El gobernante y su gabinete han ignorado y retrasado el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CDHDF, según la propia Comisión, que tienen que ver principalmente con la procuración de justicia y seguridad pública.

Organizaciones no gubernamentales denuncian la desatención del gobernante en esta materia, al señalar que no ha observado con detenimiento ni atendido de forma seria la situación de los derechos humanos en la capital del país.

Edgar Cortés, secretario de la Red Todos los Derechos para Todos, dice que “no hay un trabajo de monitoreo o de revisión general de lo que realiza la CDHDF, ni tampoco de los organismos independientes.

“Los organismos públicos de derechos humanos, la Comisión Nacional y las estatales, deberían tener mecanismos de monitoreo, por ejemplo, a través de la Cámara de Senadores o los congresos locales”, considera.

Dice que las comparecencias del ombudsman capitalino ante la Asamblea Legislativa tampoco han sido mecanismos eficientes para la evaluación, porque son sólo una formalidad, ya que no hay un seguimiento riguroso y objetivo por parte de los legisladores locales.

La diputada Mónica Leticia Serrano, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, afirma que el único informe con el que trabajan es el que realiza la CDHDF y que su papel se reduce a presenciar la comparecencia del ombudsman.

“Como órgano legislativo tenemos la obligación de llamar a comparecer a cualquier autoridad que no cumpla con las recomendaciones que emite la Comisión. Por ejemplo, pedimos al procurador Bernardo Bátiz que explicara de su omisión en recomendaciones dirigidas a su corporación, sin embargo no asistió a la primera cita porque dijo que tenía mucho trabajo”.

 

La tortura

En el documento México, Juicios injustos: tortura en la administración de justicia, publicado por Amnistía Internacional (AI) en el 2003, se relatan casos de tortura que sirven para ilustrar muchos de los defectos del sistema de justicia penal en México.

De siete casos tres corresponden al Distrito Federal, uno de los cuales se refiere a los hermanos Enrique y Adrián Aranda Ochoa, quienes después de ser detenidos arbitrariamente el 25 de junio de 1996 en la ciudad de México, fueron golpeados y obligados a firmar documentos incriminatorios y fueron filmados portando armas.

A pesar de una denuncia por tortura ante el ombudsman capitalino, se consideró que era imposible comprobarlo. Finalmente, en 2002, la Comisión recomendó procesar a los responsables e indemnizar a las víctimas.

Otro caso: Alfonso Martín del Campo fue detenido el 30 de mayo de 1992 por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, después de aparecer muertos su hermana y su cuñado. Lo llevaron al despacho del jefe de policía en el sótano y allí, entre 10 y 12 agentes lo torturaron, lo obligaron a firmar y poner su huella dactilar en una confesión de los dos asesinatos.

Después de una recomendación de la CDHDF del 2002, la Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al ombudsman que la Comisión Interamericana había admitido la causa.

Como resultado de la presión de organizaciones defensoras de derechos humanos para que liberaran a Martín del Campo, el Tribunal Superior de Justicia del DF informó que el reclamo era improcedente, debido a que los supuestos abusos ocurrieron antes de que México aceptara la competencia de ese juzgado interamericano.

Un tercer caso se refiere a la detención de José Luis Ramírez Rivera el 10 de julio de 1998 por agentes de la Policía Judicial, donde supuestamente hubo tortura para que firmara una confesión. Acusado de participar en un atraco y condenado a 50 años de cárcel, en 2002 fue puesto en libertad luego de que el tribunal de alzada consideró que no había pruebas suficientes en su contra.

Amnistía Internacional resalta estos casos, pues demuestran claramente el uso de la tortura para obtener confesiones y después la práctica reiterada de las respectivas autoridades de no remediar la injusticia y los abusos padecidos por la víctima.

En todos los casos, la detención y tortura de las víctimas se produjo con anterioridad a la toma de posesión del jefe de gobierno López Obrador. Sin embargo, la mayoría de ellas continúan detenidas, los funcionarios responsables siguen disfrutando de impunidad y las víctimas y sus familiares no han recibido la reparación del daño.

En 2003, la Comisión atendió al mayor número de personas en su historia. Tramitó 6 mil 300 quejas; tres de cada diez denuncias correspondieron a la PGJDF, seguida por la Dirección de Reclusorios, la Secretaria de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud.

Se observa pues que el principal problema en la violación de derechos humanos que detecta el ombudsman local, siguen siendo los abusos en la procuración de justicia.

La PGJDF ha recibido 30 quejas por actos de tortura presuntamente realizados por agentes de esa dependencia, según la subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la dependencia, Margarita Espino.

Edgar Cortés ejemplifica: “en la ciudad todavía hay casos de tortura y no desaparecerá mientras la ley deje la puerta abierta. Por ejemplo, la declaración de un presunto delincuente sigue dándose ante un Ministerio Público y no ante un juez, y con ello se genera un margen de riesgo para los abusos”.

 

Impunidad

A cuatro años del gobierno de AMLO, han sido constantes las manifestaciones que alertan sobre violaciones a los derechos humanos. Desde los programas y operativos propuestos por el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, la mega marcha del 27 de junio; las protestas por el cierre del hospital infantil en Azcapotzalco, y contra la Ley de Cultura Cívica, calificada como represiva y excluyente.

En agosto de este año la CDHDF emitió la recomendación 6/2004 que confirmaba que en la supuesta lucha contra la delincuencia los superpolicías han incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

El ombusdman capitalino había advertido que las estrategias recomendadas por Giuliani debían suspenderse, “pues lejos de combatir la inseguridad han creado más violencia y deterioro social”.

La recomendación fue resultado del desahogo de 79 quejas presentadas ante la CDHDF, por violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía de élite: Grupos Operativos Especiales (GOPES), Tigres, Fuerzas Especiales, Mantis, Escorpiones, Táctico, Cobra, Sagitario y Fuerza de Tarea, todos supuestamente especializados en el combate al crimen organizado, y señalados de participar en secuestros y robos.

Todos estos grupos operan bajo el mando del subsecretario Regino García, señalado como responsable de abusos en siete quejas contenidas en la recomendación.

Se pidió una trasformación de las políticas de combate a la inseguridad: “es insuficiente que se haya cambiado de adscripción a los policías, que se cambie de nombre a los grupos o se les haya desaparecido; el problema no está resuelto mientras persista la impunidad”, señala Álvarez Icaza.

La CDHDF tiene 11 años de haberse constituido. En esta década ha convivido con todos los gobiernos democráticos de la ciudad, aunque esto no significa puntos a su favor.

Edgar Cortés advierte: “la alternancia en el gobierno no siempre se traduce en mejoría a los derechos humanos; hemos constatado que todos los gobiernos tienen el riesgo de seguir propiciando violaciones”.

También ha percibido falta de compromiso por parte del gobierno, e incluso reticencia ante las recomendaciones, como dice la consejera Pilar Noriega: “si no aceptan nuestras observaciones, no se podrán resolver los conflictos”.

A pregunta expresa, dice que si la CDHDF incomoda a las autoridades, “sucede porque no hay una cultura en la que se acepta la crítica y se quiere observar un ejercicio de autoridad o función pública perfecta”.

Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coinciden con Pilar Noriega al advertir contradicciones y menosprecio por parte del jefe de gobierno ante este tema.

“Hay un mensaje implícito en el desdén del Ejecutivo local al no asistir a las comparecencias del comisionado, y su gabinete ha ignorando en consecuencia las recomendaciones que le envía la CDHDF”, señala Miguel Pulido. 

Noriega advierte que en tanto no se hagan cumplir los derechos para cualquier persona, se está hablando de un doble discurso.

“La no asistencia del jefe de gobierno a los informes de la Comisión, es una contradicción. En el primer informe de labores de Emilio Álvarez Icaza, el jefe de gobierno sostuvo que se iban a aceptar todas las recomendaciones, pero no lo ha hecho.

“Hay una señal de alarma que nos indica que todavía se debe hacer más y esto es para las autoridades federales y para el gobierno del DF. Hay un conflicto social y por eso debemos hacer un balance y un estudio de está situación”. 

Lo irresoluble, dice Noriega, está en los reclusorios. “Uno de los problemas que los activistas vislumbran y que de no ser controlado puede llegar a ser muy grave, es la ingobernabilidad en los reclusorios. Hay presos que golpean a otros y que extorsionan incluso a los familiares, y si éstos deciden quejarse con la Comisión, son presionados hasta que desisten de su queja. Así, es difícil garantizar la seguridad de éstas personas”.

Y remata: “se ventila el falso dilema entre derechos y seguridad pública, como si se contradijeran, pero no es así. Si las autoridades no transmiten el mensaje de respeto a los derechos y no educan a la población, corremos el peligro de ingobernabilidad”.

Elena Azaola, antropóloga y también consejera, ha seguido de cerca la aplicación y el rechazo que la sociedad muestra hacia la Ley de Convivencia Cívica, la cual, dice, “atenta contra los derechos humanos de los más desprotegidos, con quienes la sociedad está en deuda”.

Tanto en la capital como a nivel nacional no hay comunicación directa con los ciudadanos, cuando “el tema de los derechos humanos debe ser una preocupación de primer orden y cualquier proyecto político de avanzada debe colocar este tema entre sus prioridades. No puede haber una ciudad democrática que omita o ignore los derechos humanos”.

A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica como Bogotá, “aquí no hay una comunicación con los ciudadanos. No es asunto de un partido o gobierno, tradicionalmente en México ha habido un divorcio entre autoridades y ciudadanos”.

Dice que es tan claro que se violan los derechos humanos en la capital del país, que la Comisión registró un incremento en el número de quejas recibidas entre 2003 y 2004. En el sector salud aumentaron 70 por ciento y en Seguridad Pública 30 por ciento.