Philip Morris, una de las compañías tabacaleras más poderosas del mundo, con ingresos tan sólo en Estados Unidos de más de 60 mil millones de dólares anuales, enfrenta en México serias acusaciones de tráfico de influencias, violación a las normas de publicidad de tabaco y tráfico de información.
Desde hace años, a Philip Morris la han involucrado en un conflicto legal que mantiene el empresario estadounidense Marvin Feldman con la Secretaría de Hacienda por haberle negado la posibilidad de exportar cigarrillos a Estados Unidos.
Feldman culpa directamente a la compañía de traficar con influencias y presionar a Hacienda para que lo sacaran del mercado de la exportación de tabaco.
La empresa tabacalera enfrenta también acusaciones de autoridades de los Centros de Integración Juvenil de violar las normas de publicidad del tabaco contraídas con las autoridades sanitarias, además de traficar con bases de datos de jóvenes y adolescentes a quienes les llega por correspondencia publicidad a domicilio de las marcas de sus cigarrillos.
La preocupación en los Centros de Integración Juvenil es que no hay una garantía de que la publicidad que manda Philip Morris a jóvenes y adolescentes mexicanos a sus casas, no esté llegando a menores de edad.
Una pregunta latente que se formulan las autoridades de los Centros de Integración Juvenil, es de dónde sacó Philip Morris los nombres y las direcciones de los jóvenes que apenas rebasan la mayoría de edad para mandarles la publicidad de sus productos.
Estas acusaciones hechas a Philip Morris, se dan en un marco de “comunicación especialmente fructuosa con la industria tabacalera”, refiere un funcionario de la Secretaría de Salud, ya que representa una importante fuente de ingresos para el sector público.
De acuerdo con Luis Alfonso Caso González, comisionado de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, la industria tabacalera en México representa en impuestos alrededor de 16 mil millones de pesos anuales. “La industria tabacalera paga muchos impuestos; es la segunda o tercera en el país después del petróleo”, dice.
Hace algunas semanas el secretario de Salud, Julio Frenk, concretó un acuerdo con la industria tabacalera para que aportara en lo que resta del sexenio del presidente Vicente Fox 4 mil millones de pesos a un fondo de la Secretaría de Salud.
Pero las cuentas no cuadran, ya que las enfermedades asociadas con el tabaquismo le cuestan al erario público más de 20 mil millones de pesos al año por concepto de atención médica en el sector salud, de acuerdo con cifras oficiales.
La influencia de Philip Morris
Marvin Feldman es un empresario estadounidense que desde 1992, a través de la empresa Corporación de Exportaciones Mexicanas S. A. de C. V. (Cemsa), invirtió capital para exportar a Estados Unidos cigarrillos de la marca Marlboro, de la compañía Philip Morris.
Feldman se benefició en un principio por la tasa cero que privilegiaba la exportación de cigarros y aprovechó la devolución del impuesto que pagó como exportador. Sin embargo, las cosas cambiaron en 1993.
“Mi empresa compraba aquí cigarros Marlboro porque son más baratos y los exportaba. Cuando exporto tengo derecho jurídico para que me devuelvan el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) porque las exportaciones son tasa cero.
“Philip Morris, como fabricante, quiere controlar hasta la última venta de cigarro y para controlar el monopolio influyó en el gobierno con Carlos Slim. Slim se metió con Francisco Gil Díaz para que me pararan”, acusa Feldman, remontándose a principios de la década de los noventa.
Por aquellas fechas, el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, despachaba en la subsecretaría de Ingresos de la dependencia y, desde ese puesto privilegiado, denuncia Feldman, benefició a Philip Morris.
Ya son más de once años del pleito legal que mantiene Feldman con la Secretaría de Hacienda y el asunto no tiene para cuando resolverse. “En la oficina del secretario de Hacienda hay un pizarrón donde están los diez con quienes está más encabronado, y yo soy el número siete”, asegura el estadounidense.
Desde 1993, Marvin Feldman ha publicado desplegados denunciando la supuesta complicidad entre Gil Díaz y Philip Morris.
Feldman señala como evidencia de esa complicidad un memorándum fechado el 27 de octubre de 1993, que le envió el entonces titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Roberto Hoyo, al subsecretario de ingresos Francisco Gil Díaz.
En el memorándum, Roberto Hoyo le comunica a Gil Díaz que Carlos Slim le envió documentación referente al asunto y le informa que “de ella se desprende claramente que el señor Feldman siempre ha pretendido aprovecharse (sin tener derecho a ello) de las devoluciones de IEPS, con lo cual él ofrece los productos exportados a un precio menor, incluso a su costo de adquisición y con ello ocasiona una competencia desleal”.
Roberto Hoyo concluye el documento con las opciones que se podrían emprender en contra del empresario estadounidense, que incluían demandas penales por difamación y calumnias.
La disputa entre Marvin Feldman y Francisco Gil Díaz llegó incluso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con cede en Washington.
El laudo arbitral que dictó el Tribunal del ICSID, por sus siglas en inglés, le dio la razón a Feldman. “El Tribunal ordena al demandado (México) pagar inmediatamente al demandante (Marvin Feldman) la suma de 9 millones 464 mil 627.50 pesos mexicanos en concepto de monto principal, más los intereses devengados al momento de firma de este laudo, por un monto de 7 millones 496 mil 428.47 pesos mexicanos, intereses que deberán acumularse hasta la fecha en que el pago tenga efectivamente lugar”, se lee en el documento enviado a las partes el 16 de diciembre de 2002.
En 1996, Marvin Feldman decidió nuevamente exportar, confiando en que la nueva administración se lo permitiría, sin embargo no fue así.
“Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presionados o coluditos con las empresas tabacaleras, continuaron impidiendo y obstaculizando las actividades de exportación de cigarros de mi representada, y con esa intención, en los años subsecuentes promovieron múltiples reformas a diversas disposiciones de la LIEPS (Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), para hacer nugatoria la aplicación de la tasa del 0 por ciento en nuestro beneficio”, se lee en los argumentos de la defensa de Marvin Feldman en el grueso expediente de la sentencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que amparó en abril de 2002 a la empresa de Feldman y la protegió de las decisiones de la Secretaría de Hacienda.
En 1997, el secretario de Hacienda era Guillermo Ortiz y el subsecretario de Ingresos de la dependencia Tomás Ruiz. Desde ahí, dice Feldman, se volvieron a obstaculizar sus exportaciones.
Otro documento en el que se respalda Marvin Feldman para señalar la complicidad de las autoridades de Hacienda con la compañía Philip Morris, es el testimonio de Noe Salazar Martínez, contralor de Cigarros la Tabacalera Mexicana (Cigatam), quien atestiguó a finales de 2001 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington.
En su testimonio, Noe Salazar dijo que en agosto de 1997, Cigatam celebró un nuevo contrato de licencia con PMI y Philip Morris México, además del que había celebrado en 1975, que le otorgó a Cigatam y a PMM el derecho exclusivo de producir y distribuir las marcas de Philip Morris en el país.
Ambos contratos, declaró Noé Salazar, prohibían las exportaciones de productos con marcas de Philip Morris a países en donde existía un distribuidor autorizado de PMI.
Lo sospechoso, dice Feldman, es que a partir de octubre de 1997, dos meses después de ese acuerdo, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Tomás Ruiz, obstaculizó nuevamente sus exportaciones.
En torno al asunto, en las oficinas del secretario Francisco Gil Díaz no devolvieron la llamada; lo mismo ocurrió con Tomás Ruiz, entonces subsecretario de Hacienda y ahora director de la Lotería Nacional.
Francisco Espinosa de los Reyes, director de Asuntos Corporativos de Cigatam y Philip Morris México, y autorizado para hablar a nombre de grupo Carso, asegura que el asunto Feldman “es delicado”, y que fijaría la postura de la compañía en cuanto solicitara la información a Philip Morris Internacional.
La relación Slim – Philip Morris
Carlos Slim es un hombre vinculado a la industria tabacalera. Desde Grupo Carso controló hasta agosto de 1997 a la empresa Cigarros la Tabacalera Mexicana (Cigatam). La participación accionaria de Carso era de 71.06 por ciento, mientras Philip Morris Latinoamérica tenía el 28.78 por ciento.
Del testimonio que proporcionó en 2001 el contralor interno de Cigatam, Noé Salazar Martínez, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington, se desprende una parte importante de la historia de la industria tabacalera en México, que cuenta como uno de sus principales protagonistas a Carlos Slim.
Salazar informó que a partir del 14 de agosto de 1997, la estructura corporativa de Cigatam se modificó y pasó a ser parte de Consorcio Bosques, que se hizo del 80.87 por ciento.
Consorcio Bosques tendría como accionistas a IKM –una subsidiaria de Philip Morris Internacional– y a Grupo Carso, con el 38.16 por ciento y el 61.84 por ciento respectivamente. Además, Philip Morris Internacional controlaría el 19.05 por ciento de Cigatam.
Philip Morris México fue constituida en julio de 1997 y la estructura corporativa quedaría de la siguiente manera: Grupo Carso controlaría el 49.9 por ciento y la subsidiaria IKM el 50.1 por ciento.
Fue así como Philip Morris Internacional, que preside André Calantzopoulos, tendría una participación directa e indirecta del 49.9 por ciento en Cigatam y una participación directa del 50.1 por ciento en Philip Morris México.
Desde el 14 de agosto de 1997, Philip Morris México fue la responsable de la comercialización de todos los productos fabricados por Cigatam, incluyendo la venta y distribución de Marlboro, L & M y Benson & Hedges, anteriormente comercializados por Cigatam.
El informe del contralor Salazar Martínez, proporcionó también datos generales sobre la industria del cigarro en México. “Cigatam y la Moderna (adquirida por la compañía British American Tobacco) producen alrededor del 99 por ciento de los cigarros en México. Sus ventas anuales conjuntas exceden los 2 billones de dólares”.
Según los datos de Noé Salazar, Cigatam y Philip Morris México emplean directamente a más de 10 mil personas en el país.
Los daños de la industria
En el mundo se consumen anualmente 5 mil 700 billones de cigarros entre los aproximadamente mil 100 millones de fumadores. De estos, cada minuto mueren siete a causa de enfermedades asociadas con el tabaquismo, dando como resultado un promedio de 3.5 millones de personas que fallecen cada año por inhalar humo de cigarro, se lee en un estudio de la Secretaría de Salud.
Se estima que el mundo gasta más de 200 mil millones de dólares por causa del tabaquismo, lo que representa más del 30 por ciento del Producto Interno Bruto de México.
Estas cifras han provocado que en Estados Unidos o países de Europa las demandas se multipliquen contra la industria tabacalera. Sin embargo, en América Latina no han prosperado, pese a que la expansión de esta industria es acelerada en la región.
En México mueren 53 mil personas al año por esta causa, es decir, 147 personas diarias. El gasto público promedio del sector salud representa más de 20 mil millones de pesos al año y el número de fumadores se ha incrementado de 9 millones en 1988 a 13 millones en la actualidad.
Sin embargo, las autoridades de salud dicen no tener problemas con la industria tabacalera. “Este sexenio, la comunicación ha sido especialmente fructuosa con la industria”, dice Luis Alfonso Caso González, Comisionado de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, quien fungió anteriormente como director general de Control Sanitario de la Publicidad en la dependencia.
El funcionario está conciente que la industria “maneja un producto que sí es un riesgo para la salud”, sin embargo, “la industria tabacalera paga muchos impuestos, alrededor de 16 mil millones de pesos anuales”.
Pero el costo humano y económico es alto: se gastan más de 20 mil millones de pesos al año y mueren 53 mil personas en ese lapso.
Ante la inexistencia de demandas en México que en países desarrollados le representa millonarias pérdidas a la industria tabacalera por los daños que ocasiona, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que con la legislación mexicana sí se puede demandar a la industria. El problema es demostrarlo, dice. “No creo que haya un solo fumador que haya fumado una sola marca de cigarros toda su vida”.
El funcionario da cuenta de los acuerdos a que ha llegado el gobierno federal con la industria, entre los que destacan los relacionados con la publicidad. “Empezamos con las negociaciones que nos llevaron en el 2002 a que se eliminara la publicidad en radio y televisión, entre otras medidas, como la advertencia en la cara trasera de las cajetillas, que era de un 25 por ciento y ahora será de un 40 por ciento”.
Luis Alfonso Caso González asegura que la industria tabacalera cumplió todo lo que se acordó con el gobierno federal
Sin embargo, en lo referente a la publicidad a sectores sensibles, como el de jóvenes y adolescentes y de manera indirecta a menores de edad, la industria no ha respetado las reglas, se desprende de la información recabada para esta investigación.
Es el caso de Philip Morris, que ya enfrenta quejas de los Centros de Integración Juvenil, que han alzado la voz para evidenciar que se envía publicidad a los domicilios de adolescentes mexicanos.
Las denuncias del CIJ
Las reglas para la industria tabacalera en lo referente a la publicidad de sus productos y la relación con los menores de edad y adolescentes son claras y estrictas, sobre todo después de que las cifras en torno a jóvenes fumadores son alarmantes. Cada día de 68 mil a 84 mil jóvenes se inician en el consumo de tabaco en países de bajos y medios ingresos como México.
Los reglamentos en materia de publicidad y consumo de tabaco en México prohíben la transmisión de publicidad, promoción y patrocinio de forma directa o indirecta a menores de edad. También se prohíbe la publicidad a 200 metros de las escuelas.
Sin embargo, denuncian en el Centro de Integración Juvenil de Iztapalapa, la empresa Philip Morris no está respetando estas normas.
“Pacientes que acuden aquí al Centro, nos han reportado haber recibido en sus domicilios propaganda para invitarlos, ya sea a iniciar el consumo del tabaco o a mantenerse en el consumo. Les llegó un material muy ilustrado de la tabacalera famosa, Marlboro, con mensajes escritos donde se les promete un mundo maravilloso a nivel internacional, donde se les da a entender que ellos pueden participar en eventos muy importantes”, denuncia la sicóloga María del Rosario Arriaga.
Los jóvenes a quienes les llegó la propaganda tienen entre 18 y 24 años, dice María del Rosario. “Me imagino que de alguna base de datos tomaron sus nombres y direcciones”.
El problema de fondo, dice la sicóloga, más allá del tráfico de información y la violación de las reglas de publicidad en que hubiera incurrido Philip Morris, es el contacto del tabaco con los menores y los adolescentes propensos a consumir cigarrillos y el poco compromiso de la tabacalera para evitarlo.
“Hay consumidores de tabaco de edades muy cortas que están entre los 8 y los 11 años, aunque en su mayoría la edad de riesgo está entre los 12 y los 18. Sabemos que nuestros pacientes que tienen 30 o 40 años fumando, iniciaron precisamente en la etapa adolescente”, señala Arriaga en sus oficinas de Iztapalapa.
Contrario a los argumentos del Comisionado de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, Luis Alfonso Caso, que asegura ha sido un compromiso real de las tabacaleras en México no promover el consumo de cigarro en los menores y adolescentes, el doctor Víctor Jaimes, del CIJ de Iztapalapa, dice que la publicidad “sí les está llegando a los jóvenes para encaminar el consumo al tabaco”, con los riesgos que ello implica, ya que se ha comprobado que el consumo de drogas entre jóvenes, inicia con consumo de cigarrillos.
Francisco Espinosa de los Reyes, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, niega rotundamente que se esté enviando publicidad de Marlboro a menores de edad a sus domicilios, aunque reconoce que sí lo hacen con jóvenes y adolescentes. “Estamos tomando las medidas para que esa información no llegue a menores de edad”, asegura. Sobre la acusación de haber tomado la información de los jóvenes de alguna base de datos ya hecha, el director corporativo dice que la base de datos la hace Philip Morris. “Nosotros hacemos la base de datos; una empresa contratada por nosotros se encarga de encuestar a fumadores mayores de edad que les interesa que se les envíe publicidad a sus domicilios, así es como funciona”, refiere Espinosa de los Reyes.
Ante estas denuncias, el funcionario de la Secretaría de Salud, Luis Alfonso Caso, explica el procedimiento que tendría que seguirse para llamar a cuentas a Philip Morris.
Dice que el joven a quien le llegó la publicidad debe acudir a la Secretaría de Salud para iniciar el proceso administrativo en contra de la empresa.
“Lo que implica depende de la falta, que esa se valora en el área de dictamen. En un principio deben tener derecho a audiencia. Se licitaría el proceso administrativo. Acude a presentar lo que tenga que decir en su descargo y a partir de ahí se lleva a cabo el procedimiento y se dictamina. De ahí se deriva la sanción que puede ser desde una administrativa hasta el cierre de la planta, en tanto no corrija la falta.
“En caso de ser mayor de edad no está prohibido porque no está establecido en la ley que esté imposibilitada la industria de dirigirse a uno de sus consumidores. Si se comprueba que es menor de edad tendría que ver si es la primera vez y muchas otras cosas. Se tienen que valorar en el dictamen. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios haría el dictamen”, concluye el funcionario.
Pero las cosas no son tan sencillas, sobre todo cuando se trata de una empresa que obtiene ventas anuales de cerca del billón de dólares en México y que paga impuestos de más de 16 mil millones de pesos al fisco.
