La corrupción se ha convertido en el negocio más redituable para los servidores públicos y es una forma de enriquecimiento ilícito ante la falta de políticas regulatorias y de control, pero sobre todo por el enorme vacío que ha dejado la autoridad.
El manejo de recursos públicos en beneficio de intereses privados es corrupción, afirma Gustavo Mazcorro Téllez, primer lugar del Premio Nacional para el Combate a la Corrupción, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de la Función Pública.
Desde el inicio y final de la era priísta (1929-2000), cuando los funcionarios se favorecían de un sistema corrupto, hasta la era foxista, en la que poco ha cambiado la corrupción respecto de sus antecesores, este fenómeno social ha estado ligado a las instancias privadas y a la cleptocracia (“el presidencialismo que roba a su pueblo a través del gobierno en turno”), en donde la lucha de clases sociales ha estado limitada por la crisis económica, dice Mazcorro.
Sin embargo, con la transición política del país, los llamados mecanismos de captura, ligados a la competencia electoral, también beneficiaron actos de corrupción mediante el desvío de recursos provenientes de apoyos otorgados por organizaciones no gubernamentales, empresarios y grandes capitales, representados por las empresas transnacionales.
Mazcorro Téllez clasifica diversos niveles de corrupción: desde las mordidas a directores de instituciones y empresarios que mantienen conexión con el crimen organizado, hasta el tráfico de influencias de funcionarios públicos de primer nivel.
En su investigación sobre “Los índices latentes de corrupción: una formulación axiomática”, Mazcorro define que se trata de un problema complejo que involucra una variedad de fenómenos, desde casos de pequeña corrupción hasta el establecimiento de regímenes totalitarios.
El estudio de la corrupción ha motivado la participación de áreas académicas, jurídicas y matemáticas. Es el caso de Transparencia Internacional (TI), que anualmente elabora el IPC (Índice de Percepción de Corrupción), valor numérico que ordena los países de acuerdo con un valor de corrupción.
Pero ante la complejidad del fenómeno de corrupción, Mazcorro advierte que no es posible obtener datos duros que puedan asegurar la dimensión del problema.
El error
A partir de 1999 nace el capítulo mexicano de Transparencia Internacional: Transparencia Mexicana, cuyo objetivo es profundizar el estudio de la corrupción en México. Este organismo dio cuenta de que el Índice de Percepción de la Corrupción en 2003 ubicó a México en el lugar 64 de entre 133 países, mientras que en 2002 obtuvo el lugar 58 de un total de 102 países.
Mazcorro critica en su investigación los mecanismos empleados por Transparencia, debido a que no hay herramientas capaces de medir los niveles de corrupción en los países.
Para ello, dice, “se necesitan herramientas inmediatas que definan cómo vamos en términos de corrupción, desde el punto de vista de la Secretaría de la Función Pública y desde el punto de vista universitario, desarrollar conocimientos en torno al fenómeno”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003 de Transparencia, se registraron 101 millones de casos de corrupción en México cometidos por servidores públicos de gobiernos panistas, priístas y perredistas, situación que afecta de manera alarmante a la sociedad.
Corrupción a la mexicana
Enriquecimiento ilícito, negocio rentable, es sinónimo de corrupción mexicana, donde funcionarios públicos tienen incluso la capacidad de distorsionar leyes para beneficiar a través de la agilización de trámites, a los servidores administrativos.
Jorge Fernández Ruiz, académico y doctor en Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que en México permea la corrupción social en todos los ámbitos.
En ese sentido, plantea que el combate a la corrupción endémica del país requiere de un marco jurídico adecuado, “pues hay actividades del sector público que son muy vulnerables al soborno”.
Advierte que en el ámbito federal no hay regulación en materia de contratación pública, y que los mecanismos de contratación tienen fallas que permiten que la corrupción impere y que la ejecución de contratos no se cumpla.
Laboratorio de corrupción
El Banco Mundial y el gobierno federal otorgaron a la UNAM un donativo de 500 mil dólares como Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), para crear un Laboratorio de Documentación y Análisis sobre Corrupción en México.
Antonio Azuela de la Cueva, responsable del proyecto, explica que el objetivo del laboratorio es apoyar al gobierno de México en su lucha contra la corrupción, además de diseñar y desarrollar indicadores para la transparencia en los procesos de adquisiciones y de vigilancia del comportamiento de los funcionarios públicos.
Legislación
La lucha contra la corrupción en México tiene características propicias para su desarrollo, debido a las profundas desigualdades económicas y a la falta de una cultura de participación y de normas de control y penalización de estas conductas.
Cesar Jáuregui, legislador del PAN; Genaro Borrego, del PRI y Demetrio Sodi, del PRD, proponen crear una comisión especial de trabajo sobre el estudio de los sistemas de combate a la corrupción, además de un análisis del control mexicano.
Entre los puntos importantes que la comisión especial bicameral elaboró como un instrumento eficaz para el combate a la corrupción, destacan el diseño de mecanismos eficientes para desarrollar un programa integral que, entre otros puntos, contenga:
Acotar el fuero constitucional; agilizar trámites del juicio político; crear un régimen de incompatibilidad de la función pública; transparentar y regular el cabildeo, auditar a las fracciones parlamentarias; fortalecer al IFE, y fiscalizar a los partidos políticos.
El fenómeno de la corrupción, que no es privativo de México, preocupa a los diversos sectores sociales del mundo, y es tema de estudio permanente de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en ingles) que se han dado a la tarea de combatir dicho problema.
