Los mexicanos somos parte de la lucha global contra el terrorismo sin que hasta ahora el gobierno del presidente Vicente Fox haya informado suficientemente a la sociedad el alcance de las reformas legales y medidas judiciales que implica el compromiso de nuestro país en ese rubro. Pese a la demanda por transparentar esa información, la reserva de los funcionarios mexicanos al respecto es total.

Sin embargo, en la 59 reunión de ONU, este año, el Comité Contra el Terrorismo (CTC) informaba en su punto 4: “Al 30 de julio de 2004, se habían recibido respuestas de los siguientes Estados: Albania, Andorra, Armenia, Belice, Bulgaria, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Granada, Irlanda, Kirguistán, Kuwait, Malta, México, Nueva Zelandia, Omán, la República Árabe Siria, Suecia, Suiza y Venezuela. Varios Estados se refirieron a la información contenida en sus respectivos informes presentados al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo”.

Una de esas medidas fue la aprobación el 18 de noviembre de 2003, por el Senado de la República, de modificaciones a las leyes financieras que permitirán bloquear el patrocinio a las actividades terroristas.

Las modificaciones, propuestas por el senador panista Fauzi Handam, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, alcanzan a las instituciones bancarias, de ahorro y crédito popular (cajas de ahorro), de los sistemas de ahorro para el retiro y del mercado de valores, y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha.

De este modo, las reformas permiten a la Secretaría de Hacienda realizar un amplio escrutinio en caso de detectar actos u omisiones u operaciones que favorezcan al terrorismo. "Se fortalecerá el sistema jurídico y los mecanismos para prevenir el terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con pleno respeto a las garantías individuales de los mexicanos", aseguró entonces el legislador Handam.

En ese sentido, la pasada visita a México del responsable estadounidense Tom Ridge, encargado de la seguridad doméstica, quien coordina las actividades del Servicio de Inmigración y Naturalización, así como del Servicio de Fronteras que han impuesto un sistema de registro electrónico de las personas que cruzan por la frontera bilateral, se inserta en el acatamiento de la resolución 1373 de ONU.

El 4 de diciembre de 2003 se anunció que el CTC adoptó el proyecto de resolución titulado “Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, propuesto por México.

El 20 de abril de 2004, Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para temas globales de la cancillería, informaba desde Ginebra por vía telefónica a la prensa nacional, que se votaría esa propuesta “que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo”. 

Otra vertiente por la que México acató la resolución 1373 fue la estrategia conjunta del 10 de mayo pasado con Colombia para luchar contra el terrorismo, narcotráfico y delitos conexos como el tráfico ilícito de armas y el lavado de dinero.

Ambos países adoptarán un “enfoque multidimensional común en materia de seguridad”, según los cancilleres Luis Ernesto Derbez de México y Carolina Barco de Colombia.

Un apartado de la declaración aborda el tema del tráfico ilícito de armas, muy ligado con el terrorismo y el narcotráfico. Los dos gobiernos los combatirán mediante dos mecanismos:

1) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Explosivos y otros materiales relacionados y 2) el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

Para ello reactivarán la comisión binacional –hasta ahora inoperante- conformada por las respectivas cancillerías, los ministerios de Defensa, la Secretaría de Gobernación de México y el Ministerio del Interior y de Justicia colombiano.

Estas acciones son sólo una parte del compromiso asumido por México para combatir el terrorismo internacional y que periódicamente y en nombre del pueblo mexicano compendia la cancillería como resultado de los avances de dependencias como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y de Gobernación, entre otras.

 

Mandato del CTC

 

Tras los atentados del 11-S, el gobierno estadounidense pugnó por una lucha global contra el terrorismo, de ahí que días después, el 28 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas conforme el Capítulo VII de su Carta (relativo a la paz y seguridad mundiales)  aprobó la Resolución 1373 (2001).

Compromete a la comunidad internacional en ese objetivo, si bien desde 1963 ya existían 12 instrumentos legales sobre prevención y supresión del terrorismo.

Establece que: “los actos, métodos y prácticas del terrorismo son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas –y llama a los Estados miembros a hacerse parte tan pronto como sea posible de las convenciones internacionales y protocolos relevantes, y a aumentar la cooperación, así como a implementar las convenciones internacionales y protocolos”.

La resolución también dio origen al Comité Contra el Terrorismo (CTC por sus siglas en inglés) el cuerpo líder de la ONU que verifica la aplicación de la resolución por todos los estados y aumenta la capacidad de los mismos para combatir ese flagelo.

Reestructurado, el Directorado ejecutivo del CTC estableció su misión política para un período inicial que concluiría el 31 de diciembre del 2007. La resolución 1373 impone obligaciones vinculantes a todos los Estados para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, les exige, entre otras cosas:

Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo financiero a los grupos terroristas, denieguen refugio, sostén o apoyo a los terroristas; intercambien información con otros gobiernos acerca de los grupos que cometan actos de terrorismo o prevean cometerlos; cooperen con otros gobiernos en la investigación, la detección, la detención y el procesamiento de quienes participen en esos actos; tipifiquen como delito en su legislación interna la asistencia activa y pasiva al terrorismo y enjuicien a quienes infrinjan esa legislación y se adhieran cuanto antes a las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo.

Por otra parte, el Comité pide a todos los Estados adoptar medidas concretas para cumplir la resolución, considerando las circunstancias concretas de cada país. El CCT propone establecer una base de diálogo permanente sobre el mejor modo de lograr que aumente la capacidad nacional contra el terrorismo.

 

Bajo la lupa

El comité pidió en nota verbal SCA20/01 (6) a todos los Estados, le informen de las medidas que adoptaron o tengan previsto adoptar para aplicar la resolución 1373. Esos informes son la base del trabajo del CTC con los Estados Miembros.

Los informes se examinan por uno de los tres Subcomités –asesorados por expertos independientes especializados en: redacción de textos legislativos, legislación y prácticas financieras, aduaneras, práctica de inmigración y práctica de extradición así como policía y órganos encargados de hacer cumplir la ley, peritos en tráfico ilícito de armas y en otras esferas especializadas incluida la asistencia- e invitan a los Estados interesados a asistir a parte de las reuniones. 

Tras el análisis de los informes y de otra información de que disponga, el CTC evalúa cómo cumplen los Estados la resolución 1373, posteriormente les notifica por carta –en las que se formulan nuevas preguntas sobre cuestiones ya examinadas y de asuntos que el CTC considera pertinentes- que respondan en un nuevo informe que debe presentar en tres meses.

 

Prioridades

 La resolución 1373 tiene un amplio alcance, que abarca la legislación nacional, los mecanismos ejecutivos internos y la cooperación internacional. Para que los Estados se concentren en la adopción de medidas eficaces en las esferas especialmente prioritarias para ellos, el CTC establece tres etapas de análisis sobre su labor con los Estados:

Para que sea eficaz, el mecanismo debe incluir, entre otras cosas:

 i. Estructuras policiales y de servicios de inteligencia con el fin de detectar, vigilar y aprehender a quienes participen en actividades terroristas y a quienes apoyen esas actividades,

 ii. Controles aduaneros, de inmigración y fronterizas para impedir los desplazamientos de terroristas y el establecimiento de refugios, y

 iii. Controles para impedir que los terroristas tengan acceso a armas.

Miembros del Comité. Javier Ruperez, director ejecutivo del CTC, designado por el secretario general de Naciones Unidas y lo preside desde el 4 de abril de 2003 Inocencio F. Arias de España, en espera de que Andrei I. Denisov asuma como representante permanente de Rusia, el 31 de diciembre de este año.

Los vicepresidentes Abdallah Baali (Argelia) Ismael Abraão (Angola) y Ronaldo Mota Sardenberg (Brasil) fueron elegidos después que México salió del Consejo de Seguridad a finales del 2003 y de que la Federación de Rusia fue elegida para presidir el Comité, respectivamente.

El órgano está constituido por los 15 miembros del Consejo de Seguridad sin ser un comité de sanciones ni emitir una lista de organizaciones o individuos terroristas.