Un día después de asumir la presidencia, Vicente Fox celebró el primer acto público de su mandato; se trató de la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. Éste fue el inicio de una política exterior basada en “buenas intenciones”, pero de aplicaciones limitadas.

Anders Kompass, Alto Comisionado de la ONU en México, asegura que “el tema de los derechos humanos ha sido un eje fundamental para la política exterior de la actual administración”.

Y aunque agrega que en esta materia “la política ha sido de mucha apertura y cooperación con los mecanismos internacionales, tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, las organizaciones civiles señalan que esto no se refleja en la política interna.

Laura Salas, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explica que en el exterior el discurso del gobierno mexicano asegura la plena protección de estos derechos, no obstante hay una considerable distancia con la realidad.

“Valoramos como positivo que la actual administración tenga disposición para firmar tratados internacionales en esta materia y que invite a relatores, porque está abierto al escrutinio internacional; pero falta mucho para que estos compromisos se apliquen en la vida cotidiana de nuestro país.”

El balance del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” coincide con esta crítica. “Por más positivo que sea el discurso internacional, generalmente no se concreta  en cambios a la política nacional en la materia.”

Agrega que “pese a la ratificación de muchos instrumentos importantes y la promoción de resoluciones sobre el tema en la ONU y en la OEA, existen vetos que impiden una efectiva protección interna”.

 

Marginación de los tratados

La lista de los tratados internacionales para salvaguardar los derechos humanos firmados por la actual administración, incluye la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.

En el primer caso, la práctica de este instrumento se dificulta porque el propio gobierno dispuso una declaración interpretativa. “La convención no tiene carácter retroactivo; por eso sólo es aplicable a los crímenes de lesa humanidad cometidos después de su ratificación, ocurrida en el 2001. Todo lo que aconteció en el pasado no está sujeto a los estándares del tratado”, afirma el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

En el segundo caso sucede algo similar. “La Convención no aplica a desapariciones forzadas cometidas antes de que entrara en vigor; pero en este caso, lo más grave es la reserva al artículo 9 que señala que en este tipo de crímenes, las presuntos responsables no deben ser juzgados en instancias o jurisdicciones especiales sino en el ámbito civil”, indica el balance.

Y añade que de acuerdo a la Constitución, México tiene una reserva que conserva el fuero militar. “Si las desapariciones son cometidas presuntamente por miembros de las fuerzas armadas, esta reserva permite que se investigue y se juzgue dentro del fuero militar y no del civil. En este sentido, la administración de justicia conserva  cuestiones de parcialidad”.

Como resultado, el juicio de los crímenes del pasado claudica. “Ahora que se empiezan a juzgar los crímenes del pasado, esta reserva a favor de las fuerzas armadas dificulta la impartición de justicia, porque las personas que cometieron estos crímenes durante la llamada guerra sucia son mayormente militares”, expresa Laura Salas.

La congeladora

En el 2001, cuando Jorge Castañeda era secretario de Relaciones Exteriores, México promovió a nivel multilateral la aprobación de la Corte Penal Internacional (CPI); pese a que ésta entró en funciones hace tres años, la propuesta para que nuestro país participe de este esfuerzo se mantiene congelada en el Senado.

“Tenemos la necesidad de ser parte de los tratados internacionales que todavía no hemos ratificado, como el Estatuto de Roma que crea la CPI. En este sentido, la propuesta no ha podido avanzar pues, para ratificar este tratado los senadores pusieron como condición la reforma al artículo 21 constitucional”, advierte Laura Salas.

La integrante de la CMDPDH puntualiza que esta reforma ya se discute en la comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Justicia, pero el proceso se percibe complejo. “Todavía falta que pase al pleno y luego a las legislaturas; y sólo después de su aprobación los senadores entrarán a la discusión del Estatuto”.

Salas agrega que de Latinoamérica, sólo México y Chile están fuera de este proceso. “Es muy importante que nuestro país ratifique este tratado porque nos estamos perdiendo de la toma de decisiones dentro de la Asamblea de Estados, no tenemos voto en esta Corte que juzga individuos por crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra”.

Pero el abandono de los tratados no termina, tal es el caso del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura enviado por Vicente Fox a la Cámara de Senadores en abril pasado. “Este convenio aún no se firma, pese a que en México la tortura es una práctica sistemática señalada incluso por la ONU”, indica el balance del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Al respecto, Anders Kompass aclara que en lo referente a tratados internacionales sobre derechos humanos, nuestro país tiene tareas pendientes como la ratificación del Estatuto de Roma y del Protocolo contra la Tortura.

Además, el Alto Comisionado considera que el gobierno federal debe analizar las reservas y declaraciones que se han hecho a algunos instrumentos internacionales, para asegurar su pleno cumplimiento.

 

Las otras dificultades

Anders Kompass reconoce que, aunque los tratados internacionales son ley suprema y se encuentran por encima de las leyes federales y estatales, en muchos casos no hay armonía entre la legislación interna y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y por tanto no se aplican adecuadamente.

“Otra dificultad es que, en general, los jueces y abogados no conocen ni aplican estos tratados, por lo que la persona sólo se protege con la legislación interna”, dice el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Para Laura Salas, “es muy importante que los jueces conozcan estos tratados internacionales y que lo vean como parte de la legislación nacional, para que retomen las tesis de éstos y se siente jurisprudencia”.

Kompass asegura que “otro problema es que al elaborar políticas públicas, las autoridades no tienen como eje rector los estándares emanados de los tratados internacionales en la materia”.

Agrega que la actual administración tiene la voluntad política para avanzar en este sentido. “En el Programa Nacional de los Derechos Humanos –en proceso de creación- se intenta combatir esta problemática al incorporar una perspectiva de estos derechos en el quehacer diario del Estado”.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez considera que “la discusión debe centrarse en cómo trasladar el discurso internacional del gobierno, que es muy positivo, a una política de Estado en materia de derechos humanos, pues nuestro país no cuenta con una política concreta”.

El balance general de esta organización sintetiza: “la actual administración se caracteriza por promover la aprobación y ratificación de instrumentos internacionales o regionales en materia de derechos humanos, pero siempre encuentra justificaciones para no ponerlos en práctica”.

“En este sentido, la falla radica en la política interior de México, mientras el discurso internacional se queda en las buenas intenciones”, señala el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

 

El fideicomiso para los Derechos Humanos

 Apenas el pasado 2 de agosto, la administración de Luis Ernesto Derbez en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), erogó 739 mil 224 pesos para financiar el Fideicomiso del Programa de Cooperación sobre los Derechos Humanos México-Comisión Europea (CE).

Un mes después, el 21 de septiembre, la CE realizó una aportación inicial que ascendió a dos millones 269 mil 842 pesos. El contrato, coordinado por la Subsecretaría para Temas Globales, tiene por objeto la administración e inversión del patrimonio económico de dicho programa suscrito en diciembre de 2003.

En total, la CE aportará 640 mil euros, que equivale a poco más de nueve millones de pesos, esta cifra representa el 80 por ciento del capital destinado al programa, mientras que la cancillería mexicana contribuirá con 160 mil euros.

El objetivo general del proyecto de cooperación es definir acciones y políticas concretas para que México incorpore normas y estándares internacionales de derechos humanos. También busca consolidar un espacio y propiciar una cultura de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.

El Programa de Cooperación sobre los Derechos Humanos se desarrollará en un lapso de tres años, mediante la realización de seminarios impartidos por expertos europeos y latinoamericanos.

Actualmente, el fideicomiso resguarda tres millones nueve mil 66 pesos. El déficit de 12 mil 579 pesos corresponde a los pagos realizados a Nacional Financiera por los cargos de la fiduciaria y por el primer trimestre de operación.