Los reclusorios del Distrito Federal se han convertido en rehenes de una organización de custodios dedicada a corromper y extorsionar y, hasta el momento, las autoridades no han podido desmembrar esta mafia
En el Reclusorio Sur un churro de mariguana cuesta 5 pesos y se consigue con tal facilidad que la compra de estupefacientes parece un acto normal; y es que la corrupción en el sistema penitenciario del Distrito Federal está apadrinada por la llamada Sociedad Clandestina de Custodios.
Dedicada a extorsionar internos y familiares, permitir la introducción de drogas y objetos prohibidos e intimidar a las autoridades carcelarias, esa organización está constituida por más de 300 elementos de seguridad de custodia y tiene presencia en todos los centros de readaptación social de la capital (Norte, Sur, Oriente, Santa Martha, Tepepan, así como el Centro de Readaptación Psicosocial).
Hay otro grupo autodenominado Unión de Custodios, y es reconocido por los trabajadores como la organización oficial, pues su labor es semejante a la de un sindicato. Ambas organizaciones tienen más de 15 años de operar.
Fuentes cercanas a la Sociedad Clandestina señalan que a la cabeza se encuentran tres custodios; el presunto líder es Raúl Cano, quien trabaja en el Reclusorio Sur (no obstante que varias fuentes lo señalan, él niega vía telefónica cualquier vínculo con la organización); los otros dos trabajan en el Norte y en el Oriente, y son conocidos como El Boiler y El Tigre, respectivamente.
En el Reclusorio Norte se concentra la mayor cantidad de elementos pertenecientes a la organización. De los 480 custodios que laboran en este centro, más de 100 están agremiados a la Sociedad Clandestina, lo que equivale a una tercera parte de ésta.
La corrupción, sin embargo, se presenta en todos los penales; por una cuota pagada en las aduanas que alcanza los 200 pesos, los miembros del organismo permiten a las visitas la introducción de paquetes de droga, conocidos como aguacates; mientras que los internos pagan hasta dos mil pesos para traficar libremente los estupefacientes.
Además de delinquir, la sociedad tiene por objetivos la destitución de las autoridades que atentan contra sus intereses y la obtención de buenos puestos como las jefaturas y subjefaturas, sobretodo las de seguridad, apoyo y grupo.
Pese a la trascendencia de esta organización, cuyos tentáculos cubren el sistema penitenciario del Distrito Federal, las autoridades sólo pueden dar baja definitiva a los elementos cuando se logra acreditar la pérdida de confianza; por ello, lo más común es la rotación de puestos y centros laborales; frecuentemente los custodios pasan a cargos de guardia como castigo.
Durante el 2003, según el informe de sanciones por dependencia elaborado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, solamente se inhabilitaron a tres funcionarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; mientras que en el 2002 se sancionaron a 66 funcionarios (1 destitución, 9 inhabilitaciones, 13 destituciones e inhabilitaciones, 17 suspensiones, 25 amonestaciones y una sanción económica).
En estricto sentido, el personal de seguridad de custodia se encarga de mantener el orden al interior de los reclusorios, evitar fugas, riñas y motines; no obstante, la Sociedad Clandestina se presta para perpetrar fugas de internos, vigilar a las autoridades y extorsionar a familiares y presos.
Héctor Cárdenas San Martín, director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, asegura que actualmente las asociaciones de custodios han perdido fuerza gracias a las medidas adoptadas por su administración.
“Estas organizaciones ya no existen en la forma en que existían antes; efectivamente, al interior eran tan poderosas que hasta las mismas autoridades se convertían en una especie de rehén, pero también se beneficiaban”, asegura en entrevista el funcionario.
En pasadas administraciones, dice, habían grupos que controlaban el tráfico de drogas en los reclusorios; “esto no quiere decir que ahora no pretendan organizarse, pero antes las autoridades también se beneficiaban, acababan por volverse cómplices; eso ya no existe porque las autoridades responsables de ninguna manera intervenimos en esas cosas, sino que las combatimos”.
El director de los Reclusorios en el Distrito Federal explica que para que no se produzcan estas asociaciones al interior, se realiza una rotación permanente de custodios; “así evitamos la creación de cotos de poder e intereses por estar mucho tiempo en un solo lugar. Tenemos una rotación constante y cualquier custodio o servidor público que entra en complicidad lo sancionamos muy duramente”.
Sobrepoblación sin control
La falta de presupuesto, la sobrepoblación y, consecuentemente, la incapacidad para reemplazar al personal, son las condiciones que permiten a los custodios mantener el control sobre las autoridades y los presos.
Contrario a lo que marcan los estándares internacionales en la materia, referente al número de internos por custodio (20 por uno), en el Distrito Federal las cifras más conservadoras señalan que por cada 50 internos hay un elemento de seguridad.
Actualmente, los centros de readaptación social de la capital cuentan con una población de 24 mil 271 internos, de los cuales mil 310 son mujeres y 22 mil 969 son hombres; mientras que el personal de custodia está integrado por tan sólo dos mil 600 elementos distribuidos en los nueve centros de readaptación social.
La sobrepoblación alcanza cifras alarmantes, por ejemplo, el Reclusorio Norte está capacitado para atender a 2 mil internos, pero actualmente asiste a una población de 8 mil 413 y cuenta con tan sólo 480 custodios; cifra que se ve aminorada, pues este total se divide en tres grupos que laboran cada tercer día.
Fuentes cercanas al personal de ese centro aseguran que un dormitorio integrado por 48 estancias (cada estancia alberga en promedio de 15 a 20 personas) está a cargo de un solo custodio. Es decir, que hay un elemento de seguridad por cada 700 internos o más.
Por ello, el reemplazo del custodio se vuelve un asunto de seguridad; pues el elemento tiene el control de sus internos, y a decir de las fuentes informativas, difícilmente un custodio recién llegado lograría controlar a su dormitorio.
Al respecto, el director de Reclusorios del Distrito Federal reconoce: “tenemos un déficit en seguridad de custodia porque estamos por encima de lo que marcan los niveles internacionales. En los reclusorios más poblados, sobretodo el Norte y el Oriente, tenemos alrededor de 8 mil internos en cada uno, hay una proporción de un custodio hasta por 54 internos”.
Ante esta situación y para mantener la gobernabilidad en los centros, Héctor Cárdenas San Martín comenta que se separa a los internos conforme a sus perfiles para evitar que en un mismo dormitorio convivan personas de baja peligrosidad con personas de alta peligrosidad, y se envía a todos los internos sentenciados y ejecutoriados a la Penitenciaría.
AEn el 2003, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del DF recibió un presupuesto de 826 millones 257 mil 945 pesos, cifra menor a la otorgada un año antes, cuando contaba con 21 mil 915 internos, y que ascendió a 902 millones de pesos.
La corrupción
Al interior de los penales es común la comercialización de la mariguana y la cocaína, aunque también se trafican las anfetaminas. Las cifras oficiales revelan que un 35 por ciento de la población total de los internos del sistema penitenciario del Distrito Federal padece alguna adicción.
Las autoridades de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la capital aseguran que son las visitas quienes introducen los estupefacientes, y reconocen que los funcionarios que se corrompen son los que ocupan niveles inferiores; es decir, los de seguridad de custodia.
“Definitivamente hemos abatido la corrupción; aunque no se ha podido desterrar en un 100 por ciento, pero puedo afirmar que se da en los niveles inferiores de la prestación del servicio que tiene a su cargo esta institución. Los niveles medios y altos ya no participan de la corrupción”, asegura Héctor Cárdenas San Martín.
Semanalmente los nueve reclusorios del Distrito Federal reciben en promedio a 120 mil personas durante los días de visita (martes, jueves, sábado y domingo). El director de los reclusorios comenta que algunas de estas personas pretenden introducir desde droga hasta artículos prohibidos: ropa de colores, alimentos, alcohol, vino, aparatos y armas.
“Esta gente hace todo lo posible por introducir objetos prohibidos o ellos mismos los pasan cuando no tienen autorización o no llevan ropa adecuada, las visitas son las que insisten ante los servidores públicos para que acepten una dadiva y les permitan introducirse o introducir artículos prohibidos. Es un problema constante porque la mayor parte de las veces son los mismos visitantes los que propician los actos de corrupción”, dice el funcionario.
Agrega que el sistema penitenciario cuenta con supervisores de aduanas (de vehículos y de personas) para vigilar que no se dé ese tipo de actos. “En cuanto se detecta una situación de esa naturaleza, el servidor público que está incurriendo en ese tipo de actos no sólo es destituido, sino que hasta lo metemos a la cárcel”, asegura.
No obstante los esfuerzos de la Dirección General, la Sociedad Clandestina de Custodios opera con normalidad la extorsión y corrupción en los nueve centros de readaptación social del Distrito Federal.
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La droga en Santa Martha, negocio oficial
El “Perro”, como le conocen sus compañeros de dormitorio en la Penitenciaría de Santa Martha, fuma un promedio de 15 piedras (crack) al día. Esta adicción le cuesta semanalmente 525 pesos, pues cada piedra tiene un valor de cinco pesos. En el penal el dinero es escaso y él se ve obligado a cantar durante los días de visita para obtener algunas limosnas.
Declarado fármaco-dependiente, el “Perro” recibe una dosis diaria de pastillas que el sistema penitenciario le proporciona como parte de un “tratamiento” a su adicción, mismo que suele vender a otros reos con la finalidad de conseguir un dinero adicional.
El sobre de fármacos que se comercia al interior de la cárcel se conoce como “rebote” y también se vende en cinco pesos. Para los internos de este lugar ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa s/n, la droga es un “negocio oficial”, pues los custodios encargados de realizar el rondín (vigilancia permanente de presos) jamás ven ni oyen nada a cambio de dinero.
Según indican, los custodios sólo se dedican a “estirar la mano y cerrar los ojos” cuando se introduce y se comercia la droga, se perpetran fugas apadrinadas por autoridades, o se ajustician internos. Es una mafia, dicen, porque los puestos estratégicos los asignan las autoridades, además de que los custodios también asumen jefaturas.
A decir de las fuentes consultadas en el penal, para traficar estupefacientes el interno necesita comprar la droga a los custodios, pagar una concesión (inicial) para poder distribuirla y una renta permanente para mantener esa concesión. Según indican, más del 90 por ciento de los internos en la penitenciaría son drogadictos y el crack se ubica como la droga más consumida por encima de la marihuana.
Los presos comentan que la cantidad de estimulantes que se comercian al interior es tan grande que difícilmente podría ser introducida por las visitas; mientras que, estas últimas explican que en la penitenciaría de Santa Martha, a diferencia de lo que ocurre en los reclusorios del Distrito Federal, los custodios no aceptan dinero en las aduanas para poder ingresar objetos prohibidos, como comida o bebida.
No obstante que las visitas confirman la ausencia de corrupción en las aduanas, el 24 de diciembre pasado los reos pudieron celebrar la navidad con alcohol; durante la mañana una botella de Solera se vendió a 500 pesos y en la noche el precio aumentó hasta los 800 pesos, los internos refieren que ese es un negocio de los directivos.
Pero la denuncia que hacen los presos de este penal va más allá; pues por dinero, dicen, el personal de custodia también permite ajusticiamientos que después se disfrazan como suicidios.
“Nosotros somos un botín para las autoridades; no recibimos uniformes, cobijas, artículos de limpieza, medicinas, mucho menos una comida digna, todo lo tenemos que comprar. De cajón, cada semana tenemos que pagar al personal que pasa la lista una cuota de tres a cinco pesos” comenta un interno. “Por eso lo primero que se acaba es el dinero, después los amigos y luego la familia”, dice.
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Cifras Oficiales
La población de internos en el sistema penitenciario del Distrito Federal asciende a 24 mil 271 internos; de éstos, 2 mil 282 son presos del fuero federal, y más del 60 por ciento de la población total son jóvenes entre los 18 y los 30 años. El 35 por ciento padece de alguna adicción.
Población por centros
Centros de Readaptación Social Varonil
Norte 8413
Oriente 7943
Sur 4466
Penitenciaría 1326
Psicosocial 177
Santa Martha Primodelincuentes 644
Centros de Readaptación Social
Femenil
Norte 449
Oriente 538
Tepepan 323
