Desde el fin de la huelga estudiantil de 1999-2000, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha expulsado a casi 300 estudiantes y suspendido a 748. Las autoridades rechazan que exista represión contra los disidentes políticos, pero la mayoría de los sancionados fueron activistas durante el conflicto que paralizó las actividades académicas.

A pesar del discurso conciliador del rector Juan Ramón de la Fuente, en los hechos su administración mantiene una lucha frontal contra los desarticulados grupos que integraron el desprestigiado Consejo General de Huelga (CGH) y contra toda organización estudiantil crítica que se enfrente a sus políticas.

“El Tribunal Universitario se conduce con total impunidad y es el instrumento para reprimir a la oposición política universitaria”, concluye el Informe sobre la violación a los Derechos Humanos en la UNAM elaborado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y que será dado a conocer en los próximos días.

No obstante que la existencia del polémico Tribunal Universitario ha sido criticada por décadas, la actual administración reactivó a la instancia sancionadora con la expulsión en 2001 de los primeros seis estudiantes de una larga lista que aún no concluye. El Congreso Universitario celebrado en 1990 después de la movilización estudiantil de 1987 había acordado su desaparición. Nunca se concretó, pero mantuvo un bajo perfil hasta que De la Fuente llegó a la rectoría.

El Tribunal, ¿legal?

El Tribunal Universitario está previsto por el título sexto del Estatuto General de la UNAM referente a las responsabilidades y sanciones. El artículo 99 del Estatuto contempla la integración del Tribunal por un presidente, un vocal permanente, un vocal académico y un secretario para todos los casos. Cuando el acusado es un estudiante se agregan los dos consejeros técnicos alumnos del plantel al que pertenece el inculpado.

La legislación universitaria también señala que el presidente del Tribunal deberá ser el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho; el vocal permanente, el investigador decano del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas; el vocal académico, el consejero técnico decano del plantel “de que se trate el asunto” y, el secretario, el abogado general de la Universidad, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.

Sobre la prohibición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que existan tribunales y juzgados especiales, el presidente del Tribunal Universitario, Ignacio Ramos Espinosa, dice que “no se trata de un tribunal especial de los que prohíbe la Constitución porque está previsto por la legislación universitaria para conocer de todos los casos de conductas contrarias a la misma”.

El catedrático de la Facultad de Derecho agrega que quien cuestiona la constitucionalidad del Tribunal “es gente ignorante o que actúa de mala fe. No es un discurso de un universitario inteligente y conocedor de lo que habla. Ése es un argumento muy gastado y de tipo ideológico”.

El funcionario se apoya además en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando Alejandro Echevarría, el Mosh, llevó su caso hasta la tribuna más alta del país. “La Corte ya tuvo la oportunidad de resolver que el Tribunal Universitario no es un tribunal de los prohibidos por la Constitución y que es legal porque lo prevé la legislación”.

Sin embargo para el doctor José Enrique González Ruiz, abogado y catedrático universitario “sin duda alguna” el Tribunal es anticonstitucional, pues viola el artículo 13 de la Carta Magna.

“Es una rémora de los tiempos en los que había fueros en este país. El Tribunal Universitario existe porque existía, además de un tribunal militar, un tribunal eclesiástico y uno para los comerciantes. Todavía existe el tribunal en la UNAM y lo manejan como el brazo represor que legaliza, entre comillas, las políticas de contrainsurgencia en la Universidad.”

González Ruiz reconoce que la SCJN ha señalado que la existencia del Tribunal Universitario es legal. “Pero lo hizo atendiendo un criterio político que ordenaba seguir golpeando a los participantes del movimiento estudiantil. Para nadie es un secreto que la Corte se mueve, en muchos casos, de manera facciosa. Y en el momento en que emitió esa resolución, prevaleció el criterio político”.

Ignacio Ramos Espinosa considera que la instancia que encabeza no es un tribunal en estricto sentido. “Así lo designa la legislación universitaria, pero más bien es un órgano de disciplina y está facultado para establecer sanciones por faltas disciplinarias”.

 

“Persecución selectiva”

A decir del presidente del Tribunal, las faltas que conoce el órgano van desde faltas de respeto entre miembros de la comunidad universitaria; acoso sexual; corrupción; venta de calificaciones o, comisiones de actos violentos como el empleo de petardos. No se sanciona la disidencia política.

“El Tribunal funciona cada vez que tiene necesidad de reunirse. Ojalá y nunca ser reuniera: cuando lo hace es porque hay conductas que son sancionables. Muchas de estas conductas se llevan a cabo bajo el argumento de que son respuestas de carácter político. Pero tan porro es quien se emborracha, fuma marihuana y comete destrozos por irresponsable como el que cree que está haciendo la revolución.”

A este respecto, Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh, dice que así como el Estado mexicano no reconoce la existencia de presos políticos, el Tribunal Universitario no reconoce que esté sancionando por motivos políticos.

“Pero nosotros, con los expedientes de los estudiantes en la mano, les decimos que hay sanciones políticas. Ya hemos revisado más de 60 casos de expulsión, uno por uno, y detrás de las acusaciones por la comisión de actos de violencia, que a casi todos se les imputa, está el trasfondo político.”

Además, Ramírez López considera que el Tribunal Universitario no reúne los requisitos “ni para llamarse, erigirse o establecerse como un tribunal. Se trata de un órgano de sanción administrativa”. Agrega que su existencia no está prohibida por la Constitución en tanto no es un tribunal especial; pero la manera de conducirse sí viola el estado de derecho del país, pues se adjudica facultades que no le corresponden.

“Este órgano debería generar sanciones administrativas, pero genera verdaderas penas ilícitas y trascendentales. Es decir, el Tribunal Universitario no tiene la facultad para imponer penas que trastoquen totalmente la vida del estudiante, por muy grave que haya sido la infracción del alumno.

“Hay decenas de jóvenes que ya terminaron su carrera y que sólo les faltan algunos créditos académicos o la conclusión de sus tesis y por lo tanto están a punto de obtener un título; y no lo van a hacer porque el Tribunal decidió expulsarlos definitivamente sin darles ninguna opción para terminar su  carrera. Es decir, la sanción se convierte en una pena, con lo que el Tribunal viola los artículos 14 y 16 de la Constitución.”

El abogado señala que además la persecución es selectiva, “pues a los porros que incluso se han visto involucrados en intentos de asesinato en la Escuela Nacional de Trabajo Social, no se les toca”.

Ramos Espinosa, presidente del Tribunal, dice que los estudiantes remitidos a esa instancia tienen un procedimiento justo e imparcial. “Como principio fundamental, a la persona que se le imputa una conducta, se le hace saber; y también se le da la oportunidad de contestar y aportar pruebas en su defensa”.

Al respecto González Ruiz señala que los estudiantes que son remitidos al Tribunal no tienen garantía alguna de ser  juzgados imparcialmente. “Se trata de un tribunal de consigna, de orden; no tiene criterio ni independencia. Incluso en varias ocasiones, las mismas personas que acusan, son las que participan en el Tribunal”.

 

Irregularidades

Adrián Ramírez Ruiz dice que casi todos de los estudiantes remitidos al Tribunal Universitario son castigados. “El simple hecho de que te lleven al Tribunal, quiere decir que serás sancionado. Los casos que hemos estudiado indican que una vez que las autoridades deciden castigar a alguien por sus actividades políticas, lo remiten al órgano represor y no hay posibilidades de defenderse”.

El alumno expulsado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Jaime Martínez López ejemplifica las inconsistencias jurídicas del proceso que lo excluyó de la UNAM.

“Me llegó la denuncia por escrito a mi domicilio, pero mis apellidos no eran los correctos. No permitieron que entrara con testigos a la única audiencia a la que tenemos derecho y me juzgaron sin que yo haya aportado pruebas a mi favor. Finalmente la resolución llegó en 20 días a mi casa. Y se acabó.”

Para el también expulsado Alejandro Echevarría “es claro que a través de Tribunal Universitario se quiere acabar con la disidencia y acallar las voces críticas. Se intenta criminalizar la lucha estudiantil. Y en este afán, el ilegal tribunal ni siquiera respeta sus propia normatividad pues el proceso que concluyó con mi expulsión estuvo plagado de irregularidades.

“Ni siquiera se me notificó. Yo me enteré por la radio que formalmente ya no era universitario”, dice Echevarría, quien fue uno de los activistas más visibles durante la huelga y al que se le identificó con la ultra del movimiento.

Para el también expulsado Jorge Martínez Valero, del Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella, considerado la mega ultra universitaria, la expulsión de activistas “es con la idea de castigar, como ejemplo para otros, la osadía de desafiar a la alta burocracia de la UNAM. Esa osadía se paga y el régimen escogió a algunos para ejemplo de todos”.

De acuerdo con datos proporcionados por Ignacio Ramos, del 2001 a la fecha se han remitido al Tribunal Universitario mil 531 alumnos y ningún académico. 267 han sido expulsados, 748 suspendidos, 423 amonestados y 103 asuntos han sido sobreseídos.

El presidente del Tribunal concluye: “no hay remordimientos, duermo bien. Estoy conciente de que es un servicio el que le estoy prestando a la Universidad. Es, además, un cargo honorífico. Cuando los directores tienen un problema nos lo avientan porque ellos no lo pueden resolver. Y luego nosotros somos los malos de la película, pero en realidad no lo somos.”