En las principales ciudades de Chiapas más de mil mujeres menores de edad, la mayoría de origen centroamericano, son explotadas sexualmente en centros nocturnos y restaurantes-bar que ofrecen sus servicios de manera abierta ante la complacencia de las autoridades locales
Chiapas.- Su máscara es el maquillaje que utilizan en exceso. Su objetivo no es ocultar el rostro, sino la edad. Sus diminutas y llamativas prendas muestran cuerpos apenas púberes. Carnes firmes, pero desnutridas; unas bailan, otras sólo esperan.
Mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y una que otra dominicana, se ofrecen como menú en centros nocturnos y restaurantes-bar de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Comitán y Palenque, que incluye servicios sexuales de menores de edad.
Son las “tiernitas”, muchas indocumentadas y retenidas a la fuerza por los dueños de los centros de prostitución, que las enganchan con la promesa de mejorar su situación económica.
En este negocio, el servicio sexual cuesta entre 100 y 600 pesos. Además de prostituirse, las menores hacen table dance, actividad más remunerativa, 15 minutos por 100 pesos.
Natalia, guatemalteca, de 13 años de edad, empezó en La Zona Galáctica (área de prostitución de Tuxtla Gutiérrez) antes de cumplir los 12 años. Fue “invitada” por Francisco Santiz, dueño de un local que “sin papeles” la introdujo en México y la golpeaba hasta que escapó en un ADO hasta la frontera.
En Tapachula se empleó en El Dragón Chino, donde quiere hacer table dance, pero no tiene ropa apropiada. “Un brassier con brillantitos, una tanga y una faldita, toda muy coqueta para que el baile guste”, dice Natalia.
Por cada relación sexual las menores prostituidas reciben 50 pesos y un catre en el que atienden a la clientela.
En el salón deben hacer beber a los clientes “mucha cerveza”, cubas o botellas de brandy, bajo la vigía de la dueña, quien desde el umbral de la puerta, sentada en una silla de plástico, cuida sus intereses.
Contrario a lo que previsto en la Ley de Salud del estado, en Chiapas la prostitución se ejerce sin control sanitario alguno en centros donde se venden y consumen bebidas alcohólicas.
Los clientes potenciales son el turismo nacional e internacional, los lugareños y principalmente la tropa de la VII Región Militar en Tuxtla, que integra las cinco zonas militares en el estado (30/a, 31/a, 36/a, 38/a y 39).
La Ley prohíbe la prostitución de y con menores de edad, así como su ejercicio que se limita a una zona de tolerancia fuera de la ciudad. Contrario a ello, en las poblaciones chiapanecas los prostíbulos como el Noa Noa, el Foco Rojo, El Manguito y El Tenampa permanecen abiertos desde el medio día y toda la noche, disfrazados de “bares-familiares”. Es un secreto a voces tolerado por los gobiernos municipales.
Los militares
las prefieren indígenas
Fenómeno creciente es la prostitución de indígenas, también menores, algunas fueron vendidas por sus padres por 10 o 15 mil pesos a los dueños de los centros nocturnos.
El investigador Jorge Luis Cruz Burguete, del Instituto de Desarrollo Humano del Colegio de la Frontera Sur, atribuye a la fuerte presencia militar en el estado este incremento de la prostitución, pues los militares son clientes potenciales y permanentes.
La convivencia de los miembros del ejército con las mujeres indígenas de la región impulsó el abuso y la prostitución de menores de edad, “en su contexto cultural, estas jovencitas debieran unirse en matrimonio, pero son impulsadas por la necesidad o el engaño hacia la prostitución”.
En una evaluación sobre la explotación sexual de menores en Chiapas, el Ecosur señala que las condiciones de marginalidad y pobreza extrema, además de los conflictos interétnicos, sociales, religiosos, políticos y militares, “son excelente caldo de cultivo para el comercio sexual y la prostitución infantil”.
Los investigadores del Colegio de la Frontera Sur reprueban que las instituciones públicas no atienden ni la prostitución ni el abuso sexual infantil, “ésta población es víctima de la explotación sexual y se encuentra prácticamente desamparada”.
El procurador de justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, dice que la prostitución de menores se registra sobre todo en las calles de municipios fronterizos como Tapachula:
“Personalmente he platicado con estas niñas de 14 o 15 años de edad, y me he dado cuenta de que atrás de ellas hay un grave problema de pobreza, por lo que creo que debemos buscar un programa de atención social de combate a la marginación económica y social”.
Detenciones ilegales
Difícilmente estas menores presentan una denuncia para detener y consignar a sus tratantes, por temor a agresiones, acoso, extorsión y maltrato policiaco del que también son víctimas.
En Tapachula los policías preventivos detienen a las menores que se prostituyen en zonas públicas. En una clara violación a sus derechos humanos, las menores permanecen tras las rejas hasta que paguen una multa de 200 pesos.
En la prisión los policías obligan a las menores a bailar para ellos, mientras a su antojo manosean los púberes cuerpos.
El comandante Ángel Salazar, encargado del lugar, asegura que todas las noches los elementos a su cargo detienen menores prostitutas.
“Precisamente esta noche detuvimos a dos de ellas, ¿las quiere ver?”.
Caminamos hasta el sucio patio que huele a basura y orines. Hay un solo baño, que por cierto es para uso del personal policiaco y administrativo, los detenidos (mujeres, niños y adultos) orinan y defecan en el interior de las celdas y la coladera del patio.
A empujones, de una de las celdas, Ángel Salazar saca a Paulina y Rosa, medio adormiladas se quejan de que tienen frío. Ambas son mexicanas, de 13 y 14 años de edad. Se defienden y dicen que en el momento de su detención “estábamos en una banca esperando a una señora”.
“Nosotros en cierta forma ejercemos un control con estas muchachas”- se jacta el comandante y pide a un subalterno que mencione los nombres utilizados por Paulina y Rosa en sus anteriores “consignaciones”.
La prostitución obligada de menores es uno de los principales problemas que enfrenta el estado, denuncia Alberto Barrios Escobar, del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El DIF recibe quejas de la presencia de niñas en los centros de prostitución y hasta el albergue ocasionalmente llegan algunas a pedir ayuda, aunque son muy pocas las que tienen el valor para denunciar.
En el comercio sexual de menores no hay control sanitario. La Secretaría de Salud del estado no tiene registro del número de sexoservidoras con VIH, el Ecosur registra 459 portadoras de Sida, la mayoría menores de edad.
Los centros de prostitución disponen de un área de “privados”: rudimentarias paredes separadas entre sí por cortinas de tela sujetas a clavos; un viejo colchón, un par de sábanas y un ropero, ya que estas mismas habitaciones les sirven de vivienda.
En los “privados” del Foco Rojo las menores cuentan que aunque conocen los riesgos de no utilizar preservativos durante la relación sexual, el “no hacerlo con condón” les es más redituable.
Fabiola, guatemalteca de 14 años, dice que ella no ha exigido nunca a sus “clientes” que utilicen condón.
¿Sabes de las enfermedades que podrías contraer?
-Sí, pero así pagan más-, asegura.
Redes de prostitución
Desde República Dominicana hasta Tapachula, en México, se extiende una amplia red de tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual, señala un diagnóstico de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La forma de operar inicia con el contrabando de mujeres a manos de dos o tres traficantes que las venden a las grandes organizaciones. Estas, dice la OEA, se encargan de introducirlas a otros países donde los dueños de cantinas y centros nocturnos las prostituyen.
Las redes de contrabando de mujeres con fines de explotación sexual involucran desde taxistas, choferes, abogados, medios de prensa, dueños de hoteles y moteles, propietarios y administradores de bares, clubes nocturnos y burdeles, funcionarios de migración, policías.
El gancho de estas redes es ofrecer la oportunidad de trabajos bien pagados contestando teléfonos, tomando recados o en labores domésticas, labores que no requieren de grandes conocimientos.
Fuera de su país, las mujeres y niños son obligados a prostituirse en burdeles, centros nocturnos o negocios que ofrecen “masajes”. La segunda estrategia más utilizada para el reclutamiento es el secuestro, sobre todo en el caso de niños.
Los traficantes inducen a sus víctimas en el uso de drogas como una forma más de sometimiento, reforzado con intimidación verbal y golpes, hasta llegar en ocasiones a la muerte, sin que nadie reclame el cuerpo de la persona desaparecida.
El informe de la OEA concluye que aún cuando varios países han ratificado la Convención de la ONU sobre el Delito Organizado Transnacional y su protocolo sobre el tráfico con fines de explotación sexual (entre ellos México), ninguno ha adoptado las medidas necesarias para frenar el ilícito.
La OEA señala que la mayor parte de las legislaciones penales nacionales son inadecuadas para combatir el ilícito, e inclusive, aun cuando la legislación sea suficiente, no existe una búsqueda real para localizar a los traficantes y explotadores sexuales.
“Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades fiscales de la mayoría de los países ubican a la prostitución como última prioridad en las tareas que les competen. Aunado a que la corrupción entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los que se ocupan de la inmigración contribuyen a la falta de investigación y procesamiento”.
Las altas esferas del gobierno mexicano reconocen el gravísimo problema social en que se ha tornado la explotación sexual de menores, principalmente en las zonas fronterizas, como el estado de Chiapas.
Aunque en fecha reciente el Ejecutivo ratificó la Convención Internacional contra el Delito Organizado (que incluye un protocolo para evitar, eliminar y sancionar el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual), la administración de Vicente Fox no tiene una estrategia integral para combatir el ilícito ni para erradicarlo, compromiso adquirido con la firma de los protocolos.
En entrevista Patricia Olamendi, subsecretaria de Asuntos Globales de la Cancillería mexicana señala que para combatir la trata de personas, principalmente mujeres y niños con fines de explotación sexual, el gobierno mexicano está esperando la entrada en vigor del tratado internacional de la ONU, que se prevé, será en unos meses, pero al cuestionársele específicamente en qué consistirán las acciones del gobierno federal para frenar este ilícito, Olamendi ignora la respuesta.
“Nosotros ya somos parte, ya lo ratificamos y lo vamos a aplicar”, dice contundente.
Olamendi reconoce que el gobierno mexicano tampoco ha creado los mecanismos para dar protección a las víctimas de este ilícito, de allí que, dice, “casi ninguna víctima se atreve a denunciar, lo que frena aún más la investigación”.
Al respecto Clara Jusidman, asesora de la Organización de las Naciones Unidas señala que en México la estigmatización que se tiene hacia las sexoservidoras hace que de ninguna manera se persigan los ilícitos de las que son objetos, por parte incluso de las mismas autoridades.
“La justicia en México se distingue por el racismo de género, aún cuando dentro de la justicia hay mujeres encargadas de ejercerla, pero no son sensibles y hace falta que se sensibilicen para atender la problemática”, comenta la consultora en desarrollo social.
Agentes
extorsionadores
El delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas, Miguel Salido afirma que en los últimos años se ha incrementado la prostitución de menores de edad en todos los municipios ubicados en la franja fronteriza entre México y Guatemala, como Ciudad Hidalgo, Ciudad Cuauhtémoc, Talismán y Tapachula, “se trata de indocumentadas que traen a México con engaños, como todo en este negocio, siempre es a base de engaños, de falsas expectativas de mejorar su situación económica”.
En esta grave situación de menores de edad que no cuentan con la calidad migratoria para su estancia en el país, los agentes del Instituto Nacional de Migración incurren en corruptelas de extorsión.
Los agentes del INM en Tapachula realizan redadas en los centros de prostitución como Foco Rojo, Dragón Chino y El Manguito, localizados todos en la zona conocida como Las Huacas según, para detectar la presencia de extranjeras indocumentadas. Ocasionalmente detienen a algunas y en el mejor de los casos, éstas son enviadas de regreso hacia su país de origen, luego de pasar por lo menos tres días en la estación migratoria de la zona, pero la mayoría debe aceptar la extorsión a cambio de no ser deportada.
Melisa, una hondureña habla al respecto.
La visitamos en El Manguito donde es la estrella del table dance. Con un cálido beso en cada mejilla, la joven recibe a los visitantes y promueve sus servicios:
-“Okey como quieras bailo en la mesa y en la pista, donde quieras, el pago es por adelantado, una canción moderna, una sopa de caracol y una romántica”.
Cien pesos tres piezas de baile. Melisa desliza sus desnudos pies sobre la pista cuya maltratada duela ya no lastima su desnudez. Pregunta si el baile fue del gusto de los espectadores, termina su turno, sale del lugar que yace en penumbras. En medio de la calle Melisa comparte su indignación:
“Cada viernes llegan los de Migración, me dicen que baile y no me pagan. La semana pasada les reclamé y me quitaron los mil 500 que había ganado en toda la noche”.
Ese mismo día en la oficina del INM en Tapachula informan que no pueden proporcionar el nombre de los agentes que realizan las redadas en Las Huacas, y que el Instituto no tiene la certeza de la presencia de menores extranjeras en Las Huacas ni en el resto del municipio. 3
Las Cifras
del ilícito
Palenque:
Prostitución abierta en 8 centros nocturnos y 53 restaurantes-bar, con un total de 420 sexoservidoras, 40 por ciento de origen centroamericano, 30 por ciento menores de edad.
Clientela en orden de importancia: turismo nacional e internacional, habitantes de la ciudad y de lugares circunvecinos y militares. El precio del servicio sexual varía, desde 100 y hasta 600 pesos, desde el streap tease hasta el comercio directo.
Ocosingo:
Prostitución abierta en 5 centros nocturnos, más la clandestina en parques y mercados (rotándose de acuerdo a los recambios del Ejército), con 750 sexoservidoras, 20 por ciento son centroamericanas, y 60 por ciento menores de edad.
Clientela: Militares, habitantes de la ciudad y rancherías circunvecinas.
Precio del sexoservicio de 100 a 200 pesos.
San Cristóbal de las Casas:
Prostitución abierta en 10 centros nocturnos en el centro de San Cristóbal, un centro nocturno en la carretera hacia Ocosingo otro hacia Teopisca, además de la prostitución indígena en los mercados y parques de la ciudad.
Con un total de 1050 sexoservidoras, 30 por ciento de las cuales son centroamericanas, y el 40 por ciento total menores de edad.
Clientela en orden de importancia: Turismo nacional e internacional, militares, indígenas, vecinos de la ciudad y áreas conurbadas.
El precio del servicio sexual en los centros nocturnos va de los 300 a los 600 pesos, y en las calles de los 100 a los 150 pesos.
Tuxtla Gutiérrez:
Prostitución abierta con un total de 1700 sexoservidoras, un 30 por ciento de las cuales son centroamericanas, 40 por ciento menores de edad.
En la zona de tolerancia se ubican 120 sexoservidoras.
Existen aproximadamente 200 casas de cita a donde acuden mujeres de las comunidades vecinas, 30 negocios con servicio de edecanes, masajes y turismo sexual; además de los restaurantes-bar en las 400 colonias irregulares, más la prostitución en las calles, parques y hoteles de paso.
Clientela en orden de importancia: vecinos de la ciudad, turistas y militares.
Los precios oscilan desde los 15 a los 50 pesos en la zona de tolerancia; 150 pesos en las casas de cita y hasta 600 pesos por el servicio de las llamadas “edecanes”, de estas últimas, la empresa que las ofrece se queda con el 40 por ciento de su ingreso.
Los servicios de edecanes y masajistas utilizan en un 50 por ciento a menores de edad, principalmente centroamericanas.
Los involucrados en las redes de prostitución
de mujeres y niños y su forma de operar:
Taxistas y camioneros
Los taxistas y camioneros llevan a las mujeres y niños hacia y entre los lugares de explotación sexual. Con frecuencia los choferes exigen también favores sexuales por su servicio. También participan como reclutadores, trabajando con contratos con propietarios establecidos o como independientes.
Medios de comunicación
Los medios de prensa constituyen un medio de reclutamiento a través de los anuncios clasificados y anuncios por radio. El internet es otra de las herramientas utilizadas para respaldar y estimular la demanda de servicios sexuales comerciales a través de guías electrónicas de turismo sexual y Chat rooms.
Dueños de hoteles y moteles
Estos sitios son utilizados para resguardar a las mujeres y niños explotados sexualmente.
Abogados
El año pasado Nicaragua, Panamá y Costa Rica se detectaron por lo menos 15 abogados que emitían documentación falsa para que los niños viajaran sin el permiso de sus padres, estableciendo un estatuto de inmigración en los países de destino.
Propietarios y administradores de bares, clubes nocturnos y burdeles
En estos sitios es principalmente donde las mujeres y niños son explotados sexualmente. Los propietarios reciben y controlan la mayor parte de las ganancias del tráfico, lo que les permite también gozar de impunidad.
Funcionarios de migración y policías
La participación pública ha sido identificada en el otorgamiento de certificados de nacimientos y documentos fraudulentos, el arreglo de movimientos ilegales y la protección a los propietarios de bares y burdeles contra la investigación y el procesamiento.
Clientes
La creciente demanda de servicios sexuales de mujeres menores de edad y niños es la principal causa de que exista este ilícito.
Fuente: Organización de Estados Americanos (OEA)
Casos de sida
entre sexoservidoras
en Chiapas:
Tuxtla Gutiérrez: 297 casos
San Cristóbal
de las Casas: 150 casos
Ocosingo: 4 casos
Palenque: 8 casos
Tapachula: No hay cifras exactas
