Es necesario crear más incentivos fiscales para que las empresas puedan ofrecer a las personas con discapacidad oportunidades laborales. En México alrededor de 10 millones de personas son discapacitadas, pero sólo un millón 800 mil de ellas mantiene alguna actividad productiva 

La población que en nuestro país padece problemas de discapacidad abarca a 10 millones de personas, de las cuales alrededor de un millón 800 mil están en condiciones de trabajar. Sin embargo, para ellos es más que un desafío encontrar colocación en el sector productivo porque la demanda de empleos ya es de por sí escasa para los no discapacitados.

Del total de personas discapacitadas, 53 por ciento tiene problemas motrices, 19 por ciento de comunicación, 20 por ciento padece alguna patología mental, y un nueve por ciento sufre afecciones graves de la visión, según reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI).

Destaca la misma institución, que el tres por ciento de las personas con discapacidad forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, dentro de este mismo sector están las personas que por su condición física y falta de recursos no pueden insertarse en el mercado de trabajo, debido a que viven en completo abandono, y las autoridades encargadas de apoyarlos sólo ven la forma de medrar a costa de ellos, sobre todo cuando hay campañas políticas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, Adriana González Furlong, dice que es una triste realidad porque además de la vulnerabilidad de la que son víctimas, —niños, ancianos, y discapacitados—, los apoyos destinados a ellos influyen de manera directa como clientela política.

“En México no hay una conciencia de respeto por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales, ya que familias enteras son víctimas de injusticias y engaños cometidos por gente que presume de hacer política”.

En este sentido, las personas con capacidades diferentes ven más difícil su desempeño en el entorno laboral y en la vida; por eso es necesario intensificar los incentivos fiscales para que los empresarios creen más empleos para este sector de la población, subraya González Furlong.

Agrega que la participación de instituciones de asistencia y la sociedad civil, pueden ser claves para apoyar a los grupos vulnerables. “Se hace un esfuerzo con los recursos destinados a ese sector, los cuales deben ser justificados, desde el concurso, hasta candidatos a determinadas partidas presupuestales y que ellos puedan mover ese dinero y repartirlo”.

Los problemas que enfrentan las personas con discapacidad se han mantenido sin solución, aunque ahora simplemente son más vistos y han sido incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como parte de las políticas públicas adaptadas o hechas para gente con discapacidad.

Por su parte, José Luis Alba Costal, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, asegura que lo que viene como nueva ola es todo lo que tiene que ver con grupos vulnerables, por dos razones: porque son grupos en desventaja y porque las políticas públicas han tendido a reunir como un solo problema, los problemas de esos grupos.

Afirma que es lamentable que la Ley Federal del Trabajo no considere a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que sólo estipula situaciones bajo las cuales los patrones deben gastos por discapacidad ocasionada por accidentes de trabajo.

“De ahí que, si bien hay que fomentar una cultura laboral a favor de las personas con discapacidad, también lo es que en la medida en que derribemos las barreras y prejuicios hacia ellos, habremos de erradicar la discriminación de que son objeto y avanzar en la gran oportunidad que representan como capital humano para el crecimiento y desarrollo económico y social de nuestro país”.

Durante el 2003 el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación, informó que en promedio unas 15 mil personas con discapacidad fueron integradas en el mercado laboral en la industria maquiladora.

Desde el arranque del Programa de Integración Laboral para personas con discapacidad de la Presidencia de la República en 2002, el responsable, ingeniero Víctor Hugo Flores Higuera, dice que han sido tres los programas que se han impulsado, y otro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para la promoción del empleo.

Explica que se ha promovido otro programa con la Secretaria de Economía (SE), por medio del cual se modifican las reglas de operación de la micro y pequeña empresa, donde las personas con discapacidad tengan derecho a un financiamiento para proyectos productivos y un programa de empleo en el medio rural.

Flores Higuera dice que en el medio urbano existen problemas que afectan la incorporación en el empleo de personas con discapacidad, y que tienen que ver con el transporte, la accesibilidad y la distancia de las empresas, así como las capacidades y habilidades de las personas.

Respecto al número de discapacitados que forman parte del mercado laboral, señala que “no tenemos un indicador que determine cuántas personas con discapacidad están integradas, dado que no hay manera de identificarlas, pues el propio Seguro Social al dar de alta a una persona no solicita información si es discapacitada o no”.

Destaca que a mitad de la administración del presidente Vicente Fox, “podemos dividir (sic) los programa normativos: Programa en Materia de Salud y Rehabilitación, de Educación Especial e Integración Educativa, y uno de Accesibilidad de los programas de apoyo directo que tienen que ver con un financiamiento para los discapacitados”.

En condiciones de pobreza y encerrados en un cuarto de 14 metros cuadrados, de ladrillo, con techo de lámina que los resguarda de la lluvia y el frío, en la colonia Loma Bonita, municipio de Tlanepantla, vive una familia de discapacitados, quienes por su condición física no pueden salir, no pueden trabajar, lo único que desean es tener con qué poder pasar el mes.

El mayor Ángel Muñoz de 46 años, se encuentra postrado en una silla de ruedas que el mismo adapto para moverse; Maritza, de 41, no habla pues nació prematuramente y tiene daños cerebrales lo que le causa ataques de epilepsia; Lupita, de aproximadamente 25 años, tiene retraso mental y es la que se encarga de asistir a sus hermanos.

Entre muebles usados, sillas rotas, colchones viejos, don Ángel dice, tenemos aquí cuatro años, anteriormente vivimos en un cuarto de azotea en las calles del centro, pero desde que falleció mi mamá nos lanzaron y nos dieron este terreno con la condición de que alguien de la familia se hiciera cargo de nosotros.

El terreno mide unos 180 metros cuadrados, pero ellos tienen derecho a usar sólo 14 metros, “Somos seis hermanos, los otros están bien físicamente, el que luego viene a vernos es alcohólico y en lugar de ayudarnos nos pasa a joder, yo no sé si sea un gen, pero desde que yo me acuerdo mi abuela, mi madre y ahora mi hermano son alcohólicos”, dice don Ángel. 

Señala, Lupita es quien nos baña, nos viste, nos da de comer, anda de arriba para abajo, a veces los vecinos le dan encargos y le regalan que cinco o tres pesos y así juntamos para lo que nos haga falta, como azúcar o tortillas. Debido en la condición en la que se encuentran tanto Maritza y él cuentan con una pensión de orfandad de 620 pesos mensuales, 310 cada uno, la cual utilizan para pasar el mes y así pagar algunos gastos, como el de luz.

“Nosotros no tenemos problemas de discriminación, los vecinos están al pendiente y nos cuidan, la señora de enfrente es quien nos regala comida, a veces la iglesia nos regala despensa”.

Sin embargo, aclaró, siempre que hay campañas los políticos vienen y nos dicen que nos van ayudar, pero luego no hacen nada. Desde que llegamos aquí tenemos problemas con el agua y durante tres meses no tuvimos luz, pero sí nos están cobrando, según el último estado, tenemos un adeudo superior a 15 mil pesos.