Su posición dentro de la estructura judicial les permite conocer las demandas y los juicios con antelación, incluso en donde los demandados son ellos. Su poder les permite mover los hilos internos de la justicia para su beneficio. Son los magistrados y jueces corruptos.
Una simple demanda civil ha puesto al descubierto las redes de corrupción y tráfico de influencias de una de las figuras sociales que deberían contar con mayor prestigio en el país: el de los magistrados y jueces.
La demanda 1401/2003 presentada el 7 de noviembre de 2003, por Yolanda Jannette Alcaraz Palma, en contra del Magistrado Miguel Ángel Aguilar López, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, por la pérdida de la patria potestad y pago de alimentos respecto de la menor Andrea Aguilar Alcaraz, presenta diversas irregularidades que ponen de manifiesto la discrecionalidad con que actúan los que imparten justicia en México.
Grabaciones telefónicas, en poder de este medio, muestran la falta de ética profesional y la posible responsabilidad jurídica en que podría haber incurrido el Juez Noveno de lo Familiar, Teófilo Abdó Kuri, y algunos integrantes más del Poder Judicial, al permitir que información delicada llegara por adelantado al magistrado Miguel Ángel Aguilar López.
Según Jannette Alcaraz Palma, en una conversación telefónica realizada el 12 de noviembre de 2003, cinco días después de presentada la demanda, el magistrado Aguilar López se comunicó con ella para comentarle que había tenido un sueño en el que ella lo demandaba. Esta situación la sorprendió porque tenía meses de no saber de él y porque era imposible que el magistrado se enterara tan rápido de la demanda en su contra.
El 18 de noviembre de 2003, se publicó en el Boletín Judicial el auto de admisión de la demanda, fechado el 12 de noviembre, coincidentemente el mismo día de la primera llamada de Miguel Ángel López.
El mismo 18 de noviembre, Rodolfo Palma Tapia, apoderado legal de Yolanda Alcaraz, acudió al Juzgado Noveno de lo Familiar para revisar el acuerdo y se percató que este estaba siendo modificado por el secretario de acuerdos, Mario Hernández González, a petición del juez Teófilo Abdó Kuri, reduciendo el monto de la pensión alimenticia a un 15 por ciento, a pesar de que legalmente un acuerdo que aparece en el Boletín Judicial no puede ser modificado sin que las partes involucradas estén enteradas.
Entonces, Rodolfo Palma, solicitó una audiencia con el juez, quien le dijo que efectivamente había reducido el monto de la pensión alimenticia, argumentando que lo hizo por tratarse de un magistrado y justificando que lo hacía porque “ellos ganan mucho y esto no me permitiría ir más allá de un 15 por ciento”, cuando por lo general la pensión alimenticia asignada a cualquier ciudadano común y corriente es del 30 por ciento de su sueldo.
Para Rodolfo Palma, “es obvio que entre miembros del Poder Judicial se protegen, pues el juez no tiene porque establecer una reducción a la compensación económica por el hecho de que el demandado sea magistrado”. Palma señala que en cierto momento el juez Teófilo Abdó Kuri señaló molesto que “es una facultad que tengo y no quiero entrar en polémica con usted”.
Un día después, el 19 de noviembre de 2003, En una segunda conversación telefónica, el magistrado Miguel Ángel López, le pide a Yolanda Alcaraz que lleguen a un acuerdo para “evitar que esto trascienda”, pues dijo tener muchas ilusiones de progresar “hasta cuestiones ilimitadas en la profesión en el Poder Judicial”.
En la misma llamada Miguel Ángel López señala que fue en una reunión entre algunos magistrados y jueces en donde se ventiló el asunto, el cual le fue notificado por el magistrado Guillermo Velasco Félix.
Extractos de la conversación:
Miguel Ángel López: … a mí el magistrado Guillermo Velasco Félix, me llamó la semana pasada para decirme que había desayunado con algunas personas y con otros magistrados, ya me dijo con que magistrados, y esas personas que yo creo que eran jueces familiares. Uno de ellos le dijo que se había presentado una demanda en mi contra, entonces el magistrado estaba enormemente preocupado y me dijo: oye, pues lo que sucede es de que esto puede trascender y te puede afectar ahora que has obtenido un reconocimiento generalizado por todo mundo ¿no?, y te lo digo por experiencia personal, y hay cosas que nos impiden crecer enormemente en esto…”
El magistrado agregó en la conversación: “te parecerá increíble que en una ciudad de 20 millones de habitantes me haya enterado previamente de ser notificado de la demanda y eso sí es algo así como para Guiness, pero bueno pues, así sucedieron las cosas...”
Preocupado por la serie de irregularidades que hasta ese momento se habían presentado, Rodolfo Palma se entrevistó con el magistrado Guillermo Velasco Félix para solicitarle su versión sobre los hechos. La respuesta fue la confirmación de haber informado lo que telefónicamente señaló Miguel Ángel Aguilar, pero precisando que él había sido enterado por un amigo que el magistrado estaba demandado cuando se presentó en el Boletín Judicial. “Esta aclaración – dice Palma- es poco creíble porque Aguilar López señala claramente en su conversación que se enteró antes de ser notificado oficialmente de la demanda”.
La Judicatura ignora el caso
Temiendo que el caso se estuviera inclinando sobre un lado, los abogados de Yolanda Alcaraz presentaron la denuncia 144/204 ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para exponer la serie de irregularidades y para ello presentó copia de las grabaciones telefónicas en donde se demuestra la discrecionalidad con que actuaron jueces y magistrados.
Sin embargo, la respuesta del CJF, firmada por el ministro Mariano Azuela Güitrón, presidente del CJF y la secretaria ejecutiva de Disciplina, Luz del Carmen Herrera Calderón fue que la queja es improcedente porque no se apega a los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en el que se señalan como conductas impropias, la ineptitud manifiesta, mala fe y deshonestidad de los integrantes del Poder Judicial.
Ignorados por el CJF, los litigantes presentaron otra queja, en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF), denunciando la actuación del Juez Teófilo Abdó Kuri al no haber tramitado debidamente 3 recursos de apelación.
“Lo que queremos es que una vez que se resuelva el caso a nuestro favor, y entonces vamos a seguir denunciando las irregularidades de los jueces y magistrados. Le pedimos al juez que mandara los casetes al CJF, sin embargo no quiso hacerlo. A nosotros no nos conviene que lo inhabiliten, porque estamos peleando una pensión alimenticia, pero si así fuera el caso ni modo”, dice Rodolfo Palma.
Cabe mencionar que en una audiencia privada, se presentaron como pruebas las conversaciones telefónicas que comprometen la actuación de algunos miembros del Poder Judicial, y no fueron objetadas por el magistrado Miguel Ángel Aguilar.
El fallo
El resultado del juicio familiar entablado por Yolanda Alcaraz contra el magistrado Miguel Ángel Aguilar López puede llegar a su termino a mediano plazo, sin embargo las irregularidades detectadas podrían llevar a la inhabilitación de alguno de los involucrados en la red de corrupción detectada en las grabaciones telefónicas.
Para Rodolfo Palma, este caso tiene todos los elementos necesarios para pedir la inhabilitación del juez que lleva el caso y de Miguel Ángel Aguilar López. “De entrada, los jueces y magistrados tienen la obligación, al igual que nosotros los abogados, de mantener la secrecía en nuestros asuntos, es muy grave porque si yo me entero de algo, tal vez no pase nada, pero ellos imparten justicia y ahí está lo grave. Las sanciones pueden ir desde una reprimenda hasta la inhabilitación del cargo”.
