Estigmatizados por la corrupción al interior de sus partidos, los candidatos del PRI, PAN y PRD se adelantan a la contienda por el poder político en Puebla

Puebla, Puebla. A punto de iniciar la carrera por la gubernatura en la entidad, las tres fuerzas políticas más importantes del país se descalifican con el argumento de supuestos delitos de corrupción, cooptación de votos y desvío de recursos.

En el marco de los comicios del 14 noviembre de 2004, en él se elegirán 217 alcaldes y 41 diputados locales, los candidatos a gobernador de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) adelantan campañas. El primero, para darle continuidad al control gubernamental, y el segundo, en busca de la alternancia en el poder.

Mientras el candidato del partido tricolor, Marío Marín Torres, y el del albiazul, Francisco Fraile García, aventajan con giras proselitistas por todo el estado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está rezagado de la contienda, pues aún no se recupera de los embates políticos al interior de los comités estatal y nacional.

Conflictos internos

Con una presidencia bicéfala, el PRD intenta maquillar los conflictos al interior de su comité estatal para obedecer la consigna que dictó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Leonel Godoy, de “mantener la unidad del partido, pase lo que pase”.

La falta de transparencia en los comicios internos del PRD y las divisiones internas, puestas de relieve el 20 de octubre de 2003, fue símbolo de inactividad, desacuerdos y desintegración de la militancia, que concluyó con el cierre de sus oficinas en la entidad y una caída del 16 al 8 por ciento en el registro de sus simpatizantes.

“El proyecto de renovar dirigentes en el estado fue muy ambicioso, se quiso hacer en un mismo día la elección de presidencias y secretarías nacionales, estatales, consejeros y delegados”, explica el precandidato del sol azteca, Ramíro León Flores.

Sin embargo, el proceso por el cual se designarían siete carteras del comité estatal perredista, “no contó con los recursos económicos y humanos, lo que generó un gran fraude. Las elecciones fueron una simple simulación”, señala el militante perredista.

“Se hizo mal uso de las boletas, retuvieron las urnas, las rellenaron y todo mundo trajo una cantidad de paquetes electorales, como si en verdad los militantes hubieran asistido a votar, hubo casillas donde se registró el 100 por ciento de los sufragios. Esto no es cierto, ni siquiera en las elecciones federales se contó con esa participación”, señala León Flores.

Ante el abultamiento de los resultados del 20 de octubre, donde contendieron Arturo de Rosas Cuevas y Horacio Gaspar Limen, entre otros, se manifestaron inconformidades a la Comisión de Garantías y Vigilancia del partido, lo que trajo como resultado la anulación de las elecciones y el cierre del edificio estatal por tres meses.

Impuesta por el CEN, la presidencia del PRD en el Puebla cuenta con dos delegados que pretenden reiterar la institucionalización del partido a partir de 9 de enero del 2004. Sin embargo, se avizoran nuevos conflictos, debido al retraso en la contienda política que ya iniciaron el PRI y el PAN.

Guillermo Dorantes Yedra, uno de los presidentes del comité estatal, niega la división del partido y la califica como una característica propia del PRD. “El problema en Puebla es que se está dando un proceso muy acelerado de consensos, consultas, propuestas y análisis”.

Miembro de la comisión especial, que estará en funciones hasta marzo del 2004, Dorantes Yedra señala que el partido del sol azteca se rehabilita a través de la organización en los 21 comités municipales que gobierna.

Ramón Ramírez Uluarte, otro de los dirigentes del comité estatal perredista, señala que la reapertura del partido a la militancia tiene el reto de “ser factor competitivo en la lucha política electoral en los 217 municipios, 41 diputaciones y un gobernador”.

El efecto Bejarano

Cuando reinició el establecimiento de los acuerdos políticos en la militancia estatal, los integrantes del PRD en Puebla no esperaban el flagelo nacional que lastimaría a su partido nuevamente.

Ante la evidencia mediática de los supuestos delitos de cohecho, uso de recursos ilícitos y delitos electorales, cometidos por René Bejarano Martínez y el secretario de finanzas capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, los integrantes del “partido de izquierda” se dicen defraudados.

El precandidato a la gubernatura de Puebla, Ramiro León Flores señala: “en nuestra casa se repiten los mismos fenómenos que tanto hemos denunciado: corrupción, fraude, trafico de influencias. Con ello, todos los militantes del país fuimos afectados, es una bochornosa situación en la que se encuentra inmerso nuestro partido”.

Sin embargo, “me parece que es bueno que se haya dado, porque nos permite depurar toda la podredumbre. Vamos a limpiar al PRD, pero con esa misma calidad moral exigiremos que se abran otras líneas de investigación en los partidos opositores”, dice.

El “cambio del PAN”

Antes de iniciar con la votación para elegir al candidato que abanderaría el albiazul en el estado, fueron encontradas pruebas de cooptación de votos por parte de uno de los contendientes; Luis Paredes Moctezuma, presidente municipal con licencia de la capital poblana fue quien cometió el ilícito.

De acuerdo con versiones de militantes perredistas, Paredes Moctezuma utilizó personal del ayuntamiento para realizar encuestas acerca de la preferencia partidaria, deseos laborales en alguna dependencia del estado y, al final de la encuesta, se comprometía el voto del entrevistado con la signatura del documento.

El ex aspirante a la gubernatura en Puebla fue sancionado por el CEN panista y le negó el registro como precandidato. En la cabeza del partido local quedó un solo interesado, el senador con licencia Francisco Fraile García, quien tiene un año de hacer giras por todo el estado.

José Roberto Grajales Espina, coordinador de precampaña de Fraile García, señala: “el comité nacional fue muy claro; se cometió un error, que fue repartir un formato donde la gente se podía apuntar para ver en dónde quería trabajar. Esto es una práctica que no se permite en el PAN, por ello se negó el registro a la precandidatura de Paredes Moctezuma.

“A la única conclusión que hemos llegado es que el PAN es transparente, no importa cuales sean las circunstancias, porque el partido debe prevalecer sobre todas las adversidades y cuando haya un panista que incurra en una falta, se le va a sancionar”, advierte.

Topes de campaña

Con la enmienda de llevar en alto las propuestas de campaña del candidato Fraile García rumbo a la gubernatura, el diputado local se adelanta a la contienda, que durará siete meses, y advierte que “existen ciertas reservas de cómo se pueda llevar el proceso”.

Las dudas recaen sobre la participación del Instituto Estatal Electoral (IEE) en la disputa y la aplicación del Código de Procedimientos Electorales, el cual contempla topes de campaña con recursos por más de 70 millones de pesos para cada partido.

Grajales Espina señala que el PAN local está en contra de esos topes de campaña “porque representan una competencia inequitativa con el PRI, y porque el país no esta en una bonanza económica como para que la democracia cueste tanto”.

Además, el operador político advierte que sí el IEE no es imparcial, no van a tener garantizado que los recursos sean perfectamente fiscalizados, lo que evitaría cualquier sanción para algún partido corrupto.

El viejo estilo

Luego de la declinación de nueve precandidatos a la gubernatura a favor de Mario Marín Torres, este candidato es acusado por sus adversarios de recibir dádivas del gobierno estatal para promover su campaña política.

Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del comité municipal del partido, niega que estas acusaciones sean ciertas, y señala que el proceso de elección del candidato fue abierto. Éste es “el resultado de la madurez y mesura de todos los actores partidarios”.

Sin embargo, Alcalá Ruiz dice desconocer “de dónde vienen lo recursos que financiaron las precampañas. Nos hemos mantenido muy firmes al solicitar que estos gastos sean dentro de la austeridad. Seguramente, los recursos son de los amigos y simpatizantes que el candidato ha ido generando a lo largo de sus trayectorias”.

La militante priísta acepta que la contienda de noviembre será ardua. Por ello, “tenemos que revisar la formación de nuestros propios cuadros, tuvimos líderes sin la capacidad de gestionar, organizar y movilizar”, lo que significó la caída del régimen en el año 2000.

Plataformas políticas de los precandidatos

Ramiro León Flores (PRD)
• Generación de empleos
• Pozos de agua de riego en cada
ejido.
• Ampliar las bases de contribuyentes.
• Promover el turismo rural.
• Impulsar las sociedades de convi vencia.

Francisco Fraile García (PAN)
• Justicia pronta y expedita.
• La justicia indígena será una
realidad.
• Convertir veredas en caminos y los caminos en carreteras.
• Que cada hospital tenga médicos y el servicio social sea pleno en cada comunidad.
• Empleo: si hay transparencia en el gobierno las empresas confiarán
en su establecimiento en el estado.

Mario Marín Torres (PRI)
• Un México soberano y abierto al mundo
• Reforma Democrática del Estado y la cultura de la legalidad
• Vida digna con justicia social
• Educación integral para los nuevos desafíos
• Desarrollo regional, urbano y sus tentable para un renovado impulso nacional
• Economía para la justicia social