UNO. El general y procurador Rafael Macedo de la Concha insiste, por enésima vez, en hacer de los reporteros policías a su servicio. Ahora ha firmado un “acuerdo” (para el que no tiene facultades expresas constitucionalmente), donde el galimatías no puede ser más facistoide. Cuando así lo juzgue el Ministerio Público Federal, citará a los reporteros para que den su información y sus fuentes, con relación a las investigaciones de la Agencia Federal de Investigación. Este brazo inquisidor de Macedo citará a los reporteros para requerir su testimonio. El sólo hecho de requerirlos policiacamente es ya violatorio del Art. 6 constitucional, que dispone la prohibición de toda “inquisición judicial o administrativa”.
El “acuerdo” establece “que cualquier reportero podrá ser citado y cuestionado en torno a sus fuentes de información, primero, cuando el Ministerio Público no tenga bajo ningún otro medio la posibilidad de obtener y corroborar la información que posea el comunicador, y segundo, el periodista podrá decir a su interrogador que no revelará sus fuentes por tratarse de un trabajo periodístico”.
El tramposo galimatías de Macedo es eso: una trampa.
DOS. Han cumplido un año de huelga 226 periodistas a las afueras de las instalaciones que fueron del matutino Unomásuno. Este diario fue vendido y en la transa, que no transacción comercial, fueron abandonados a su suerte de denegación de justicia, tanto por la Secretaría de Gobernación como, particularmente, por la parroquia en manos del señor Abascal, que es la Secretaría del Trabajo y por Conciliación y Arbitraje. Se trata, sin la menor duda, de un abuso del poder foxista para no cumplir con su obligación de conocer y resolver la demanda laboral de esos 226 periodistas.
Se trata de que estos trabajadores, por cansancio, se desistan de su lucha legal; pero han resistido y lo seguirán haciendo, a pesar de que han cumplido ya “un año sin justicia social, sin ingreso alguno y lo que es peor sin justicia laboral”.
Los 226 trabajadores y periodistas, a los que Creel y Abascal, como Salinas, “ni ven ni oyen”, están en un total estado de indefensión, en un régimen donde hasta se hace alarde de piedad religiosa, cuando bastaría con cumplir su obligación de impartir seguridad jurídica y seguridad de máxima justicia democrática.
TRES. Reporteros sin Fronteras y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa han vuelto a poner en la mira la despenalización de la difamación y las ofensas en relación al trabajo de los medios de información, tanto como del ejercicio de la crítica. Esto, porque los gobernantes, aun los de corte democrático y no se diga los autoritarios, continúan utilizando ese delito penal para limitar y hasta impedir que los reporteros, con arreglo al periodismo de investigación, busquen las fuentes que les pueden proporcionar información. Y sobre todo relacionada con la corrupción.
La difamación penal y civil es usada constantemente como amenazas para que la prensa, a riesgo de sufrir tales embestidas que se traducen en cuantiosas indemnizaciones, opte por autocensurar la información que obtienen sin mala fe y de buena fe publican.
El problema de la difamación y la libertad de prensa sigue siendo una solución pendiente y su debate continúa (y cuya más reciente documentación es el libro coordinado por Pablo Salvador: El mercado de las ideas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, España.-1990). cepedaneri@aol.com
