En los últimos dos años, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) ha destinado casi mil millones de pesos para el financiamiento de cinco fideicomisos y dos mandatos públicos.

Aunque seis de éstos fueron heredados de las pasadas administraciones, la gestión de Sara Guadalupe Bermúdez fundó uno propio con 281 millones de pesos. Fue el 19 de noviembre de 2003 cuando se constituyó el Fideicomiso Biblioteca de México “José Vasconcelos”, actualmente en proceso de extinción.

Pero la duración de estos contratos no suele ser tan efímera. Por ejemplo, el Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), creado el 18 de marzo de 1989, aún mantiene los millonarios suministros aportados por el erario público.

Tan sólo en el 2003, el Conaculta destinó a este fondo 312 millones 318 mil pesos, que se invirtieron en mil 177 becas y estímulos a la creación, explica la dependencia en respuesta a la solicitud de información hecha a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. El presupuesto del Fonca para este año asciende a 336 millones 641 mil 300 pesos.

No obstante las sumas comprometidas, este tipo de contratos del Conaculta y de toda la administración federal permanecen sin fiscalizar, pues la información se considera protegida por el secreto fiduciario. Ante la falta de transparencia, algunos legisladores consideran que éstos se han convertido en las “cajas chicas” del gobierno federal.

Hasta ahora, la Auditoría Superior de la Federación ha dado cuenta de la discrecionalidad y del desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda a través de los fideicomisos Aduanas I y II, y de la Lotería Nacional por medio del fideicomiso Transforma México.

Para la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Martha Lucía Mícher, “la triangulación de fondos entre Transforma México, la Lotería Nacional y la asociación civil Vamos México, demostró la situación en que se encuentran los fideicomisos públicos”.

Mícher Camarena considera que hay varios casos preocupantes, como el de Aduanas. “Se trata del desvío de recursos públicos de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria a la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), en este caso las irregularidades se estiman en más de dos mil millones de pesos”.

A principios de noviembre, la fracción perredista en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, para impedir que la información relativa a los fideicomisos se considere como reservada.

Gregorio Rodríguez Mejía, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que la falta de fiscalización de los fideicomisos, fondos y mandatos es un error, pues al utilizar recursos públicos no pueden apelar al secreto fiduciario.

El especialista en derecho mercantil señala que “los fideicomisos deben ser fiscalizados porque el Estado está obligado a rendir cuentas sobre el manejo de los fondos públicos. Es dinero del pueblo, no del gobierno, por eso el secreto fiduciario no debe existir”.

 

Biblioteca José Vasconcelos

 “Durante la administración de Vicente Fox se han creado 288 fondos y fideicomisos de distinta naturaleza, que manejan  recursos por 129 mil 796 millones de pesos”, afirma la diputada Mícher Camarena.

De estos 288, uno corresponde a Conaculta. Se trata del Fideicomiso Biblioteca de México “José Vasconcelos”, constituido a finales del año pasado en Nacional Financiera con un presupuesto de  281 millones de pesos.

Este fideicomiso fue creado para “administrar e invertir el patrimonio para la realización de todos los actos jurídicos y técnicos necesarios, para poner y mantener en operación el edificio de la Nueva Biblioteca de México José Vasconcelos”, indica el Conaculta.

Según consta en la respuesta a la solicitud de información al IFAI, “el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción, toda vez que la construcción de la biblioteca será llevada a cabo por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas”.

No obstante que en dicha solicitud se cuestiona a la institución sobre los resultados del contrato, la dependencia omite detallar los logros así como el destino que tendrán esos varios millones de pesos cuando este fideicomiso desaparezca.

En la respuesta a otra solicitud de información, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes da cuenta de que en el 2003, el presupuesto estimado para la construcción del nuevo edificio ascendía a sólo 38 millones 867 mil pesos.

Por concepto de gastos administrativos y notariales del terreno se estimaba una inversión de dos millones 875 mil pesos; los estudios se calculaban en 979 mil 895 pesos. Por licencias y permisos la administración de Sara Bermúdez invirtió 6 millones 820 mil pesos. Las consultorías tuvieron un costo de 165 mil 360 pesos.

Uno de los gastos más fuertes relacionados con la construcción de la biblioteca corresponde al Concurso Internacional de Arquitectura, que ascendió a 10 millones 129 mil 436 pesos.

La coordinación general de la obra costó dos millones 705 mil pesos, mientras que el proyecto ejecutivo tuvo un valor de 12 millones de pesos, y la preparación del terreno significó una erogación de tres millones 190 mil pesos.

El perredista Inti Muñoz, integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados señala que, “es un gran error que el gobierno federal pretenda suplir la ausencia de una política cultural con proyectos como la biblioteca José Vasconcelos, en la que por lo menos se gastaría el 20 por ciento del presupuesto que se destina a la cultura. Esto es lamentable”.

David Guzmán Rodríguez, líder sindical de músicos del Instituto Nacional de Bellas Artes, dice: “en este caso presumimos que hay una aplicación irracional de recursos. Hay inversión en la mega biblioteca, aún cuando no sabemos qué utilidad va a tener para el país en términos de política cultural, sólo sabemos que es para hacer brillar el nombre de los funcionarios en turno”.

Agrega que “mientras se destinan recursos millonarios a este proyecto se desatienden otras necesidades urgentes como las escuelas de artes. En la ciudad tenemos millones de habitantes y no hay el suficiente quehacer artístico que alimente las necesidades culturales de la ciudadanía, menos las del país, pero para eso necesitamos una política de Estado en materia cultural”.

 

Museo de Arte Popular Mexicano

El 21 de septiembre de 2000 se constituyó el Fideicomiso del Museo Popular Mexicano en el Banco Mercantil del Norte. Este contrato tiene como fideicomitente y fideicomisaria a la empresa Servimet (Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.)

Para continuar con sus objetivos -establecimiento e instalación del  museo-, en el 2004 la administración de Sara Bermúdez aportó siete millones de pesos. En este mismo año, el contrato se inscribió en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal, pese a que se firmó cuatro años antes.

Aunque el fideicomiso tenía programada como fecha de extinción el 25 de agosto de 2004, el Comité Técnico que lo integra concedió una prórroga de seis meses, y la fecha se amplió hasta el 25 de febrero del próximo año.

A través del IFAI, el Conaculta sólo da cuenta de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2004, los cuales, asegura, han sido el reconocimiento de este fideicomiso como parte de la administración federal y la continuación de los trabajos del proyecto arquitectónico.

 

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Hace una década se creó el Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso para administrar, promocionar y difundir exposiciones artísticas. Entre el 2003 y el 2004 este mandato recibió 11 millones 872 mil pesos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Además del Conaculta, los mandatantes son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno del Distrito Federal, mientras que el mandatario es Nacional Financiera.

Los 5 millones 936 mil pesos otorgados el año pasado, dieron como resultado la realización de 18 exposiciones y eventos; mientras que una cifra similar entregada este año, fue utilizada en la promoción de una exposición internacional, una nacional montada, conciertos, recitales y presentaciones de danza, entre otras actividades.

 

Museos Diego Rivera y Frida Kahlo

El Fideicomiso para la Adaptación de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo data del 31 de mayo de 1956. Integrado por la Secretaría de Hacienda como fideicomitente y por el Banco Nacional de México como fiduciaria, tiene por objetivo “propiciar las condiciones adecuadas para la preservación y difusión del patrimonio histórico y bibliográfico de los museos”.

El año pasado Conaculta entregó un millón 177 mil 200 pesos mientras que en el 2004, el monto otorgado ascendió a un millón 14 mil 400 pesos. En este periodo, señala la dependencia, se dio conservación a 55 mil 184 obras artísticas que son albergadas en estos espacios.

 

Casa del Risco y Cenart

El Fideicomiso para la Conservación de la Casa del Risco y Pinacoteca Isidro Fabela recibe menos de un millón de pesos, anualmente. Creado el 18 de abril de 1960, este fideicomiso, que tiene por fiduciaria al Banco de México y por fideicomitente a la SHCP, obtuvo en el 2003 un presupuesto de 742 mil 300 pesos y en el 2004, 639 mil 600 pesos.

De los siete contratos del Conaculta, el Fideicomiso para Apoyar la Construcción del Centro Nacional de las Artes es el único al que no se le asignan recursos. Creado el 22 de abril de 1993, el contrato ha cumplido con su objetivo de construir el Cenart.

La administración de Sara Bermúdez en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes destinó, en los últimos dos años, 952 millones 404 mil 800 pesos a cuatro fideicomisos y dos mandatos públicos, que a la fecha no han sido auditados por el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Política cultural

En medio de cuestionamientos sobre la legitimidad del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se aprecia la carencia de un marco jurídico que legitime y delimite la actuación de las instituciones culturales de México.

Para el diputado Inti Muñoz el gran problema de la política cultural en nuestro país es la omisión jurídica. “No hay una ley general de cultura, por tanto no tenemos garantías constitucionales necesarias; el Estado no está obligado a hacer una política cultural que garantice ese derecho”.

El integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados afirma que, “la cultura en México funciona sobre la base de leyes dispersas y anacrónicas, que difícilmente se dan en un marco jurídico para una política de cultura de Estado acorde a la actualidad y al cambio democrático”.

Para David Guzmán Rodríguez, líder del Sindicato de Músicos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), “la gestión de la señora Sara Bermúdez ha continuado con los viejos vicios y las inercias de las administraciones pasadas. No hay un proyecto de cultura adecuado a las necesidades del país. Prevalece la aplicación irracional de los recursos, el burocratismo y las decisiones verticales que benefician a unos cuantos”.

Agrega que “lo peor es que se han agudizado las carencias de los alcances en materia de difusión  cultural y se ha politizado más el acceso a la cultura; la gente cada vez puede pagar menos y esto obviamente va en detrimento de la difusión cultural”.

Uno de los sectores desatendidos por esta administración, asegura Guzmán Rodríguez, son las Escuelas de Iniciación Artística. Ángel Álvarez, director de la escuela Número 2, dependiente del INBA, dice que en el Instituto faltan recursos, como en todo el sector público.

“El INBA no ha podido desarrollarse y crecer por esta falta de recursos. Tenemos problemas en cuanto al crecimiento de plazas docentes, presupuestos para proyectos académicos. Sin duda, la crisis financiera golpea a muchos ámbitos como la actualización y el fortalecimiento del cuerpo docente.”

Actualmente, la escuela de Iniciación Artística No. 2 carece de servicio médico. “Tenemos 552 alumnos, la mayoría estudian artes plásticas, danza y teatro, son áreas físicas y no tenemos un doctor que atienda las posibles lesiones que se presentan, tampoco contamos con una oficina de psicología, o un área pedagógica, todo es por el problema de la escasez de recursos”.

Para Inti Muñoz, “la cultura camina en contra del gobierno. En México tenemos a los creadores, las propuestas, las alternativas del más alto nivel cultural y el gobierno foxista les ha dado la espalda, ha desperdiciado oportunidades para  realizar un proceso radical de transformación de la política cultural, que implica también la formación de nuevas leyes y nuevas instituciones”.

Desde agosto pasado, en el Congreso se discute la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura presentada por la titular del Conaculta, Sara Guadalupe Bermúdez. Esta propuesta ha generado molestia en los sectores intelectual y cultural del país, y los sindicatos del INBA, INAH y Radio Educación se han manifestado en contra.

Al respecto, David Guzmán Rodríguez manifiesta que este proyecto debe discutirse entre la ciudadanía, los artistas, los trabajadores de la cultura, las autoridades y los legisladores. “Desafortunadamente no hay voluntad para la discusión, y todos los trabajadores de la cultura, incluyendo a los artistas quedamos fuera”.