Derrotados y manchados
Hijo de militar, Javier Ibarrola Jiménez es un periodista con más de 40 años en el oficio y con el mismo número de años de darle seguimiento informativamente a las fuerzas armadas. Conoce bien el arte de la guerra, más allá de la teoría.
Corresponsal de guerra en Centroamérica para la agencia The Associated Press, también le tocó ser testigo privilegiado en la revuelta estudiantil de 1968. Reportero del diario capitalino Ovaciones cubrió la matanza del 2 de octubre y conoció de primera mano la versión castrense.
Por eso, dice, “el movimiento estudiantil del 68 fue, sin duda, la crisis más grave que haya vivido gobierno alguno en los últimos 60 años y la peor mancha sobre el Ejército Mexicano, al que aún ahora se insiste en condenar por la masacre de Tlatelolco”.

Otro momento importante fue el alzamiento indígena que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero de 1994.
Chiapas, con otra dimensión, es visto por el Ejército Mexicano como una triple derrota. “La primera fue cuando Carlos Salinas de Gortari ordenó el cese de fuego unilateral el 12 de enero de 1994. La segunda, a manos de Ernesto Zedillo, cuando en enero de 1995 reconoció oficialmente como `Ejército´ al EZLN”, explica el periodista investigador.

Es un agravio que jamás olvidarán los militares, pues además de insultar a las fuerzas armadas, el presidente violó la Constitución, pues como aseguraba el entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, “sólo hay un Ejército: el mexicano”, recuerda Ibarrola Jiménez.
La tercera derrota, añade, se consumó con Vicente Fox el primer día de su mandato, cuando ordenó al Ejército retirarse de 53 puestos de control que tenía en los Altos, Norte y las Cañadas de Chiapas.

Estas decisiones, a lo largo de tres sexenios, irritaron e indignaron, como nunca, a las fuerzas armadas, señala Ibarrola Jiménez.
En ambos casos, se trató de problemas político sociales que los gobiernos en turno no supieron resolver, y se ordenó al Ejército realizar tareas que nada tienen que ver con su formación, explica.

Los militares se preguntan por qué tienen que ser ellos los que apaguen los fuegos que a diario se prenden en el territorio nacional, la mayoría provocados por los errores de los civiles.

Por ello, Ibarrola Jiménez afirma que es muy peligrosa la ineficiencia gubernamental. “La descomposición política, social y económica puede derivar en conflictos. No ahora, ni mañana. No sé cuando, ojalá que nunca, pero cuando ocurra un estallido social el Ejército tendrá la peor de sus disyuntivas”.

De ahí la importancia, agrega Ibarrola Jiménez -exjefe de redacción de Notimex, El Sol de México y El Financiero, y exdirector de Noticias de canal 13, entre otros-, que la sociedad sepa qué piensan los militares de muchos temas, como el combate al narcotráfico y la inseguridad pública, por ejemplo.
“En un momento en que todas las voces se expresan, es importante que las fuerzas armadas hagan saber su opinión”, agrega.

Sin embargo, hay un problema. Civiles y militares no se conocen entre sí. Es más, frecuentemente desconfían unos de otros.

Militares tricolores
Ibarrola Jiménez explica que el Ejército Mexicano, al final de la Revolución, pasó de ser un actor fundamental en la vida de México y paulatinamente comenzó a apartarse del poder por convencimiento propio. El último general que llegó a la Presidencia de la República fue Manuel Ávila Camacho en 1940 y el último gobernador Absalón Castellanos Domínguez en 1982 en Chiapas. Todos por el Partido Revolucionario Institucional y sus antecesores.

Ahora estamos en el extremo, añade, pues para la actual legislatura ningún partido postuló a militares para ser diputados. Parece un desdén del Legislativo. El actual gobierno y el Partido Acción Nacional son un ejemplo; ambos desconfían de los militares, porque siempre los identificó como el Ejército de los gobiernos priístas y jamás pudo entender la lealtad de los militares a las instituciones civiles, agrega Ibarrola Jiménez.

Una anécdota lo ilustra. Cuenta que en el marco de los preparativos para después de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada, “el Ejército planeaba presentar sus respetos al presidente con una parada en el Zócalo capitalino. En el equipo de transición se encontraba Carlos Rojas, a la postre director de Administración de la Presidencia de la República, quien dijo al enlace castrense que mejor fuera en el Campo Marte”.

--No vamos a caber -dijo el militar.
--Sí, sí van a caber -respondió Rojas- sobre todo después de que metamos a la cárcel a tanto general narcotraficante.
En realidad los desencuentros civiles-militares a lo largo de la historia han sido muchos y variados. Según el registro de El Ejército y el poder parece que más significativos conforme el sistema priísta se descomponía, perdía control, crecía el descontento social y las fuerzas armadas asumían nuevas tareas, como el combate al narcotráfico. Es decir, desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

Con De la Madrid Hurtado tuvo miedo que el Ejército aplicara el plan DN-III-E en toda su magnitud en la ciudad de México durante los sismos de septiembre de 1985, porque sus asesores civiles lo convencieron de que ante los graves problemas que enfrentaba su gobierno, acelerados por la crisis de pago de deuda externa y con los soldados en la calle, “se corría el riesgo de que no regresaran a sus cuarteles”.

Y Carlos Salinas primero detuvo los planes del general Antonio Riviello Bazán de eliminar en 72 horas el alzamiento zapatista en Chiapas los primeros días de 1994 y después decretó el alto al fuego unilateral.

Ernesto Zedillo reconoció al EZLN como parte beligerante y además impuso un insólito arresto al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre -por “malos manejos con el presupuesto”-, que cumplió sin chistar.

Los rumores de alzamiento militar, siempre presentes al final de cada sexenio, cobraron mayor fuerza en la administración zedillista, pues a esos dos agravios, el Ejército tenía presente que cuando fue secretario de Educación autorizó los libros de texto gratuito donde se deshonró a la institución militar por la masacre del 68.

Pero la molestia nunca salió de los cuarteles.
Lo que está fuera de toda duda es la institucionalidad de las fuerzas armadas y la subordinación plena al poder civil. Mucho de ello tiene qué ver con la formación desde el soldado raso hasta los generales de tres estrellas.

Ibarrola Jiménez sostiene si los soldados reiteran día con día su lealtad al presidente en turno, es porque se saben condición y garantía para el mantenimiento del estado de Derecho.
Pero cuando llega a la presidencia de la República el Partido Acción Nacional, con un presidente carismático y lenguaraz, sin equipo ni oficio político, el Ejército enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas condiciones sociales y política y el reclamo de la sociedad de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Desconcierto con Fox
Gracias a esa transparencia sabemos que en los últimos tres años desertaron del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 48 mil 407 efectivos. Es decir, poquito más de 20 por ciento de todas las fuerzas armadas, más que todos los marinos que integran la Armada de México (48 mil 66).

También sabemos que hasta el 11 de octubre, Ejército y la Fuerza Aérea tenía 499 generales (División, Brigada y Brigadieres), 4 mil 579 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores), 26 mil 443 oficiales (capitanes primeros, capitanes segundos, tenientes y subtenientes) y 156 mil 620 integrantes de tropa (sargentos primeros, sargentos segundos, cabos y soldados rasos).

En los anexos de los informes se podía obtener, la cifra de miembros de las fuerzas armadas y el presupuesto anual (22 mil 831 millones 496 mil 500 pesos para este año), pero el resto de datos se consideraban de seguridad nacional.

Ahora se sabe que gasta 83.55 por ciento de su presupuesto anual (19 mil 77 millones) para el pago de salarios. El actual secretario Ricardo Vega García percibe un sueldo de 153 mil 373.82 pesos mensuales.

Dice Javier Ibarrola que al concluir el tercer año de gobierno de Vicente Fox, el Ejército habrá renovado buena parte de su plana mayor y los generales que compitieron para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional estarán en el retiro.

Al finalizar el sexenio foxista, 22 de los 26 generales de División que formaban el escalafón al inicio del gobierno también estarán en el retito, incluyendo al actual secretario de la Defensa Nacional.

Sin embargo, el general Vega García, como es el caso de los dos exsecretarios de la Defensa Nacional -Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre- continuará en el activo como “asesor” del próximo secretario.

Guerra justa y sucia
La nueva sangre del Ejército, en promedio nació en la década de 1950, emprenderá la tarea de adaptar a la estructura más vertical, por definición, de un régimen autoritario que sobrevivió 70 años en el poder.

Los retos son formidables: combate al narcotráfico (“guerra justa”, le llaman en las filas castrenses), delincuencia organizada, seguridad hemisférica, combate al terrorismo, inseguridad pública e inconformidad social, si la economía, como se espera, continúa su deterioro.

El caso del tráfico de drogas es significativo, pues como bien señala Javier Ibarrola, “existe un alto riesgo de contaminación por el inconmensurable poderío económico de los carteles de la droga. Los cañonazos de 50 mil pesos, se convirtieron en bombas atómicas de millones de dólares”.

En las filas castrenses los caídos en la guerra de las drogas aumentan, desde soldados rasos hasta generales, como los Jesús Gutiérrez Rebollo, Alfredo Navarro Lara, y marcadamente Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite.

Pero igual que en el combate al narcotráfico que obedece órdenes de los civiles, deberá resolver y purgar el pasado.

Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro fueron acusados en agosto del 2009 y sentenciados tres años después por “ilícitos contra la salud en la modalidad de colaboración”. En el medio castrense, existe la convicción de que las pruebas eran muy débiles.

Pero muy pronto deberán comparecer por su participación en la represión de la guerrilla rural y urbana. En ese expediente existen muchas pruebas.

Los sucesos de 1968 y el conflicto en Chiapas son dos espinas clavadas en el corazón las fuerzas armadas, el combate a la guerrilla rural y urbana entre 1970-1980, es un tema aún más espinoso y controvertido, que ni siquiera a un investigador como Javier Ibarrola, que no oculta su simpatía por las fuerzas armadas, le incomoda.

“A esos ciudadanos, que cometieron muchos delitos, que asaltaron, robaron, mataron policías y soldados, que sabían que podían morir, ahora algunos los quieren hacer héroes. Esos delincuentes se enfrentaron con el Ejército, que cumplía órdenes y defendía la legalidad. Efectivamente muchos murieron”, afirma.

Lo que cuestionan los familiares de los desaparecidos no son las órdenes, si no los excesos.

Ese proceso legal no será una guerra, pero desde luego que caerán varios en combate del lado del ejército. Los primeros son generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro.

Lealtad y complicidad

Existe una línea muy delgada entre lealtad y complicidad en las relaciones civiles-militares, afirma Javier Ibarrola Jiménez, autor de El Ejército y el poder (editorial Océano). Y cita un ejemplo.

Cuanta que cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Luis Gutiérrez Oropeza jefe de su Estado Mayor Presidencial, lo convocó y le soltó: “Coronel, quiero leerle a usted la cartilla, y lo mismo haré con las otras personas que formar parte de mi gabinete.

“Lo he nombrado a usted mi jefe de Estado Mayor, no por lo que ha trabajado -y vaya que ha trabajado-, sino porque me ha sido usted leal y espero que lo siga siendo; de no ser así pobre de usted y pobre de mí. Pobre de usted porque yo como presidente lo desbarato y pobre de mí porque muy triste será que mi jefe de Estado Mayor sea desleal”.

Dice en la página 208 del extenso volumen de 450 páginas, que Díaz Ordaz le señaló a Gutiérrez Oropeza: “Coronel, si en el desempeño de sus funciones tiene usted que violar la Constitución no me lo consulte porque yo, el presidente, nunca le autorizaré que la viole; pero si se trata de la seguridad de México o de la vida de mis familiares, coronel, viólela, pero donde yo me entere, yo, el presidente, lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Díaz Ordaz le vivirá eternamente agradecido. ¿Estamos de acuerdo, coronel?”.

El Ejército, que mantiene una agresiva supremacía sobre la Fuerza Aérea y Armada, es una institución que pregona la lealtad y disciplina como sus principales blasones, pero cuando se trata de ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los generales son como cualquier ambicioso mortal civil.

Cuando el presidente electo Vicente Fox invitó a los militares a presentar un plan de trabajo para la Sedena, el único que lo entregó fue el general Mario Palmerín Cordero, jefe del Primer Cuerpo del Ejército.

Se proponía elevar la moral, mejorar el sistema educativo militar, otorgar medallas a los soldados que se distinguieran en cualquier misión y vestirlos con uniformes “más lucidores”. En el conflicto de Chiapas le ganó al candidato Fox, pues tras al hablar con el comandante Tacho y dar de alta en el ejército a los milicianos y simpatizantes del EZLN, resolvería el conflicto en “cinco minutos”.

En corto, comentaba que le “cortaría la cabeza a muchos” en las filas castrenses.
Pero nunca llegó. Se le atravesó Ricardo Vega García. Palmerín Cordero lo atribuye a un “trabajito” y “una gran mentira”, que le confirmó una bruja de Oaxaca.

El saliente secretario Enrique Cervantes Aguirre le habló urgentemente al presidente Ernesto Zedillo para informarle que el embajador estadounidense Jeffrey Davidow le informó que un reporte de la agencia antidrogas estadounidense aseguraba que Palmerín Cordero tenía vínculos con el narcotráfico.

Tras la llamada de Cervantes Aguirre, Fox Quesada se decidió por Vega García, quien iba a ser nombrado secretario adjunto. Palmerín Cordero le contó al autor de Ejército y poder que cuando se encontraron Fox y Davidow, en presidente le agradeció el informe. El diplomático estadounidense arguyó que nunca envió ningún informe a Cervantes Aguirre.

El periodista explica que esa versión contradice el dicho de Vega García, quien asegura que Fox Quesada le ofreció la secretaría seis meses antes de la toma de posesión.