Con programas gubernamentales que no contemplan a los sectores más pobres de la población, con una participación más activa del sector privado que encarece la vivienda y con una economía nacional en crisis, millones de familias pierden la esperanza de contar con vivienda digna.

Durante la más reciente visita al país de Miloon Kothari, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Vivienda, el funcionario puso el dedo sobre la llaga: “México tiene un déficit de más de 10 años para poder estar a la par de los países más desarrollados en materia de vivienda social”.

Durante su visita en diciembre pasado, Kothari reconoció que los programas que ha instrumentado el gobierno mexicano para garantizar el derecho a la vivienda están destinados a la clase media y media-alta, lo que deja afuera al sector de la población más pobre y que arroja una cifra de más de 40 millones de persona que no cuentan con vivienda digna.

El enviado de la ONU de origen hindú estuvo un mes en nuestro país, tiempo en el que se reunió con los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), con organismos no gubernamentales, funcionarios de las instituciones de la vivienda a nivel estatal y municipal, legisladores y miembros del Poder Judicial, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y con académicos e investigadores.

De las conclusiones de su visita, Miloon Kothari elaboró un informe detallado para 2003, donde expone la precaria situación por la que atraviesa el país en cuestión de vivienda.

El Relator Especial de la ONU indica en su informe que México necesita un programa nacional de vivienda más amplio y con una mayor orientación hacia los sectores más pobres de la población.

El informe dice que “los esfuerzos realizados hasta ahora consisten en su mayor parte en la financiación y suministro de nuevas viviendas por el sector privado, en lugar de atender las necesidades financieras de las viviendas construidas por los propios interesados (más del 60% de las viviendas existentes), el mejoramiento de las viviendas así construidas y su conexión a los servicios públicos, como los de abastecimiento de agua y saneamiento”.

En el documento de 23 páginas, denominado “Vivienda Adecuada como parte del Derecho a un nivel de Vida Adecuado”, Kothari reconoce que el gobierno mexicano ha venido aplicando varios programas de financiación de la vivienda, pero que éstos son insuficientes porque en su mayor parte se orientan al sector urbano y a la población cuyos ingresos superan cinco salarios mínimos.

Otro tema que suscita preocupación para el relator de la ONU, es la necesidad de una mayor protección contra los desalojos forzosos, pues en todo el país hay comunidades amenazadas por el desplazamiento y la mayoría de las familias pobres no recibe protección jurídica ni tiene la capacidad para presentar un recurso judicial.

El informe sugiere que se cree un "fondo humanitario nacional para la vivienda", que podría estar coordinado por el Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda y proporcionar fondos a los institutos estatales a fin de resolver problemas urgentes, y hace un llamado para una mayor incorporación de las perspectivas de derechos humanos en las políticas sectoriales, los programas relativos a la vivienda y el marco jurídico.

En entrevista, Miloon Kothari reconoce que la situación de la vivienda en el país es muy grave, por lo que pidió que se cree un fondo humanitario para la creación de subsidios libres de impuestos.

“En el tiempo que he estado aquí y de la información que he recibido me he dado cuenta que la situación ha empeorado desde mi última visita (marzo de 2003). La privatización ha creado la especulación de la tierra y provoca que la gente tenga que pagar más por los servicios.

“Pienso que México sigue siendo un país en desarrollo con grandes cinturones de pobreza y de miseria como en mi tierra, la India. Existe mucha desigualdad, ya que se encuentran partes comparables a las del primer mundo y otras que se asemeja a las más pobres de la tierra”, dice el funcionario de la ONU, Miloon Kothari.

Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el año 2000, con una población de 97 millones 483 mil personas y 22 millones de viviendas particulares, existe un rezago de casi 5 millones.

Adicionalmente, desde el año 2000 hasta el año 2010 se requerirán por lo menos de 730 mil 500 unidades anualmente, lo cual duplica lo que se ha efectuado hasta ahora, aún en los años de mayor auge económico en el país.

El problema es que a pesar de que existen programas de subvenciones directas para los más pobres, estos no son suficientes para satisfacer la demanda estimada.

Según cifras gubernamentales el 54 por ciento de la población vive en la pobreza y gana menos de cinco salarios mínimos, mientras que en la pobreza extrema vive el 24 por ciento, el cual sólo gana tres salarios mínimos, lo que repercute en la baja capacidad de ahorro de ese sector y, por lo tanto, el acceso a una vivienda digna.

Esto se debe a que la mayor parte de los programas estatales de financiación de la vivienda, provienen del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores (INFONAVIT), y estos están dirigidos al grupo de medianos ingresos y a los empleados del sector estructurado de la economía.

 

Congreso

La preocupación de Kothari se refleja en la percepción que tiene la Cámara de Diputados sobre el tema, pues mientras para la ONU, la situación de la vivienda en México es preocupante, para el diputado priísta Roberto Pedraza Martínez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y quien recibió el informe del Relator de Naciones Unidas, los 40 millones de que habla el informe sí tienen donde vivir aunque sea en condiciones inhumanas.

“Es cierto que los 40 millones de que habla el informe no tienen vivienda digna, pero ya sea en cuevas o refugios tienen donde vivir”, dice sin inmutarse el congresista.

Pedraza reconoce que en general, el informe de la ONU está en lo cierto respecto a las condiciones de vivienda en que se encuentra el país, pero argumenta que sí existen programas gubernamentales, pero que las condiciones económicas de la población no permiten tener acceso a una vivienda adecuada.

“Claro que existen programas de apoyo gubernamental, lo que sucede es que la población no recibe la información apropiada. Por otra parte no hay mucha gente en el país que gane lo suficiente para hacerse de una vivienda nueva”, dice Pedraza.

El legislador señala que el primer paso para que el Estado cumpla la obligación de proveer de vivienda a los mexicanos, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, es revisar el marco normativo y revisar la actual Ley de Vivienda que está en vigor desde 1984 y que se considera “obsoleta”.

Pero más allá de los cambios a las leyes y ordenamientos, lo importante es crear las condiciones para obtener una vivienda digna.

Para Beatriz García, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, lo importante es hacer una evaluación de cómo han cumplido su obligación los organismos del Estado encargados de proveer vivienda a la población.

“Lo que se tiene que revisar es la utilidad de las acciones y las instituciones encargadas de la vivienda en el país, como es el INFONAVIT, porque a 30 años de su creación debemos preguntarnos: ¿a cuántos trabajadores le alcanza su crédito para comprar una vivienda?”.

 

El caso DF

 

Al oriente de la ciudad de México, en la colonia Ampliación Santiago Acahualtepec, en la delegación Iztapalapa, vive Delfino Bautista con su esposa y su hija de 10 años.

Las condiciones en las que vive Delfino y su familia no es muy diferente a la de otras familias del país. En un cuarto de ladrillos y techo de lámina de no más de 20 metros cuadrados, se encuentran una cama, una litera, una pequeña estufa, una tasa de baño, dos sillas, una televisión y un foco. “Cuando comemos, uno de los tres se tiene que salir para poder comer más a gusto”, dice Delfino.

Delfino Bautista tiene 46 años, más de 20 viviendo en la Ciudad de México; trabaja como velador en una unidad habitacional y como lavador de autos. Gana mil doscientos pesos a la quincena, por lo que sólo le alcanza para su modesto cuarto de 600 pesos mensuales.

Al preguntarle si no ha pensado en obtener un crédito del Instituto Nacional de Vivienda (INVI), responde que nunca lo ha pensado y que no sabía que existía esa posibilidad.

Según la subdirectora de Valuación y Seguimiento del INVI, Anabel Monterrubio, hay más de 17 mil familias en el Distrito Federal que viven en viviendas no adecuadas, que van desde refugios, cuartos de azotea, locales comerciales, “cuevas” y vivienda móvil.

Monterrubio comenta que el INVI tiene dos programas de financiamiento en el área metropolitana que es la vivienda en conjunto que se da principalmente en las delegaciones centrales por cuestiones de infraestructura y el programa de vivienda en lote multifamiliar que se encuentran en la periferia.

Aunque reconoce que algunos programas gubernamentales no ven por las clases sociales más necesitadas, Monterrubio aclara que eso no ocurre en el INVI, pues “los programas están orientados a los que menos tienen y muchos ni siquiera son asalariados. En el INVI el solicitante no debe ganar más de 4.7 salarios mínimos, esto es 6 mil 140 pesos.”

La funcionaria asegura que el INVI está construyendo viviendas en conjunto que cumplen con las especificaciones de la ONU en lo que respecta a vivienda adecuada con un presupuesto en los últimos años de 2 mil millones de pesos.

“Lo que pasa con esto es que se generó una expectativa enorme, cuando esta administración entró había una demanda registrada que no llegaba a mil solicitantes, entonces cuando se empieza a invertir mucho en vivienda se abre la expectativa y entonces pareciera que no podemos terminar con el déficit.

“Estamos trabajando y queremos tener 150 mil viviendas al final del sexenio con alrededor de 12 mil millones de pesos. Se han terminado más de 70 mil viviendas, y ninguna mide menos de 50 metros cuadrados, estamos trabajando pero creo que jamás va a ser suficiente porque tenemos una demanda de más de 40 mil solicitantes y el financiamiento no alcanza.”

La disponibilidad de terrenos provistos de servicios (agua y saneamiento) es particularmente baja en las regiones más pobres, como el estado de Chiapas.

Estado	Población (millones)	Cantidad de viviendas (millones)	Ocupantes por vivienda	Acceso al agua	Desagüe	Electricidad
				Porcentaje
Baja California	2.488	602	4,1	91,7	83,5	96,8
Chiapas	3.921	801	4,9	70,0	62,4	87,2
Distrito Federal	8.951	2.125	4,0	98,4	98,5	99,8
Total Nacional	97.483	21.900	4.4	87,5	87,1	95,1

Fuente: INEGI