ejecuta y el Poder Judicial juzga. México requiere un sistema de justicia penal especial para los menores infractores, donde se lleve a efecto el ejercicio pleno de sus derechos”.
Menos penas, más acción
Para el jurista Gilberto López y Rivas la delincuencia juvenil en México es un problema social que responde al poco desarrollo económico, el nivel de vida y las limitaciones que cada vez enfrentan los menores mexicanos. La situación, dice, no se resuelve con la represión o la disminución de la edad penal.
De aprobarse esta medida, y con el antecedente del sistema penitenciario mexicano, advierten los especialistas, los reclusorios estarán atestados de adolescentes conviviendo con adultos, no para su rehabilitación, sino especializando su carrera delictiva.
Rec 1
La rebelión
La mañana del 8 de septiembre de 2003 los muchachos se rebelaron en protesta por los abusos de autoridad, atropellos y la obstrucción de acceso de alimentos al Centro de Menores Infractores de Villa Crisol, Chiapas, donde se desató una batalla campal con saldo de tres heridos con arma blanca, y un número incontable de descalabros, arañazos y moretones. -¡Comida, comida!- gritaban los muchachos, luego vino el intercambio de insultos contra los policías encargados de la vigilancia. Por más de una hora salieron a relucir las piedras, botellas de plástico y vidrio, palos y puntas. Con armas blancas, finamente elaboradas por los muchachos, fueron heridos tres compañeros y 15 más recibieron arañones.
Algunos dijeron que la pelea fue entre la 18 y la 13, dos bandas de menores centroamericanos que se disputan el poder en la villa. El lugar no ofrece las condiciones para readaptar; lo más frecuente en Villa Crisol es la violación a los derechos humanos. Diseñado para 200 internos, aloja a 386. Tampoco hay separación de género, conviven lo mismo hombres que mujeres. Debido a lo limitado del espacio, las condiciones físicas del inmueble dan lugar a las corruptelas y violencia cotidiana.
En agosto de ese año se fugaron 46 muchachos y a raíz de ello se reforzó la vigilancia, afectando a los jóvenes, cuyos familiares acuden los domingos a llevarles alimentos, porque los que ofrece la institución deja mucho que desear.
El Centro, ubicado en el municipio de Berriozabal, Chiapas, es solo uno de los centros de menores señalados por la CNDH, como un sitio donde se violan los derechos humanos de los internos.
El fracaso
Desde 1991, a partir de la supuesta reestructuración de los Consejos Tutelares de Menores y en respuesta a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, en la que el gobierno mexicano se compromete a garantizar los derechos fundamentales de todo menor acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes, por lo menos el 50 por ciento de los Centros para Menores Infractores de todo el país han recibido una recomendación de la CNDH en reclamo a las deficientes condiciones, que han derivado en amotinamientos cada vez más frecuentes y violentos.
Una de las situaciones más graves sin duda es la que vivieron los internos de la Escuela de Educación Social para Menores Infractores de Yucatán, bajo la dirección de María del Rocío Martel López. Testimonios de los internos reunidos por la CNDH detallan que durante casi cinco años, mientras permaneció en la dirección del centro (noviembre de 1997-agosto de 2001), Martel López ejerció diversos tipos de torturas psicológicas y verbales en contra de los menores.
“Los golpeaba con un zapato en la cabeza y les daba de cachetadas, los encerraba en un cuarto hasta tres días sin comer; los hincaba sobre el piso de una cancha empedrada con un bloque de concreto en cada brazo y otro más amarrado a la nuca con una soga; les introducía una pastilla de jabón de baño en la boca para obligarlos a delatar a sus compañeros; les apretaba el pene y los testículos”, y los amenazaba con dejarlos en la escuela por más tiempo del determinado por el Consejo Tutelar. Los actos ilegales eran practicados también por el personal a cargo de Martel López.
Médicos y psicólogos que amenazaban a los niños con inyectarles sangre infectada con Sida.
